Los concejales de Ahora Madrid Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer en la Caja Mágica.
Es cuestión adverada que resulta inconveniente
lanzar escupitajos al cielo. La fuerza gravitatoria suele forzar que te
vuelvan a caer encima. Por eso no he parado de advertirles a todas las
fuerzas políticas regeneracionistas, o que lo parecen, que se dejaran de
tonterías y no basaran sus esfuerzos en cuestiones vanas como la
eliminación absoluta de los aforamientos o el establecimiento de la mera
imputación formal (ahora investigación) como barrera para la dimisión.
Sólo desconociendo el funcionamiento del sistema puede pensarse que
esta medida no tendría efectos contrarios a los deseados y que no se
convertiría en un arma de demolición política del adversario. Héteme
aquí que los concejales Sánchez Mato y Mayer están recibiendo en todo el
ojo el lapo.
Por otra parte, no admitiré que nadie me llame parcial o
incoherente. En las fonotecas hay un programa entero de Onda Cero en el
que yo me muestro contraria a que Ciudadanos quisiera forzar la
dimisión del presidente de Murcia sin que ni siquiera un juez le hubiera
oído. Luego se cruzó por medio Eloy Velasco, pero esa es otra historia.
Los concejales de Ahora Madrid están sufriendo en sus carnes el riesgo
cierto de promulgar códigos éticos en los que se incluyan medidas
injustas. Es manifiestamente injusto pretender que cualquier político
tenga que dimitir con el mero llamamiento a declarar de un juez. Además,
como se ha visto, es temerario porque el oponente lo va a utilizar.
No es justo porque en el sistema español cualquiera puede interponer
una querella con un relato de hechos en un juzgado y, excepto que este
relato presente hechos que para nada tengan apariencia de delito, el
juez deviene obligado a admitirlo a trámite. Ya comprenderán que es muy
sencillo redactar unos hechos que "aparentemente" podrían ser
delictivos.
Digo que el juez viene obligado a admitir
la querella a trámite y digo más, viene obligado también a llamar a los
querellados como imputados (investigados) para su protección penal,
porque es la fórmula legal para que acudan acompañados de su abogado.
Así que existe casi un automatismo entre presentar una querella y que
los querellados acaben imputados (investigados).
Si
además, los ofuscados regeneradores se empeñan en añadir un automatismo
externo en sus pactos y códigos éticos –"dimisión en cuanto sean
imputados"– pues ya han establecido la cadena perfecta para que
cualquier político pueda ser derribado: basta con llevar al juzgado algo
que al menos parezca que es delito.
Es exactamente
lo que ha hecho el Partido Popular. Ha presentado una querella con unos
hechos que aparentan delictivos para provocar la caída de los
concejales. El uso espurio de la Justicia es más que evidente. Y lo es
porque no sólo la conducta de ambos concejales no puede ser delictiva
sino que además es profundamente moral.
Los
querellantes afirman que se ha dilapidado dinero público solicitando
unos informes innecesarios y que no iban a ninguna parte por motivos
políticos. El primer fallo del razonamiento estriba en que los informes
fueran innecesarios. El mero relato que se incluye en ellos del sistema
de contratación practicado llevaría incluso a un profano a cuestionar
que no hubiera irregularidades que, estas sí, habrían perjudicado a las
arcas públicas madrileñas en algo más que unos miles de euros.
La inspección y los servicios técnicos municipales les cuentan a los
recién llegados de Ahora Madrid que todo está bien pero, ¿no hay motivos
para sospechar que se trata de una visión parcial puesto que fueron
ellos mismos los que dieron por bueno el sistema de contratación que
está bajo sospecha? Con buen criterio, Sánchez Mato y Mayer quisieron
una opinión que no tuviera nada que perder, que fuera neutral, y pagaron
por ello. Pues bien, en esos informes imparciales se relata un sistema
de contratación y ampliación de contratos que es muy dudoso. Mucho.
La segunda falsedad de la querella del Partido Popular estriba en el
hecho de afirmar que los informes no tienen ningún valor ni servirán
para nada. Esa premisa no sólo es falsa sino que es temeraria, pero útil
a sus fines. Los informes fueron entregados por los concejales a la
Fiscalía y ésta, que se sepa, aún no ha tomado ninguna determinación al
respecto. Esto sólo significa que no han rechazado de plano la denuncia y
que hay una lentitud de reacción en el Ministerio Público que quizá
deberían explicar.
Por otra parte, como ya sabemos
por experiencia, la Fiscalía no tiene de momento el monopolio del inicio
de la acción penal. Créanme si les digo que las probabilidades de que
la contratación municipal del Open Madrid de Tenis acabe judicializada y
de que exista el que se podría llamar "Caso Open" son tan tan altas que
yo las daría por ciertas.
Si como es de prever, los
informes encargados por ambos concejales acaban siendo la base para una
investigación judicial sobre todo ese asunto, ¿qué mal habrán hecho los
ediles? ¿El de ponerle un problema judicial más sobre la mesa al Partido
Popular de Madrid? ¿El de haber puesto la lupa sobre otro negocio no
demasiado claro para los contribuyentes?
Las posturas
de Mayer y Sánchez Mato son perfectamente respaldables y la de los
populares profundamente tramposa. Aquí la única posición que me parece
criticable es la de Manuela Carmena que, quizá por miedo a que la ciudad
perdiera el Open y a las críticas que ello suscitaría, no respaldó a
sus concejales en la búsqueda de la verdad. Claro que a ella también le
ha caído el gargajo en plena frente porque, magistrada como ha sido,
sabe que no puede dejar caer en tales circunstancias a su gente porque
cometería una injusticia manifiesta.
Me parece necesaria, por mi parte, una puntualización: para que la justicia lo sea, es imprescindible la ética, sin ella la Justicia se convierte en un mecanismo ciego aplicado como un golpe de martillo o una pasada de serrucho. Así la entiende el pp.
Tener un código ético que obligue a la dimisión por una implicación ante la justicia es una sanísima medida profiláctica porque hace necesario un trabajo personal e institucional de discernimiento ético y político a la hora de actuar con responsabilidad o sin ella. En una democracia sana no debe haber en absoluto excepciones ante la justicia ni aforamiento alguno, porque en ese caso la igualdad selectiva convierte la democracia en un pitorreo caciquil. En cualquier país civilizado y demócrata, se dimite por mucho menos que por una imputación judicial o una denuncia, como es simplemente que se descubra algo poco claro o mal visto socialmente en la conducta de los gestores públicos, como jugar sucio o haber copiado una tesis hace treinta años. Lo preocupante es que eso que en otros países sale espontáneamente de los implicados: la dimisión ipso facto (que no es el fin del mundo sino un espacio para aclarar las cosas, las causas y efectos de los hechos poco claros) en España no se entiende. Y es que la falta de ética es un grave problema entre nosotros, que repercute en la comprensión y eficacia de una Justicia mucho más pendiente de las formas que del fondo de los asuntos que rigen la convivencia y la gobernabilidad ¿Qué hubiese hecho "legal" según el pp, el procedimiento que ahora denuncia como ilegal? El modus operandi de Carmena, por un lado, y por otro, el de los concejales que no tal vez no propusieron claramente a la asamblea el asunto para ser debatido y votado por todos. Es decir, una cuestión de formas y procedimientos, algo mucho menos grave que el fondo de la cuestión: desde los tiempos de Gallardón una estructura empresarial se llevó y se sigue llevando crudo un dinero público mal gestionado por la trama ppeppera con la excusa de un torneo de tenis. Al menos eso es lo que se deduce del enredo. Una sociedad inteligente y madura debe saber distinguir perfectamente que los fallos en las formas son mucho menos graves que los fallos de fondo, en los que antes que "cumplir" rituales, venias, permisos y trámites, lo que cuenta es la honestidad y la transparencia ética de esos trámites sean cuales sean. Es decir, si vamos a comprar pan que necesitamos lo que menos nos importa en la forma, que sea una barra, un chusco, una hogaza o de molde. Lo que de verdad queremos es que la harina, el agua, la levadura y la cocción sean las mejores para que el pan cumpla su función alimenticia.
Ahora, en este caso, una acción justa como es la necesaria investigación de un chanchullo de semejante calibre, se convierte en un arma arrojadiza del pp contra el equipo municipal por las formas y no por el contenido, que está absolutamente en contra de la ética; aunque los concejales tienen razón, se han saltado el procedimiento de la consulta y la alcaldesa su responsabilidad de explicarse y cooperar con claridad en vez de pasar del tema a ver si cuela y no se nota. Es una responsabilidad de ética política y de inteligencia estratégica cuidar también las formas sobre todo sabiendo que solo es en ellas, en las formas, en lo que el pp basa su concepto de la moral institucional. Además de dejarlo KO en los argumentos y en las acciones, hay que ser más finos y despiertos que ellos en los modos. Y eso no se consigue nada más que yendo directos con la verdad sin dejarles ni un hilo suelto para que se agarren, sigan en las mismas y los problemas se enquisten y las soluciones se bloqueen, con el cuento de nunca acabar.
Estos rifirrafes constantes en el gobernar español ponen de manifiesto las infinitas goteras de una educación ritual muy religiosa y devota en paripés, mas sin contenidos prácticos ético-cognitivos y la falta total de lo que Kant llama imperativo categórico, que es la mejor de las herramientas, y cuya falta en el nivel político nos lleva a nadar y a bucear toda la vida entre demagogia y sofismas de conveniencia, que son el caldo de cultivo de la corrupción porque se pueden manipular a gusto del usuario, y para lo que la aplicación torticera y "legal" del derecho es la principal herramienta para demoler la honestidad y construir el apaño "legalista" .
Lejos de convertirse la política en una práctica pública y privada de la moral social y personal, que nos educaría y crearía paradigmas y referentes sanos, funciona como un modelo desastroso de embrollos, trampas y confusiones, desorientando y dividiendo mucho más que cohesionando e integrando. La prueba es el comportamiento en este caso de Manuela Carmena, que es intachable e incapaz de cometer un delito, y sin embargo cuando tiene que valorar sus decisiones, también separa lo justo de lo conveniente, lo legítimo, ético y lícito de lo acomodado a la situación. Es decir, lo que llamamos maquiavélico en el sentido más zafio, como lo es dar más importancia al Open de tenis que a la ética de gobierno, por mucho postín, glamour y dineros que ese evento aporte puntualmente al municipio, la transparencia y la limpieza democrática son un bien imprescindible para la ciudadanía de mucho más valor, porque instaura precedentes y prioridades de una decencia pública que hasta ahora no conoce. Y en contra de lo que pregona la garrulez vox populi, con la decencia y la ética, sí se come, y además lo que se come nutre más y mucho mejor, tiene mejores propiedades y sabe divinamente, que alimentándose de precariedad y de mierda envuelta en los celofanes de lo institucional, como nos tiene acostumbrados el modo pp, al que estamos tan habituados que hasta que no nos ha dejado por los suelos no estamos empezando a ver su/nuestra realidad.
La denuncia del pp contra los concejales es humo y la justicia lo dejará claro como siempre. Pero el humo aunque no quema, intoxica, aturde, impide ver claro y sobre todo marea y entretiene, hurta el tiempo que se debería emplear en construir para dedicarlo a investigar de donde salen las humaredas, así los asuntos importantes de verdad no se acaban de ver y mucho menos de arreglar nunca y a veces ni es posible plantearlos. Ése es el verdadero triunfo de Belzebú, el señor de las distracciones. El triunfo del pp, su mejor embajador plenipotenciario. Tan experto en malas acciones como en facilitar a los mejores las omisiones por falta de tiempo y exceso de enredos sin ton ni son con los que ir manteniendo en alza la cortina de humo salvadora de delincuentes estructurales, su concepto de la política que ellos organizan en plan cortijo, y que bautizaron hace años como "partido popular". Con estos rifirrafes solo pretenden que pongamos la atención en nimiedades de sus "enemigos" y que lo suyo, que no tiene ya calificación porque ha superado tod el vocabulario de lo repugnante y deshonesto, quede en segundo plano y con manos libres. Todo el tiempo que les dedicamos es el que no empleamos en hacer lo contrario que ellos pretenden que hagamos: entrar al trapo y hasta considerar que tienen razón en su estercolero pintado de azul cloaca.
Más detalles clarificadores sobre el caso:
Sánchez Mato y Mayer contrataron informes externos
tras la negativa de la asesoría jurídica municipal a hacerlos
La aplicación del código ético de Ahora Madrid dependerá de si el
hecho de investigar los sobrecostes del Open de Tenis no responde al
interés público, sino al "interés propio o para favorecer a terceras
personas"
El juez ha admitido a trámite la querella presentada por
el PP, que denuncia que los concejales cometieron delitos malversación
de caudales públicos y prevaricación
Los concejales habían
denunciado en marzo a la empresa Madrid Trophy Promotion (MTP) y a
responsables de la corporación municipal de Alberto Ruiz Gallardón por
"prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos"
Celia Mayer y Carlos Sánchez Mato
están citados a declarar ante el juez el 18 de septiembre después de que
se haya admitido a trámite la querella presentada por el grupo del PP
en el Ayuntamiento de Madrid, que estimó que los concejales habían
incurrido en delitos de malversación de caudales públicos y
prevaricación. ¿Cuál es el origen del caso? ¿Qué hicieron Mayer, actual
concejala de Políticas de Género y Diversidad, y Sánchez Mato,
responsable de Economía y Hacienda? ¿Qué denunciaban desde Madrid
Destino? ¿Qué dice el código ético de Ahora Madrid al respecto?
¿Cuál es el origen del caso? La denuncia inicial
Los concejales de Hacienda y Políticas de Género Carlos
Sánchez Mato y Celia Mayer, respectivamente, y la ya exconsejera
delegada de Madrid Destino Ana Varela denunciaron el 23 de marzo ante la
Fiscalía Anticorrupción a la empresa Madrid Trophy Promotion (MTP) y a
algunos de los responsables de la corporación municipal del PP en la
época de Alberto Ruiz-Gallardón por los contratos de gestión del torneo
de tenis Mutua Madrid Open que tiene lugar en la Caja Mágica, según
publicaron la Cadena SER y El Mundo.
¿Qué es MTP?
MTP es una sociedad unipersonal cuyo administrador único es Gerard
Tsobanian, extenista profesional y representante en España del también
extenista Ion Tiriac, una de las mayores fortunas de Rumanía. Los
responsables municipales pedían a la Fiscalía que investigue si en el
acuerdo alcanzado con MPT pudieron haberse cometido delitos de
"prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos".
¿A quiénes señalaba la denuncia?
En el escrito que recibió Anticorrupción se apunta al periodo de
Alberto Ruiz Gallardón como alcalde y se señala al exvicealcalde de
Madrid Manuel Cobo, y Pablo Bautista y José Ignacio Fernández González,
ambos consejeros delegados de las ya extinguidas empresas públicas
Promoción de Madrid y Madrid Visitors and Convention Bureau,
respectivamente, por los acuerdos firmados en 2009 y 2012 con la empresa de Tsobanian.
¿Qué se denunciaba?
El contrato del Ayuntamiento madrileño con MTP para organizar el torneo
de tenis tiene validez hasta 2021 con un presupuesto cercano a los 58
millones de euros. En la denuncia se constata que hay un "incremento del
precio a pagar en concepto de contraprestación por la celebración en
Madrid del torneo de tenis" por parte del Ayuntamiento: se pasa de 1,5
millones de euros anuales en 2001 a los 7,7 millones de euros de coste
previsto para el ejercicio 2017, lo que supone 5,1 veces más. En el
último contrato firmado para los ejercicios 2018 a 2021 la cuantía
ascenderá a 8,5 millones de euros, 5,6 veces más.
En
la denuncia se señala también que el Ayuntamiento y MTP han cerrado
varios convenios "que tenían por objeto los derechos de
patrocinio-publicidad" además de diversos acuerdos con las citadas
sociedades municipales "sobre los derechos de sede". "Esta construcción
desde 2009 era artificiosa, pues con independencia de la nominación
formal de cada uno de los instrumentos, no es posible deslindar los
derechos de patrocinio-publicidad de los derechos de sede", concluye un
informe elaborado por el despacho de Alemany, Escalona & De Fuentes
Abogados a petición de Ahora Madrid.
¿Por qué no participaron los servicios jurídicos municipales?
Los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Madrid se escudaron en la
legislación para no hacer informes y no entrar en el fondo de cuestiones
como "valoraciones económicas" o "el control de gastos y a la
eficiencia de servicios" sobre el convenio firmado en 2011 entre la
empresa municipal Madrid Destino y la empresa Madrid Trophy Promotion
(MTP) para la organización del Open de Tenis de Madrid.
La negativa a hacer un informe por parte de la Asesoría Jurídica
municipal provocó que los directivos de la empresa municipal pidieran al
bufete Alemany, Escalona y Fuentes una auditoría del convenio del Open
de Tenis.
Según
informó el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis
Martínez-Almeida, el "Grupo Popular dice: hasta aquí hemos llegado en
este intento de criminalización", y por ello, presentó una querella
contra Sánchez Mato, en calidad de vicepresidente de Madrid Destino;
Celia Mayer, como presidenta de Madrid Destino, y Ana Varela, en su
calidad de consejera delegada de esta empresa municipal.
El PP consideró que no puede ser que "se gasten 100.000 euros" en unos
informes externos encargados "ad hoc", cuando hay "tres informes
jurídicos internos que no ven ningún tipo de responsabilidad penal",
aunque los servicios municipales se escudaron en la legalidad para no
valorar el contrato, como refleja la anterior respuesta. En su opinión,
la presentación de la denuncia que llegó tras estos últimos informes
sólo se puede leer en "clave de lucha interna de poder que hay en el
Ayuntamiento".
Las contradicciones del Ayuntamiento
La denuncia dejó de manifiesto las disputas internas en el seno del
Gobierno municipal. Unas diferencias que Manuela Carmena no se preocupa
ya por ocultar. No solo eso ha quedado al descubierto: también lo han
hecho las contradicciones en las que ha incurrido el Consistorio, ante
una denuncia que lleva ya más de dos meses en Anticorrupción. La
alcaldesa llegó a asegurar que los dos concejales actuaron a sus
espaldas, lo que dejaba a Carlos Sánchez Mato y a Celia Mayer en la
estacada: "No sabía que la denuncia estaba presentada. Me enteré una vez
se había presentado". Tanto Sánchez Mato como Mayer fueron destituidos
de Madrid Destino tras presentar la denuncia.
El
Ayuntamiento ha dado varias versiones acerca de su participación en la
denuncia que firman dos concejales del Consistorio pero en calidad de
directivos de la empresa pública Madrid Destino. No obstante, la
corporación municipal envió un comunicado: "E l
Ayuntamiento de Madrid confirma la presentación ante la Fiscalía
Anticorrupción de una denuncia en relación a los acuerdos económicos
suscritos por anteriores gobiernos municipales con Madrid Trophy
Promotion (MTP)".
La imputación de Mayer y Sánchez Mato
Este martes, se supo que Sánchez
Mato y Mayer están citados a declarar ante el juez de Instrucción
número 21 de Madrid "en concepto de querellados" el próximo 18 de
septiembre por el caso del Open de Tenis. También tendrá que hacerlo Ana
Varela.
La imputación por el juez, fechada el 16 de
junio, se produce tras la admisión a trámite de la querella presentada
por el PP el 16 de mayo.
¿Qué dice el código ético de Ahora Madrid?
"1.4. Compromiso de renuncia o cese de forma inmediata de todos los
cargos, ante la imputación por la judicatura de delitos relacionados con
corrupción, prevaricación con ánimo de lucro, tráfico de influencias,
enriquecimiento injusto con recursos públicos o privados, cohecho,
malversación y apropiación de fondos públicos, bien sea por interés
propio o para favorecer a terceras personas. Así como también en casos
de acusación judicial por delitos de racismo, xenofobia, violencia de
género, homofobia u otros delitos contra los Derechos Humanos o los
derechos de las personas trabajadoras".
La aplicación
del código ético a Mayer y Sánchez Mato por su imputación depende de si
el hecho de encargar un informe a un despacho privado de abogados tras
la negativa de los servicios jurídicos municipales para denunciar ante
la Fiscalía un delito de "prevaricación administrativa y malversación de
caudales públicos" por los sobrecostes del Open de Tenis no responde al
interés público, sino al "interés propio o para favorecer a terceras
personas".
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