La Ley
Por favor, dejen de usar como rehén de su
inmovilismo a la legalidad. Y dejen de hablar de ella como si en este
país fuera sagrada. Como si ustedes la respetaran
J.R. Mora
24 de
Septiembre de
2017(Público)
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Detenida por orden judicial la alcaldesa de Madrid, Ana Bolleta, tras
la firma de un acuerdo entre el consistorio de la capital y el fondo
buitre Blackstone. La venta para uso especulativo de más de 1.800
viviendas propiedad del Ayuntamiento supone un acto de desobediencia a
la Constitución Española en su artículo 47 y pone, según han declarado
tanto el presidente del Gobierno como el líder de la oposición en una
declaración conjunta en La Moncloa, en peligro la democracia y el Estado
de Derecho. “Mi Gobierno no va a permitir que nadie se salte la
legalidad ni el orden constitucional; ya he dado órdenes para que se
pongan en marcha cuantos mecanismos estén a nuestro alcance para que
quienes actúan de forma ilegal poniendo en peligro las instituciones se
plieguen ante el Estado de Derecho”. Por su parte, el líder de la
oposición ha tachado de “irresponsable y muy peligroso para la
convivencia” que altos cargos públicos se comporten “como auténticos
anti sistemas, ventilando desde sillones de responsabilidad artículos
enteros de la Constitución que todos los españoles nos dimos en 1978”.
En las próximas horas podría haber más detenciones relacionadas con la
especulación de la vivienda por parte de los poderes públicos.
Médicos de familia andaluces denuncian un sistema por el cual la
Junta de Andalucía penaliza a los profesionales sanitarios que superen
un cupo de derivaciones al especialista. Tras hacerse público el
escándalo, que pone en peligro la protección de la salud de los
ciudadanos de Andalucía, la Audiencia Nacional se ha declarado
competente para instruir este caso de posible atentado contra la salud
pública española. Hemos podido conocer de primera mano declaraciones de
algunas víctimas de esta alteración del orden constitucional, que podría
acarrear consecuencias trágicas para parte de la población: “Tenía un
dolor de estómago fuerte, pero el médico de cabecera no podía derivarme
al digestivo porque ya había superado el cupo y eso me supuso una úlcera
sangrante que casi me cuesta la vida”. La deriva ilegal de los altos
cargos de la Junta pone en riesgo profesional y legal a los subordinados
obligados a cumplir órdenes jerárquicas y saltarse el artículo 43 de la
Constitución, señala la plataforma de profesionales MADC –Médicos
Andaluces por la Democracia y la Constitución--, referente cívico por
sus acciones de resistencia ante este ataque a la legalidad vigente. En
lo que va de año los médicos asociados a MADC han derivado a
especialistas a todo aquel que realmente lo necesitaba, imponiendo el
criterio profesional y la defensa de la Constitución y obviando el cupo
ilegal impuesto por los altos cargos de la administración pública
andaluza. Defender la Constitución Española les ha costado una
persecución política, económica y profesional. Ante este escándalo que
podría tener trágicas consecuencias para la vida de miles de andaluces,
el Gobierno estaría estudiando la posibilidad de aplicar el artículo 155
de la CE, ya que se estaría dando el supuesto requerido para activar el
mecanismo, “si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que
la Constitución u otras leyes le impongan”.
El rescate bancario es sólo la punta del iceberg, según ha declarado
en rueda de prensa el comisario Peralejo, jefe de policía que ha
dirigido la investigación que ha dado lugar a las detenciones de los
responsables de los casos Bankia, Endesa, Telefónica, Castor, Radiales o
ADIF. “Para que todo el mundo lo entienda, esto ha sido como si yo cojo
el dinero del presupuesto familiar de mi casa y me lo gasto en comprar
tomates podridos en el mercado a precio de oro. Luego, al volver a casa
con los tomates en mal estado, voy y malvendo la comida que tenemos en
la despensa, que está en buen estado. Este era el modus operandi de esta
red delictiva que esquilmaba los recursos económicos del país a
conciencia. Ha sido un robo descarado saltándose la legalidad vigente
que marca la Constitución en el 128, que nos obliga a velar por el
interés y la riqueza general”. Según ha informado el comisario Peralejo,
entre los detenidos hay presidentes y ex presidentes del Gobierno,
ministros de Economía, diputados y secretarios de Estado que se
beneficiaban, una vez salían de la administración pública, de
millonarios sueldos de esas mismas empresas privatizadas a pesar de, en
el momento de la privatización, suponer una fuente de riqueza para el
interés general. Sin salirnos de la crónica de tribunales, tras año y
medio de cárcel ha pasado a tercer grado el ministro de Hacienda,
Cristóbal Montero, que utilizó recursos económicos y legales del
ministerio para diseñar una regulación fiscal ilegal que beneficiaba a
quienes evadieron impuestos durante años, vulnerando gran parte del
Título I de la CE que obliga a “contribuir al sostenimiento de los
gastos públicos”.
El líder del partido naranja, Albert Olvera, ha calificado de golpe
de Estado contra la democracia los hechos destapados por el diario Público
sobre las cloacas del Estado. “Que desde el ministerio de Interior se
use a la policía y a las fuerzas de seguridad para perseguir a rivales
políticos, fabricar informaciones falsas, extorsionar o destruir pruebas
judiciales de delitos, es indignante; pedimos la dimisión inmediata de
todos los responsables por este ataque a las libertades”. El que era
hasta hoy socio del Gobierno ha anunciado tras la ruptura que “esto no
quedará en el ámbito político, queremos ver ante los tribunales a los
responsables de haber prostituido de esta forma a las fuerzas y cuerpos
de seguridad desoyendo la función que la Constitución les otorga; es
gravísimo, estamos ante un ataque a la nación y tenemos que
defendernos”.
LEY 52/2007, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura.
La Delegación del Gobierno en Madrid ha movilizado a centenares de
antidisturbios ante el acto que --a pesar de ser declarado ilegal por el
juzgado de instrucción número 4 de la capital tras la denuncia del PP--
la Fundación Francisco Franco anuncia que celebrará el próximo fin de
semana en un hotel de Madrid. A pesar de los registros de varias
imprentas e incautación de cartelería del acto y el cierre de la página
web de la fundación, los convocantes insisten en que pretenden
homenajear y enaltecer la represión franquista. Esto supondría saltarse
la Ley52/2007 que protege a sus víctimas. “El acto no se celebrará”, ha
declarado con contundencia en rueda de prensa el presidente del Gobierno
Mariano Ya-voy. “Mi trabajo es hacer cumplir la ley y es lo que voy a
hacer, porque un presidente hace lo que hace y tiene que hacer lo que
tiene que hacer”. A su vez, el ministro de Interior Juan Ignacio Zódiac
ha anunciado la detención del diestro Juan José Pradilla, acusado de
enaltecimiento del odio y humillación a las víctimas del terrorismo de
Estado del anterior régimen antidemocrático.
Todo lo relatado anteriormente, ya lo saben, es ficción. Es ficción
por falta de voluntad política. Todo esto podría suceder si la hubiera, y
nada de esto ocurre ni ocurrirá. Y es que la aplicación de la ley, la
contundencia con la que se aplica y se persigue a quienes se la saltan,
la intensidad con la que se defiende la legalidad vigente depende en
muchos casos de la voluntad de quienes mandan. Por favor, dejen de usar
como rehén de su inmovilismo a la legalidad. Y dejen de hablar de ella
como si en este país fuera sagrada. Como si ustedes la respetaran.
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