Cómo los ‘súper patriotas’ están ocultando la enorme crisis social que crearon
Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas. Universitat Pompeu Fabra
El triunfo de los “súper patriotas” (nacionalistas de derechas) a los dos lados del Ebro
Las declaraciones de claro tono etnicista, xenófobo, supremacista y
antiespañol del nuevo presidente de la Generalitat, el Sr. Quim Torra,
han creado, como era lógico y predecible, un gran revuelo en Catalunya, contribuyendo
a una polarización entre los catalanes que se sienten españoles y
aquellos que no, polarización que ha alcanzado un nivel muy acentuado
desde que gobierna en Catalunya una coalición a favor de la
independencia liderada por el partido nacionalista de derechas, hoy
llamado PDeCAT. También predecible ha sido la respuesta
inmediata del presidente Torra frente al gran rechazo por parte de
amplios sectores de la población de sus declaraciones y escritos. El
ahora presidente ha intentado minimizar su importancia, alegando que ha
sido malinterpretado, lo cual ha hecho con todo el apoyo
mediático del establishment nacionalista conservador que ha dominado la
vida política e institucional catalana desde casi el principio de la
etapa democrática.
En realidad, tales declaraciones de un dirigente nacionalista de
derechas no hubieran tenido que crear esta sorpresa pues lo que el presidente
Torra dijo está ampliamente asumido en tal establishment nacionalista
conservador, enraizado en la tradición política conocida como pujolismo y
que (a pesar de las maniobras de marketing político, con cambio de nombre incluido) ha
hegemonizado las instituciones gobernadas y/o influenciadas por la
Generalitat de Catalunya durante la mayor parte del período democrático. La novedad de tales declaraciones no es tanto su contenido sino su forma, pues este etnicismo
chovinista antiespañol ha sido una característica del pujolismo desde
sus inicios, cuando se llamaba “charnego” al ciudadano español
trabajador venido a Catalunya predominantemente de Murcia y Andalucía.
Tal adjetivo peyorativo para definir a personas que vivían en
Barcelona, pero que habían nacido fuera de Catalunya, procedentes del
sur de España, era muy común en la cultura nacionalista de
derechas liderada durante la mayoría del periodo democrático catalán por
el Sr. Jordi Pujol.
El “charneguismo” es un concepto etnicista, xenófobo y supremacista, utilizado por el nacionalismo catalanista de derechas
Es sorprendente que se niegue por parte del establishment
nacionalista catalanista de derechas que las expresiones utilizadas por
el presidente Torra sean etnicistas, xenófobas y supremacistas. El hecho
de que la Real Academia Española no utilice este término no significa
que no exista el concepto. La lengua inglesa, que es más funcional que
las lenguas derivadas del latín, claramente señala que es supremacista
“aquel que cree que un grupo de personas debe liderar o tener el
control sobre otro tipo de grupos de personas porque piensa que son
mejores”. La línea divisoria que define al grupo de personas
puede ser racial, étnica y/o cultural. Creerse que un grupo de personas
(los charnegos) deben tener menos poder porque pertenecen a otra etnia o
cultura es supremacismo puro y duro. Vi esta manera de pensar y actuar
cuando a principios de los años sesenta fui médico del Somorrostro, el
barrio de “charnegos”, donde tales trabajadores, recién llegados a
Catalunya, vivían en condiciones miserables en uno de los barrios más
pobres de la ciudad. La definición de aquellos ciudadanos como
“charnegos” por parte de los nacionalistas catalanes de derechas me
hacía a mí el “médico de los charnegos”, título que era supuestamente un
insulto pero que siempre consideré un honor. El Sr. Pujol llegó incluso a afirmar explícitamente que los “charnegos” –mis pacientes- tenían
un coeficiente intelectual menor que los catalanes, declaraciones que
más tarde -como ha hecho el presidente Torra ahora- desmereció y por las
que también (respondiendo a la cultura cristiana que caracteriza a la
mayoría de sus dirigentes) pidió perdón-. En realidad, con la
astucia política que lo definía, Jordi Pujol intentó más tarde cubrir
este flanco y protegerse de la acusación de xenófobo incluyendo en su
entorno a figuras conocidas de habla castellana, como fue Paco
Candel, presentándolos como representativos de la “otra Catalunya”,
supuestamente amigos de la familia nacionalista conservadora. La preocupación y cautela del Sr. Pujol por no caer en los insultos etnicistas quedaba frecuentemente al descubierto por las declaraciones de su esposa, la Sra. Ferrusola, que mostraba la cara más pura del etnicismo, chovinismo y supremacismo pujolista.
Sus declaraciones cuestionando la catalanidad del candidato (charnego)
Montilla, a raíz de su elección como Presidente de la Generalitat de
Catalunya, eran casi idénticas a las declaraciones más recientes del
ahora presidente Torra sobre la supuesta falta de catalanidad del
presidente Montilla y su idoneidad para ocupar tal cargo.
El patrimonialismo del nacionalismo conservador pujolista
Otra característica del etnicismo del nacionalismo de derechas, relacionado con su supremacismo, fue
su sentido patrimonialista del Estado autonómico que controlaban,
gobernando Catalunya con un caciquismo parecido al caciquismo de la
democracia cristiana del sur de Italia: el clientelismo y la corrupción
han sido siempre elementos claves de esta tradición política (en
realidad es el partido catalán más parecido al PP en España). Y
tal patrimonio del Estado era una fuente importante de mantenimiento y
sostenibilidad para gran parte de los medios intelectuales catalanes,
pues la gran mayoría de revistas, diarios o cadenas televisivas
con sede en Catalunya estaban subvencionados e influenciados por el
partido gobernante en la Generalitat. En realidad su propia
existencia dependía de las subvenciones de la Generalitat. Su influencia
era, en el caso de los medios públicos de la Generalitat (como TV3 y
Catalunya Ràdio) de absoluto control (semejante al que el partido
gobernante español, el Partido Popular, ejerce sobre TVE). Esta era (y
continúa siendo) la Catalunya predominantemente de sectores de la
burguesía (aunque no toda), de la pequeña burguesía y de los pequeños
comerciantes (“els botiguers”) y de amplios sectores de las clases
medias de renta superior, incluyendo sectores importantes de las
clases medias ilustradas (la clase media de educación avanzada) que han
jugado un papel clave en la reproducción de la hegemonía de tal
ideología. Esta era la Catalunya presentada como la Catalunya real de
composición social variada pero con dominio de las clases sociales de
renta por encima del nivel de renta media del país. Ni que
decir tiene que también tenía y tiene componentes populares –y muy en
particular en las zonas rurales-, la mayoría de creencias religiosas
católicas. Pero la mayoría de sus militantes y votantes no pertenecen a
la clase trabajadora catalana. Es cierto que algunos dirigentes del
PDeCAT proceden de la UGT, pero más del aparato de la UGT que de las
bases de tal sindicato.
Sus instrumentos políticos eran CDC (de tendencia liberal) y
UDC (la democracia cristiana próxima a la Iglesia catalana centrada en
Montserrat, el monasterio benedictino que ofreció el aval religioso a
este nacionalismo étnico). Ni que decir tiene que hay otras versiones
nacionalistas distintas a la pujolista, pero esta última ha
tenido una influencia mayor en la vida política, cultural e intelectual
de Catalunya, y muy en particular en el movimiento secesionista, el
cual, aun cuando no fue creado por el pujolismo, sí que este se adaptó
rápidamente a su expansión. Tal expansión fue la respuesta al creciente
rechazo que se dio en Catalunya en relación con los vetos del Tribunal
Constitucional a elementos claves del Estatuto propuesto por el gobierno
tripartito catalán, así como hacia las políticas hostiles del partido
gobernante en España (el Partido Popular) hacia Catalunya.
Su control del aparato de la Generalitat y de los medios de
comunicación públicos de esta permitieron a este nacionalismo
conservador convertirse en la fuerza hegemónica y dominante del bloque
secesionista, que adoptó elementos característicos del pujolismo, como
su actitud profundamente antiespañola basada en creencias un
tanto chovinistas, tales como su percepción, ampliamente promovida para
defender su secesionismo, de que España es incambiable, confundiendo
Estado con población, y atribuyendo a la población española una
incapacidad de cambio. Esta percepción es el obstáculo mayor
hacia el necesario transversalismo que debería existir en Catalunya
entre las fuerzas progresistas para sacar del gobierno a los partidos
gobernantes (PP con ayuda de Ciudadanos en España, y PDeCAT en
Catalunya).
El único polo opuesto al pujolismo y a sus aliados fueron,
durante el periodo democrático, el socialismo y, en su día, el comunismo
catalanes, que gobernaban en la mayoría de las grandes ciudades de
Catalunya, siendo el ayuntamiento de Barcelona el centro de la oposición
a tal nacionalismo durante la mayor parte de ese período. Hoy
el sueño del nacionalismo conservador y sus aliados es llegar a gobernar
Barcelona, convirtiéndola en la capital de la inexistente República
Catalana.
El enorme coste del procesismo: la gran crisis social en Catalunya y en el resto de España
El enorme coste del “procesismo” liderado por las fuerzas
secesionistas es la continuación de la enorme crisis social, resultado
de la aplicación de políticas públicas neoliberales impuestas por los
partidos nacionalistas de derechas gobernantes tanto en España como en
Catalunya, cuya responsabilidad queda ocultada detrás del debate nacional. En
realidad las políticas públicas impuestas por el PP, con el apoyo de
Ciudadanos, por un lado, y del PDeCAT, por el otro, han jugado un papel
clave en crear la enorme crisis social. Estos tres partidos son profundamente nacionalistas de derechas. El
PDeCAT es hoy la versión esencialista del nacionalismo secesionista
catalán de derechas, mientras que el PP y Ciudadanos son profundamente
nacionalistas conservadores y herederos del nacionalismo españolista,
presentándose a sí mismos como los defensores de una España uninacional,
también excluyente de cualquier otra nación en España y profundamente
supremacista (incluso racista, pues durante muchos periodos de su
historia, su existencia se basaba en la superioridad de la raza -el día
nacional, el 12 de octubre, que conmemoraba la conquista de América
Latina, se conocía como el día de la Raza-), el cual alcanzó su máxima
expresión durante la dictadura fascista. Esta visión de España,
excluyente de otras visiones de España (a las cuales definen como anti
España), es hoy hegemónica y aparece en su versión más esencialista en
el PP (partido enraizado en la clase dirigente del régimen dictatorial) y
en Ciudadanos (partido creado por el establishment empresarial español,
incluyendo el catalán, para parar a Podemos, una nueva fuerza política
enraizada en el movimiento 15-M que se caracterizó por tener una visión
distinta de España: una España plurinacional, más justa y más
democrática que la actual, cuyas raíces estaban en el progresismo
republicano y en la lucha de la resistencia antifascista).
Estos tres partidos son partidos nacionalistas de derechas (unos españolistas y el otro catalanista) que han estado imponiendo (y digo imponiendo porque no estaban en sus ofertas electorales) a
la población las políticas de claro corte neoliberal, las cuales
incluían políticas de recortes del gasto público y, muy en especial, del
gasto público social (como parte de sus políticas de austeridad), así
como reformas laborales que deterioraron marcadamente el mercado de
trabajo, con una reducción de los salarios y un gran crecimiento de la
precariedad. Como consecuencia, el nivel de vida y capacidad
adquisitiva de las clases populares descendieron marcadamente, mientras
que las rentas superiores (y las rentas de la propiedad del capital)
aumentaron de forma muy destacable. Los datos hablan por sí
mismos: en Catalunya, las rentas del trabajo (como porcentaje del PIB)
pasaron de representar un 50% en 2008 a un 45,8% en 2017, mientras que
las rentas del capital subieron un 42% a un 44,5% durante el mismo
periodo 2008-2017 (esta evolución contrasta con la que se ha dado en el
conjunto del Estado español, donde las rentas del trabajo “solo”
descendieron del 50,1% al 47,3% del PIB, mientas que las del capital
pasaron del 41,7% al 42,4%). Como consecuencia, en Catalunya el nivel de
renta del 20% de renta superior (que vive en la parte “alta” de las
ciudades) ha pasado de ser 5,6 veces el nivel de renta del 20% de renta
inferior en 2009 a ser de 6 veces en 2016. Una situación semejante ha
ocurrido en el resto de España.
En realidad, el número de “ricos” en Catalunya (gente que
declara sobre una base imponible de más de 1 millón de euros) ha
aumentado durante la crisis. Solo del 2014 al 2015 hubo 577 personas más ricas (con un total de 31.951 personas en 2015). Mientras tanto, en la “otra Catalunya”, el 46,7% de los parados catalanes llevaban más de un año buscando trabajo
(un incremento de 29,9 puntos porcentuales en el peso de este colectivo
desde el 2008, cuando era solo el 16,8% de todos los parados). Ello
significa que ha habido un aumento de 178.200 personas más en esta
situación en el año 2016 respecto al 2008. En realidad, Catalunya es una de las partes de la UE-15 que tiene más parados de larga duración.
Y lo que es incluso peor es que el 72,1% (es decir, 365.700
personas) de las personas en situación de desempleo no tienen ninguna
prestación en concepto de paro. Y para terminar esta lista de indicadores negativos, el
salario del 10% de trabajadores con los salarios más bajos se redujo
del 2008 al 2015 un 12%. Esta es la condición en la que se encuentran
grandes sectores de la otra Catalunya de habla castellana. Son los
“charnegos” de hoy, que vienen de lugares diversos en España y en el
extranjero.
Esta realidad mostrada en estos datos es la ignorada en el debate sobre el tema nacional. Nunca antes las banderas han sido utilizadas con mayor desvergüenza para ocultar el enorme drama social. Las tres fuerzas políticas hoy en España que se presentan como las más “patriotas” (unas en “defensa de la unidad de España”, y la otra “en defensa de la nación catalana en contra de la España que le roba”) son las que están
aplicando políticas que han hecho mayor daño a las clases populares
tanto en Catalunya como en España. El miedo del PSOE a que se le acuse
de “antipatriota” explica que se alíe con el PP y con Ciudadanos. Y un
tanto igual ocurre en Catalunya con ERC y con la CUP. Ambos
partidos, que se consideran de izquierdas, apoyan el liderazgo del
pujolismo en el bloque secesionista (corresponsable con el PP y
Ciudadanos de la gran crisis social que viven las clases populares de
Catalunya, que son la mayoría del pueblo catalán). ERC y la CUP,
al anteponer el tema nacional –aliados y bajo la dirección de la
derecha– al tema social están perjudicando a tales clases populares.
Es más, y como dije anteriormente, al afirmar la imposibilidad de
cambiar España, están reproduciendo el argumento etnicista según el cual
“hay algo en la manera de ser de los españoles que no los hace sensibles al cambio”.
Las políticas neoliberales (las reformas laborales y las políticas de austeridad) han tenido un impacto muy negativo en la calidad de vida y bienestar de la población catalana. Además del descenso salarial y del aumento de la precariedad, los
recortes en los servicios públicos (de los más acentuados en España)
han tenido unas consecuencias muy negativas. En educación el gasto de la
Generalitat ha bajado durante el periodo 2010-2017 en 626 millones de
euros (un 10% menos), en sanidad en 1.026,97 millones (un 10,33% menos),
en vivienda un 50% menos (-366,28 millones), en protección social un
7,1% menos (-149,9 millones), en promoción social un 30,9% (-31,16
millones) y así un largo etcétera. Y el PdeCAT, junto con el PP y
Ciudadanos, ha apoyado la legislación que hizo posibles tales recortes. En realidad, el
PDeCAT ha sido uno de los partidos en las Cortes Españolas que han
ayudado más al PP para que este consiguiera sus grandes parcelas de
poder. Sus votos han sido determinantes no solo para aprobar la
legislación neoliberal, sino también para elegir a figuras clave como la
Presidenta de las Cortes Españolas, la Sra. Ana Pastor.
Estas políticas de austeridad se han desarrollado como parte
de una estrategia para favorecer la privatización de los servicios
públicos, siendo la sanidad y la educación un claro ejemplo de ello.
El ex consejero de Salud, Boi Ruiz (que había sido la cabeza de la
patronal sanitaria privada), hizo declaraciones explícitas en este
sentido. Y la ex consejera de Educación favoreció a las escuelas
privadas a costa de las escuelas públicas.
Pero estas políticas, favorecedoras de los servicios
privados, fueron acompañadas de un intervencionismo favorable con los
propietarios de los servicios privados a costa de los usuarios, política
que ha tenido un impacto devastador en la vivienda, siendo el elevado
precio del alquiler una de sus consecuencias, habiendo alcanzado un
drama social. Los desahucios de personas y familias que no
pueden pagar el alquiler han llegado a niveles escandalosos (ver “Uno de
los derechos constitucionales más ignorados en España: el derecho a la
vivienda”, Público, 10.05.18). Y para acentuarlo todavía más, los “súper patriotas” como el PP, Ciudadanos o el PDeCAT han
aprobado, junto con el PNV, el “desahucio exprés”, facilitando que el
período de desahucio se reduzca a dos meses, medida que afectaría a
millones de catalanes que incluso sin estar desahuciados estarían bajo
el enorme temor de poder estarlo. ¿Cómo pueden presentarse estos
partidos neoliberales como defensores de la patria cuando están dañando a
la gente que son componentes claves de tal patria?
En realidad, los partidos secesionistas han atribuido la
crisis social a la pertenencia de Catalunya a España, y a la falta de
soberanía de la primera para poder realizar sus propias políticas
públicas de desarrollo. Identificando España como el Estado
español, tal argumento ha atraído a sectores de la población catalana
que no son particularmente secesionistas pero sí creen que será
imposible para Catalunya resolver su enorme crisis social sin separarse
de España e independizándose del Estado español. Tal argumento
podría ser coherente en caso de que los que lideraran el proceso de
secesión fueran fuerzas políticas comprometidas con otras políticas
distintas y opuestas a las que se están aplicando en Catalunya y en
España. Y ahí está el punto flaco del argumento secesionista
progresista, pues la fuerza política que lidera hoy el movimiento
independentista representa una opción conservadora neoliberal
responsable de la crisis actual. Es poco creíble que el PDeCAT hiciera
una política distinta a la que ha realizado hasta ahora. En
realidad, sus dirigentes y pensadores en temas económicos (promovidos
por los medios públicos de la Generalitat) son conocidas figuras
neoliberales. Y como se demostró en la transición española, el que controla la transición controla el producto final.
En realidad, la solución es fácil de ver: el eje social
debería centrar el debate político y mediático, poniendo la resolución
del enorme problema social de las clases populares en el centro del
debate. Ello implicaría resolver el enorme problema social
ahora, y sin esperar a una incierta independencia o cualquier otro
proyecto, que de realizarse, no se haría ni hoy ni mañana ni en un
futuro inmediato. Y este proyecto no puede realizarse hoy en Catalunya bajo el liderazgo
del gobierno controlado por los de siempre. Es una condición esencial
para poder cambiar Catalunya el cambiar España, en alianza con las
fuerzas progresistas que han estado surgiendo a lo largo del territorio
español que, junto con fuerzas renovadas de la izquierda tradicional,
tienen una clara vocación democrática profunda, comprometidas
con el bienestar de las clases populares y con la calidad de vida de la
población y con una visión distinta y opuesta a la esencialista
uninacional: una España plurinacional, solidaria y profundamente
democrática. Ver que ello es imposible (como creen las fuerzas
secesionistas) es caer en el etnicismo chovinista que está
obstaculizando el desarrollo de la muy necesaria transversalidad. Es urgente que
las fuerzas republicanas progresistas a los dos lados del Ebro
colaboren y se alíen para cambiar Catalunya y España. Pero para que ello
ocurra son necesarias movilizaciones que exijan una solución inmediata
de la gran crisis social. Y aquí de nuevo la calle está y va muy por
delante de las instituciones políticas. La solución al problema social
exige cambios profundos en España (con el cambio del gobierno) y también
en Catalunya (con el cambio de quien gobierna la Generalitat). Con los
de siempre controlando los gobiernos español y catalán, el problema no
se resolverá. Así de claro.
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