Según la Ley y la verdadera justicia los diputados catalanes encarcelados porque sí, pero elegidos por el pueblo que no se ha dado por vencido, tienen todo el derecho a ejercer como representantes electos. Está por ver quienes hacen más daño a España, si quienes exigen el derecho de expresarse en las urnas y son penalizados como presos políticos por esa legítima exigencia por la que han sido castigados abusivamente, o los cafres intransigentes y violentos que se creen la creme de la creme y son una vergüenza para todos los españoles, sobre todo quienes les hayan votado para que ayuden políticamente a arreglar problemas como la desigualdad, el paro, la corrupción, la contaminación, las injusticias de los caciques y no para empeorar el funcionamiento de la Cámara parlamentaria. Hay una cosa positiva en ese gallinero de arrabal mafioso: ha quedado claro el método político de la desesperación y lo que podría pasar si el domigo esa caterva de bestias ganase las elecciones autonómicas, municipales y europeas. Sería como para parar el mundo y bajarse. Está claro que los votantes han tomado nota del espectáculo y de la vergüenza ajena que producen unos cerebros colocados por la peor de las drogas: la soberbia ciega del estúpido cuando tiene miedo a perder privilegios, votantes y subvenciones estatales que le faciliten la posesión del estado para seguir haciendo de su capa un sayo con las togas a favor del mejunje, poniendo todo patas arriba para que nada cambie y todo siga igual; Gattopardo Tancredi a la Lampedusa total

Un bochorno perfectamente evitable

El baile de responsabilidades que se traen el Tribunal Supremo y la Mesa del Congreso, para ver quién se come el marrón de suspender a unos diputados electos y no condenados, pinta mal y amenaza con un resultado aún más catastrófico
Cuando el eurodiputado Oriol Junqueras acuda a Estrasburgo a tomar posesión de su más que probable acta, puede acabar colocándonos en la pura antología del disparate y el esperpento ante una Europa asombrada

Antón Losada
21/05/2019 -eldiario.es

Junqueras promete su cargo de diputado "como preso político". EFE

Lo peor del embarazoso y vergonzoso espectáculo que se nos ha ofrecido en sesión doble en el Congreso de los Diputados es que era perfectamente evitable. No me refiero al patético numerito de los diputados de Vox corriendo a ocupar los escaños de la bancada socialista. En todos los inicios de curso de todos los colegios del mundo concurre esa cuota de tontería inevitable. Cuando no puedes llamar la atención por otra cosa, la llamas por payasete. Es una verdad universal que acompaña al género humano desde la noche de los tiempos. De las sesudas informaciones sobre quién le dio o no la mano a quién, mejor ni hablamos.

La vergüenza que sí nos podían haber evitado se dio con el trato dispensado a los diputados presos catalanes. Representantes de la soberanía popular, legítimamente elegidos por el pueblo soberano y ciudadanos en posesión de sus derechos políticos, entre ellos a elegir y ser elegido. En una decisión que solo se puede calificar de peregrina, se les permitió acudir a la cámara a tomar posesión de su acta de diputado y participar en el pleno, pero haciéndolo como cuando aún se usaba el fax y las noticias llegaban por teletipos que escupían ruidosas en impresoras de agujas.

El resultado era un accidente esperando para ocurrir. En la era digital solo nos faltó ver a sus señorías lavándose las manos después de mear, para indignación de la prensa y las diputadas y diputados de la derecha, siempre con el teatrillo del melodrama constitucionalista a punto para la representación y siempre prestos para patear y abuchear todo aquello que no les gusta oír.

El baile de responsabilidades que se traen el Tribunal Supremo y la Mesa del Congreso, para ver quién se come el marrón de suspender a unos diputados electos y no condenados, pinta mal y amenaza con un resultado aún más catastrófico. El show mediático y político que se puede montar en España, cuando el eurodiputado Oriol Junqueras acuda a Estrasburgo a tomar posesión de su más que probable acta, puede acabar colocándonos en la pura antología del disparate y el esperpento ante una Europa asombrada.

Otra vez el quiero y no puedo de la Justicia española que acompaña al juicio del procés. Se les reconocen sus derechos porque no hay base legal para negárselos, pero cuando pretenden ejercerlos se recurre a toda suerte de trampas administrativas y trucos de salón; desde el horario de las prisiones a las urgencias de la seguridad parlamentaria. Todo vale para recordarles y hacernos recordar a cada minuto del día que son presos bajo la tutela del Estado.

Poco Estado es aquel que no puede permitirse ni sabe soportar con normalidad que unos diputados protegidos por la presunción de inocencia, que han demostrado decenas de veces que no tienen intención alguna de huir de la Justicia, puedan comportarse como tales sin restricciones ni trabas burocráticas: hablar con la prensa, ocupar su escaño, votar, asistir a reuniones, hacer el trabajo para el que han sido elegidos por el pueblo soberano hasta que una sentencia y una condena firmes se lo impidan. Los Estados fuertes saben cómo hacerlo sin abochornar a nadie.