…Y no pasa nada
Rajoy no va a doblar la rodilla mientras la relación de fuerzas
políticas le permita seguir mandando. Ahí está el problema, diga lo que
diga el Constitucional sobre la amnistía fiscal
Una más. El Tribunal Constitucional no solo ha
tumbado el decreto-ley de amnistía fiscal de 2012, sino que ha
sentenciado que con esa medida el Gobierno "abdicó" de la obligación de
que todos los ciudadanos contribuyan al sostenimiento de los gastos
públicos. Son palabras gravísimas. Y sin embargo no pasa nada. Montoro
"sigue gozando de la plena confianza del Gobierno", ha dicho el Consejo
de Ministros. Sobre todo porque ese decreto no fue responsabilidad suya
sino de Rajoy. Y el presidente no va a doblar la rodilla mientras la
relación de fuerzas políticas le permita seguir mandando. Ahí está el
problema. Diga lo que diga el Constitucional.
Que,
por otra parte, ha quedado muy bien con su sentencia. No podía decir
otra cosa, porque el decreto ley era jurídicamente impresentable, pero
se ha cuidado muy mucho de dar un paso más, de determinar las
consecuencias concretas que habría de tener su sentencia. Es decir, de
ordenar que los que se beneficiaron de la amnistía devuelvan el dinero.
Eso sí que habría sido justo. Pero el alto tribunal aduce que no puede
ser, porque una instrucción de ese tipo generaría "inseguridad
jurídica".
La clave para entender tanto comedimiento ha de estar
necesariamente en la lista de las personas que se acogieron a la
amnistía. No en los Rato, Bárcenas, Pujol y demás corruptos
"excelentes", que ya están lo suficientemente vapuleados como para que
nuevos golpes contra ellos vayan a provocar efectos indeseados para el
Gobierno. Sino en los otros, los que siguen protegidos por un anonimato
que ahora más que nunca es injustificable. Nombres seguramente
destacadísimos del universo del poder económico, gentes a las que Rajoy
no se atreve ni a rozar y menos a exigirles que paguen las millonadas
que hace años se les perdonó.
Y el mecanismo que
permite invocar la "inseguridad jurídica" que produciría tal exigencia
es sencillo. Al Tribunal Constitucional le ha bastado con permitir que
la causa haya dormido en sus archivos durante cinco años. La
contundencia de los contenidos de la sentencia queda bastante paliada
por tal desidia. Que muy probablemente no es casual, que puede que haya
sido negociada con el Gobierno. Y lo más probable es que lo estuviera
desde el principio. Que La Moncloa y Montoro sabían que el decreto-ley
era inconstitucional pero que no importaba: se aplicaba y luego, si pasa
el tiempo, no habría marcha atrás. Aunque les llamaran de todo.
Y así se cierra este nuevo escándalo. Al Gobierno no le importan las
palabras. Por muy altisonantes que sean. Por mucho que en una
democracia, el lenguaje formal, justamente las palabras, sean lo más
importante. Eso sí, si quien pronuncia una palabra fuera de tono es un
manifestante que pide que no le quiten su trabajo o un dirigente del
independentismo catalán, entonces el Estado se moviliza para aplastarlo.
A Rajoy lo único que le importan son los hechos. Y para un hombre como
él, que lleva toda la vida resistiendo al límite, estos no le son del
todo desfavorables. Al menos hoy por hoy. Es impopular como sólo lo fue
el José Luis Rodríguez Zapatero de sus peores tiempos, cuando ya nadie
daba un duro por el presidente socialista; tiene a la mitad el gobierno
quemado; la corrupción lo ahoga: los sondeos le son muy desfavorables...
Pero frente a él, por el momento, no aparece fuerza alguna con
capacidad suficiente para echarle. Y con eso le basta.
Lo peor es que no hay indicios de que ese panorama vaya a cambiar en un
futuro inmediato. Al menos hasta que lleguen las elecciones generales.
Que, agotando los plazos, pueden celebrarse dentro de dos años y medio,
en diciembre de 2019. Con algún apaño que está en sus manos hacer, el
acuerdo presupuestario con el PNV le permitiría llegar hasta esa fecha.
Un desastre del PP en las municipales y autonómicas de 2018 podría
obligar a revisar ese calendario. O no.
Tanto espacio
de maniobra, cuando menos para resistir, responde a tres factores
distintos, que en la práctica se entremezclan en muchos de sus extremos.
El primero es que hoy por hoy los demás partidos están empeñados en
asuntos muy distintos del de echar a Rajoy del poder. La prioridad del
PSOE es su recomposición interna a la que seguirá la fijación de un
perfil político y electoral que le permita competir con sus rivales,
Podemos y Ciudadanos, por ese orden.
Unidos Podemos
está en busca de una nueva afirmación ante la gente, la suya en primer
lugar, también con la vista puesta en hacer frente a un Partido
Socialista que puede haber cobrado nuevos bríos con la elección de Pedro
Sánchez. Y Ciudadanos está en la indefinición: quiere separarse del PP
para arrancarle la mayor cantidad de votos posible, pero no se atreve a
hacerlo del todo, no vaya a ser que caiga en el vacío. Y juega a hacer
sin gestos que le comprometan en exceso.
El segundo
factor es el estado de la opinión pública. Está indignada con la
corrupción, pero no hasta el punto de exigir ya mismo respuestas
contundentes contra ella. Grandes sectores de la población tienen
motivos de queja por sus condiciones económicas y sociales, pero no se
movilizan abiertamente. El que más o el que menos se conforma con la
suerte que le ha tocado o cree que en estos momentos no se puede hacer
mucho para mejorarla. A menos que cambien mucho las cosas, el malestar,
que existe, sólo se expresará el día de las elecciones. Entre otras
cosas porque ningún partido ni organización social está ofreciendo otro
camino que no sea ese.
El tercer elemento es
Cataluña. A Rajoy y a los suyos les sirve para sacar pecho un día sí y
otro no y esperan a que los independentistas se atrevan a dar pasos
contundentes –que todavía no los han dado– para presentarse como el
hombre que va a salvar a España. Pero el asunto también les es muy útil
en una dimensión más estrictamente política. La de que mientras exista
el riesgo de que la Generalitat rompa la baraja, Ciudadanos no se
atreverá a separarse del PP. Y el PSOE tampoco, aunque busque matices y
propuestas alternativas para hacer más presentable ese entendimiento.
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