domingo, 5 de mayo de 2019

Querida Elisa, gracias, una vez más por tu atención constante a la decencia de las instituciones y el manejo de sus leyes casi siempre ensimismadas, crípticas y de espaldas a sus destinatarios reales: la ciudadanía y la democracia. Eres la primera periodista a la que leo una explicación atenta de la realidad casposa que nos presenta la actual JEC; esperemos que el Supremo no esté en las mismas...


La Junta Electoral, de árbitro a contendiente

Más allá de si el candidato se llama Abascal, Puigdemont o Carmena, las decisiones de la JEC parecen muy lejos de las necesidades de información y contraste de una democracia moderna
Es de esperar que todo se resuelva de una forma democráticamente homologable para que el Gobierno de España no se encuentre con la papeleta de una anulación de las elecciones europeas por parte del TJUE



Puigdemont dice que no pierde la "esperanza" sobre su candidatura a europeas
EFE
Si es de los que piensa que al enemigo ni agua y que todo lo que le suceda al malvado Puigdemont y a sus huestes le está bien empleado, ¡abandone la lectura! No tiene sentido que continúe. No porque yo vaya a defender al expresident en concreto, sino porque el sentido común y el sentido jurídico se conjuran para decirnos que se están usando malas artes contra él y que tales malas artes proceden de un retorcimiento legal que vulnera principios del Estado de Derecho que ningún demócrata debería estar dispuesto a admitir.
A lo mejor no se han enterado, los medios lo han contado poco, pero la Junta Electoral Central decidió la semana pasada sacar Puigdemont, a Toni Comín y a Clara Ponsati -expatriados, exiliados o fugados según quién cuente el cuento- de las listas a las elecciones europeas. Una decisión bastante escandalosa, por muchas razones, pero sin duda porque Puigdemont ya concurrió a unas elecciones autonómicas estando en Bélgica que ganó, porque a Ponsati se le impide ir a las europeas, pero de hecho concurre a las municipales, y porque dos de las personas que están en las mismas condiciones -Puig y Matamala-sí han podido proclamarse candidatos.


No crean que este es un tema que se despacha con un "son unos huidos" y ya está. Eso vale quizá para el exabrupto y la barra del bar pero no para una cuestión que no es sólo que afecte a unas personas concretas, sino que pone en cuestión el respeto al derecho a la participación política en nuestro país y puede sentar peligrosas pautas. Tan es así que no crean que el acuerdo fue una decisión pacífica de la Junta Electoral Central, porque no lo fue. No sólo porque su presidente y su vicepresidente (ambos magistrados del Tribunal Supremo) y dos vocales, las catedráticas propuestas por el PSOE y por Unidas Podemos, se mostraran tan en desacuerdo que firmaran un contunden voto particular, sino porque la tensión fue real y palpable en la tensa reunión en la que se tomó el dispar acuerdo. ¿Por qué tuvo que decidir sacar a Puigdemont de las listas, una JEC integrada por las mismas personas que cuando concurrió a president de la Generalitat no tuvieron problema? Pues porque el Partido Popular primero y de su mano Ciudadanos, esta vez pidieron a la JEC lo que no pidieron en las elecciones producidas tras el 155. En esa tesitura, uno de los catedráticos designados por el PP -tiene dos- y el designado por Ciudadanos plantearon una cerrada y dura batalla en el debate para conseguir convencer a sus compañeros de excluir a Puigdemont. Es muy curioso porque Andrés Betancur, el nombrado por Ciudadanos, había escrito un artículo hace tiempo explicando por qué había que modificar la ley para que Puigdemont fuera inelegible y, de hecho, Ciudadanos llegó a presentar una proposición legislativa en ese sentido, lo que significa que sabía que era elegible y que sólo cambiando la ley podrían impedirlo. ¿Por qué ahora creen que un mero órgano administrativo-electoral como la Junta puede excluirlo? Ellos sabrán.
La resolución dictada en desarmonía sirvió con su excelente voto particular -armado por dos grandes cabezas del Tribunal Supremo- para preparar el camino al recurso que fue planteado el viernes y que la Fiscalía informó de forma favorable a Puigdemont. Vamos, que la Fiscalía cree que no hay otra que dejar que los expatriados se presenten.
La cuestión recayó en dos jueces de lo Contencioso-Administrativo de Madrid que ayer tuvieron a bien lavarse las manos mandándole la patata caliente al Tribunal Supremo. Esto es una cosa liosa porque la JEC siempre ha dicho que esos juzgados eran los competentes y así lo ve también la Fiscalía pero... ahora la patata está en la Sala Tercera del Tribunal Supremo que no se ha pronunciado sobre sus competencias. Los tiempos apremian. La ley electoral es muy taxativa en los plazos porque todo debe estar listo antes del inicio de la campaña y apenas queda tiempo para que se sepa lo que dice el TS y poder acudir al Tribunal Constitucional en caso de fallo adverso. ¿Por qué ha montado todo este cirio la Junta Electoral Central usando argumentos que a sus propios compañeros y a la Fiscalía les parecen de un retorcimiento legal que no califican pero que afean a todas luces? Toda una patata caliente que puede llevar a España a una situación complicada de cara a la Unión Europea pues, recordemos, no se trata de que los españoles elijamos representantes de España en el Parlamento Europeo sino de que España hace de ayudante de la Unión Europea para que votemos directamente a los nuestros representantes. Es de esperar que todo se resuelva de una forma democráticamente homologable para que el Gobierno de España no se encuentre con la papeleta de una anulación de las elecciones europeas por parte del TJUE. Y todo este cirio lo ha formado una parte de la Junta Electoral Central.
Ya se habrán dado cuenta de que este órgano, garante de la limpieza del procedimiento, silente y silencioso casi siempre, desconocido para la mayoría, ha pasado en los últimos tiempos a convertirse en un actor fundamental de los procesos electorales. Excluir a Vox de un debate privado era una forma de aplicar sus propias normas pero también algo con consecuencias en el proceso electoral. Concluir que Carmena no puede debatir porque es la líder de un partido nuevo, no tiene sostén en el bien de los electores. Menos en un país en el que cuando se ha querido ilegalizar partidos abertzales se ha sido capaz de encontrar la "relación envenenada" entre unos y otros de mil modos y maneras. ¿No somos capaces de encontrar la relación evidente entre Más Madrid y Ahora Madrid? ¡Vaya! ¡Que inocente inocencia!
Hoy mismo se reúne la Sección Cuarta de la Sala Tercera del Tribunal Supremo para estudiar la cuestión de Puigdemont. No es mucho aventurar que deje en evidencia la postura de la Junta Electoral Central, la doctrina constitucional es bastante clara respecto a la necesidad de primar el derecho a la participación política. Si no aún quedará esa instancia.
No obstante, más allá de si el candidato se llama Abascal, Puigdemont o Carmena, las decisiones de la JEC parecen muy lejos de las necesidades de información y contraste de una democracia moderna. A lo mejor cuando salgamos de este marasmo hay que pensar un poco sobre esto. El guardián de las esencias no puede transformarse en el amo del calabozo y parece que alguno de sus miembros no termina de verlo así.  

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