Lean, lean con estupor el artículo que hoy firma Danilo Albin en el que nos cuenta cómo el Gobierno de Rajoy ha declarado de “utilidad pública” a varios grupos católicos y antiabortistas, lo que les reportará privilegios fiscales. Un auténtico atropello, una discriminación en toda regla y, en definitiva, uno
de los muchos gestos a que nos tiene acostumbrados el Partido Popular
(PP) que nos retrotrae a esa España en la que Milla Astray viviría a sus
anchas.
Amparándose en el artículo 22 de nuestra Constitución (derecho de asociación), impedir que germinen este tipo de agrupaciones es complicado, más aún en un país como España en el que los ultraconservadores, lejos de desaparecer, crecen como setas. Sin embargo, es posible: algunas de estas asociaciones, desde Hazte Oír a Másfuturo o Rescatadores Juan Pablo II son dañinas, perjudiciales a la sociedad.
Un@ puede profesar la religión que quiera, pero cuando la práctica de ésta o las acciones que se realizan basadas en ella vulneran libertades civiles, no debería tener ninguna cobertura legal. Dicho de otro modo, estas asociaciones deberían ser sancionadas so pena de disolverse si continúan propiciando delitos de odio, si intimidan a acosan a las mujeres que voluntariamente deciden interrumpir su embarazo.
En lugar de proteger el bienestar de quienes no incumplen la ley, los de Génova dan alas a quienes rozan lo delictivo. Ni siquiera es que hayan mirado para otro lado, consintiendo que canallas como l@s de estas asociaciones continúen propagando su mezquindad, es que les conceden privilegios.
Por este motivo, y amparándonos en ese artículo 22 de la Carta Magna, ¿por qué no crear la Asociación Española de Víctimas de Rajoy (AEVR)? En ella podrían tener cabida todas las víctimas de los casos de corrupción del PP, todas esas a las que no han llegado los servicios públicos que deberían haberse desarrollado porque alguna de las tramas ‘se lo llevaba calentito’. Lo mismo sucece con quienes no han tenido becas, ley de dependencia o padecen el copago farmacéutico mientras rescatamos a fondo perdido a los bancos.
Los afectados por las hipotecas con claúsula suelo a los que el Gobierno condenó a los tribunales pese a existir ya una sentencia en firme, los olvidados de las hipotecas IRPH, las ninguneadas víctimas de violencia machista, l@s investigadores, l@s enferm@s de hepatitis, quienes encandenan decenas de contratos temporales al mes y viven bajo el umbral de la pobreza, los emigrados, las víctimas de algunas de las asociaciones de utilidad pública para el PP, los defensores de las renovables, los que priman el medio ambiente sobre el ladrillazo, quienes han visto su libertad de expresión amordazada…
Son tantas y tantas las víctimas de Rajoy, que la AEVR sería la primera asociación que naciera con millones de miembros desde el día uno… y además, susceptible de ser declarada de utilidad pública por dar amparo legal a tod@s sus soci@s y a cualquier otra víctima de las políticas y ‘despolíticas’ de Rajoy. ¿A qué esperamos?
Amparándose en el artículo 22 de nuestra Constitución (derecho de asociación), impedir que germinen este tipo de agrupaciones es complicado, más aún en un país como España en el que los ultraconservadores, lejos de desaparecer, crecen como setas. Sin embargo, es posible: algunas de estas asociaciones, desde Hazte Oír a Másfuturo o Rescatadores Juan Pablo II son dañinas, perjudiciales a la sociedad.
Un@ puede profesar la religión que quiera, pero cuando la práctica de ésta o las acciones que se realizan basadas en ella vulneran libertades civiles, no debería tener ninguna cobertura legal. Dicho de otro modo, estas asociaciones deberían ser sancionadas so pena de disolverse si continúan propiciando delitos de odio, si intimidan a acosan a las mujeres que voluntariamente deciden interrumpir su embarazo.
En lugar de proteger el bienestar de quienes no incumplen la ley, los de Génova dan alas a quienes rozan lo delictivo. Ni siquiera es que hayan mirado para otro lado, consintiendo que canallas como l@s de estas asociaciones continúen propagando su mezquindad, es que les conceden privilegios.
Por este motivo, y amparándonos en ese artículo 22 de la Carta Magna, ¿por qué no crear la Asociación Española de Víctimas de Rajoy (AEVR)? En ella podrían tener cabida todas las víctimas de los casos de corrupción del PP, todas esas a las que no han llegado los servicios públicos que deberían haberse desarrollado porque alguna de las tramas ‘se lo llevaba calentito’. Lo mismo sucece con quienes no han tenido becas, ley de dependencia o padecen el copago farmacéutico mientras rescatamos a fondo perdido a los bancos.
Los afectados por las hipotecas con claúsula suelo a los que el Gobierno condenó a los tribunales pese a existir ya una sentencia en firme, los olvidados de las hipotecas IRPH, las ninguneadas víctimas de violencia machista, l@s investigadores, l@s enferm@s de hepatitis, quienes encandenan decenas de contratos temporales al mes y viven bajo el umbral de la pobreza, los emigrados, las víctimas de algunas de las asociaciones de utilidad pública para el PP, los defensores de las renovables, los que priman el medio ambiente sobre el ladrillazo, quienes han visto su libertad de expresión amordazada…
Son tantas y tantas las víctimas de Rajoy, que la AEVR sería la primera asociación que naciera con millones de miembros desde el día uno… y además, susceptible de ser declarada de utilidad pública por dar amparo legal a tod@s sus soci@s y a cualquier otra víctima de las políticas y ‘despolíticas’ de Rajoy. ¿A qué esperamos?
No hay comentarios:
Publicar un comentario