EL EJECUTIVO DE RAJOY MUESTRA EL PERFIL MÁS ANTISOCIAL E INTRANSIGENTE HACIA LOS AFECTADOS
EN LA REUNIÓN MANTENIDA AYER EN EL MINISTERIO, LA DIRECTORA GENERAL DE VIVIENDA OFRECIÓ EL PERFIL MÁS ANTISOCIAL E INTRANSIGENTE HACIA LOS AFECTADOS
ASEGURA QUE, SI LOS AFECTADOS NO PUEDEN PAGAR, QUE VENDAN.
EMPLAZA A LOS AFECTADOS A LOS TRIBUNALES PARA RECUPERAR SU AYUDA A LA SUBSIDIACIÓN; AFIRMA QUE NO DARÁ MARCHA ATRÁS.
CRITICAMOS LA AUSENCIA DE LA MINISTRA EN LA REUNIÓN ¿DÓNDE SE ESCONDE ANA PASTOR?
LA COORDINADORA SEGUIRÁ IMPULSANDO EL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD, CUYO PLAZO TERMINA EL DÍA 5.
SEGUIREMOS COORDINANDO A LOS AFECTADOS EN LA VÍA JUDICIAL Y DE PRESIÓN POLÍTICO-SOCIAL.
MADRID, 4 de septiembre de 2013
La Directora General de Vivienda, Pilar Martínez, representó al Ministerio en la Reunión
Representantes de la Coordinadora se han reunido en la mañana de ayer martes, día 3 de septiembre, con la Directora General de Arquitectura, vivienda y Suelo del Ministerio de Fomento, Dª Pilar Martínez.
Los afectados hemos entregado al Ministerio más de treinta mil firmas solicitando la derogación de los preceptos normativos que suprimen la subsidiación de préstamos. Hemos entregado también un dossier, que se ha explicado de viva voz, con la fundamentación legal y social que muestran cómo el derecho ya reconocido de los afectados ha sido vulnerado de forma retroactiva. En el dossier señalamos que el Ministerio ha interpretado el artículo 35 del RDL 20/2012 más allá de lo que señala la propia norma y suprimiendo retroactivamente el derecho a renovar la subsidiación, lo que también ocurre en la reciente disposición adicional segunda de la Ley 4/2013. También hemos señalado que se producen situaciones de indefensión con resoluciones contradictorias por parte de diferentes Comunidades Autónomas, entre otras irregularidades de la Administración hacia los afectados.
Los afectados hemos señalado que esa medida genera una disminución de la renta anual de entre 1000 a 3000 euros, con lo que algunas personas afectadas verán seriamente afectada su capacidad económica para hacer frente a sus compromisos hipotecarios generando riesgo de exclusión y procedimientos de desahucio.
La Directora General ha mantenido que tiene capacidad para suprimir las ayudas (amparándose en que la redacción del artículo 35 del RDL menciona el término condicional “podrá”, y olvidándose que el único requisito que siempre se ha requerido para “poder” renovar la subsidiación es el mantenimiento de los niveles de renta establecidos), y que la ayuda se mantiene, lo que no se mantiene es la renovación; y que su política de vivienda se centra en acceder a una vivienda en alquiler, más que en la compra; y teniendo los recursos limitados las ayudas se han centrado en el alquiler.
La Directora pasa por alto que los afectados tenemos el derecho adquirido a renovar la ayuda, porque no se trata de nuevas concesiones, sino de un recálculo de la cuantía según condiciones económicas actualizadas. Asimismo, el hecho de que la Directora General quiera impulsar el alquiler en el futuro, no la exime de sus obligaciones con los que hemos comprado una vivienda protegida, los cuales sí seguimos atados a hipotecas con unas condiciones severas.
Sorprende a los representantes de la Coordinadora, sin embargo, que se argumente que la Administración quiere con esas medidas evitar el sobreendeudamiento de la ciudadanía, cuando la supresión de ayudas precisamente genera en las personas afectadas ese sobreendeudamiento. E indigna que la representante del ejecutivo se haya mostrado tan insensible a esta problemática personal y tenga la desfachatez de tildar de “social” su política, llegando a indicar que si una persona con esa supresión de ayudas tiene dificultades de pago, lo que tiene que hacer es poner a la venta su vivienda y acceder al alquiler. La Directora General olvida que, en ocasiones, no es factible encontrar un alquiler de menor cuantía que la cuota mensual de la hipoteca, entre otras dificultades…); o que la persona responsable de una hipoteca es quien la firma y no calculó bien su situación futura (como que alguien pudiera prever que la Administración de modo discrecional iba a privarte de un dinero con el que contaba); también olvida que, en el caso de venta, el afectado debe devolver las ayudas, lo que es un sinsentido, dado que vendería por no poder pagar.
Finalmente, la Directora General ha contestado a la Coordinadora que no piensa derogar ninguna normativa y, amparándose en su posición prevalente, señaló que las discrepancias jurídicas ya las resolverían los tribunales en el plazo de diez años.
Ante la actitud intransigente y antisocial de la representante del Ejecutivo, la Coordinadora anuncia que va a seguir trabajando para que se interponga recurso de inconstitucionalidad contra las disposiciones que suprimen estas ayudas, y va a seguir movilizando y coordinando a los afectados en los ámbitos jurídico y social frente a esta injusticia.
*
Somos más de 300.000 hogares afectados (así, la cifra alcanza el
millón de ciudadanos directamente afectados). Con esta medida, deberemos
pagar entre 90 y 300 euros más al mes por nuestra hipoteca protegida.
Esta medida, junto a la difícil situación económica, hará que muchos
afectados no puedan hacer frente al préstamo VPO, muchos de los cuales
fueron firmados a precios de burbuja. Para colmo, las restricciones de
las VPO impiden vender o alquilar la vivienda.
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