Pozos de derechos
Los mal llamados “juzgados de cláusulas suelo” se han
establecido forzando la legalidad e infringiéndola en beneficio del
poder económico
Lleva semanas chocándome que hayamos pasado por
encima de que, de un golpe de mano, cinco personas hayan creado un pozo
para arrojar en él los derechos de los consumidores españoles y dejar
que se pudran. Sólo puedo explicármelo por el desconocimiento de los
vericuetos de la Justicia que hacen que no lleguemos a comprender bien
el alcance de las jugadas que nos hace el poder. Cinco voluntades,
movidas por quien interesa, han determinado que nuestros derechos en
cuestiones relativas a las condiciones generales de contratación, con
las que empresas y bancos nos hacen tragar como las lentejas, estén
acabando y vayan a acabar en un fondo farragoso del que no saldrán en
años. No es algo que incumba sólo a los agraviados hasta ahora sino a
todos, ya que todos suscribimos contratos con “condiciones generales”
que pueden ser ilegales.
El hecho de haber decidido
dirigir todas esas demandas de los ciudadanos, de casos presentes y
futuros, de forma individual o colectiva, a un sólo juzgado en cada
provincia puede hacer que de unos ocho meses estimados de resolución se
pase a más de tres años. La invención de los mal llamados “juzgados de
cláusulas suelo” no es sino una jugada más que perjudica a los
consumidores, a los abogados y a los propios jueces y se ha establecido
forzando la legalidad e infringiéndola para beneficio ¿de quién? Del
retraso en la resolución de tales litigios sólo va a beneficiarse el
poder económico que ha sido el impulsor de este nuevo atropello. No
crean que para beneficiar a los que mandan sólo hay que manosear el
derecho penal. El derecho civil que les afecta a las carteras también es
decisivo para ellos y, como vemos, no van a flaquear tampoco ahí.
La larga carrera de obstáculos de los consumidores
españoles, que somos todos, para evitar los atropellos se vio obligada a
salir incluso del ámbito jurisdiccional nacional para intentar soslayar
esa presión. Los jueces españoles se pusieron a la cabeza de esa pelea
presentando cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la
Unión Europea para conseguir la justicia material que con las leyes
españolas no se podía hacer. Ganamos, y volveríamos a ganar en
circunstancias similares, así que el poder económico necesita puentear y
trampear la aplicación de las órdenes europeas para cuidar sus bien
saneadas cuentas de resultados.
Sin pasar por
parlamentos ni leyes ni zarandajas, se encontró un atajo. Era más fácil
que el presidente del Consejo General del Poder Judicial, alias el Rey
Sol, y cuatro de sus acólitos, firmaran un acuerdito en la sombra que
saboteara todo lo logrado por los consumidores en arduas peleas
jurídicas. Un acuerdo sobre el que pesan graves dudas de legalidad pero
que se ordenó poner en marcha con toda premura –prisa también contraria a
las leyes– para que las cuentas de los bancos no tuvieran que empezar a
aflojar la guita.
Tantas dudas sobre su legalidad
hay que no solamente el Consejo General de la Abogacía, varios colegios
de abogados, todas las asociaciones de jueces, la junta de jueces
decanos o Facua se han pronunciado contra él sino que cinco magistradas
andaluzas han decidido plantarle cara al CGPJ del Rey Sol Lesmes y
llevarlo ante los tribunales. Estas juezas piden en su recurso que el
Tribunal Supremo suspenda cautelarmente el acuerdito y, por tanto, frene
esos juzgados.
El acuerdo que el jefe de los jueces
le ha regalado al Gobierno y a los bancos es ilegal y nulo de pleno
derecho porque vulnera varios artículos de una ley orgánica. En primer
lugar no motiva de ningún modo por qué es preciso tomar esta medida
excepcional saltándose el derecho al juez predeterminado por la ley.
Claro que los motivos son bastante inconfesables. También lo es por las
prisas que han puesto en vigor tal especialización de forma inmediata,
cuando la ley manda que haya una cadencia hasta el año siguiente a la
decisión. El tiempo es oro y, en este caso, pasta que sale del bolsillo
de los banqueros. Además, se han derivado a juzgados de primera
instancia asuntos que por ley son de los juzgados mercantiles, lo que
podría dar lugar a la nulidad de las resoluciones que van a ser
favorables a los ciudadanos. Para mas inri no respetan el principio de
proximidad y hacen que los ciudadanos tengan que ir a la capital de su
provincia y no a su partido judicial para demandar justicia.
Además del espectáculo de ver al jefe de los jueces y a cuatro más
saltándose la ley, contra la opinión de todos los operadores jurídicos,
para hacerle el favor a los que mandan, estamos ante un atropello
inaudito de nuestros derechos.
Eso por no hablar de
haber hecho que tales juzgados sean llevados por los aún estudiantes en
prácticas de la Escuela Judicial que deben ser evaluados aún por los
presidentes de los Tribunales Superiores. Nadie que esté sometido al
criterio de otro para conseguir su aprobación y así su ingreso efectivo
en un colectivo es totalmente independiente. Los jueces que han puesto
al frente de estos juzgados son dependientes y movibles. Todo lo
contrario a lo que predica el Estado de Derecho de un juez.
Ya tenemos pues juzgados instalados en el piso de al lado de una fonda
-como el de Madrid- sin funcionarios ni medios, con jueces sin
experiencia al frente en muchos casos y un nivel de entrada de demandas
que, por proyección, hará que estas lleguen a las 192.245 en un año.
Pozos insondables que será imposible desatascar nunca.
Así se mueven las cosas para dar protección al poderoso y
desprotegernos a todos. Con la firma del Rey Sol Lesmes y la de cuatro
de sus acólitos. Con un par.
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