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El principal imputado de la Gürtel ofreció a la Fiscalía Anticorrupción información sobre importantes políticos y empresarios que por ahora no están imputados. Correa hablaba de su confesión como "sus bombas de relojería"
El proceso se frustró tras varias reuniones entre su principal abogado y las fiscales del caso, que no cedieron a sus pretensiones de que rebajasen su petición de pena y le permitiesen conservar parte del dinero
El presunto cabecilla de la trama de corrupción se acercó también a las acusaciones populares, pero abandonó los contactos sin dar explicaciones
La negociación frustrada con la Fiscalía corrió paralela a la que un abogado próximo al PP llevó con éxito par el constructor Alfonso García Pozuelo, donante del partido
El principal imputado del caso Gürtel, Francisco Correa
El principal imputado del caso Gürtel, Francisco
Correa, ofreció a la Fiscalía Anticorrupción y a la acusación popular un
pacto para rebajar sus peticiones de condena a cambio de colaborar con
la justicia y contar todo lo que sabe. La información que ofrecía
Correa, su confesión, son datos desconocidos por los investigadores que
implicaban a importantes políticos y empresarios que, por ahora, no
están imputados en el caso.
A cambio de su confesión,
Correa también pedía poder conservar parte de su patrimonio: que
Anticorrupción rebajase la petición de responsabilidad civil, la
indemnización que tendría que pagar si es condenado, y que en su caso
asciende hasta los 60 millones de euros.
La negociación fracasó en ambos frentes por motivos
aparentemente distintos. La Fiscalía Anticorrupción rechazó el acuerdo
porque Correa exigía demasiado a cambio. "Pedía el mundo", asegura una
fuente de Anticorrupción. Sin embargo, desde las acusaciones populares
afirman que las pretensiones que Correa les presentó podían ser
asumibles, pero que, en un momento dado, el presunto cabecilla de la
trama de corrupción se echó atrás sin que hubiera un motivo claro.
La iniciativa de Correa para buscar un acuerdo corrió paralela a la de
otro imputado, el constructor Alfonso García Pozuelo, único acusado de
la Gürtel que ha alcanzado por el momento un pacto con la Fiscalía
Anticorrupción a cambio de su confesión. García Pozuelo, que fue dueño
de la Constructora Hispánica, se sentará finalmente en el banquillo
acusado de prevaricación y cohecho, una condena que se puede quedar en
solo dos años, lo que le permitiría no entrar en prisión ya que no tiene
antecedentes.
El primer episodio de la negociación
frustrada se produjo al poco de que Anticorrupción presentara en enero
de este año su petición de condena para Correa y los otros 40 acusados.
Francisco Montiel, por aquel entonces abogado de Correa, se reunió con
el fiscal jefe de Anticorrupción, Antonio Salinas. No fue solo. Le
acompañó el letrado Javier Iglesias, próximo a la cúpula del PP y que se
encarga de la defensa del constructor Alfonso García Pozuelo.
Aquella reunión fue breve, de unos diez minutos, según dos fuentes
conocedoras del encuentro. Javier Iglesias llevó la voz cantante y
Francisco Montiel expuso el planteamiento de su cliente en segundo
lugar. Antonio Salinas no se mostró receptivo a un pacto o a iniciar
contactos, coinciden las mismas fuentes.
A pesar de
ello, con posterioridad al encuentro con el fiscal jefe de
Anticorrupción arrancaron una serie de reuniones con las fiscales de las
piezas de Gürtel en las que está acusado Correa. A la primera, y por
petición de Anticorrupción, el abogado de Correa acudió con un boceto de
su propuesta. Las dos siguientes reuniones se produjeron de forma
paralela a las que Iglesias mantenía con las fiscales de Madrid para
abordar la situación de García Pozuelo, solo imputado en la pieza
principal.
Hubo otros dos encuentros, también por
separado, hasta que en el quinto, la Fiscalía Anticorrupción se plantó:
en ningún caso habría una petición para Correa por debajo de los 18 años
de prisión –el triple de la condena por el delito más grave, como
establece el Código Penal-. La Fiscalía tampoco accedió a que rebajar la
petición económica de responsabilidad fiscal para que pudiese quedarse
con parte de su dinero.
Al menos en la preparación de
uno de los encuentros participó la teniente fiscal de la Fiscalía
Anticorrupción, Belén Suárez, número dos de Salinas.
La oferta de Correa a la Fiscalía y la acusación popular incluía datos
nuevos sobre personas ya imputadas y también información que implicaba a
otros importantes políticos y empresarios que por ahora han escapado al
banquillo, explican fuentes implicadas en la negociación. Eran sus
"bombas de relojería", como el mismo Correa aseguraba.
Los contactos de Correa con la Fiscalía Anticorrupción se extendieron a
la acusación popular, que también podía rebajar su propuesta de condena
para el presunto cabecilla y el resto de imputados. Los encuentros se
produjeron desde marzo hasta mediados de mayo. Que tanto las acusaciones
como la Fiscalía accedieran a rebajar sus peticiones de pena era clave
para el futuro de Correa: si ambas partes estaban de acuerdo, las
posibilidades de una condena más suave se multiplicaban.
Francisco Correa y su abogado se reunieron en varias ocasiones con Gonzalo Boye, el abogado de Observatori Desc, una asociación que forma parte de las acusaciones populares del caso Bárcenas y que recientemente se ha personado también en la Gürtel.
A su vez, Boye y el abogado de Correa contactaron con la Asociación de
Abogados Demócratas de Europa (ADADE), que también ejerce la acusación
popular. En representación de ADADE, el abogado Mariano Benítez de Lugo
respondió que su participación en un posible acuerdo dependía de la
“carga probatoria” de las afirmaciones de Correa y en sí afectaban al
presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. ADADE no volvió a tener
noticias. A diferencia de lo que ocurrió con Anticorrupción, las
negociaciones con la acusación popular fueron interrumpidas
sorpresivamente por Correa sin que el resto de implicados haya recibido
una explicación, según han confirmado ambos abogados a eldiario.es.
Durante las negociaciones se produjo un episodio que en parte aclara el
cambio de criterio de Francisco Correa. Entre finales de marzo y
principios de abril, el presunto cabecilla de la Gürtel fue convocado en
la sede de la Jefatura Superior de Policía en Madrid para una reunión.
El encuentro lo provocó el número dos de la Policía en la Comunidad de
Madrid, Juan Manuel Calleja, a pesar de que éste no tenía ningún vínculo
con la investigación del caso Gürtel. Para llegar hasta Correa, el
comisario se sirvió de una persona del entorno del jefe mafioso ruso Zakhar Kalashov.
Correa, sin embargo, se limitó a relatar información ya de sobra
conocida por los investigadores y publicada por los medios de
comunicación. No aportó en este encuentro un solo dato nuevo.
Como reveló el 29 de abril eldiario.es, Calleja
había informado de la reunión al director adjunto operativo de la
Policía, Eugenio Pino, pero este no avisó de ella ni al director de la
Policía, ni al ministro del Interior, Jorge Fernández. Tras este
encuentro, e l comisario Calleja fue destituido del puesto de jefe de Operaciones en Madrid.
Una entrevista en vídeo
Una tercera pata del pacto que buscó Correa incluía su confesión
pública. El imputado se había comprometido a apoyar su pacto con
Anticorrupción y las acusaciones populares con una entrevista en vídeo
con eldiario.es, en la que quedara constancia del peso de sus
afirmaciones. Durante los meses de abril y mayo, Ignacio Escolar,
director de eldiario.es, mantuvo varias reuniones con Francisco Correa
para preparar esa entrevista. Los encuentros se celebraron en Madrid y
en la casa de Correa en la urbanización Sotogrande, en Cádiz. Pero tras
varios cambios de fecha, también en este extremo Correa se echó atrás.
Mientras las negociaciones de Correa no fructificaban, el abogado de
García Pozuelo, Javier Iglesias, sí pudo culminar su pacto con la
Fiscalía Anticorrupción.
Javier Iglesias fue señalado por el diario El Mundo
como la persona que acudió a la cárcel a entrevistarse con Luis
Bárcenas en julio de 2013 para ofrecerle un pacto: "Si hablas, tu mujer
irá a la cárcel. Si callas, Alberto Ruiz-Gallardón será destituido en el
último Consejo de Ministros antes de vacaciones y tu tema se archivará
en septiembre por nulidad”. Iglesias en aquel momento era letrado de
Álvaro Lapuerta, el otro tesorero del PP que se ha resistido a confirmar
la tesis de la financiación irregular en el seno del partido, a pesar
de todos los indicios de veracidad que aportó la instrucción del juez
Pablo Ruz.
Entre los hechos admitidos por el constructor García Pozuelo
está el pago por un total de 56.491 euros a Correa por la adjudicación
de dos obras en Pozuelo de Alarcón (Madrid): la Operación Asfalto y el
expediente del Camino de las Huertas. En este último caso, la mordida
equivalía exactamente al 3% del presupuesto. Las adjudicaciones se
hicieron cuando el alcalde de Pozuelo era Jesús Sepúlveda, exmarido de
Ana Mato. El dueño de Constructora Hispánica, según su confesión,
entregó 1,52 millones de euros a Correa, al extesorero del PP Luis
Bárcenas y al exdiputado Jesús Merino a cambio de dos adjudicaciones en
2002 y 2003 en Castilla y León, pero estos sobornos no fueron
incorporados a la acusación de la Fiscalía porque el delito está
prescrito.
El constructor Alfonso García Pozuelo
aparece en los papeles de Bárcenas como donante del PP en nueve
entregas, que suman un total de 258.161,94 euros. Un informe de la UDEF
incorporado a la investigación cifra en 1.126,44 millones de euros el
montante de los contratos públicos de la Constructora Hispánica. De
ello, 525,6 millones fueron adjudicados por Administraciones dirigidas
por el PP. Sin embargo, García Pozuelo, como el resto de donantes, no
están imputados en la pieza separada que investiga la financiación
irregular del PP porque no fue posible demostrar que las donaciones fueron finalistas, esto es, que cada una de ellas respondiese a una adjudicación.
La negociación que habían iniciado Correa y García Pozuelo ante la
Fiscalía Anticorrupción terminó de forma muy desigual para ambos. Al
constructor y donante del PP le fue muy bien. Al presunto líder de la
Gürtel, no. Además, la confesión de García Pozuelo se ha convertido en
otra pesada losa contra el propio Correa, que queda directamente
señalado en la declaración del constructor supuestamente arrepentido.
La petición de condena para Francisco Correa sigue siendo la misma que
aparece en el escrito de acusación de la pieza denominada ‘Primera
Época’: 109 años de cárcel y 10 meses de prisión. Correa no logró ningún acuerdo, mientras que García Pozuelo puede que consiga eludir la cárcel gracias a ella.
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