Plaza Pública
Franco y la dignidad democrática
Publicada el 13/10/2019
La decisión del Gobierno de exhumar los restos de Francisco Franco
siguiendo el mandato del Congreso de los Diputados, con el visto bueno
del Vaticano y la orden inapelable del Tribunal Supremo, muestra cómo un acto que debería ser normal en un Estado de Derecho que intenta superar el recuerdo de una dictadura se ha complicado hasta la insensatez. La resistencia feroz a permitir la exhumación que expresó Santiago Cantera, prior de la Abadía
que administra el conjunto según acuerdo del Estado con el Vaticano,
ilustra hasta qué punto se desea enconar un asunto que debería estar
superado hace mucho tiempo.Es también la constatación de que, a pesar de haber transcurrido más de 40 años desde la muerte del dictador, el franquismo y sus ecos fascistas sigue enredando en la trama social, exigiendo presencia, apoyado por algunos medios informativos afines y sus voceros que hacen mucho ruido y siembran demasiada inquina. O con elementos como el partido de ultraderecha Vox cuyo secretario general y diputado, Javier Ortega Smith, vomita barbaridades tales como que las jóvenes conocidas como las Trece Rosas, asesinadas por los franquistas, violaban y torturaban. El periodista Gregorio Morán en su artículo Esa derecha salvaje define así a estos tipos de derecha extrema: "No son un peligro, son una realidad".
Con el Valle de los Caídos la derecha ha querido dar batalla porque tienen una base de público proveniente de aquella época, sus protagonistas o sus hijos y nietos, herederos del agradecimiento de sus padres y abuelos por las prebendas obtenidas a costa de jurar lealtad a los autores de un golpe de Estado contra la democracia. Otra colaboradora necesaria es la Iglesia que en la figura del prior de la Abadía de la Santa Cruz ha ejemplificado y resume lo que este país tuvo que vivir desde que se consumó la victoria de los golpistas durante los cuarenta largos años del régimen impuesto y, más allá, con una Conferencia Episcopal anclada en sus privilegios, defendiendo una economía de millonarias concesiones —educación concertada, por ejemplo— y no menos millonarias exenciones fiscales.
Es posible que sin la Iglesia el régimen de Franco hubiera sido otra cosa. El respaldo de la jerarquía eclesiástica se hizo evidente el 1 de abril de 1939, que para los españolitos de mi generación venía reflejado en los libros de texto como "el día de la victoria". El diario Abc publicaba desde Burgos en un recuadro convenientemente realzado el texto de un telegrama de Su Santidad el Papa Pío XII dirigido a Franco: "Levantando nuestro corazón al Señor, agradecemos sinceramente con V.E. deseada victoria católica España. Hacemos votos porque este queridísimo país, alcanzada la paz, emprenda con nuevo vigor sus antiguas y cristianas tradiciones que tan grande le hicieron". Contaban pues los sublevados con el apoyo de la Iglesia católica aparte de la colaboración material efectiva de los fascistas de Italia y Alemania.
La finca de Cuelgamuros
¿De quién surgió la idea de levantar el monumental mausoleo en la sierra madrileña, en línea recta con el monasterio de El Escorial? El periodista Tomas Borras, en un artículo publicado el 21 de julio de 1957, relata la conversación con el arquitecto de Cuelgamuros, Diego Méndez, quien explicaba que Franco, acompañado del general Moscardó, recorría paciente los montes cercanos a Madrid. "Franco con ojos sagaces buscaba una catedral natural para sarcófago jamás pensado de sus amados compatriotas". El empeño del recién autonombrado jefe del Estado concluyó con la elección de una finca denominada Cuelgamuros, que se adquirió a los herederos del conde de Villapadierna, de la marquesa de Villapadierna y del conde de Múñiz, los dos últimos fusilados en Paracuellos por las milicias republicanas.
El Estado se hizo con el terreno mediante compra y expropiación forzosa. El portal www.cuelgamuros.org, afirma que "aunque la leyenda popular lleva décadas afirmando que la finca se compró por la simbólica cantidad de una peseta, los apuntes contables de las obras facilitados por el propio arquitecto D. Diego Méndez nos dice que fueron 653.483,76 (de 1940)".
En 1940 se había publicado un decreto disponiendo "se alcen Basílica, Monasterio y Cuartel de Juventudes, en la finca situada en las vertientes de la Sierra del Guadarrama (El Escorial), conocida por Cuelgamuros, para perpetuar la memoria de los caídos en nuestra Gloriosa Cruzada". Y añadía un elemento crucial: "Los gastos que origine la compra del lugar y la realización de los proyectos serán con obligación a la suscripción nacional, que quedará, en la parte que corresponda, sujeta a este fin…"
Sin reconciliación
El Valle de los Caídos no se concibió como centro de reconciliación y memoria. El decreto de 1940 no deja lugar a dudas: "… A estos fines responde la elección de un lugar retirado donde se levante el templo grandioso de nuestros muertos (…). Lugar perenne de peregrinación grandioso de la naturaleza ponga un digno marco al campo en que reposen los héroes y mártires de la Cruzada…"
"Nuestros muertos" eran pues los pertenecientes al ejército que se rebeló contra el Gobierno democráticamente elegido. ¿Qué ocurrió entonces para que se incluyera en el mausoleo a soldados de la República?
Probablemente algo tan obvio como que sobraba sitio. El 30 de mayo de 1958 el diario Abc publicaba en su edición de la mañana un anuncio del Gobierno Civil de Madrid animando a trasladar al Valle de los Caídos, cuyas obras iban muy avanzadas, a combatientes muertos durante la cruzada. El texto indicaba: "Uno de los principales fines que determinaron la construcción del Monumento Nacional a los Caídos en el Valle de Cuelgamuros (Guadarrama) fue el de dar en él sepultura a cuantos cayeron en nuestra Cruzada". E introduce una novedad: "Sin distinción del campo en que combatieron según exige el espíritu cristiano que inspiró aquella magna obra, con tal de que fueran de nacionalidad española y de religión católica…" El llamamiento no tuvo demasiado éxito y es probable que ante el problema de llenar tan ingente mausoleo se llevara a cabo el traslado de restos de fusilados, de combatientes republicanos, sin orden ni concierto, atentos solo a dar sentido al recinto, sin reparar en ideologías o creencias.
Patrimonio Nacional y la Abadía benedictina
Un decreto ley de 1957 establece el régimen por el que se debía administrar el Valle de los Caídos: "Se crea una Fundación que, colocada bajo el Alto Patronato del Jefe del Estado, ejerza la titularidad del Monumento, con todos sus bienes y pertenencias, asegure su conservación, vele por el cumplimiento de los fines religiosos y sociales a que está destinado y celebre el oportuno convenio con la Abadía Benedictina de Silos, (…)". En su artículo sexto, este decreto también indicaba cautelarmente, tras dejar claras las competencias de los monjes, que "en tanto cumpla fielmente las anteriores obligaciones, la Abadía Benedictina tendrá derecho a permanecer en la Fundación y a recibir, para el cumplimiento de los fines fundacionales, los productos de sus bienes. Caso de incumplimiento, el Patronato dará cuenta de ello, razonadamente, a la Santa Sede, para que ésta autorice la sustitución de la Abadía Benedictina por otra Orden o Instituto de la Iglesia".
Por tanto, desde su creación la orden benedictina cumplía el papel de mero administrador de las órdenes de la Fundación representada, según el decreto, por el Consejo de Administración del Patrimonio Nacional. Un año después, en mayo de 1958, se firma el convenio entre Patrimonio Nacional, por parte de su presidente Luis Carrero Blanco (que actuaba en nombre del patrono de la Fundación, el jefe del Estado) y la Abadía benedictina de Silos que se comprometía a establecer una orden benedictina independiente en el Valle de los Caídos de Cuelgamuros en las condiciones de permanencia firmadas en el decreto.
Un sector de la Iglesia con su caudillo
Resulta por tanto cuanto menos peculiar la postura del prior de la Abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos cuando se arrogó la potestad de obstaculizar la exhumación de Franco y negar lo dispuesto por el Tribunal Supremo y por el propio Vaticano. Fue patente, según me explican fuentes próximas, la preocupación transmitida por sus superiores, el Abad de Solesmes (Francia) y el Cardenal Prefecto para la Vida Consagrada, de la Santa Sede.
Cantera al igual que la familia del dictador, exige el pronunciamiento del Tribunal Constitucional. De nuevo, un sector de la Iglesia velaba a su Caudillo declarándose heredero de su legado. Alguno de sus monjes lo dijeron claro y alto: "La Iglesia son esos miles de españoles que nos apoyan y que quieren que las cosas estén como están. Como quiso Franco en un principio".
Es probable que además el futuro inquiete a los monjes. ¿Qué será de la Abadía de la Santa Cruz? Desde 2018, Patrimonio Nacional ha dejado de abonar los 350.000 euros que cada año se destinan a financiar el Valle de los Caídos. Tiene que ver con que no se cumple con la obligación de presentar los pertinentes balances como señaló ya, de forma contundente, el Tribunal de Cuentas en 2016.
La Iglesia que auspició Franco y que auspició a Franco sigue aún dando coletazos. El papa Francisco es, para este núcleo duro, un mal sueño. Con la polémica creada en torno al Valle de los Caídos parecía que se deseaba transformar una obligación legal en un incidente de Derecho eclesiástico o de Derecho internacional, en una batalla sin sentido que a nada conduce.
Las víctimas
En todo este tiempo las víctimas sufrieron primero el silencio que impone el miedo y luego la indiferencia hacia su sufrimiento. Tuvieron que pasar casi otros 40 años hasta que una Ley de Memoria abriera el camino hacia la verdad, la justicia y la reparación. Todo gracias al esfuerzo y la tenacidad de quienes iniciaron una lucha contra la impunidad franquista. Algunos, demasiados, quedaron en el camino. Me enorgullece haber aportado mi trabajo para darles visibilidad.
El 1 de abril de 1959, Franco inauguraba oficialmente la Basílica de Santa María de la Cruz del Valle de los Caídos y se depositaban en su altar mayor los restos mortales de José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange. Cuentan las crónicas que ocho mil alféreces provisionales, representantes de los tres ejércitos y millares de muchachos afiliados al frente de juventudes y del movimiento nacional aclamaron al Generalísimo, que elogió la conducta de los soldados que a sus órdenes realizaron una cruzada, porque, dijo después en un sentido discurso, de Cruzada se trataba combatir a la anti España. Alertó de que el enemigo aún no estaba muerto, aunque hubiera sido derrotado.
Tras la misa que celebró el arzobispo de Toledo y cardenal primado de España Enrique Pla y Deniel, Franco y su esposa salieron de la basílica bajo palio. En 1975 regresaría de cuerpo presente para ser enterrado allí. Ahora, sus restos serán trasladados a otro lugar antes del 25 de octubre por decisión del Consejo de Ministros. Nadie, ni Gobierno ni instituciones, deben caer en la tentación de presentar este acto como un éxito personal o partidista, sino como la mínima reparación debida a las víctimas.
Ese día, ante la mirada atenta de cientos de periodistas de todo el mundo, al Valle de los Caídos acudirá la familia. Además, dando fe del acontecimiento, Dolores Delgado, la ministra de Justicia, como notaria mayor del Reino. A partir de ahí se podrá avanzar en el largo recorrido de ir cerrando páginas pendientes y la sociedad habrá ganado en dignidad democrática. Eso, y no otra cosa, es lo que supone la exhumación de Franco.
* Baltasar Garzón Real es jurista y presidente de FIBGAR
No hay comentarios:
Publicar un comentario