Joan Ribó - Alcalde de Valencia
En Valencia en particular, y en el País Valenciano
en general, hemos acuñado un nuevo término para intentar explicarnos
todo lo que está pasando y, sobre todo, lo que ha pasado en los años de
gobierno del PP: la postcorrupción. Vivimos en la época de la
postcorrupción, en la que los nuevos dirigentes que hemos tomado la
responsabilidad de encabezar la gestión de las administraciones, nos
esforzamos por hacer un ejercicio de transparencia constante que diluya
cualquier atisbo de duda respecto de nuestro cometido, por ejemplo en mi
caso, como alcalde de la ciudad de Valencia.
Yo
quiero una ciudadanía empoderada, que conoce sus derechos y mis deberes;
y entre sus derechos está el del acceso a la información, y entre mis
obligaciones la de mantener la pulcritud en los gastos e inversiones.
Dicho de otra manera: parte de mi trabajo consiste actualmente en hacer
que la ciudadanía vuelva a creer en sus instituciones, en el poder real
de las personas y en la dignidad de la democracia representativa.
Por eso, Valencia cerró en mayo de 2015 una etapa
política, tras la caída electoral del PP y el creciente apoyo electoral a
Compromís. Y este martes y 13 hemos vivido una segunda parte. La
investigación del Tribunal Supremo a la otrora poderosa alcaldesa y hoy
aforada senadora Rita Barberá marca el final de la era oscura de la
impunidad en el Ayuntamiento de Valencia. La (todavía supuesta)
corrupción se paga, pero tiene que haber quien azuce para romper los
blindajes del sistema de los que algunos y algunas se han venido
aprovechando.
Por eso llegué a la Alcaldía de esta
hermosa y honrada ciudad con el firme propósito de hacer que los
corruptos se vieran obligados a devolver hasta el último céntimo de lo
malgastado y robado. Y esto, no era un lema ni un eslogan electoral.
Otro gallo cantaría respecto de la situación de Barberá en los casos
Nóos o Ritaleaks si no hubiera sido por su aforamiento, pues los
tribunales ordinarios, los de a pie, los que juzgan a cualquier
ciudadano, estaban dispuestos a abrir investigación de aquellos hechos.
Hoy, sin embargo, no ha habido escapatoria. Compromís ha sido
precisamente la única acusación popular en una de las piezas de este
imbricado puzzle de corruptelas, la que investiga el supuesto blanqueo
de capitales en el Grupo Municipal Popular, ligado a un más que posible
delito electoral.
Y mientras tanto, Mariano, tras la
ardua decisión de si continuar con su puro o con su Marca. Valencia no
aguanta más la presencia de una senadora territorial que a mitad de
camino debe apearse del AVE para volverse a Valencia cuando se sabe
imputada. Esa no puede ni debe ser la talla de nuestros representantes
en las instituciones del Estado. La destitución debe ser inmediata.
Mariano Rajoy no solo esconde, sino que blinda la corrupción, para
escándalo de muchos, cuando ayer mismo se decidió la presencia de
Barberá en dos comisiones del Senado. ¿Qué clase de presidente en
funciones propicia esto? ¿Qué clase de aspirante a la Presidencia
pretende ostentar el poder cuatro años más propiciando esto?
Rajoy no puede intentar formar un gobierno cuando la médula espinal de
su partido –imputado/investigado formalmente– está atravesada por la
corrupción. No podemos quedar hipotecados a este lamentable esperpento
al que asistimos llenos de perplejidad. Es más, aquellos que todavía
intentan pactar gobiernos con Rajoy deberían cuidarse de convertirse en
cómplices de la ocultación y blindaje de la corrupción. En Valencia
tenemos la lección bien aprendid
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