Denuncia que 'atenta contra la dignidad' de miles de familias y que de más de 700 afectados sólo ha resuelto los problemas de 84
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Madrid acaba de lanzar una campaña de apoyo a su causa y en contra de la Oficina de Intermediación Hipotecaria (OIH) del Ayuntamiento, para la que pide su cierre. La oficina antidesahucios impulsada por la Ejecutiva de Ahora Madrid, que encabeza la alcaldesa, Manuela Carmena, echó a andar a mediados de julio del año pasado y, según denuncia la PAH madrileña, sólo ha resuelto los problemas de 84 personas de las más de 700 que han acudido a ella en su primer medio año de vida.
Estas cifras coinciden con las que ofreció el Consistorio en la Comisión de Equidad, Derechos Sociales y Empleo celebrada el pasado 15 de diciembre en el pleno municipal. La delegada de Equidad, la primera teniente de alcalde Marta Higueras, explicó tras ser preguntada sobre este asunto por el Grupo Municipal Socialista que la oficina que impulsó su área había abierto 703 expedientes.
«El balance es positivo, pero creemos que todavía podemos hacer más», incidió Higueras, que reconoció que de 209 expedientes que han pasado a mediación, se cerraron sin acuerdo 29, se solucionaron los 84 a los que alude la PAH, y el resto sigue aun «en trámite».
Estos números han enfadado mucho en el seno de la plataforma ciudadana antidesahucios, que lamenta en un comunicado que a pesar de haber pedido información sobre los casos que gestiona la OIH en repetidas ocasiones, el Ayuntamiento ha dado la callada por respuesta. Por eso ahora piden a la ciudadanía que les ayude, enviando solicitudes de información por escrito al Consistorio que, con la puesta en marcha de esta oficina, «obstaculiza» su labor parando desahucios, según aseveran los activistas.
En el documento que PAH Madrid ha colgado en su página web, la plataforma ciudadana asegura que la apertura de la oficina antidesahucios «está perjudicando a miles de familias desamparadas frente a bancos y cajas». Por este y otros motivos «reclama» su cierre. Asimismo, en el escrito tildan de «atentado a la dignidad» de los afectados por la hipoteca el hecho de «haberle otorgado la gestión de la Oficina de Intermediación Hipotecaria a la corporación notarial, cómplice necesaria en la estafa hipotecaria».
Fuentes oficiales del Consistorio afirman que no van «a valorar lo que dice la PAH» y explican que lo que realiza en la OIH la Fundación Notarial Signum «mediante un convenio de colaboración» es «intermediar con los propietarios», no gestionar la oficina municipal.
Además apuntan a la privacidad de los datos, «que quedan entre la OIH y los afectados», para justificar el hecho de que no respondan a las peticiones de información. «Las estadísticas de la oficina se van dando, pero no se entra en detalles», sentencian las mismas fuentes.
Esta acción de PAH Madrid llega meses después de que el Gobierno de Ahora Madrid reconociera que no podía evitar los desahucios más allá de lo que le compete: las viviendas pertenecientes a la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS). Estos ya no se producen en las viviendas públicas del Ayuntamiento. Además, Carmena ordenó que la Policía Municipal no interviniera en las ejecuciones hipotecarias que se producían en la capital.
ÚLTIMO DESAHUCIO
Sin embargo los desahucios se siguen sucediendo en Madrid. El último hace cuatro días en Vallecas a cargo de efectivos de la Policía Nacional, que desalojaron a una mujer y a sus dos hijas menores de edad. La madre, que ocupaba la vivienda desde hacía un año, rechazó la alternativa habitacional temporal que le ofrecieron los servicios del Samur Social.La portavoz del Consistorio, Rita Maestre, explicaba después del lanzamiento en un programa de Cuatro que sabían «que el trabajo del Ayuntamiento es insuficiente», pero alegaba que los desahucios no dependían de la Ejecutiva municipal, sino de la ley a nivel estatal impulsada por el Gobierno del Partido Popular. Según los últimos datos recogidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el último trimestre de 2015 se saldó con 908 ejecuciones hipotecarias iniciadas en viviendas de la Comunidad de Madrid.
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Será por deformación profesional, pero es muy preocupante que para Manuela Carmena la ley injusta, solo por el hecho de ser "legal", esté por encima del bien común que es legítimo e irrenunciable. No es bien común el que sólo contempla la protección de la propiedad privada de los poderosos por encima del derecho a la vivienda de los pobres. Es un bien parcial porque solo beneficia a un sector reducido y no a la mayoría social y un bien parcial no es justo cuando se basa en perjudicar a otros para beneficiarse. La propiedad privada sólo es moralmente lícita cuando no vulnera con desigualdad los derechos fundamentales de la ciudadanía.
Necesitamos con urgencia una educación verdaderamente ética para ser humana, que nos haga natural la justicia distributiva y que nos enseñe a sentirnos incómodos y con mala conciencia cuando nuestros bienes y propiedades aumentan y se multiplican en medio de la miseria generalizada, que nos haga sentirnos delincuentes cuando recibimos beneficios fiscales por nuestros dineros y propiedades en vez de pagar los impuestos adecuados al poder adquisitivo que tenemos. Una educación que haga posible legislar que los gestores políticos tengan sueldos más de acuerdo con la situación económica del país y con la corresponsabilidad de portavoces de una ciudadanía que sufre, más que con los méritos del personaje político, el cargo y el rango.
Necesitamos un cambio de paradigmas donde el interés principal se ponga en las personas y no en los negocios con la excusa de que son necesarios para el bien de las personas. Lo necesario para el bien común es la conciencia ética despierta y activa que hace posible el verdadero progreso y la verdadera riqueza, que no se basa en el dinero ni en poseer más que otros, sino en el grado de felicidad y de satisfacción que viene dado más por lo que se hace para que todo mejore colectivamente y no solo en plan individual, más por lo que se da y se comparte que por lo que se acumula, se retiene y se exhibe.
Carmena, por encima de lo que haga y dictamine el pp en Madrid, debería actuar directamente contra los desahucios, como se ha hecho en Barcelona en Comú, a pesar de que la Generalitat regida por Mas y los intereses de Convergencia, son uña y carne con los bancos. Como el pp.
No se ha hecho la Ley para privar al pobre de un techo y que se aproveche el rico de sus despojos, sino para ponerla al servicio de la Justicia y que los ricos compartan lo que les sobra y los bancos rescatados con el dinero que debería rescatar personas, paguen a la sociedad su deuda, al menos evitando la miseria de los desahucios, de viviendas de las que ni siquiera pagan las cuotas de la comunidad de vecinos.
Tal vez una jueza alcaldesa debería estar más al loro de estas desigualdades gravísimas. No basta con ir en bici o en metro a trabajar o dar como limosna navideña una cena a los pobres en el ayuntamiento, hay que trabajar sobre todo para que no haya pobres que necesiten limosna, sino una sociedad donde haya por ley un sustento municipal digno y por decreto, para que no haya nadie en estado de mendicidad forzada por la injusticia y las carencias de lo fundamental.
El poder es una trampa funesta y un vivero de injusticias "normales" y normatizadas por leyes absurdas, que solo irá desapareciendo en la medida en que la ciudadanía, cada vez mejor educada y más despierta en inteligencia colectiva, vaya adquiriendo capacidad para emanciparse de la explotación solo necesaria para mantener un falso estado de bienestar dependiente, derrochador y consumista, y comience a ser autosuficiente en plan cooperativo, haciendo una red de comunidades municipales interconectada federalmente y basada en el apoyo mutuo, pasando del sistema de representantes al de portavoces en turno rotativo y de una democracia por delegación a una democracia cada vez más directa y participativa. Para ello es necesario que la educación para la ciudadanía enseñe economía solidaria en vez de finanzas en las que el primer valor que ese enseña es la necesidad inevitable de endeudarse y de pagar esas deudas aunque sea sacrificando la propia vida. Una forma de barbarie camuflada de civilización.
El poder es una trampa funesta y un vivero de injusticias "normales" y normatizadas por leyes absurdas, que solo irá desapareciendo en la medida en que la ciudadanía, cada vez mejor educada y más despierta en inteligencia colectiva, vaya adquiriendo capacidad para emanciparse de la explotación solo necesaria para mantener un falso estado de bienestar dependiente, derrochador y consumista, y comience a ser autosuficiente en plan cooperativo, haciendo una red de comunidades municipales interconectada federalmente y basada en el apoyo mutuo, pasando del sistema de representantes al de portavoces en turno rotativo y de una democracia por delegación a una democracia cada vez más directa y participativa. Para ello es necesario que la educación para la ciudadanía enseñe economía solidaria en vez de finanzas en las que el primer valor que ese enseña es la necesidad inevitable de endeudarse y de pagar esas deudas aunque sea sacrificando la propia vida. Una forma de barbarie camuflada de civilización.
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