lunes, 16 de julio de 2018

¿Está loco Trump y es solo un mentiroso o hay algo más?


Trump se declara dispuesto a presentarse a la reelección
EFE

El titulo de este artículo podría parecer ofensivo pero lo cierto es que en Estados Unidos hay un gran debate entre profesionales de la salud mental para tratar de probar que Donald Trump es un loco. Se han publicado muchos artículos e incluso varios libros para aportar las pruebas de esa supuesta incapacidad del presidente estadounidense. Por ejemplo este, escrito por 27 especialistas: The Dangerous Case of Donald Trump: 27 Psychiatrists and Mental Health Experts Assess a President. Pero es muy difícil pronunciarse con seriedad y rigor al respecto y mucho menos por quienes no tenemos nada que ver con la psiquiatría o psicología.
Más fácil es comprobar que Donald Trump sí es un embustero porque todas sus afirmaciones van siendo contrastadas por organizaciones y medios de comunicación. Gracias a ello sabemos que en sus primeros 497 días como presidente de Estados Unidos Trump hizo 3.251 afirmaciones completamente falsas o engañosas (The Washington Post las ha recopilado todas  aquí y sus mentiras pueden seguirse al día en Fact Checker).
Sin embargo, a mí me parece que lo importante para valorar lo que está sucediendo en Estados Unidos bajo el mandato de Trump no es saber si está loco o que efectivamente es un mentiroso sino evaluar los efectos de las políticas que aplica y quiénes están beneficiando.
Si dejamos a un lado los temas que no son estrictamente económicos y los efectos de la guerra comercial a los que aludí en  mi anterior artículo se pueden tomar en consideración los efectos de dos grandes políticas de Trump: la desregulación y la rebaja de impuestos.
Una de las primeras órdenes que dio Trump al llegar a la presidencia fue que las oficinas gubernamentales debían eliminar al menos dos regulaciones (normas relativas al funcionamiento de la vida económica o social) por cada nueva que se estableciera. La Oficina de Información y Asuntos Regulatorios informó que en 2017 las agencias federales emitieron 3 acciones regulatorias, 67 acciones desregulatorias y que se retiraron o demoraron un total de 1.579 regulaciones.
El Economic Policy Institute de Washington realizó una evaluación de los contenidos y efectos de esta impresionante actuación desregulatoria en el primer año de mandato de Trump y sus conclusiones son bien claras.
En materia de salud y seguridad de los trabajadores se ha revertido una regla que requería que los empleadores mantengan registros precisos de lesiones y enfermedades en el lugar de trabajo; otra que obligaba a que los trabajadores registraran electrónicamente ese tipo de accidentes; y varias que protegían a trabajadores expuestos a polvo de silicio, al berilio o a los pesticidas en el caso de los agricultores. Además, se ha debilitado la regulación de inspección del trabajo en las minas y se ha aprobado una nueva regulación que permite aumentar la velocidad de trabajo en las granjas avícolas.
En materia salarial se ha legislado para permitir que los empleadores se apropien de las propinas recibidas por los trabajadores y se ha elevado el limite salarial por debajo del cual los empleados están obligados automáticamente a realizar horas extras no retribuidas.
En materia de ahorro y retribuciones, Trump bloqueó una norma que permitía que los municipios crearan fondos de pensión para los trabajadores que no estaban cubiertos por los de sus empresas y que, por tanto, no van a poder disponer de pensiones de jubilación (unos 55 millones). Está impidiendo que se aplique una norma que trataba de evitar que el asesoramiento financiero a los clientes se oriente hacia las inversiones más favorables a los financiadores o a sus comerciales. Ha endurecido las condiciones que permiten que los desempleados accedan a ayudas o subsidios oficiales. Ha frenado una norma de Obama que obligaba a que las empresas con 100 o más empleados informaran confidencialmente sobre lo que les pagan a sus empleados por categoría de trabajo, sexo, raza y origen étnico, con el fin de disminuir la discriminación. Y se ha revocado una norma que obligada a informar de la proporción entre las retribuciones de los directivos mejor pagados y el salario medio de los empleados de las empresas.
En materia de derechos sindicales se ha anulado una norma de 1935 que obligaba a que las empresas informen de cuándo han contratado a los llamados "persuasores", que son especialistas dedicados a descabezar la movilización de los trabajadores y las estrategias de defensa sindical de sus derechos laborales. Se ha frenado también una norma de 2014 que facilitaba la agrupación sindical y la elección de representantes sindicales para la negociación de condiciones de trabajo.
En materia de responsabilidad de los empleadores se ha revocado una norma que exigía que los contratistas federales informasen de las infracciones detectadas en los lugares de trabajo y específicamente las referidas a violaciones de las leyes laborales federales y las relativas a salario y horas, seguridad y salud, negociación colectiva, licencia médica familiar y protección de los derechos civiles.
Los efectos de la desregulación de Trump sobre los derechos laborales son evidentes y lo significativo es que ni siquiera han tenido un efecto positivo sobre la inversión o el crecimiento y mucho menos sobre el empleo, como han reconocido incluso los poco sospechosos analistas de Goldman Sachs: "el 'milagro' de las desregulación ha sido decepcionante".
Una segunda gran intervención económica de Trump ha sido la rebaja de impuestos que igualmente prometía ventajas para todos, más inversión y más y mejor empleo. Pero esos no van a ser realmente sus resultados.
El  Tax Policy Center ha comparado la distribución del ingreso en la economía de los Estados Unidos que resultará antes y después del recorte de impuestos y ha podido comprobar que la reforma de Trump aumentará la desigualdad de ingreso. El 20% más pobre de Estados Unidos se beneficiará del 1% de los recortes, el segundo 20% más pobre del 4%, el 20% más rico del 70% de los recortes y el 1% del 34%.
Según el Center on Budget and Policy Priorities, los trabajadores sólo recibirán entre el 18% y el 25% del beneficio de estos recortes. El resto irá a los propietarios del capital, teniendo además en cuenta  que el 54% de éste último es propiedad del 1% más rico del los propietarios. 
La rebaja de impuestos tampoco impulsará la inversión y el empleo. La mayor liquidez que tienen las grandes empresas después de la reforma fiscal de Trump la están dedicando a comprar sus propias acciones, elevando su cotización y beneficiando por tanto en mayor medida a sus mayores propietarios.
No sabemos si Trump está loco o no. Sí está comprobado que es un embustero y que trabaja para los grandes propietarios y para los super ricos de Estados Unidos. La pregunta, por tanto, es si el hecho de que la presidencia de la primera potencia mundial esté en manos de una persona como él es sólo un accidente o si refleja algo más: que el capitalismo de nuestros días es cada vez más incompatible con el debate, con la transparencia y con la búsqueda honesta de la verdad; es decir, con la democracia.
 


 

No es un juicio de valor, señor Borrell


Para el ministro, el Tribunal alemán no motiva jurídicamente su decisión, sino que la hace descansar en un “juicio de valor”
Una de dos: o el señor Borrell no ha leído la decisión en su integridad o la ha leído pero no la ha entendido
Borrell dice que el "Brexit" es una "comedia" para que Cameron "pare" a euroescépticos
Josep Borrell EFE
En una entrevista publicada ayer domingo en El País, el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, respondía a la pregunta acerca de su opinión sobre la decisión adoptada por el Tribunal Superior de Schleswig-Holstein respecto de la euroorden cursada en su día por el Juez Pablo Llarena, que por supuesto que acataba la decisión, pero reivindicaba al mismo tiempo su derecho a decir que no estaba de acuerdo con ella y a expresar su crítica.
Obviamente no hay nada que objetar a dicha respuesta. Las resoluciones judiciales en cuanto actos de un poder del Estado pueden y deben ser criticadas. Todas. Sean del país que sean.
Ahora bien, la crítica tiene que ser una crítica que atienda a lo que la decisión judicial dice, sin leerla de manera fragmentada y parcial. La crítica tiene que ser honesta, sin desvirtuar la fundamentación jurídica en la que descansa la decisión.
Esto ese lo que, en mi opinión, el señor Borrell no hace. Para el ministro, el tribunal alemán no motiva jurídicamente su decisión, sino que la hace descansar en un “juicio de valor”. Reconoce que hubo violencia, pero no la violencia necesaria para que la conducta de Carles Puigdemont pudiera ser calificada como constitutiva del delito de rebelión. Esa es la argumentación del tribunal, según el ministro.
Una de dos: o el señor Borrell no ha leído la decisión en su integridad o la ha leído, pero no la ha entendido. El argumento central del tribunal alemán es el de que la calificación que hace el Juez Instructor del delito de rebelión en sus autos, confirmados por el Tribunal Supremo, es radicalmente incompatible con la democracia como forma política. En la actuación del juez instructor y de la Sala de Apelaciones hay un atentado contra la democracia tal como es entendida esta forma política en el “espacio jurídico común de la Unión Europea”.
No se trata de un poquito más o un poquito menos de violencia, sino de que la calificación del delito de rebelión por el juez instructor y la Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo imposibilita el ejercicio de derechos fundamentales, como los derechos de reunión y manifestación, sin los cuales no es reconocible la democracia en la Europa del siglo XXI. Esta es la razón de fondo en la que, desde el primer momento el Tribunal Superior de Schleswig-Holstein fundamentó la decisión de no atender la euroorden en los términos en que había sido formulada. Por eso no tuvo la más mínima duda en rechazarla inmediatamente después de recibirla. No es un argumento de tipo procesal, sino sustantivo. No se puede dar luz verde a un atentado a la democracia. Y eso es lo que salta a la vista de manera inmediata con la lectura de los autos del juez Llarrena.
La actuación tanto de la Audiencia Nacional como del Tribunal Supremo en la persecución penal del nacionalismo catalán está siendo disparatada, constitucionalmente disparatada, con múltiples vulneraciones de derechos fundamentales, a los que ya he hecho referencia en artículos anteriores: el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, el derecho a la doble instancia, el derecho de sufragio activo y pasivo en el proceso de investidura del president de la Generalitat, el derecho a la legalidad penal, el derecho a la libertad personal, ya que hay varios políticos nacionalistas que están en prisión por un delito imaginario y, además, por la decisión de un juez que no debía estar entendiendo de su conducta. Constitucionalmente es terrible lo que se está haciendo.
Con su decisión de esta pasada semana, el Tribunal Superior de Schleswig-Holstein le ha hecho un favor a la democracia española en general y al Tribunal Supremo en particular. Si no le hubiera impedido juzgar a Carles Puigdemont y, como consecuencia de ello, a todos los demás querellados, por el delito de rebelión, la sentencia final de la justicia europea sería demoledora para el prestigio de la justicia española. Gracias al Tribunal alemán el Tribunal Supremo se va a librar de hacer el ridículo urbi et orbi.
Hay que reflexionar antes de hablar de lo que no se sabe. Obviamente, el señor Borrell tiene derecho a decir lo que le parezca oportuno. El derecho al disparate es uno de los derechos fundamentales. Pero el disparate no deja de ser disparate porque se tenga derecho a decirlo. Y un ministro de Asuntos Exteriores debe procurar no decir disparates y menos en un asunto tan delicado como este.

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Por supuesto que  vivimos en un estado del disparate. Es más evidente a cada momento que pasa. Pero, ¿cómo van a entender estos razonamientos de cajón institucional y jurídico que se fundamentan en una base tan lógica, como ética y democrática, quienes están de acuerdo, y ven como cosa normal desde hace cuarenta años, que la Justicia sea rehén del poder político, que el Tribunal Supremo - lleno de "queridas Conchas" y galápagos transformers--,esté sometido al interés ideológico de los partidos que llegan al poder (¿ya se han olvidado del mejunje de las falsas acusaciones al Psoe por el incendio de Guadalajara, en el que nurieron 11 personas, querellas promovidas por 'querida Concha', acusaciones sin fundamento que se quedaron en agua de borrajas porque las pruebas dieron con la verdad: lo provocó una barbacoa y no Zapatero? y el falso merengue costó un ojo de la cara en investigaciones sin fuste, trámites y molestias inútiles y de lo que  hasta ahora nadie ha pedido cuentas a los queridos Conchos de Génova 13 y señorías adjuntas al merder, por semejante manipulación?) y para colmo otro marrón incontestable con que el fundamento represivo del Tribunal de Orden Público del fanquismo se haya perpetuado en la Audiencia Nacional (nacional, claro, nunca 'republicana'-roja,  of course!) 
Con semejantes antecedentes en vigor, imaginar o suponer que esa cuadrilla de corralón va a entender los dictámenes de una justicia como la europea, o sea, del siglo XXI, pertenece al reino de Alice in Wonderland. Donde al parecer nuestro querido y brillante ministro de Exteriores, señor Borrell, se ha quedado enganchado entre el conejo loco y la reina del dispparate alucinógeno. Es lo que tiene hacerse una transición en plan selfie y pretender que sea real y no sólo una foto de recuerdo. Si ni se han cambiado las conciencias ni la manera de entender la realidad con la realidad misma, si después de haber consentido en que, en plan Tancredi gattopardista, parezca que todo cambia para que todo siga igual...Ése es el drama de raíz. Que para colmo quienes tienen la responsabilidad de hacer un cambio institucional y constitucional indispensable, estén convencidos de que todo funciona perfectamente y de que pretender esos cambios a vida o muerte demcorática es inadecuado porque ya han llegado al poder los suyos y no hay nada que cambiar, sino seguir lo mismo con distintos disfraces.

De todos modos la batalla de la Historia la han perdido hace tiempo todos aquellos que se aferran a los fiambres podridos y los convierten en causa perdida de antemano. La vida y su realidad les dejan en evidencia cada día con más basura en catarata que les deja en cueros ante los hechos inocultables, que indudablemente, caen sobre ellos con mucho más ímpetu y persistencia que en cualquier otro tiempo pasado. Así queriendo evitar el fin de su mundo, lo potencian y lo aceleran, algo, por cierto, muy de agradecer.

Trevalladors temporers o captaires abandonats a la seva sort? (en castellano captaire=mendigo) La cara B de una Europa tercermundista. Así cunde el ejemplo de una monarquía bochornosa y unos gobiernos a juego con ella, más unos patronos catalanes desalmados e indignos d'eixa terra, pero a juego con esa España que tanto les repele y que en esa miseria coinciden con lo peor del españolismo. Dime cómo tratas a los desamparados y te diré qué nacionalidad te mereces

Assentament a Corbins (Segrià), on dormen cada nit una vintena de temporers en condicions precàries. / MM.

Sí se puede; aunque para ello haya que autoeducarse como ciudadanía, practicando. Obviamente


Activistas, vecinos y la Oficina de Emergencia Habitacional logran paralizar el desahucio de una familia sin recursos en Santander

El portavoz de la Plataforma Stop Desahucios denuncia que otro activista y él han recibido “empujones” por parte de policías nacionales “sin haber llegado la comisión judicial” al lugar, por lo que mañana denunciará el “abuso de autoridad” ante la Delegación del Gobierno español en Cantabria.
Activistas y vecinos celebran la paralización del desahucio | Fotos: AM y Stop Desahucios
Activistas y vecinos celebran la paralización del desahucio | Fotos: AM y Stop Desahucios
Activistas de la Plataforma Stop Desahucios y vecinos de Santander han logrado paralizar hoy lunes el desahucio de “una familia sin recursos” –formada por una pareja de 51 y 49 con un hijo menor, cuyos únicos ingresos provienen de la Renta Social Básica– “que se ha visto obligada a okupar una vivienda vacía propiedad de un banco”, según han informado fuentes de Stop Desahucios.
“Literalmente me arrancó de allí”
En declaraciones a este diario, el portavoz de Stop Desahucios, Antonio González, ha denunciado que otro activista de la Plataforma y él mismo han recibido “empujones” por parte de policías nacionales “sin haber llegado la comisión judicial” al lugar, por lo que mañana martes denunciará el “abuso de autoridad” ante la Delegación del Gobierno español en Cantabria. “Me puse en la puerta y me dijo que me quitara, que iba a durarle cinco minutos, y literalmente me arrancó de allí”, ha denunciado González, que ha destacado que los policías “se tienen que limitar a esperar a la comisión judicial, que es lo que marca la orden, no pueden actuar de su mano mayor primero”.
stopdesahucios
La Plataforma había convocado para paralizar el desahucio a las nueve de la mañana de hoy en el número 61 de la calle Cardenal Herrera Oria –en el barrio santanderino de Cazoña–, tratándose del tercer desahucio al que sus activistas acuden este mes en Cantabria. Según ha informado Stop Desahucios, el denunciante es la UCI (Unión de Créditos Inmobiliarios) –propiedad del Banco Santander y BNP Paribas–, entidad financiera con la que tanto la Plataforma como la Oficina de Emergencia Habitacional del Gobierno cántabro intentan negociar un alquiler social “desde hace años”. González ha reconocido que es la Oficina de Emergencia Habitacional la que ha logrado hoy, negociando con la UCI, que la comisión judicial no se haya presentado en el domicilio santanderino.
Según fuentes de Stop Desahucios, quienes sí se han presentado son dos furgones de antidisturbios de la Policía Nacional con seis agentes cada uno, aunque sólo se han bajado cuatro. “Primera visita de la Policía. Dos furgones de la Nacional. Agresividad y amenazas”, ha denunciado en su perfil de Twitter el concejal de Santander Sí Puede Antonio Mantecón, presente en el lugar.

domingo, 15 de julio de 2018

La gozosa maestría del alma que ilumina las cosas... mientras disfruta, convoca y crece mirando desde dentro. Gracias, poeta!



Verso Libre

Un lagarto y el tiempo

Publicada el 15/07/2018 
 
Infolibre
 
Un lagarto me invita a escribir otra vez sobre el tiempo. Toma el sol sobre la tapia del jardín, descansando su verde noble y su cabeza entre las ramas de la buganvilla. Parece que no le presta atención al abejorro que merodea sobre las flores cercanas. La casa de verano me permite regresar a mi hermandad infantil con los insectos y las cosas pequeñas, curiosidad por las orugas, las hormigas, las lagartijas, las avispas, mundos abreviados dentro del universo, acontecimientos tan disciplinados en su libertad como el sol y la luna, como la lluvia y las hojas secas del otoño.

Escribo mi hermandad infantil, no la hermandad infantil, porque no sé si los niños de hoy tienen en las ciudades el mismo trato callejero que tuve yo con las lagartijas y las orugas. Sé que no tienen el mismo trato con los dibujos animados. Mi padre compró el primer televisor a mediados de los años 60. Una tarde en la que el río Genil se desbordó, rompiendo el puente de Las Brujas y los tendidos eléctricos, mi madre consiguió que me sentase delante de la pantalla para ver una película de Guillermo Tell. Cambié el espectáculo embravecido del agua por la manzana y la flecha, pero al día siguiente tuve una buena conversación con mis amigos. Casi todos habían visto la misma película.

La televisión era entonces un animal casero, de carácter tranquilo y costumbres asentadas. Su prestigio de novedad tecnológica se llevaba bien con el tiempo de las estaciones, que pasaban sobre los descampados y las alamedas del río con un andar minucioso. Los niños debíamos esperar a que se cumpliese el horario de la primavera o del programa infantil para verlo a la vez y discutirlo después. El concepto de la espera formaba entonces parte de la vida, nos adiestraba en un mundo que no dependía de nuestra voluntad, sino de una dinámica colectiva, natural, exterior, que se relacionaba humildemente con la llegada del sábado por la mañana, el mes de junio o el horario de una serie de televisión.

Mis hijos, ya mayores, no se educaron en la película o en el programa compartido, porque la tecnología puso a su disposición una multitud de cadenas sobre las que hacer zapping. Tiene poco sentido una conversación con ellos sobre el programa de Nochevieja de Televisión Española o sobre el concierto vienés de año nuevo. Vaya uno a saber en qué compañía celebraron la noche y ante qué imágenes pasaron la resaca.

Pero no es sólo la variedad, es también el tiempo. Los hijos de mis amigos más jóvenes no esperan a la mañana del sábado para ver sus dibujos animados favoritos. Me quitan el móvil, teclean en la pantalla con una facilidad asombrosa para sus tres años, buscan el programa que desean y lo consiguen en el instante, ese que ellos quieren, en el momento que quieren, sin conocer el tiempo de la espera porque no tiene cabida en su demanda solitaria y todopoderosa.

Podemos decir que la tecnología ofrece herramientas que son buenas o malas según se utilicen. Está bien, pero la verdad es que las herramientas siempre han creado conciencia, y la ideología del mundo neoliberal, la que define a las personas como consumidores, lleva el mandato intrínseco y la misión cumplida de haber convertido al tiempo en una mercancía de usar y tirar, un mundo sin espera. El orgullo de la libertad nos aleja del relato común, de las historias compartidas.

Miro al lagarto sobre la tapia del jardín. Casi sin moverse, atrapa a la mosca que estaba esperando y sigue en su vigilante quietud. Ahora que casi he acabado el artículo me desconcentro, pienso que dentro de un rato voy a enviar un wasap a mis amigos para reunirlos esta noche. Pero el lagarto hace que me sienta poeta, que no trate con prisa a las palabras, que las tienda al sol. Releo tres veces lo que he escrito y luego decido ir caminando al bar de siempre, a la barra donde despacha cervezas un camarero que conozco desde hace más de 25 años. Quiero dejar un recado. Que ha dicho Luis que vayáis a su casa a cenar.

A ver quién viene. No sé quién tendrá tiempo a lo largo del día para ir al bar de siempre, hablar con el camarero de siempre y recibir un recado. Pienso que esto es la poesía, un diálogo con el tiempo, con las cosas de siempre en el mundo de hoy. Y, para ser sinceros, un diálogo también con el nunca. El camarero de siempre murió el invierno pasado. No quiero que su risa se olvide. Su presencia me hace falta para dejar recados y sentarme a esperar.

Será porque al perro flaco todo se le vuelve pulgas...El propio sistema, convertido en una kely gigantesca, por sus propios gestores y artífices, se ha encargado pasito a paso, de hacer lo preciso para que no tengamos más remedio que darle la vuelta, sacudirlo, quitarle la mugre, ponerlo en remojo con lejía, desinfectarlo y podar tanta rama desbaratada, tanta hojarasca y tanta plaga parásita que está comiéndose las cosechas del estado.Hay que ver los daños que causa la pereza comodona en los pueblos domesticados por el anafabetismo estructural ad hoc...Y hasta que el fondo nos ha tocado, no se ha visto lo que hay desde siempre (aquí, con la perrería mental inducida, no se tocaría fondo jamás, si el fondo, hecho polvo, no dice ¡basta!)

Las cosas que se tiran por la puerta entran por la ventana

En este momento, con todos los problemas con los que tenemos que enfrentaremos, preferiríamos no tener que hacerlo también con la “Monarquía Parlamentaria como forma política del Estado español”
Pero me temo que no nos va a quedar más remedio que hacerlo


 

El viejo Engels nos recordó en el Anti-Düring con la frase que da título a este artículo que los problemas que se dan por resueltos sin hacerles frente acaban volviendo a hacer acto de presencia. Y lo suelen acabar haciendo en el momento más inoportuno, cuando empiezan a torcerse las cosas.
En la Transición española se tiraron bastantes cosas por la puerta. Pero, sobre todo, una. Se pasó de la Dictadura a la Democracia con un “ejercicio limitado” del poder constituyente del pueblo español, al que se le impuso la Monarquía como un hecho consumado. Una Monarquía que había sido restaurada por el general Franco en 1947 con la Ley de Sucesión a la Jefatura del Estado, primera de las Leyes Fundamentales sometida a referéndum.  El príncipe Juan Carlos adquiriría la condición de Rey tras la muerte del dictador y sería él, con el concurso de algunas de las autoridades del Régimen, singularmente el presidente del Consejo del Reino, Torcuato Fernández Miranda, y con el presidente Adolfo Suárez, el que dirigiría el proceso que hemos definido como la Transición.


La  restauración fue previa a e indisponible para el ejercicio del poder constituyente del pueblo español, es decir, fue previa a e indisponible para la democracia. Con ese equívoco en la relación entre Monarquía y Democracia se ha venido operando desde entonces. Porque hubo Restauración de la Monarquía fue posible la Democracia. Este es el mensaje que se transmitió entre 1977 y 1978 y que se confirmó tras el intento de golpe de Estado del 23F de 1981.
La Constitución de 1978 ha sido la primera de nuestra historia en la que han convivido el principio monárquico y el principio de legitimación democrática del poder. La Monarquía había sido incompatible a lo largo de toda nuestra historia con el principio de legitimidad propio del Estado Constitucional, la soberanía nacional o soberanía popular. Tras la afirmación de dicho principio en las Constituciones que iniciaron cada uno de los ciclos constitucionales: 1812, 1837, 1869 y 1931, venía la “reacción monárquica”, que o anulaba por completo dicho principio, como hicieron Fernando VII y el general Franco, o lo reconvertían en el principio “monárquico-constitucional”, como lo hicieron las Constituciones de 1845 y 1876. La historia constitucional de España ha sido una historia “reaccionaria”, la historia de las reacciones monárquicas frente a las expresiones del principio de legitimidad propio del Estado Constitucional.
La Constitución de 1978 es la primera en la que no ha sido necesaria la “reacción monárquica”, porque se alcanzó un compromiso en el proceso constituyente. Pero un compromiso en el que lo primero es la Monarquía y lo segundo la Democracia. La Monarquía es previa a e indisponible para la democracia española. A esa indisponibilidad responde la introducción de la cláusula de intangibilidad encubierta que supone el artículo 168 de la Constitución.
Aquí está la raíz de la irreformabilidad de la Constitución. El condicionamiento del principio de legitimidad democrática por el principio monárquico es el que imposibilita la activación del procedimiento de reforma de la Constitución. Podemos hacer reformas constitucionales que nos vienen impuestas desde fuera, desde la Unión Europea. Pero no podemos hacer reformas desde dentro. No sabemos siquiera cómo poder hacerlo.
Esa indisponibilidad de la Monarquía para la Democracia se ha traducido, además, en una parálisis de las Cortes Generales en lo que a la regulación de la Monarquía se refiere. Por eso, no se ha aprobado ni está previsto que se apruebe la ley orgánica prevista en el artículo 57.5 de la Constitución. Por eso se resolvió de manera anticonstitucional la abdicación del Rey Juan Carlos I. Por eso se definió “en fraude de constitución” el estatuto jurídico del Rey tras su abdicación.
Lo que se tiró por la puerta vuelve a entrar por la ventana. Y en un momento sumamente inoportuno. Los seres humanos hacemos la historia en condiciones independientes de nuestra voluntad, escribió Carlos Marx. Parece claro que, en este momento, con todos los problemas con los que tenemos que enfrentaremos, preferiríamos no tener que hacerlo también con la “Monarquía Parlamentaria como forma política del Estado español”. Pero me temo que no nos va a quedar más remedio que hacerlo.

Elisa Beni, esa genial cuentaverdades...como si fueran cuentos

Vamos a contar mentiras...

Cualquiera no abducido por la finalidad de las maniobras era capaz de predecir que los ex miembros de la Generalitat que salieron de España no iban a ser entregados para ser juzgados por rebelión
No porque los países sean malos y odien a España sino porque nadie es capaz de taparse las narices con tal ahínco en un tema que ni le va ni le viene
El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena en una conferencia en Oviedo.
El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena en una conferencia en Oviedo. José Luis Cereijido / EFE
Ahora que vamos despacio, ahora que el estío nos adormece y la galbana nos posee, vamos a contar mentiras. Tralará. Como ejercicio, como entretenimiento, como transgresión.
Vamos a contar que el atolladero en el que se halla sumido el magistrado Llarena, y el Tribunal Supremo entero con él, no es fruto de ninguna disfunción ni de un funcionamiento anómalo, desleal o inaceptable de ningún sistema. Contemos que es producto directo de la forma en la que se planteó la persecución judicial de la desobediencia catalana y que no podía tener otro final que el que ha tenido. Cada acción tiene su reacción y el forzamiento de las normas penales para conseguir encajar las conductas de los líderes independentistas en los tipos más graves -para lograr no sólo una mayor represión sino para poder llevar a cabo acciones de represalia con claros efectos políticos como el encarcelamiento preventivo y finalmente su inhabilitación como parlamentarios electos tras un procesamiento exprés- sólo podía funcionar en un tribunal que había hecho suyo el alto destino de salvar la unidad de España más allá de esos políticos inoperantes que no estaban dando la respuesta adecuada y en un país cuya opinión pública mayoritaria estuviese dispuesta a comprar de forma acrítica todo ante el atropello máximo que para ellos era la ruptura de su país. Si esto no hubiera sido así, si no hubiera sido obvio que solo con esas circunstancias concretas se podía comulgar con la desmesura jurídica, no hubiera sido posible prever que cualquier tribunal de cualquier otro país que no hubiera sido devorado por la fiebre nacionalista española no iba a tragar con las burdas maniobras para convertir una desobediencia civil de las instituciones catalanas en una rebelión violenta. Cualquiera no abducido por la finalidad de las maniobras era capaz de predecir que los ex miembros de la Generalitat que salieron de España no iban a ser entregados para ser juzgados por rebelión. Todo el que tenía esto claro lo vio desde que se descubrió la estrategia jurídica de las defensas. Lo dijimos. No porque los países sean malos y odien a España sino porque nadie es capaz de taparse las narices con tal ahínco en un tema que ni le va ni le viene. Bélgica no entregó y se dijo a gritos que era un estado fallido protector de terroristas para explicarlo. Alemania no entrega y ni siquiera fue un país elegido por los muñidores legales de los expatriados, sino que lo fue por el propio CNI. Escocia no va a entregar. Suiza tampoco lo hará. Todos antiespañoles, todos malos, todos conspiradores contra nuestros intereses y humilladores del Tribunal Supremo. Tal vez simplemente todos con la vista lo suficientemente limpia y sin ganas de fábulas. 
Por el mar corren las liebres, por el monte las sardinas. Tralará.
Vamos a contar mentiras. Vamos a contar, por ejemplo, que las ambiciones personales también han contado en esta cuestión.  Vamos a especular con el hecho de que el presidente de la Sala Penal del Tribunal Supremo, llamado a presidir el juicio, tenga sesenta años y tenga en su mira acceder al puesto más alto para un juez en España: la presidencia del Tribunal Supremo y del CGPJ que se debería relevar antes de las navidades. Pongamos que el mérito de haber sido capaz de tejer una malla fuerte, implacable y efectiva frente al independentismo fuera un mérito que premiar. Vamos a inventar que quizá el magnificado Llarena no haya estado sólo sino respaldado de forma clara por su sala y por su presidente que, por cierto, es mucho más inteligente y mucho mejor jurista que él. Vamos a inventarnos que el juego empezaba con una querella del FGE Maza que forzaba un relato tan ficcional como este para justificar la violencia y terminaba con un juicio veloz antes de que se renovara el CGPJ y llegaran las elecciones que el partido entonces en el gobierno quería ganar con una baza fuerte en la mano. Vamos a añadir que la investigación prospectiva de la Fiscalía comenzó mucho antes de los sucesos de octubre y que nadie ha sabido explicar por qué hay respuestas de Hacienda a la Fiscalía muy anteriores a la apertura de ninguna diligencia de investigación.
Con el ruido de las nueces, salió el amo del peral. Tralará, tralará.
Vamos a contar mentiras enormes, como que en el núcleo duro de la Fiscalía del Tribunal Supremo hay personas fuertes, puntales que fueron muy potentes, a los que se despojó de su poder pero que tienen ahora en sus manos este asunto. Vamos a inventarnos que, con pocos años ya por delante y con la convicción de que los conservadores seguirían en el poder mucho tiempo, volvieron a utilizar las estrategias que tan bien funcionaron contra el terrorismo. Todo es procès. Fabulemos con que sólo una salida por elevación de estas personas facilitaría una vuelta a la lógica jurídica. Una vuelta al hecho cierto de que no existió violencia o, al menos, no la necesaria para poner en jaque a un estado democrático y a que los delitos que pudieron cometerse no fueron desde luego el de rebelión. Saquémonos de la manga, tralará, que todas las instancias judiciales imbricadas en este asunto han puesto su única mirada en el artículo 2 de las Constitución Española y se han puesto las anteojeras para no ver ni de refilón el artículo 24 y que eso nos ha traído a esta situación puesto que nadie podía pretender, si no están locos, que otros países europeos hicieran lo mismo.
Chiquillos no tiréis piedras, que no es mío el melonar, que no es mío el melonar.
Podemos seguir contando las mentiras más grandes esta noche, como que el auténtico problema para desescalar esta construcción jurídica descabellada son los hechos y no el Derecho. Podemos mentir y anunciar que es cuestión de tiempo que las cosas vayan a peor y que Europa, no ya las justicias de diversos países, deje al descubierto que nada de esto era legal ni justo. Podemos inventarnos que este camino sólo irá a peor y recomendar una vuelta a la Justicia y a los principios del Derecho que han sido pisoteados. Mentir diciendo que existen formas perfectamente legales y profundamente jurídicas de desmontar el andamiaje que la Brigada Supremo ha creado en torno a esta causa y conseguir refrenar esta loca carrera que sólo trae un despropósito jurídico más cada vez que se intenta enmendar el anterior de forma tacticista. Eso mismo sucedería si finalmente Llarena decidiera adscribirse a un inexistente principio de oportunidad del ordenamiento español para rechazar la entrega de Puigdemont en lugar de abrazar y ceñirse al principio de legalidad que le obliga, como a la Fiscalía, a perseguir el delito y, por tanto, a aceptar la entrega de Puigdemont para juzgarlo en España por malversación. Eso les desmonta el chiringuito, pero sucede solo porque el chiringuito era una construcción imposible.
Ahora que vamos despacio, ahora que el verano nos va a dar un espacio de sosiego porque como me decía un anterior presidente del TS “el verano, hija, en España lo cura todo, lo borra todo, lo arregla todo”, ahora vamos pues a contar mentiras. Tralará, tralará