La educación clasista en España
Vicenç Navarro
Catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra, y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University
Catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra, y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University
En España hay clases
sociales. Y es imposible entender qué ocurre en España sin entender el
enorme dominio que la burguesía, pequeña burguesía y clases medias
profesionales de renta alta han tenido y continúan teniendo sobre los
aparatos del Estado, influencia que está alcanzando su máxima expresión
durante el gobierno Rajoy, el gobierno que España ha tenido durante el
periodo democrático que ha sido más sensible a los intereses de estas
clases sociales.
Esta enorme influencia
explica muchas realidades, tales como la pobreza del Estado del
Bienestar (España tiene uno de los gastos públicos sociales por
habitante más bajos de la UE-15, el grupo de países, dentro de la Unión
Europea, de semejante desarrollo económico), su escasa capacidad
redistributiva (de nuevo, el Estado español es de los menos
redistributivos en la UE-15), su escasa progresividad fiscal (mientras
que los trabajadores de la manufactura pagan impuestos -en porcentaje
sobre su sueldo-, en cantidades semejantes a sus homólogos en la UE-15,
el 1% de la población que deriva sus ingresos de la propiedad de capital
paga sólo un 10% de lo que pagan sus homólogos en el promedio de los
países de la UE-15). Todo ello explica la gran pobreza de los servicios
públicos del Estado del Bienestar, tales como la educación. El Estado
español gastó en educación en 2010 solo un 4,2% de su PIB, mucho más
bajo que el promedio de la UE-15 (5,2 %), y mucho, mucho más bajo que
Suecia (7%), uno de los países de la UE donde la clase trabajadora y las
clases medias de renta media y baja tienen mayor influencia sobre el
Estado. El gasto educativo por alumno (en todas las categorías de
estudios) en España es de los más bajos de la UE-15.
Las consecuencias de esta
pobreza del gasto educativo son muchas. Y la más llamativa es la
polarización, por clase social, del sistema educativo. Desde las
escuelas de infancia (mal llamadas guarderías) hasta la enseñanza
primaria y secundaria, las clases pudientes llevan a sus hijos a las
escuelas privadas (cuyo gasto por alumno es más elevado que las
públicas, con un subsidio público muy importante, llamado concierto), y
las clases populares (las clases medias de renta media y baja y la clase
trabajadora) envían a sus hijos a la escuela pública. Muchas de las
privadas están gestionadas por la Iglesia católica, que
institucionalmente ha sido siempre cercana a los intereses de las clases
más pudientes.
Durante la mayoría del
periodo democrático, el número de horas lectivas en la enseñanza era
mayor en las escuelas europeas que las escuelas públicas españolas. Así,
en las escuelas secundarias, las horas lectivas eran de 559 horas al
año en las públicas españolas, comparado con 678 horas en el promedio de
las escuelas de la UE-15. Sumando el déficit anual, el estudiante
español iba a la escuela secundaria un año menos que el estudiante
europeo. No por casualidad, el conocimiento en comprensión de lectura,
de matemáticas y de lenguas de un graduado español de la escuela
secundaria era semejante al de un estudiante europeo de un año menos
(Datos de PISA, 2003). Tal diferencial de conocimientos no ha
disminuido. En realidad, ha aumentado (PISA, 2012). Y lo que es también
interesante subrayar es que los estudiantes de la privada tampoco están
mejor que el promedio de los estudiantes de la escuela pública europea
(de la UE-15). En realidad, están peor.
La evidencia empírica es
clara y contundente para todo aquel que lo quiera ver. Los sistemas
educativos polarizados por clase social, con una dicotomía
pública-privada, son peores en su calidad educativa que los sistemas
públicos mayoritarios. En España, el 34% de los estudiantes van a la
privada, y el 66% a la pública. En comparación, en Suecia y Finlandia
(esta última es considerada la mejor de Europa) la distribución de
porcentajes es 7% versus 93% respectivamente. Esta es una de las mayores
causas de la baja calidad educativa en España, resultado del enorme
poder de las clases más pudientes (burguesía, pequeña burguesía y clase
media profesional de renta alta) sobre el Estado a través de sus
instrumentos políticos (los partidos conservadores y liberales) y
mediáticos (la gran mayoría de medios de información, tanto públicos
como privados), que en su egoísmo —defensa a ultranza de sus intereses
inmediatos— están dañando al país, y también, paradójicamente, a la
educación de sus hijos, aun cuando consiguen lo que más quieren, es
decir, mantener la distancia social (creando ciudadanos de primera —sus
hijos— y de segunda —todos los demás—) reproduciendo las desigualdades
dentro de la ciudadanía, manteniendo sus privilegios.
Representa, por cierto, una
gran incoherencia que esas fuerzas conservadoras y liberales, y sus
partidos políticos, como el PP, que se presentan como las “fuerzas
patrióticas”, que constantemente hablan de patria o nación enarbolando
la bandera, apliquen a la vez políticas públicas, en educación, que
descohesiona tal patria. En realidad, la defensa de sus intereses a
través de las políticas públicas del gobierno Rajoy daña a la mayoría de
la ciudadanía, mostrando que pese a su discurso y narrativa, son
profundamente anti-patriotas, pues el elemento clave de la patria –el
término que utilizan ellos-, es su población. Y la mayoría queda dañada
por esas políticas. De ahí que debiera ser una tarea a realizar por las
fuerzas progresistas desenmascarar la utilización tan abusiva y
oportunista de los “superpatriotas” de las banderas, pues en realidad
están defendiendo sus intereses de clase. Su visión de España es una
visión clasista que daña a la España real. Cada uno de los elementos de
la reforma Wert favorece a su visión clasista, en contra de la España
real, la España social y la España plurinacional. Es una reforma
reaccionaria que dañará a las clases populares —la mayoría de la
ciudadanía en España—.
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