Mientras en la España truculenta y cutre se gasta un pastón en rehabilitar el Valle de los Caídos, en paralizar la memoria histórica y en homenajear a la "división azul", en el resto de la Europa libre y civilizada pasan estas cosas; para que luego digan que Spain no es diffeterent....vaya tela!
Alemania aumenta las reparaciones a los supervivientes del Holocausto
JUAN GÓMEZ Berlín 113
Berlín paga 772 millones para víctimas de la persecución nazi que necesiten atención doméstica o ayuda médica.
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El juez ve “decisivo” el papel de Camps y Barberá en los negocios de Nóos
El instructor traslada la causa al Tribunal Superior de Justicia de Valencia
ANDREU MANRESA Palma de Mallorca 30 MAY 2013 - 00:43 CET21
Camps, Barberá y Cristina-Urdangarín. Un cuarteto para el trinque. Qué titulazo para peli policiaca.
Aunque está claro que si se traslada la causa al Tribiunal Superior de Justicia de Valencia, la causa puede acabar como el juicio bufonesco de Camps. Es como si le encargasen al "Algarrobo" y al "Estudiante" procesar a Curro Jiménez. Si ese "tribunal de justicia valenciana" lleva la tira de años viendo lo que hay, lo que se cuece y se ha cocido, no ha movido jamás un sólo dedo para poner en cuestión la delincuencia política en Valencia, que clama al cielo, ahora que la cosa es mucho más grave, mucho nos tememos que se quede en otro "veredicto popular"- PoPular. Los tribunales autonómicos no tienen garantía alguna de poder trabajar con libertad. Hay vínculos hasta familiares y de amistad y de todo. Estas causas deben llevarlas tribunales formados por jueces y magistrados de otras comunidades, para que los vínculos no intervengan. Las señorísa son humanísimas y no van a mirar lo mismo a "su" jerarquía política que otras señorías que vengan de Toledo o de Huelva o de León.
Recuerdo que la Guardia Civil nunca destina al personal a sus lugares de origen ni a los de sus mujeres, justo para evitar posibles y naturales tratos de favor. No me explico como la justicia no hace lo mismo. Los casos de delincuencia grave como son los de la administración, instituciones y política, deberían ser competencia de un Tribunal de Justicia Nacional, para garantizar al máximo posible la imparcialidad.
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