La maniobra de Rajoy supone un doble desaire al rey y deteriora el papel del monarca
La maniobra que hizo Mariano Rajoy esta semana supone un doble
desaire al rey. Primero, se negó a someterse al voto de investidura,
como expresamente le pedía Felipe VI y como él mismo había asegurado que
estaba dispuesto a hacer. Segundo, insinuó que el rey le volverá a
pedir lo mismo en el momento que al propio Rajoy le convenga más.
La desagradable consecuencia de toda esta artimaña (que no tiene nada que ver con un negociación poselectoral, sino que solo aspira a paralizar los plazos constitucionales y a sacar ventajas) es que, por el camino, habrá quedado deteriorado el papel mediador del rey y la monarquía será una institución más de las que Mariano Rajoy y el PP vienen utilizando desde hace años como si fueran parte de sus estrategias y tácticas.
Es cierto que el presidente en funciones hubiera firmado su testamento político si se hubiera sometido a una investidura que tenía seguro perder en escandalosa soledad. Las constituciones europeas permiten que el jefe de Estado encargue la formación de gobierno a un candidato y que este renuncie al cabo de un tiempo si no logra los apoyos necesarios, pero la española exige que quien recibe el encargo se someta a la sesión de investidura. Debería ser uno de los motivos por los que la Constitución necesita una reforma, pero de momento, es la que es. Lo que ninguna constitución prevé es que un candidato que rechaza el cometido le diga al jefe de Estado en qué momento le vuelve a interesar.
Sería curioso que Sánchez aplicara la misma táctica que Rajoy y rehusara también la propuesta del rey. Puesto que, según la Constitución, hay que convocar nuevas elecciones dos meses después de la celebración del primer acto fallido de investidura, ¿qué pasa si no hay votación de ningún tipo? ¿En qué plazo podría el rey proponer al presidente del Congreso la disolución de las cámaras?
La operación parece destinada a meter presión al dirigente socialista, Pedro Sánchez. La esperanza del PP es que fracase en su rápida negociación con Podemos o que el comité federal del PSOE rechace ese eventual acuerdo, dos posibilidades no descartables dada la petulancia (y dudosa intención) con la que Pablo Iglesias se lanzó a proponer un gobierno de coalición con Sánchez, repartiéndose los ministerios, sin molestarse en anunciar acuerdos previos, políticos o económicos.
Desde el punto de vista de Rajoy, lo único que importa es que Sánchez, totalmente contrario a cualquier acuerdo con el PP, quede invalidado como candidato socialista, momento en el que el presidente en funciones, embozado en una anhelada abstención del PSOE, cree que puede llamar al rey para decirle: “Vuelva a pedírmelo ahora mismo”.
Lo que resulta inconcebible en toda esta historia es que Rajoy no haya aprovechado el 20-D para anunciar su retirada de la política o que los sectores más jóvenes y sanos de su partido no fueran capaces de imponerle ese abandono. El mismo día en el que Rajoy puso en marcha esta maniobra, una juez de Madrid ordenó imputar al PP por la destrucción de los ordenadores de Bárcenas y el número tres de la Presidencia del Gobierno presentaba su dimisión, señalado por haber participado durante su etapa en la empresa estatal Acuamed en la adjudicación de “compensaciones indebidas” a firmas particulares. ¿Cree posible el PP mantenerse en la presidencia del Gobierno, cercado por decenas de investigaciones judiciales e ignorando el coste que hace pagar a las instituciones? ¿Creen los dirigentes socialistas, tan lógicamente irritados con la jactancia de Podemos, que sus votantes soportarán mejor al PP?
La desagradable consecuencia de toda esta artimaña (que no tiene nada que ver con un negociación poselectoral, sino que solo aspira a paralizar los plazos constitucionales y a sacar ventajas) es que, por el camino, habrá quedado deteriorado el papel mediador del rey y la monarquía será una institución más de las que Mariano Rajoy y el PP vienen utilizando desde hace años como si fueran parte de sus estrategias y tácticas.
Es cierto que el presidente en funciones hubiera firmado su testamento político si se hubiera sometido a una investidura que tenía seguro perder en escandalosa soledad. Las constituciones europeas permiten que el jefe de Estado encargue la formación de gobierno a un candidato y que este renuncie al cabo de un tiempo si no logra los apoyos necesarios, pero la española exige que quien recibe el encargo se someta a la sesión de investidura. Debería ser uno de los motivos por los que la Constitución necesita una reforma, pero de momento, es la que es. Lo que ninguna constitución prevé es que un candidato que rechaza el cometido le diga al jefe de Estado en qué momento le vuelve a interesar.
Sería curioso que Sánchez aplicara la misma táctica que Rajoy y rehusara también la propuesta del rey. Puesto que, según la Constitución, hay que convocar nuevas elecciones dos meses después de la celebración del primer acto fallido de investidura, ¿qué pasa si no hay votación de ningún tipo? ¿En qué plazo podría el rey proponer al presidente del Congreso la disolución de las cámaras?
La operación parece destinada a meter presión al dirigente socialista, Pedro Sánchez. La esperanza del PP es que fracase en su rápida negociación con Podemos o que el comité federal del PSOE rechace ese eventual acuerdo, dos posibilidades no descartables dada la petulancia (y dudosa intención) con la que Pablo Iglesias se lanzó a proponer un gobierno de coalición con Sánchez, repartiéndose los ministerios, sin molestarse en anunciar acuerdos previos, políticos o económicos.
Desde el punto de vista de Rajoy, lo único que importa es que Sánchez, totalmente contrario a cualquier acuerdo con el PP, quede invalidado como candidato socialista, momento en el que el presidente en funciones, embozado en una anhelada abstención del PSOE, cree que puede llamar al rey para decirle: “Vuelva a pedírmelo ahora mismo”.
Lo que resulta inconcebible en toda esta historia es que Rajoy no haya aprovechado el 20-D para anunciar su retirada de la política o que los sectores más jóvenes y sanos de su partido no fueran capaces de imponerle ese abandono. El mismo día en el que Rajoy puso en marcha esta maniobra, una juez de Madrid ordenó imputar al PP por la destrucción de los ordenadores de Bárcenas y el número tres de la Presidencia del Gobierno presentaba su dimisión, señalado por haber participado durante su etapa en la empresa estatal Acuamed en la adjudicación de “compensaciones indebidas” a firmas particulares. ¿Cree posible el PP mantenerse en la presidencia del Gobierno, cercado por decenas de investigaciones judiciales e ignorando el coste que hace pagar a las instituciones? ¿Creen los dirigentes socialistas, tan lógicamente irritados con la jactancia de Podemos, que sus votantes soportarán mejor al PP?
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