Luchar por la educación

por Luis García Montero

24 oct 2013

España se ha convertido en un país triste y maleducado. Los argumentos de la razón valen menos que los instintos bajos, la mentira y la desmesura. La educación tiene problemas en España porque el país lleva años sometido a una pedagogía del egoísmo, el sectarismo y la insolidaridad que es incompatible con las ilusiones de la convivencia. El PP ha extendido una feroz versión española de las consignas del desprecio que caracterizan el pensamiento reaccionario neoliberal. Es paradójico oír al ministro Wert diagnosticar con datos estadísticos manipulados los males de la educación española. Él mismo es el síntoma más claro del problema.

No fuerzo las cosas si uno en mis reflexiones los dos acontecimientos que marcan la actualidad española: la reacción que ha provocado la sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo sobre la ‘doctrina Parot’ y los motivos que han llevado a la jornada de Huelga del día 24 octubre, convocada por todos los sindicatos y por todos los sectores del sistema educativo.

El Tribunal de Derechos Humanos se ha limitado a denunciar una barbaridad jurídica: la aplicación retroactiva de las leyes. Que en España pudiera asumirse este tipo de aplicación tiene dos explicaciones: el carácter cortesano de los órganos del poder judicial, más inclinados a obedecer a los intereses políticos que a defender la independencia de la Justicia, y por el sectarismo demagógico del PP. Cuando empezó a vislumbrarse el final de la banda terrorista ETA, el PP cambió la preocupación de acabar con los crímenes por la política rastrera de evitar que un Gobierno socialista se apuntara la victoria. Una de las medidas que utilizó con más efectividad fue la manipulación de las víctimas. En vez de procurarles consuelo, amparo y ayuda, las convirtió en un referente político sentimental. La lógica inevitable fue imponer en las leyes una tendencia más inclinada a la venganza que a la justicia. EL PSOE se plegó a veces a este impulso para defenderse en el panorama electoral.

Las Justicia debe vigilar tanto el derecho de las víctimas como el de los delincuentes para que reciban un castigo justo. El pensamiento democrático aprendió muy pronto que la tarea principal es perseguir el delito, no odiar o maltratar al delincuente. Si se saca a la víctima de su respetable lugar, y se la convierte en referente judicial o político, esta tarea salta por los aires. El vómito de odio con el que la sociedad española ha recibido una sentencia de su Tribunal de Derechos Humanos es consecuencia de la mala pedagogía del PP. Está construyendo una sociedad muy zafia y muy reaccionaria. Va a ser muy difícil defender aquí una idea de Justicia basada en la reinserción del preso. El PP nos lleva al camino de la venganza, la mano dura, la cadena perpetua o la pena de muerte.

El problema es que la demagogia crea reacciones contrarias y los tiros salen por la culata. Del mismo modo que la política españolista del PP en Cataluña ha alimentado de forma vertiginosa el independentismo, su manipulación de las víctimas nos conduce a la humillación de ver ahora a algunos terroristas convertidos en héroes sociales y víctimas de un derecho bárbaro. Y no son héroes, sólo presos que tienen derecho a salir a la calle y encontrarse con sus familiares cuando cumplen la condena.

El sectarismo y la manipulación de la derecha han impedido a lo largo de toda la democracia un pacto por la Educación entre los agentes sociales, los sectores profesionales y los grupos políticos. Cuando ha tenido el poder, ha impuesto en solitario sus creencias, y cuando estuvo en la oposición se negó a sumarse al diálogo. En el poder y en la oposición, se quedó sólo con su sectarismo para defender una educación sometida al catolicismo, las diferencias clasistas y la degradación del sistema público. El bien común le interesa menos que la defensa de los privilegios de sus élites.

La educación que defiende el ministro Wert es tan poco equilibrada, tan poco democrática, tan demagógica como la reacción provocada en España por una sentencia justa del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo.

Aquellos que defienden la democracia corren el peligro de ser tratados como cómplices del terrorismo o partidarios de los malos alumnos. Medida a medida, la pedagogía social del PP nos convierte en estudiantes del odio y la insolidaridad. Luchemos por otras lecciones.