El gobierno de España contra los refugiados políticos
España se ha convertido en una trampa para los intelectuales críticos con el gobierno de Erdogan
Para Dogan Akhanli y Hamza Yalçin
Eran las 08.30 del pasado 19 de agosto cuando el escritor turco-alemán Dogan Akhanli se encontraba listo para salir, junto a su mujer, a visitar la Alhambra de Granada. La pareja estaba de vacaciones en España, un viaje que el escritor había planificado para profundizar en el estudio de la literatura española. Sin embargo, una llamada a la puerta de su hotel alteraría todos los planes. Un total de ocho policías tenían órdenes de detener a Akhanli y llevárselo a la Audiencia Nacional, como respuesta a una orden internacional de Interpol que tiene su origen en una reclamación de Turquía.
El
desproporcionado despliegue policial sugiere que estamos ante un
terrorista altamente peligroso. Sin embargo, nada más lejos de la
verdad. Akhanli es un intelectual de izquierdas comprometido con la
defensa de los Derechos Humanos, con la recuperación de la memoria
histórica del pueblo kurdo y muy crítico con la política del gobierno
autoritario de Erdogan en Turquía. Precisamente de su país de origen,
Turquía, huyó en los noventa hacia Alemania, país que le acogió y que
ahora le defiende de los abusos de Turquía. Lo contrario de lo que está
haciendo el Gobierno de España.
Akhanli está
perseguido por Turquía desde 2013, cuando los tribunales turcos anularon
una sentencia de 2010 que absolvía al escritor de unos hechos acaecidos
en 1989. Pero no es el único referente crítico con el Gobierno turco
que está siendo perseguido a través de los mecanismos de Interpol. Otro
intelectual turco, Hamza Yalçin, nacionalizado sueco, está aún detenido
en territorio español por los mismos motivos. También en este caso el
gobierno de Suecia ha pedido al gobierno español que intervenga, sin que
de momento haya tenido éxito su reclamación.
Akhanli fue detenido en España pero antes había estado en países como
Holanda o Italia, con la alerta de Interpol activa, sin que pasara nada.
Ninguno de esos países están interesados en cumplir con las alertas de
Interpol de forma ciega, más aún cuando proceden de un país como
Turquía. Por el contrario, España se ha convertido en una trampa para
los intelectuales críticos con el gobierno de Erdogan. Con el silencio
cómplice e interesado del Gobierno español, que ve impasible cómo Yalçin
sigue en la cárcel y Akhanli no puede salir de España para volver a su
casa.
Como se puede deducir, no es una cuestión
meramente legal sino esencialmente política. Turquía aprovecha el
sistema de Interpol para perseguir a los disidentes críticos con el
gobierno y España, a diferencia de otros países, cumple como alumno
privilegiado. Y este hecho no puede desligarse del pacto firmado entre
Turquía y la Unión Europea, del que Rajoy es un ferviente defensor, por
el cual Turquía controla la entrada de refugiados en suelo europeo a
cambio de unos cuantos miles de millones de euros. Un contrato en toda
regla que mercantiliza a los refugiados, quienes huyen de las guerras en
Oriente Medio, y que sitúa a Turquía en una posición de poder frente a
otros países. El caso de España es, si cabe, más dramático, pues también
tiene acuerdos con Marruecos para el control de su frontera sur. Así,
Marruecos se permite seguir oprimiendo al pueblo saharaui mientras
España mira hacia otro lado. De la misma forma, los intelectuales
críticos con el gobierno turco son detenidos en suelo español mientras
el gobierno de Rajoy se desentiende.
Contrasta esta
posición con el activismo de la embajada alemana y sueca, cuando no
directamente de todo su gobierno, en la defensa de los intelectuales
perseguidos. En Alemania, por ejemplo, este tema ha generado un consenso
amplísimo entre todas las fuerzas políticas. Ambos países han pedido al
Gobierno español que no atienda la reclamación de Turquía y que no
satisfaga los deseos de Erdogan. Pero el gobierno de Rajoy ha preferido
esconderse tras los trámites legales, dejando que todo siga su curso.
Arguyen que no es una cuestión política, y se limitan a mirar hacia otro
lado. Mientras tanto, Yalçin y Akhanli esperan la resolución con la
libertad restringida. Toda una vergüenza nacional. ¿Este es el precio a
pagar, la detención de intelectuales, por no ver más refugiados en
nuestras sociedades? ¿Esta es la Europa que queremos construir?
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