El cazo de Meirás
Misterios de la gestión
pública en manos del Partido Popular. La Xunta de Feijóo puede regar a
la familia Franco con decenas de miles de euros para que cumpla con su
obligación de abrir al público el Pazo de Meirás, pero no puede hacer
algo para obligarles a que la gestión de un bien de interés cultural
responda a los principios de mérito, capacidad y transparencia que
informan la gestión pública. En otra palabras, la familia Franco puede
meter el cazo para quedarse con un bien robado o recibir cuantiosas
subvenciones públicas, pero las autoridades no pueden decir una palabra
sobre el pazo. El presidente gallego Núñez Feijóo debe vivir en un
episodio permanente de Barrio Sésamo y parece evidente que está convencido de que todos los demás también.
El gobierno bipartito, aquel que no hizo nada ni cambió nada, declaró
bien de interés cultural el Pazo de Meirás, a pesar de la furibunda
oposición jurídica de la familia Franco, que perdió todos y cada uno de
los pleitos iniciados. También contó con la oposición política del
Partido Popular, que siempre que se pretende hacer justicia y escribir
la historia como fue defiende la injusticia y el olvido usando el nombre
de la reconciliación en vano. Era una manera de empezar a devolver al
patrimonio público un bien de valor histórico y cultural robado por el
dictador y su familia bajo el simulacro de una donación hecha a punta de
dictadura.
Tras el cambio de gobierno en 2009, Feijóo pagó a la
familia Franco para que cumpliera la ley y abriera el pazo al público al
menos cuatro días al mes. Así son las cosas en España: a la familia
Franco se le paga para que cumpla la ley, a los trabajadores se les
manda a la Guardia Civil. La familia Franco ha recibido, que sepamos,
más de 50.000 euros hasta 2013 para cumplir mal, tarde y a regañadientes
las obligaciones impuestas por la declaración de bien de interés
cultural, mientras se hacía reportajes a todo color para la prensa del
corazón y el pazo se cerraba en agosto para que no se les molestase
durante sus vacaciones. De acuerdo con este modelo de gestión a lo Barrio Sésamo
de Núñez Feijóo, tenemos la obligación de pagar a la familia Franco
pero que ésta pueda gestionar las visitas a "su" propiedad como le dé la
gana. Si no fuera una falacia tan grosera, hasta daría risa.
Si quieren conocer las verdaderas razones por las que la Xunta de
Feijóo puso la pasta y la familia Franco puso el cazo a cambio de nada,
lean atentamente el argumentario utilizado por el Partido Popular para
defender su abstención en la moción del Ayuntamiento de Sada
para reclamar la devolución del pazo: la Fundación Franco es legal,
esto es una democracia y no Venezuela y el pazo nunca perteneció al
pueblo de Sada. En otras palabras: el pazo es de los Franco y nada que
objetar a que le den la gestión a la Fundación Franco. Todo lo demás,
mentira.
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