Los ciudadanos libres y responsables en conciencia no necesitan que nadie les diga si deben o no votar, señor Villarejo

¡Ciudadanos, no votéis!

El independentismo es un movimiento totalitario

Carlos Jiménez Villarejo

26/09/2017 (eldiario.es)

Parlament de Catalunya.

“Estado de derecho: imperio de la ley: ley como expresión de la voluntad general; división de poderes y legalidad de la Administración como mecanismos jurídicos anti-totalitarios; y, finalmente, respeto, garantía y realización material de los derechos y libertades fundamentales” (Elías Díaz, 1966).

“Catalunya ha gozado de la mayor autonomía de su historia con el régimen de libertades. Jamás tuvo tanta. Pero sus gobernantes, corruptos de CiU, la han usado tan mal que hoy la deuda de la Generalitat catalana es un bono basura cuyo principal tenedor es el Estado... Y la corrupción envuelta en la bandera se perdona…” (Juan Ramón Capella).

Decían los Fiscales progresistas el pasado 7 de septiembre que “Los votos de una apretada mayoría de diputados del Parlament… no pueden imponer una visión parcial y sesgada de la convivencia democrática con el único objetivo de conseguir sus propios fines”. Pero lo hicieron, porque el patriotismo y el irracionalismo, que siempre le acompaña, son capaces, como lo  acreditaron el pasado siglo el fascismo y el nazismo, de imponerse adulterando las instituciones democráticas.

Como lo han hecho los partidos independentistas pese a su condición minoritaria. La lectura de las dos leyes aprobadas en aquella fecha es una muestra indiscutible.

Concretamente, la 20/2017, de “transitoriedad jurídica y fundacional de la república”, lo demuestra. Ante una situación política de abierta ruptura con el Gobierno del Estado, hace afirmaciones claramente contradictorias. Por un lado, sostiene que “el Estado soberano e independiente ha de vehicular la sucesión (del Estado español) de manera negociada y pactada con las instituciones españolas…” Lo que no obsta para que, en el mismo texto, afirme contundentemente que ese nuevo Estado “inaplicará de entrada las regulaciones del ordenamiento jurídico anterior que contravengan de manera clara y frontal los principios en que se asienta la República”. Mas allá de la gran dosis de torpeza que puedan inspirar estos propósitos, es obvio que la evidente contradicción entre ambos planteamientos genera una evidente inquietud que, ya hoy, vivimos.

Pero el carácter totalitario de ese hipotético futuro Estado tiene una primera y máxima expresión. El art. 88.2 de dicha ley afirma lo siguiente en relación a la Asamblea constituyente del supuesto nuevo Estado: “Ninguna de las decisiones de la Asamblea constituyente, en el ejercicio del poder constituyente, serán susceptibles de control, suspensión o impugnación por parte de otro poder, juzgado o tribunal”. Es la completa exclusión de cualquier forma de control de una institución que sería fundamental en un proceso tan radicalmente novedoso y rupturista con la etapa política anterior. Especialmente respecto de las minorías, sería una  norma plenamente autoritaria y antidemocrática.

Respecto del Poder Judicial, la ley contiene normas muy explícitas en la línea expresada. El Presidente del Tribunal Supremo lo nombra el Presidente de la Generalitat. !Qué lejos estaríamos del principio de la división de poderes! Pero hay más disposiciones preocupantes. El Consejo del Poder judicial sería sustituido por una Comisión Mixta integrada de forma paritaria por jueces, el  Consejero de Justicia y, sin más precisiones, por ”cuatro personas designadas por el Gobierno”. Otra quiebra grave de la división de poderes.

Late en la ley una profunda desconfianza hacia los jueces. Ahí siguen presentes el expolio del Palau de la Música, pendiente de sentencia, fuente de beneficios ilegales para CiU y, sobre todo, el proceso y la imputación de Jordi Pujol, fundador del nacionalismo, ahora tan crecido y desafiante, y de toda su familia de la que recientes datos judiciales resulta que disponían en Andorra de 307.000.000 de las antiguas pesetas.

Situación que, sin duda, ha conducido a los independentistas -incluida la CUP- a atribuir a los jueces una facultad ausente en nuestro ordenamiento democrático: "Los juzgados y tribunales sobreseen o anulan (?) los procesos penales contra investigados o condenados por conductas que pretendiesen un pronunciamiento democrático sobre la independencia de Catalunya o la creación de un nuevo Estado de manera democrática y no violenta”. Disposición insólita y sin precedentes, que representaría una arbitrariedad, como el indulto de Homs y la anulación de las condenas de Mas y compañía. Precepto que, con razón, ha dado lugar a que el sindicalista López Bulla sugiriera que “Jordi Pujol, la familia y sus hechuras podrían ser amnistiados tras la hipotética independencia de Catalunya”. No le falta razón.

La profunda desconfianza en la garantía de imparcialidad que representan los jueces también se ha reflejado en el control de los procesos electorales. En la regulación de la Sindicatura Electoral de sus siete miembros solo dos son jueces. Es el deterioro y desnaturalización de un órgano esencial en un sistema democrático.

A este horizonte claramente autoritario se añaden los pronunciamientos desafiantes del presidente de la Asamblea Nacional Catalana, Jordi Sanchez: “Cuando un juez dicta una inhabilitación y el cargo público decide, con nosotros a su lado, que esa orden es papel mojado, y vuelve a trabajar a su despacho, el Estado tiene un problema porque  tendrá que utilizar otro medio, el de la violencia” (“Ocupación independentista de las calles, ciudades e instituciones”. El País, 25/3/2017). Pues hasta ahora, afortunadamente, no ha sido así. Homs está cumpliendo con toda normalidad su condena y así lo harán cuando corresponda Artur Mas, Rigau y Ortega y cuantos sean condenados por haber delinquido en el ejercicio abusivo del poder. Entre otros, la Presidenta Forcadell y otros cuatro miembros de la Mesa del Parlament, contra quienes, el pasado 12 de septiembre, el TSJ de Catalunya, abrió otro proceso penal por haber admitido a trámite y permitir la votación de dos leyes que representan “la derogación por la vía de hecho de la Constitución”.

Ante este, aunque parcial, desolador panorama de la pretendida futura República catalana -la antítesis de la República de 1931- hay más razones para decir en voz alta y clara,"Ciudadanos, no votéis".

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Qué fácil es aferrarse a la legalidad para aplastar la conciencia y qué pésimos son los resultados de tal empeño. Es el riesgo que tiene la comodidad funcional de convertir los medios en el fin, en vez de convertir la energía del fin en instrumentos y herramientas para construir y materializar el objetivo, la finalidad más universal que se pretende. Muchas nos preguntamos si habrá alguna finalidad más allá de la obsesión repetitiva de unos protocolos determinados por intereses espurios que se transmutan en asuntos de estado, porque quienes gestionan dicho  estado no lo distinguen de una sucursal del Ikea.

La ley en sí misma y su cumplimiento férreo no es la finalidad de la 'empresa estatal', (usemos el lenguaje del pp, para que se entienda el ejemplo). La ley es sólo una herramienta ordenadora y modificable, la secretaría de la empresa, la que controla el orden de los archivos y la agenda de la dirección para evitar los desajustes y contratiempos funcionales. Pero no deja de ser un departamento especializado del conjunto colectivo, no es la dirección de la empresa, no tiene la potestad ni el encargo de pensar ni de planificar el rumbo y la finalidad del proyecto; la ley es el teclado y la pantalla del procesador de textos, el disco duro del ordenador, pero no es el cerebro que diseña los textos ni el escritor que piensa los argumentos ni la ciudadanía que los ratifica en las urnas o a través de sus portavoces en el Parlamento. Ni mucho menos la creadora de la empresa; la ley es una funcionaria asalariada por contrato consensuado para mantener el orden en la oficina de los estados, por eso está tan vinculada a las fuerzas de seguridad que investigan y actúan a sus órdenes. Son herramientas importantísimas, pero no son el fin del estado mismo. Ese fin, ese objetivo, es la convivencia sociopolítica auto-organizada, libre, acordada y responsable de sí misma que construye el bien común, siendo, en reciprocidad, su esencia misma el bien común que se construye en las democracias normales desde la base barrial, sectorial, municipal y territorial hasta la legislativa, ejecutiva y -en teoría- la judicial, que es la más distante del pueblo, esotérica, opaca y enrevesada.
El pueblo-ciudadanía es un tejido vivo y por lo tanto sensible, permeable, multidireccional y mutable. Igual que el mundo es también nuestro constructo global y, por ello, inevitablemente común. En realidad no es otra la esencia profunda del 'comunismo'. El ser humano es comunista por naturaleza mucho más allá de una doctrina política y filosófica, no es pensable ni sostenible en solitario ni en egoísta. El primer cristianismo lo anticipó y hasta sentó el primer precedente histórico de cómo el amor solidario ejerce una justicia nueva que derriba imperios yendo contracorriente sin matar ni causar estragos, sino creando otras realidades en paralelo.
Para la humanidad a efectos evolutivos el egoísmo es homicida y al mismo tiempo suicida y la soledad cerrada en dogmas y fijaciones es un pozo sin fondo del mismo ego omnipresente hasta que se le reconoce y se le educa para convertirlo en energía y vigor sin responsabilidad cognitiva, intelectual ni moral que no son de su competencia. El ego, en cualquiera de sus modalidades, si se le deja a su aire es el gran exterminador de la vida, aunque parezca lo contrario a simple vista del instinto.

¿Acaso a los cuarenta años tenemos la misma talla que a los quince o a los 10? Pues reflexionemos al respecto. Seguir usando la misma ropa sociopolítica y estatal al salir de una dictadura que al cabo de cuarenta años de rodaje amedrantado, y acomodado al amedrentamiento, no es posible ni factible  sin que a esa ropa le revienten las costuras. Pues esto es lo que nos está pasando, compas. No es una tragedia ni el fin del mundo, es que ya hay que cambiar la talla porque no se pueden seguir remendando los harapos y los jirones del ropaje heredado, reutilizado, requetelavado con lejía año tras año, roto y recosido hasta que la aguja agranda aun más los agujeros aunque se ponga la mejor intención en remendar lo imposible. La secretaría costurera de la ley busca y rebusca, convencida de que en cuanto dé con el hilo y la aguja adecuados todo se arreglará; lo malo es que con la venda en los ojos no puede ver que ya no es cosa de las herramientas reparadoras, sino del tejido que ya no sirve ni para que lo remienden, ya no aguanta el peso ni la tensión de las piezas del nuevo tejido que se pretende añadir. 

Sería genial que el ex Fiscal General señor Jiménez Villarejo, y tantos agentes de la justicia, el orden y la ley concebidos a la manera española,  pudieran comprender lo que nos está pasando a niveles mucho más profundos que el de la simple legalidad, que comprendiesen que su mundo de leyes es muy importante como secretariado y guardés del orden de los despachos, ficheros, carpetas, archivos y cajones, pero que el momento histórico no lo arreglan ya los juzgados, sino la dirección de las voluntades no solo judicializadas sino sobre todo iluminadas por la inteligencia colectiva, social y política, que es la dirección de la empresa, no una herramienta como la ley. Y lo mismo que la ciudadanía no debe decirle a un fiscal cómo tiene que manejar sus herramientas legales, porque se supone que lo tiene  claro, ningún fiscal, juez o magistrado debería empeñarse en decir a las ciudadanos y ciudadanas si deben o no votar en el caso catalán, concretamente. ¿Por qué? Muy fácil, porque el voto es la única llave que abre a la ciudadanía la puerta de su libertad de conciencia para elegir lo que sabe que necesita, mejor que el mejor togado y por encima de consideraciones abstractas. 

Está muy claro que los independentistas van a votar, y votarán que sí, porque para ellos ese referéndum es legítimo aunque no lo sea para el resto de un estado que para ellos no cuenta como tal porque sienten y comprueban que les viene impuesto por fuerza y encima el pp  ha colocado la opción secesionista en la peana del heroísmo, razón de más para que voten en plan partisano y a contracorriente de quienes a ojos vistas les han invadido y les están acosando de un modo inexplicable e inaudito ¡en el año 17 del Tercer Milenio de nuestra era!
Por supuesto que si los ciudadanos que no están de acuerdo con la independencia se abstienen de votar, siguiendo la sugerencia, porque serían los que están más cerca de la recomendación de Jiménez Villarejo, permitirían que ganase el sí, por mayoría no sólo aplastante, sino unívoca y rotunda. El que ese referéndum según las viejas vestiduras hechas jirones por el crecimiento del cuerpo social, sea condenado e invalidado por ilegal, en este caso, legitima el derecho de sus infractores aún más si cabe ante la conciencia   antropológica de la evolución inevitable y manifiesta. Cuando el derecho natural de una parte de un pueblo se enfrenta al derecho penal acomodado a un "modus operandi" corrupto en su base fundacional diseñada para mantener un estado a gusto de intereses ajenos al bien común, ese derecho natural es imbatible no porque lo diga ninguna ley sino por legitimidad y derecho intrínseco, connatural, por el mero hecho de que entre normas que resultan perjudiciales para las personas y la integridad, la dignidad y los derechos básicos de esas personas, las razones de la ley que protege a los opresores y no considera los derechos de los oprimidos, quedan fuera de tiesto, porque no son naturalmente valores absolutos sino relativos y cuanto más se  acose con la ley insuficiente, no por rigurosa sino por torpe y corta ante tales situaciones, más se enconarán los problemas, que no tienen otra salida que el diálogo político de las fuerzas enfrentadas, porque habrá que ajustar la comprensión más grade de unos a la poca lucidez de otros hasta que desaparezcan las líneas rojas y las barreras ante la empatía, la comprensión y el respeto mutuo.  Me consta en que por parte catalana esas premisas están bastante garantizadas, no así por parte del estado español en las manos de sus actuales gestores.

El poder judicial debería quitarse la venda de los ojos en los nuevos tiempos para no darse de narices con una realidad que le supera a ojos vistas y guiarse más por la balanza de la lucidez y del bien común que por la espada del summum ius summa iniuria manipulada y teledirigida por quienes, a lo largo de esa cuesta abajo y sin frenos que ha sido la transición de una vieja dictadura hacia su remake actual, convirtiendo las leyes y el derecho en una mordaza para la libertad y en  una guillotina para los derechos de la ciudadanía y no sólo catalana sino de todo el estado. Parece mentira que personajes tan sensatos para unas cosas estén tan bloqueados en asuntos tan fundamentales y encima ni siquiera duden de la ética y de las consecuencias que conlleva el estado social de alarma y crispación constante que fomentan con sus gritos y amenazas tremendistas, dejando que sea el miedo y sus dogmas quien lleve las riendas de todo.

Señorías de uno y otro lado, respeten la libertad de conciencia de la ciudadanía catalana, no presionen a nadie y confíen en que ningún resultado por malo que sea, podrá empeorar un tejido social que ya sólo jadea y agoniza entre la corrupción gravísima e imparable, multas,  despropósitos, cloacas de interior y  t de exterior, policías, registros, detenciones por delitos ideológicos y fascismo analfabeto. Y todo para distraer a los jueces y al pueblo, que centrados en Catalunya se olvidan de dónde está el verdadero terrorismo de estado, como sucedió con el GAL en su momento: en los gobiernos post franquistas, delincuentes activos o pasivos, que con precisión de relojero suizo han ido dejando esa España, que ahora con tanto fervor quieren mantener unida, en la ruina tanto sociopolítica, económica, psicoemocional, educacional y sobre todo, moral y ética.

Un estado así ya está condenado a muerte por su propio mecanismo autodestructor. Realmente debería haber muerto con su fundador. Y cuanto más tarde en morir, más daños sociales habrá y más bestia será el tortazo final para el propio sistema sostenedor del sinsentido y la aberración. Más clara quedará la culpa de quienes nos engañaron con palabras altisonantes para tapar la podredumbre de una herencia envenenada de la que se ha estado aprovechando una casta filibustera institucionalizada, a sabiendas o en la inopia cooperante. 

Si todo lo que se puede aportar al fuego de la hostilidad, las amenazas veladas o no, el menosprecio a la ciudadanía considerándola idiota y la ley como el coco que se lleva a las conciencias que duermen poco, es la leña del miedo y de la parálisis ante el terror beligerante e invasivo del estado feudal, es mucho más sano el silencio y la prudencia de los sabios respetando la decisión de los pueblos que sólo desean expresar su deseo y no declarar guerras contra sus hermanos de territorio y de convivencia siempre ejemplar, acogedora y solidaria.Los catalanes están con el mismo problema que los demás españoles, pero ellos tienen el valor de organizarse para sacudirse el muerto, el resto traga. Eso no significa que sean "los malos" como los llama Rajoy, sino que el resto somos tan tontos como para considerar "nuestra patria" al Patio de Monipodio que nos arruina y nos roba a saco y encima aclaman a los esclavos que defienden esta barbarie sin fuste y desmadrada, ilícita moralmente, ilegítima democráticamente, pero eso sí, legal, legal, como la que más.

Si yo fuera el rey o la reina de algo así, abdicaría de pura vergüenza. Si fuera Letizia me divorciaría y pediría asilo político en cualquier república presentable.