El Gobierno tiene en su mano impedir la extradición del periodista turco Hamza Yalçin
El Ejecutivo de Rajoy ya utilizó su potestad para frenar
extradiciones cuando se negó a entregar a Argentina a ocho exministros
franquistas
Turquía tiene hasta el 11 de septiembre para enviar la documentación que acredite la denuncia de que Hamza Yalçin tiene "vínculos terroristas"
La Audiencia Nacional también puede negarse si sospecha que tras esa acusación se esconde una persecución por motivos políticos
Turquía tiene hasta el 11 de septiembre para enviar la documentación que acredite la denuncia de que Hamza Yalçin tiene "vínculos terroristas"
La Audiencia Nacional también puede negarse si sospecha que tras esa acusación se esconde una persecución por motivos políticos
El proceso para extraditar al
periodista turco Hamza Yalçin ya está en marcha. El 3 de agosto
empezaron a contar los 40 días que tiene Turquía para enviar la
documentación que vincule a este opositor al régimen de Recep Tayyip
Erdogan con organizaciones terroristas. Con esa información, la
Audiencia Nacional tendrá un plazo similar para decidir si le entrega a
las autoridades turcas para que sea juzgado, pero será el Gobierno quien
tenga la última palabra.
Yalçin fue detenido el 3 de
agosto en el aeropuerto del Prat, durante una escala en su camino hacia
Londres. Allí saltó la alerta debido a una orden internacional de
detención cursada por Turquía a través de Interpol, en la que se acusa a
este escritor de tener vínculos terroristas con una organización de
extrema izquierda y de haber escrito artículos críticos con el
presidente turco.
Tras su detención en Barcelona, el caso quedó en manos
de la Audiencia Nacional, el tribunal competente para decidir sobre su
extradición. El juez Ismael Moreno preguntó a Yalçin si aceptaba ser
extraditado a su país para ser juzgado, a lo que el periodista se negó.
El magistrado decidió entonces enviarle a prisión provisional porque su falta de arraigo en nuestro país y las acusaciones contra él aumentaban su riesgo de fuga.
Turquía tiene ahora hasta el 11 de septiembre para enviar documentación
que sustente sus acusaciones contra Yalçin, o de lo contrario el
periodista quedará en libertad. Si finalmente el Gobierno de Erdogan
envía esa documentación, la Audiencia Nacional dispondrá de algo más de
un mes para analizar los indicios contra el periodista. La Fiscalía
tendrá que emitir un informe a favor o en contra de su extradición y se
celebrará un vista en la que Yalçin podrá dar sus razones para no ser
entregado a las autoridades turcas.
Si la Audiencia
Nacional decide no extraditarlo, Yalçin quedará libre para volver a su
país de residencia, Suecia. La embajada sueca ha pedido información
sobre el proceso porque también tiene la nacionalidad de ese país. Si el
tribunal opta por extraditarlo, al periodista le quedará todavía la
esperanza de que el Gobierno español decida no entregarle.
"En ejercicio de la soberanía nacional"
Según la Ley de Extradición Pasiva, la decisión de extraditarle no es
vinculante para el Ejecutivo, que podrá denegarla "en el ejercicio de la
soberanía nacional, atendiendo al principio de reciprocidad o a razones
de seguridad, orden público o demás intereses esenciales para España".
Además, si el Gobierno la rechaza, no cabe recurso por parte de Turquía y
Yalçin quedará libre.
El Ejecutivo de Mariano Rajoy
ya ha echado mano de esta herramienta en otras ocasiones. En 2015, el
Gobierno pidió a Interpol que bloquease la orden de detención de ocho ministros franquistas investigados en Argentina y
más tarde bloqueó la orden de extradición que llegó al Ministerio de
Justicia. El argumento fue que los supuestos delitos habían prescrito
según el Código Penal español.
Un año antes, el
Gobierno intervino para denegar la extradición de un ciudadano español
reclamado en Costa Rica por narcotráfico, después de ser aprobada por la
Audiencia Nacional. El argumento en aquella ocasión fue que ese país no
colaboraba en las extradiciones que reclama la Justicia española,
incumpliendo así el principio de reciprocidad.
Ese
argumento no valdrá para el caso de este periodista turco, porque
Turquía colabora activamente en las extradiciones. Hace tan solo dos
meses, las autoridades de ese país entregaron a dos ciudadanas españolas
integradas en ISIS que se habían casado con dos yihadistas.
Para la decisión que tiene que tomar la Audiencia Nacional será clave
la información que envíe Turquía y los delitos concretos de los que le
acuse. Según varios medios, en la orden de detención que cursó Turquía
se acusaba a Yalçin de haber insultado al presidente Recep Tayip Erdogan
en varios artículos de prensa, lo que podría considerarse un delito de
opinión. Sin embargo, las leyes de extradición impiden entregar a un
acusado por delitos que en nuestro país no están tipificados, como es el
caso. Esa norma también frena las extradiciones en caso de "delitos de
carácter político".
Es más, la ley incluye en su
artículo quinto la posibilidad de denegar una extradición si existen
"razones fundadas" para creer que el verdadero motivo por el que se
solicita este trámite es "perseguir o castigar a una persona por
consideraciones de raza, religión, nacionalidad u opiniones políticas, o
que la situación de dicha persona corre el riesgo de verse agravada por
tales consideraciones". Según varias organizaciones,
ese es el motivo por el que se persigue a Yalçin, su discrepancia con
el régimen turco, que desde el fallido golpe de Estado ha puesto en
marcha una represión masiva contra todos aquellos sospechosos de nos ser
adeptos a Erdogan.
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Ahora vienen las preguntas incómodas:
¿Es Rajoy el presidente normal de un país normal?
¿Qué es para Rajoy la democracia?
¿Es compatible una democracia con una ley mordaza?
¿Es compatible una democracia real con Rajoy y su pp?
La respuesta está demasiado clara, por desgracia:
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En la democracia normal en un estado de derecho, el Parlamento, como representación asamblearia de la ciudadanía, debería exigir en nombre de sus representados la protección del periodista turco, sabiendo lo que le ocurrirá si se permite su extradición. Sobre todo cuando el delito gravísimo del detenido es "insultar al presidente Erdogán en artículos de prensa" -conocido por todos como un modelo de civismo, respeto a la diferencia y humanidad a prueba de bomba- y sabiendo que para los tiranos el peor insulto es que se descubra la verdad de sus fechorías y se cuente en los medios.
Lo normal en cualquier presidente de un país europeo también normal, democrático, de cultura cristiana y tradición humanitaria, sería negarse a extraditarlo, sabiendo la que le espera si cae en manos de una mala bestia impolítica, y vergonzosa para quienes, como europeos, deben soportar su participación en la UE haciendo de esbirro de la misma Europa a la hora de la represión contra los refugiados.
Ahora vienen las preguntas incómodas:
¿Es Rajoy el presidente normal de un país normal?
¿Qué es para Rajoy la democracia?
¿Es compatible una democracia con una ley mordaza?
¿Es compatible una democracia real con Rajoy y su pp?
Si en España se procesa y se encarcela por un twitt o por un chiste, ¿protegerá Rajoy al periodista turco que ha escrito en serio lo que pasa en Turquía, en vez de conchabarse a partir un piñón con el colega Erdogán que es un alma gemela en versión turca?
La respuesta está demasiado clara, por desgracia:
Pobre Hanza Yalçin, no sabe en qué agujero miserable ha caído;¿cómo se le ocurrió venir a España en vez de irse a Portugal y pasar de este tugurio indecente, creyendo que aquí iba a estar más seguro que en Turquía, si aquí las únicas que están seguras son la corrupción, la casta, la iglesia católica, la Zarzuela, Suiza y Panamá?
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