El caldo de cultivo de la extrema derecha valenciana: la guerra identitaria del PP
Un día de principios de diciembre de
2014, un policía local de Gelida en excedencia se lanzó al foso de los
leones en el zoológico de Barcelona con uniforme militar de camuflaje.
El hombre, afectado por un trastorno mental, fue rescatado de las fauces
de las fieras gravemente herido. Entonces se supo que había
protagonizado varios episodios histriónicos con anterioridad, como la
quema de una senyera estelada el 11 de septiembre en Barcelona o una protesta contra el aborto en Valencia el 9 de octubre vestido de soldado nazi.
Pero su actuación valenciana no había sido advertida como algo
extravagante porque se camufló en un tipo de suceso más amplio y
desgraciadamente más habitual en las celebraciones del Día de la
Comunidad Valenciana.
Fue el último 9 d'Octubre de la era del PP, dado que al
año siguiente tanto la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, como el
presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, ya habrían perdido el
poder. Durante la denominada "procesión cívica", en la que se traslada
la senyera desde el Ayuntamiento hasta la estatua
de Jaume I, hubo saludos a la romana, exhibición de simbología fascista,
consignas nazis, insultos a los representantes de las formaciones de
izquierda y amenazas de mandar a Artur Mas, entonces presidente de la
Generalitat de Catalunya, a la cámara de gas.
En ese
contexto, la estrafalaria presencia del trastornado expolicía vestido de
nazi adquirió visos de autenticidad. La Delegación del Gobierno se
limitó a considerar que las fuerzas del orden y el dispositivo de
antidisturbios habían conseguido "el objetivo básico de evitar choques".
El actual alcalde de Valencia, Joan Ribó, entonces en la oposición,
denunció que una militante de Compromís y una amiga fueron agredidas por
elementos ultras al acabar la procesión. Y criticó a la alcaldesa
Barberá por haber apuntado con su discurso anticatalanista a los
partidos y militantes de izquierda. Tanto los socialistas como Esquerra
Unida del País Valencià reclamaron sin éxito que se abriese una
investigación por unos altercados que suponían una evidente incitación
al odio. No hubo detenciones.
El asunto no era nuevo.
Se repetía cada 9 d'Octubre, con mayor o menor intensidad, desde los
tiempos de la transición a la democracia, en los que grupos
anticatalanistas actuaron en la calle en connivencia con la extrema
derecha nostálgica del franquismo como una auténtica fuerza de choque
contra la mayoría de izquierdas en las instituciones y las
reivindicaciones nacionalistas. El alcalde de Valencia de aquellos años,
el socialista Ricard Pérez Casado, fue uno de los blancos principales
de las iras de aquellos grupos.
La virulencia de una
batalla identitaria en la que se acusaba de "catalanistas" y "traidores"
a todos aquellos -fundamentalmente las formaciones de izquierda y
valencianistas, el mundo de la cultura y las universidades- que
defendían que el valenciano es la misma lengua que el catalán y apoyaban
su promoción, declinó en términos generales tras la llegada de la
derecha al poder, impulsada por un discurso maniqueo de valencianos
buenos y malos que se consolidó durante largos años de triunfalismo,
euforia y grandes eventos bajo los que se desplegaba un sistema de
corrupción que acabaría en desastre colectivo.
En
cuanto las dimensiones de ese desastre quedaron en evidencia y se abrió
paso la idea de que las dos décadas largas de poder del PP llegaban a su
fin, los grupos ultras, que nunca dejaron de estar presentes en la
procesión cívica y acosaron a menudo a los participantes en la
tradicional manifestación de la izquierda y los nacionalistas la tarde
del 9 de octubre, así como en otros actos o manifestaciones de la
izquierda y el valencianismo, subieron de nuevo el volumen de su
agresividad.
Ya con la izquierda en el poder, una
izquierda en la que tanto el PSPV-PSOE como Compromís (en el que se
integran militantes del Bloc con simpatías hacia el nacionalismo
catalán) y Podemos se han esforzado por eludir el enfrentamiento
identitario, el conflicto independentista en Catalunya ha venido a
arrojar gasolina sobre unas brasas extremistas que nunca se apagaron. Se
ha podido comprobar con las agresiones ultras en la manifestación del
pasado 9 d'Octubre. La novedad ha sido que, esta vez sí, ha habido
detenciones.
Una docena larga de fascistas sobradamente conocidos de la policía han
desfilado por comisaría mientras la Fiscalía ha abierto una
investigación.
La exaltación es sin duda el caldo de cultivo de la
extrema derecha. Una exaltación históricamente fomentada en la sociedad
valenciana por la derecha parlamentaria sin complejos. Por ejemplo, tres
días antes del episodio del 9 d'Octubre de 2014, el último en el poder,
el PP convirtió Valencia en la capital de un homenaje a la bandera
española en el que participaron todas las autoridades y Barberá hizo de
madrina de una rojigualda regalada por Fabra a la Guardia Civil. El
presidente de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, había advertido
apenas dos meses antes en una conferencia organizada por FAES, del
riesgo de que la llegada de un gobierno 'tripartito', "radical de
izquierdas y procatalanista" pudiera hacer que "la agitación
independentista" de Cataluña y el País Vasco prendiera en la Comunidad
Valenciana e incluso en Baleares.
Esa advertencia
constituye todavía hoy el núcleo del discurso del PP valenciano, que
ahora lidera Isabel Bonig, mientras el presidente de la Generalitat, el
socialista Ximo Puig, se esfuerza por tender puentes con una Catalunya
estigmatizada. Un PP que dejó como legado de los últimos estertores de
la legislatura pasada una norma más que sintomática, la Ley de Señas de
Identidad, que preveía retirar cualquier subvención pública a quienes
no adecuaran "sus actuaciones al pleno respeto de la individualidad de
la lengua valenciana" o se manifestaran contrarios a "los festejos
taurinos tradicionales", entre otras cosas. La ley fue derogada por las
Corts Valencianes en enero de 2016 entre protestas de los diputados del
PP.
Por si había alguna duda, el pasado jueves, pocas horas después de que dos decenas de ultraderechistas acosaran a la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana,
Mónica Oltra, en su propia casa con la excusa de defender la unidad de
España, el expresidente del Gobierno José María Aznar afirmaba en un
acto organizado por FAES en Valencia que "
las mismas fuerzas ideológicas, los mismos sentimientos rupturistas que
han quebrado la convivencia en Cataluña quieren actuar ahora en la
Comunidad Valenciana y con los mismos objetivos". La estrategia incendiaria continúa.
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