La primavera judicial
Los jueces quieren que se ponga orden en cuestiones
relativas a la independencia, la carga de trabajo, la organización
judicial y las condiciones profesionales
Han pasado ya siete años desde que nos sacudiera el
despertar de los pueblos árabes y la llamada a manifestarse y a clamar
por sus derechos sociales a través del uso novedoso de las redes
sociales. En la España de hoy son los jueces los que hacen arder sus
correos corporativos, que funcionan a modo de chat en poderjudicial.es .
Reventaban la semana pasada el foro a modo de rebelión low-cost,
de derecho al pataleo, pero también de propuesta de acciones
reivindicativas que no descartan la huelga. No se quedan cortos a la
hora de clamar por la dimisión del presidente del Consejo, Carlos
Lesmes, y de todos sus mariachis de la Permanente del CGPJ, un
instrumento de dominación y control inventado por los chicos de Rajoy
para evitar que se les desmandasen ni un poco los vocales una vez
electos.
Los magistrados y jueces de este país están
hasta las gónadas. Hartos. Hastiados. Chinificados. Ninguneados.
Mientras el poder se ocupa de utilizar los nombramientos y mover piezas
en un juego que les afecta exclusivamente a ellos y a la minoría de
magistrados beneficiada, la inmensa mayoría de sus señorías ilustrísimas
encadena dificultades cada vez mayores para poder ejercer una labor
cuya calidad, no lo olvidemos, redunda en beneficio de los ciudadanos
implicados y de la sociedad en general. Están hartos también de la
soberbia de Carlos Lesmes, llamado por la Constitución y por la ley a
defender su independencia y sus intereses profesionales y que se ha
convertido en su peor fustigador. Olvidan que les advirtió desde el
principio. "Al juez se le controla con el palo y la zanahoria", se
descolgó al tomar posesión. Tan humillante frase no es sino el destilado
del desprecio que se adivina por los magistrados a los que gobierna y
por su función. Los trata poco más que como a subalternos molestos de
los que lo que prefiere es que no interfieran en su objetivo primordial
que es el sometimiento del sistema a los intereses de los mandantes. A
fin de cuentas, Lesmes parece más bien un político al que se le ha
colgado el collar de ojos de la Justicia sobre una toga que no defiende.
Los jueces se remueven y hacen ruido pero a la chita
callando. Les va de serie. Los ropones no son gentes levantiscas ni
revolucionarias y hasta cuando protestan lo hacen dentro de un orden.
Los mensajes van y vienen llenos de cabreo y plantean la consolidación
de una plataforma reivindicativa que no excluya la huelga. Hay
asociaciones judiciales que ya hablan de convocar las Juntas de Jueces
de los distintos partidos judiciales y las Salas de Audiencias de toda
España -órganos democráticos de representación de los jueces- para que
los magistrados se pronuncien sobre un calendario de movilizaciones que
la contemplen.
Lesmes y el ministro reprobado
comienzan a oír como ruge el hormiguero y deben estar ya empleándose en
utilizar los extintores a su alcance para sofocar los focos de ignición.
¿Y qué quieren los jueces? Quieren que se ponga orden en cuestiones
relativas a la independencia, la carga de trabajo, la organización
judicial y las condiciones profesionales. Cada uno de estos apartados
tiene repercusión directa sobre los ciudadanos y sobre ellos pivota el
deterioro de un sistema de Justicia que está a punto de gripar el Estado
de Derecho.
Quieren independencia. Todas estas
semanas les he contado cómo funcionan algunos de los mecanismos por los
que el poder político se inmiscuye en el judicial y mina la
independencia, que no es una prerrogativa de los jueces sino una
garantía de derechos para los ciudadanos. Hablan los jueces de conseguir
la autonomía presupuestaria del CGPJ y de deshacer la manipulación en
la elección politizada de los vocales. Algunos batallan también por la
eliminación del podrido sistema de libre designación de los cargos
judiciales. Otros proponen que los presidentes de los previstos
Tribunales de Instancia -que sustituirán a los juzgados unipersonales-
sean elegidos de forma democrática, como actualmente lo son los jueces
decanos.
Exigen además que se eliminen las
adscripciones forzosas de jueces a determinadas tareas o juzgados, como
se ha propuesto por el CGPJ al pretender que se fuerce a jueces de
Menores a hacerse cargo de los juzgados de Vigilancia Penitenciaria.
Este arreglo que se sacan de la manga, ante la falta de jueces y de
oposiciones para crearlos, resulta para muchos además abstruso puesto
que nada tienen que ver unas funciones con otras. Se copia en esta
situación lo sucedido en su día en la Audiencia Nacional, dónde existe
un juzgado de Menores sin carga de trabajo al que se le adscribió la
Vigilancia Penitenciaria. He de decirles que tampoco fue esta la
verdadera razón sino el hecho de que a los entonces mandantes les
gustaba la idea de que el juez de Menores obrante también se hiciera
cargo de los expedientes de los etarras. Cosas de la vida que ahora se
pretenden exportar como si fuera una idea meramente profesional y de
utilidad pública.
Y, para terminar, quieren acabar
con el instrumento que se han sacado de la manga para entorpecer las
reclamaciones sobre cláusulas suelo que van a llover ahora de los
ciudadanos. Nunca crearon un juzgado único y sin medios para sepultarlo
con los desahucios que pedían los bancos. Ahora, cuando son los
ciudadanos los que reclamaran en masa, se han inventado unos juzgados
que nacen muertos y al frente de los cuales han puesto a los jueces
salidos de la Escuela Judicial que aún están en proceso de evaluación,
es decir, que podrían ser "suspendidos" si lo que hacen no gusta. Este
asunto es uno de los que más cabreados les tiene. No quieren ni los
juzgados de cláusula suelo ni la forma en que se han cubierto.
No son sus únicas reivindicaciones. Las hay también y muy amplias
respecto a la forma en que deben llevar a cabo su trabajo, que se ha
chinificado con unas cargas de trabajo inasumibles que impiden que el
ciudadano pueda ver resuelto su caso con la atención debida. La cosa ha
dejado de ser anecdótica después de que se admitiera la sobrecarga de
trabajo como causa de la muerte de un magistrado de Sevilla.
Exigen además los jueces que Lesmes cumpla su promesa de reclamarle a
Catalá que les devuelva el poder adquisitivo que perdieron por los
recortes de la crisis y quieren que las mejoras en materia de
conciliación y permisos que rijan para la Administración Pública les
sean aplicadas.
Para vergüenza de Catalá, y de su
venta del Papel 0 en los juzgados como si fuera un crecepelo, los jueces
de España claman por un expediente electrónico "que en lugar de
entorpecer o dificultar la función jurisdiccional" les ayude a trabajar.
A ellos y a los abogados que están también hasta los bebes del fiasco
de modernización llevado a cabo por los ministerios del Partido Popular.
Ya no les hablo de goteras, bichos, sedes insalubres y otras, que son
competencias de las comunidades autónomas, porque creo que están
cubiertos con las fotos de la vergüenza que se comparten cada día en las
redes sociales.
La Justicia española es una
cochambre. Los jueces apenas tienen capacidad de darse cuenta de cómo la
están matando, enterrados ellos mismos en papeles y señalando juicios
que no se celebrarán hasta dentro de varios años. El Consejo de Europa
acaba de volver a ponernos a la cola en independencia judicial.
¿Saben a quién beneficia esto? A los ciudadanos, no. No hay más preguntas, señorías.
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Acertadísima y más clara que el agua, Elisa Beni. Mil gracias por tu periodismo sin pelos en las teclas, ni en la ética ni en la conciencia.
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