¿Por qué han muerto quince personas si nadie lo hizo mal?
Errar es muy humano y más aún ignorar los errores cometidos, lo que hace imposible evitarlos en el futuro. Se trata de una costumbre muy arraigada por estos lares, donde por regla general estamos tocados por la perfección y nadie comete fallos y si los comete siempre puede justificarlos a posteriori. Los atentados de Barcelona y Cambrils no iban a ser la excepción, como tampoco lo fue el 11-M. No se trata de buscar más culpables que los terroristas sino de establecer qué se hizo mal para no repetirlo, aunque ni las mentiras oficiales de entonces lo pusieron fácil ni la pugna entre el Estado y el soberanismo lo facilitan ahora.
Pocos quisieron verlo entonces pero el 11-M, tal y como se acreditó en el juicio, pudo evitarse si los mismos cuerpos policiales que descartaron el bulo de ETA, centraron sus investigaciones en el yihadismo e identificaron en tiempo récord a los primeros responsables hubieran actuado con la misma diligencia antes de que estallaran las bombas. El debate se centró en lo que ocurrió después y pocos repararon en lo que se dejó de hacer antes. Basten tres datos:
1- Los 200 kilos de explosivos que estallaron en los trenes salieron de Mina Conchita. Los mandos de la Guardia Civil calificaron de impecables los controles que habían efectuado pese a reconocer que el consumo real era imposible de determinar y que su tarea se limitaba a comparar el recuento de los cartuchos que había en las cajas de los polvorines con el inventario semioficioso que se llevaba en la explotación y que -faltaría más-, coincidía exactamente. Ni siquiera el hecho de que aparentemente siempre se usara un número redondo de cartuchos despertó sospecha alguna.
2- Emilio Suárez Trashorras, condenado por facilitar los explosivos a los terroristas, colaboraba con la Policía y tenía como contacto a un inspector de Avilés, apodado Manolón, que ni siquiera le creyó cuando le confesó que la matanza de Madrid era cosa de “moritos”. Otro colaborador policial, Rafa Zouhier, que fue quien puso en contacto a Trashorras con los terroristas, llegó a entregar a sus ‘controladores’ una muestra del explosivo que el asturiano estaba vendiendo y que acabó en la basura.
3- Un tercer confidente, un imam apodado Cartagena, declaró haber advertido de que uno de los autores del atentado, el Tunecino, había pedido mártires para hacer la yihad en una reunión en la que había estado presente. Avisó un viernes a sus contactos policiales, que le instaron a hacerlo el lunes porque aquello no les iba a fastidiar el fin de semana.
Sin llegar a estos extremos, parece evidente que algunos descuidos de inteligencia han tenido que producirse con carácter previo al atentado de Barcelona, porque como ha demostrado la investigación de los Mossos no estábamos ante uno de esos impredecibles lobos solitarios que decide jugar a los bolos con la multitud sino en presencia de una célula de doce personas que preparó su acción durante meses sin despertar sospecha alguna hasta la explosión de Alcanar.
Más allá de la absurda polémica de los bolardos y de los incontinentes verbales de turno, es preciso determinar si se han producido fallos de coordinación entre los distintos cuerpos policiales, si ha existido una voluntad de marginar a la Policía autonómica que ha podido poner en riesgo la seguridad y si, debido a ello, determinadas alertas internacionales sobre el considerado cerebro de los atentados, Abdelbaki es Satty, el imán de Ripoll, no se compartieron y hasta se ignoraron.
Sin poner en cuestión una legislación garantista que permite que se anule la orden de expulsión contra una persona condenada por tráfico de drogas, convendría revisar por qué no se detectó la radicalización en prisión de Es Satty, si como se ha sabido ahora pudo relacionarse estrechamente con un cómplice de los atentados del 11-M que cumplía condena en su mismo centro penitenciario.
Finalmente, es urgente abordar algunas peticiones de la propia comunidad musulmana, como la de establecer por parte de las administraciones correspondientes criterios y requisitos para la selección de los imanes, que hasta el momento son contratados por los fieles de cada mezquita a su libre albedrío o por imperativo de quien financia el culto, ya que carecen de subvenciones públicas. Nada se ha hecho por evitar este descontrol que facilita que algunas comunidades sean patrocinadas por aportaciones del exterior procedentes de las ramas más extremistas del Islam.
Si por una vez se antepusieran los intereses generales a los partidistas, si se encauzara el debate con el ánimo de prevenir y no de culpar, podrían corregirse los errores cometidos y aprender de la experiencia. Se trata de uno de esos deseos que no tardan en frustrarse.
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