Elisa Beni
Ya que la mayor parte de los lectores están de
vacaciones o a punto de irse, voy a llevarles de viaje hoy. No será un
tour demasiado agradable pero es sin duda necesario. Y no voy a
llevarles a Venezuela porque tenemos problemas más graves, más cercanos y
que nos deben inquietar más, aunque cualquiera lo diría a tenor de la
inmersión en los asuntos de allende los mares que quieren realizar
algunos.
Vamos aquí, más cerquita, a uno de los
problemas más peliagudos que se ciernen sobre la Unión Europea y que
tiene una peligrosa similitud con algunas de las cuestiones que suceden
en nuestro país. A mí esto sí que me preocupa mucho. Vénganse conmigo a
Polonia. Polonia no es Catalunya sino un país de nuestro entorno que es
la séptima economía de la Eurozona y que, por peso demográfico, es el
más similar a España. Quiero explicarles cómo el partido
ultraconservador Ley y Justicia -sí, siempre eligen estos nombres tan
paradójicos- está llevando a cabo una involución que aleja a Polonia de
los estándares democráticos y cómo ha llegado a un punto en el que tanto
la ciudadanía, que ha salido en masa a la calle, como la Unión Europea
consideran que se rebasa una línea inadmisible. El partido que gobierna
Polonia con mayoría absoluta ha aprobado tres leyes que controlan al
Poder Judicial sin ningún rebozo. Síganme porque se van a estremecer.
Las leyes que la UE consideran incompatibles con los
estándares democráticos consisten en permitir al gobierno polaco
designar y destituir al presidente del Tribunal Supremo sin alegar
motivos y otra norma que otorga al Parlamento polaco la potestad de
nombrar a los miembros del órgano de gobierno judicial. ¿Les suena? Les
tiene que sonar tanto que les hagan acúfenos los oídos. "La división de
poderes y la independencia de la judicatura han quedado erradicadas en
Polonia y estamos mucho más cerca de un estado autoritario", ha dicho el
Defensor del Pueblo en aquel país. La cosa es tan, tan grave que la
Unión Europea ha amenazado con retirar su derecho de voto a Polonia y
con establecer sanciones contra el país si el gobierno no rectifica.
¿Saben lo que pasa? Que de facto en España pasan cosas muy similares.
¿Quién nombró al presidente del Tribunal Supremo español actual? Yo se
lo digo: Mariano Rajoy. La cosa es ya de tan poco disimulo que siempre
sabemos a quién va a poner el Ejecutivo al frente del CGPJ antes de que
se produzca la votación y debo decirles que el presidente del Consejo es
de hecho el presidente del Tribunal Supremo. Así que ya vemos cómo si
hacer un cambio radical que permita al Gobierno nombrar al más
importante cargo de la pirámide judicial, en España también se hace.
También se le puede cesar, aunque con el colchón de los cuatro años.
Transcurrido ese periodo todos los cargos judiciales españoles pueden no
ser renovados y sustituidos por otros sin motivación, es decir, pueden
ser destituidos.
La otra ley que ha escandalizado a
Polonia y alertado a la Unión Europea permite al Parlamento polaco
nombrar a los miembros del órgano de gobierno de los jueces. ¿Perdona?
¿No les suena de algo? ¿Quién nombra en nuestro país a los vocales del
Consejo General del Poder Judicial? ¡Premio! El
Parlamento los nombra, y no los jueces directamente (a 12 de ellos) como
marca la Constitución. Sí, esa que no se puede reformar pero se ha
podido prostituir a lo largo de los años para favorecer a los que
mandaban en cada momento.
¡Vaya, la loca de la Beni
está comparando a Polonia con España!, dirán algunos. Me van a perdonar
pero no soy yo sino que es la propia Comisión Europea la que lleva años
alertando sobre la deriva antidemocrática de nuestro país relativa a la
falta de independencia judicial. El Partido Popular se lleva pasando por
el forro todos estos toques y no creo que el próximo 31, día en el que
vence el plazo dado por el Grupo de Estados Contra la Corrupción (GRECO)
para presentar las medidas propuestas para arreglar esta cuestión, el
gobierno de Rajoy haya conseguido convencerles de que está efectivamente
luchando contra esa deriva.
El grupo de control ha
reiterado durante años a España que debe modificar el sistema de
elección de los miembros del CGPJ para superar esa falta de
independencia judicial "tanto en apariencia como en la realidad". Lo
expresan así porque la única diferencia entre Polonia y España consiste
en que aquí existe en medio un CGPJ totalmente controlado políticamente
que sirve de colchoneta blanqueadora de los nombramientos judiciales,
aunque de hecho son los políticos los que están nombrando a los miembros
de los principales tribunales y, fundamentalmente, del Tribunal Supremo
y el Tribunal Constitucional.
Esta peligrosa
realidad, que ya ha sacado a los asustados polacos a la calle, se está
convirtiendo en una especie de asumida realidad para los españoles. Es
una de las principales reivindicaciones que de forma forma conjunta
están desplegando todas las asociaciones judiciales españolas. Tanto
Rigths International Spain como Jueces para la Democracia se han
dirigido también al relator especial de Naciones Unidad para expresarle
la "grave situación" de España relativa a la independencia judicial.
Recuerden que durante su mayoría absoluta el Partido Popular modificó
hasta nueve veces la Ley Orgánica del Poder Judicial, sin consensuarlo
con ningún partido, y todas fue para alterar materias que afectan a la
protección del Estado de Derecho.
Según los datos de
ese informe de GRECO, el 75% de los jueces españoles consideran que el
CGPJ no protege su independencia y el 67% que los criterios de mérito y
capacidad importan una higa a la hora de ser nombrado. Ya les he
explicado que el 25% restante está formado por los que están haciendo
carrera a la sombra de este sistema de sumisión o los que piensan
hacerla.
Les dejo ya que hagan las maletas. Si
quieren, dejen que les sigan llevando a Venezuela pero no puedo dejar de
advertirles que a lo mejor es para que no miren hacia Polonia. ¡Buen
viaje!
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