Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra. Ex Catedrático de Economía. Universidad de Barcelona
Una de las consecuencias de la aplicación de las políticas neoliberales (que han incluido reformas laborales responsables del descenso de los salarios y del aumento de la precariedad de los puestos de trabajo, así como recortes de gasto y empleo públicos) ha sido la reducción muy notable de la capacidad adquisitiva de grandes sectores de la población, forzados a intentar obtener más ingresos para poder mantener su nivel de vida.
Una de las maneras de conseguirlo es alquilando su coche o su vivienda. Un ejemplo de ello son los “taxistas” a tiempo libre, sin que, en realidad, sean taxistas. Es decir, sin pertenecer a una corporación o asociación profesional que las autoridades públicas hayan autorizado para realizar esta función. En esta nueva actividad, es la persona propietaria de un automóvil la que –a través de una asociación mercantil que promueve tal tipo de prácticas- se ofrece a utilizar su propio coche para llevar a pasajeros de un lugar a otro. Es lo que usted, lector, conocerá como el negocio de Uber.
Y aparentemente es muy fácil. Usted, propietario del coche, se pone en contacto con la compañía para ofrecerse a que cuenten con usted cuando lo necesiten. El usuario contacta con la compañía cuando necesita tal servicio, y esta le envía al supuesto taxista. Es, en realidad, como si utilizara un taxi, pidiéndolo a través de una aplicación del teléfono y siendo recogido por un vehículo donde usted quiera. Ahora bien, hay una gran diferencia entre un taxi y un coche de Uber. En el segundo caso es una relación individual entre el propietario del coche y la compañía, que lo pone en contacto con el usuario. Naturalmente que esta compañía que pone a los dos –al propietario del coche y al usuario- en contacto cobra una cantidad de donde saldrá el pago al propietario, dependiendo del número de servicios. Esta compañía se ha extendido enormemente y representa ahora a nivel mundial un negocio de 40.000 millones de dólares.
En teoría la idea parece excelente y encaja en la filosofía neoliberal de favorecer el mercado, poniendo en contacto directamente al proveedor con el usuario o consumidor. Los economistas neoliberales aman este planteamiento y lo promueven. Y puesto que la población está quejosa, con razón, de las dificultades de encontrar taxis en ciertos momentos del día o de la semana, este nuevo sistema se está extendiendo en Europa y en Norteamérica.
Ahora bien, este sistema de economía mal llamada cooperativa tiene un grave problema que deriva del hecho que los trabajadores, es decir, los taxistas –que no son en realidad taxistas-, actúan de forma individual en sus negociaciones con las empresas Uber, con lo cual su capacidad de negociación es nula. Y por lo tanto, sus salarios y su protección y beneficios sociales son bajísimos o inexistentes.
Los pisos turísticos: otro deterioro de los servicios
Una situación casi idéntica está ocurriendo con los pisos turísticos. Personas que tienen dificultades para llegar a fin de mes, que son propietarias de pisos, los alquilan por días, por semanas o por meses a los turistas, que en lugar de ir a hoteles, van a estos pisos que son mucho más baratos. De nuevo, una compañía pone en contacto a los propietarios con los turistas. Y de nuevo parece un arreglo que en teoría aparenta ser razonable, ofreciendo a unos cuantos propietarios la posibilidad de conseguir algún dinero y permitir, por otra parte, a un turista pagar menos que por la vía normal, el hotel.
El problema (y es un problema de grandes dimensiones) es que el vecindario de aquel piso turístico paga un enorme coste en incomodidades, ruidos, suciedad o lo que fuera durante todo el año, como bien saben los vecinos de la Barceloneta (el barrio portuario en la ciudad de Barcelona). El propietario no ofrece los servicios que provee un hotel, ni tiene que tener las condiciones o cumplir con las exigencias que se le piden al establecimiento ‘oficial’. Es, como en el caso de Uber, una relación individual entre el propietario y el consumidor a través de una compañía que no requiere ningún tipo de aseguramiento o inversión en la protección del vecindario o del usuario. En realidad, los pisos turísticos son una amenaza para los vecindarios, pues es la extensión a nivel colectivo de los costes e inconvenientes del turismo. Los ayuntamientos progresistas deberían prohibirlo.
Este tipo de economía mal llamada cooperativa es el resultado de la enorme desregulación de la actividad económica. Se salta, así, tanto las conquistas sociales como la protección al consumidor que la sociedad ha ido conquistando, con la excusa de que se abaratan los servicios y se estimula la actividad económica.
Es obvio que lo que tiene que hacerse es contrario a lo que se hace. Regular más la promoción de servicios por parte de las autoridades públicas, a fin de proteger tanto a los usuarios como a los vecinos. Ni qué decir tiene que hay muchos elementos positivos de economía cooperativa. Ahora bien, es importante subrayar los peligros que la expansión de esta dimensión económica pueda tener si se saltan los derechos de los trabajadores y de los usuarios conseguidos a base de luchas y presiones tanto sindicales como vecinales.
Qué hay detrás de la defensa de la “unidad de España”
Vicenç Navarro
Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra
Una vez más, se está utilizando el eslogan de defender la “unidad de España” para imponer una visión uninacional de España que ha sido causa constante de tensiones en la historia de este país. En 1936, las estructuras de poder, amenazadas por las políticas públicas propuestas por el democráticamente elegido gobierno republicano del Frente Popular, estimularon un golpe militar a fin de impedir las necesarias y urgentes reformas (que hubieran afectado negativamente a sus intereses económicos y financieros), intentando justificar tal golpe con el argumento de que estaban defendiendo la unidad de España, unidad que, por cierto, nadie estaba amenazando. En contra de lo que las derechas golpistas y sus herederas han sostenido siempre, el President Companys y el gobierno de la Generalitat que él presidía no eran separatistas y no querían desunir España, sino redefinirla, exigiendo que el Estado español reflejara su plurinacionalidad, reconociendo la identidad nacional de Catalunya dentro de una federación española. En realidad, el independentismo históricamente ha sido un movimiento minoritario en Catalunya. El hecho de que, aun siendo una minoría, haya alcanzado hoy un porcentaje tan elevado se debe primordialmente a la intransigencia del Estado central (hoy gobernado por un partido que tiene sus raíces históricas en las fuerzas políticas que dominaron la dictadura que siguió al golpe militar) a reconocer la plurinacionalidad de España y la identidad de Catalunya como nación. Y es inevitable que, de persistir esta resistencia, rigidez e intransigencia, esta minoría pueda convertirse en una mayoría, abriéndose así la posibilidad de una desunión de España. Hoy, los máximos facilitadores de la desunión de España son precisamente los que justifican su intolerancia y dogmatismo bajo el eslogan de “defender la unidad de España”.
Los resultados de la Transición inmodélica
Las enormes tensiones que vive hoy España son resultado de que la mal llamada “cuestión territorial” no fuera resuelta durante la transición inmodélica, una transición que fue resultado de un enorme desequilibrio de fuerzas que existía en aquel momento entre los herederos de los vencedores y los herederos de los vencidos de la Guerra Civil. Los primeros impusieron su modelo uninacional (centrado en la capital del Reino, que tiene poco que ver con el Madrid popular), reprimiendo la visión plurinacional de España. En este sentido, los famosos artículos 2 y 8 de la Constitución fueron impuestos por la Corona y por el Ejército (ver mi artículo “Franco ganó la guerra, la postguerra y la transición”, Público, 26.11.15).
Ahora bien, estamos viendo el fin de aquel modelo de Estado uninacional. Los crecientes movimientos contestatarios hacia el Estado uninacional español que han aparecido en Catalunya, en el País Vasco, en Asturias, en Galicia, en el País Valenciano, en Cantabria, en Navarra, en las Islas Canarias y también en Madrid, entre otros, están exigiendo otro Estado que, basado en la profundización de la democracia, acepte el derecho a decidir de los distintos pueblos y naciones de España, tal como las izquierdas habían pedido durante la clandestinidad, en su lucha contra la dictadura de los vencedores de la Guerra Civil.
La redefinición de España
Es en este contexto que hay que evaluar lo que está ocurriendo estos días después de las elecciones del 20D, cuando se está maliciosamente señalando que, tal como ocurrió en 1936, la demanda de las izquierdas (excepto el PSOE) de redefinir España es, en realidad, una llamada a romperla. Es importante señalar que, aun cuando esta respuesta es predecible en las derechas españolas, caracterizadas por su limitadísima cultura democrática y por su visión centralista del poder, es incoherente y opuesta a la sostenida por el PSOE de la clandestinidad, que durante la heroica lucha de la resistencia antifascista había exigido el derecho a decidir para Catalunya y para otras naciones y pueblos de España, tal como consta en los documentos de sus congresos. Fue durante la Transición cuando el PSOE se adaptó al Estado uninacional español, pasando a formar parte de él, estableciéndose así un bipartidismo que ha gobernado las instituciones del Estado central hasta la fecha. Esta adaptación del PSOE se hizo a costa de renunciar a los principios sostenidos por sus antecesores.
El bipartidismo en el Estado español (favorecido por una ley electoral muy poco proporcional) surgió dentro de un contexto en el que las derechas continuaron siendo enormemente poderosas. Y este poder incluyó el poder de reprimir la recuperación de la memoria histórica, es decir, de la historia de este país, continuando una tergiversación que ocultaba lo que había pasado en el país, reprimiendo la otra visión de España, a la que se continuó presentando como la “anti España”, cuando en realidad esta era la España real y popular, la España plurinacional, que está emergiendo ahora de nuevo. Es importante subrayar que esta España popular y plurinacional conjugaba un compromiso con el bienestar social de la población con un respeto y apoyo a su diversidad plurinacional. No es coincidencia que el Estado uninacional que ha persistido durante el periodo 1978-2015 haya sido también un Estado con escasísima dimensión social, siendo uno de los Estados con menor gasto público social por habitante, con menor gasto público, con políticas fiscales más regresivas y con mayores desigualdades de la Unión Europea.
La defensa por parte del PSOE del Estado uninacional es la defensa del bipartidismo
Al adoptar el argumento de defender la unidad de España, el PSOE está, junto con el PP y con Ciudadanos (el partido del IBEX-35), defendiendo el Estado uninacional responsable del retraso social de España. No es por casualidad que hoy en España las fuerzas más comprometidas con los cambios en la esfera social sean también las más comprometidas en establecer una España plurinacional. Los programas electorales están ahí para el que los quiera ver. Hoy, las izquierdas auténticamente transformadoras están pidiendo una revolución social y democrática, orientada a mejorar el bienestar de las clases populares, junto con una revolución política, exigiendo una transformación radical de las mal llamadas instituciones representativas que incluya la incorporación del derecho a decidir como medida profundizadora de la deseada democracia. Son estas fuerzas políticas favorables al cambio las que están generando una enorme resistencia liderada por el Estado uninacional gobernado por el bipartidismo, que ve en esta demanda una amenaza no a la unidad de España, sino a la perpetuación de dicho bipartidismo.
El discurso del Rey: más de lo mismo
En este aspecto, el discurso del Rey fue sumamente predecible, no variando ni un ápice el discurso característico de la visión uninacional, insistiendo en la necesidad de obedecer la Constitución y las leyes, sin hacer referencia ni a las enormes crisis económicas y financieras (consecuencia de la aplicación de las políticas públicas que los gobiernos españoles han impuesto a los distintos pueblos y naciones de España) ni al deseo de cambio del Estado, centrándose, en su lugar, en el deber de los españoles de defender a la nación española, alertando de que la desobediencia a las leyes será seriamente castigada, pues (confundiendo leyes con democracia) indicó que el deber del ciudadano es obedecer las leyes, haciendo caer sobre aquellos que desobedezcan estas leyes y la Constitución (el marco de todas las normas) todo el peso del Estado. Y para remarcar esta alerta, el monarca dio su discurso desde el Palacio Real, sede del poder borbónico, remarcando el simbolismo de que se escogiera tal espacio, un espacio central en la historia del imperio español, imperio conseguido a base de las armas. De ahí que, según la Constitución, el Jefe del Estado (y nunca mejor utilizada la expresión de “Jefe del Estado”), el monarca, sea también el Jefe del Ejército.
Por lo visto, se le escapó al monarca la paradoja que significó que en su discurso se refiriera a las consecuencias negativas que había tenido para España la falta de respeto a la ley consensuada por la totalidad de la sociedad, y que lo hiciera precisamente en el lugar -sede del Poder Real- donde simbólicamente se había consumado el mayor acto de desobediencia al poder democrático que ocurrió en España en el siglo XX, cuando una minoría, en el año 1936, se había impuesto a la mayoría, bajo la presión de las armas. Fue en este lugar donde el golpista mayor, el General Franco, se declaró Generalísimo, y también fue en este lugar que se consumó la transición a la democracia cuando se estableció la Monarquía, incorporada en la Constitución en un proceso que el Rey definió como fruto de una gran generosidad, sin aclarar que tal supuesta generosidad (es decir, los que cedieron más en la Transición, que fueron las izquierdas) fue fruto de que estas no tenían ninguna otra alternativa si deseaban la democracia.
Este discurso predecible del Rey señala la dificultad de cambiar el Estado español. Hablar de diálogo, y a la vez dar tal discurso, es de una contradicción elevada que cuestiona la sinceridad de la llamada al diálogo. Parece que está orientado más a estimular la generosidad de los herederos de los vencidos, borrando el punto de inicio del debate. El enorme dominio de las fuerzas que pilotaron la Transición explica la dificultad en admitir que hay otra España, reprimida durante todos estos años, que exige una transformación política y social del país. Oponerse a esta transformación aduciendo el argumento de defensa de la “unidad de España” es, una vez más, ocultar la resistencia de estas fuerzas a perder su poder por encima de todo. Y así estamos.
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