Lo de hoy es verdaderamente un escándalo más de dimensiones demenciales. El ICO (Instituto de Crédito Oficial) disponía en 2012 de 22.000 millones de euros para conceder créditos del Estado a las PYMEs, pequeñas y medianas empresas. Pues al final del ejercicio del año pasado, el ICO sólo había concedido un 25% de ese dinero, o sea que se quedó con el 75% sin emplear.
Los ciudadanos nos hacemos preguntas. Por ejemplo.
¿Por qué, estando las cosas como están, no se informa claramente, con requisitos y plazos, en los medios de comunicación, sobre el modo en que se puede acceder a esos créditos y qué condiciones se requieren?
¿Por qué esa oferta imprescindible para reflotar proyectos y empresas pequeñas en riesgo, se reduce a una publicidad confusa e insignificante como que aparezcan las siglas ICO en pantalla y nadie explique qué es lo que hace ese ICO y cómo y donde se puede pedir un crédito y qué trámites se necesitan?
¿No se ha hecho siempre así con la declaración de Hacienda?
¿Por qué ese dinero público se camufla en bancos privados?
¿No hay un banco de España con sucursales en todas las capitales de provincia capaz de gestionar y conceder los créditos de la Admistración de Finanzas del Estado directamente al ciudadano sin que la mafia bancaria intervenga y se pueda llevar un pastón por las gestiones, o peor aún, oculte el presupuesto de esos créditos mientras puede usarlo fraudulentamente para jugar en bolsa con ellos y aprovecharse de un dinero que es de todos?
¿Cómo es posible que un Estado de Derecho, viendo lo que se cuece en la banca la deje al cargo de una responsabilidad como adjudicar dinero, según su criterio, para emplearlo en créditos que incrementen el trabajo? Es como poner al Tempranillo al cargo de las cajas de ahorro de Sierra Morena. O a un cleptómano a cuidar de una caja fuerte. A un pedófilo en un parvulario. O a un ludópata regentando un casino o a un alcohólico gestionando una bodega.
Sólo hay dos respuestas adecuadas. O el gobierno es un hatajo de inútiles irresponsables y no es capaz de revisar los resultados anuales del ICO o está sobrecogedoramente pringado en los beneficios de las rentas en bolsa de ese capital esfumado por arte de birlibirloque. Porque el birli-birlar es ya un deporte político-financiero de dimensiones olímpicas, en el que cada día se baten las marcas sin sonrojo y sin pudor alguno. A calzón quitado. A toda velocidad, que cuatro años son un suspiro.
Hace falta la creación de una ILP para la transparencia financiera del Estado. Una comisión de ciudadanos decentes sin implicación partidista, que revise con los responsables políticos de economía cada presupuesto, que cada cantidad de dinero adjudicado cumpla los fines para los que se adjudica. Un comité cívico para control y revisión del gasto público. Compuesto por economistas, juristas de expediente limpio y expertos en ética financiera. Se puede mantener ese trabajo con mucho menos de lo que cuesta un solo ministerio de una materia que ahora mismo tiene dos sin que ninguno sirva para nada. Economía y Hacienda. Guindos y Montoro, con sus séquitos respectivos. Si a ese despilfarro se añaden los 22.000 millones del ICO y los 70.000 del rescate simulado y en diferido que igualmente se han perdido por el camino de Jauja pero que habrá que pagar a la UE con intereses, el paro se acabaría en un santianmén.
Claro, que eso sería también, además del principio de una sociedad limpia y transparente, el final del pp.
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