José Antonio Pérez Tapias
- Miembro del Comité Federal del PSOE
A finales del siglo XVIII, al hilo de la Revolución Francesa, se hicieron notar quienes, sabiendo que el Ancien Régime
había llegado al punto de ser insostenible y que se había agotado el
tiempo para los cambios en su propio marco, se resistían, no obstante, a
sumarse de lleno al proceso revolucionario. Robespierre lanzó sus
dardos dialécticos contra ellos, echándoles en cara que querían
"revolución sin revolución". Salvando las distancias de todo tipo que
nos separan de aquellos acontecimientos, nos encontramos actualmente en
España con una situación algo parecida. Estamos ante una grave crisis
institucional del Estado y el agotamiento del desarrollo autonómico del
mismo, todo lo cual reclama reformas tan en profundidad que de suyo hay
que hablar de la necesidad de un proceso constituyente. Sin embargo, de
manera análoga a la crítica que hacía Robespierre a los espíritus
timoratos que, viendo la necesidad de cambios revolucionarios, no los
apoyaban en serio, ahora cabe hacer una crítica consistente a quienes
entre nosotros quieren, en lo que se refiere a la Constitución, reforma
sin reforma.
Vaya por delante que previamente la
crítica ha de ser especialmente contundente respecto a los que no
quieren reforma alguna, ni siquiera del Senado para que sea verdadera
cámara territorial. El Partido Popular, encarnación mayoritaria de la
derecha españolista, se niega a ello. Con miopía política gravemente
culpable se niega a ver la imperiosa necesidad de acometer cambios en
nuestra carta magna, si queremos que siga siendo válida, es decir,
suficientemente legitimada para su función como norma fundamental del
Estado. Incluso ante unas circunstancias tan tensas como las que se
están dando en vísperas de las próximas elecciones para el parlamento de
Cataluña, cuando se ve venir que la candidatura Junts pel Sí,
conformada por Convergència y ERC y que promueve su independencia, puede
tener amplio respaldo –mayoritario, aunque no sea con mayoría
absoluta–, al gobierno del PP no se le ocurre otra cosa que la argucia
de una proposición de ley, a tramitar por procedimiento de urgencia en
el Congreso, sobre sanciones por incumplimiento de sentencias del
Tribunal Constitucional, diseñada ad hoc para lo
que pueda ocurrir tras dichas elecciones. Tal proposición constituye en
sí misma, más allá de su formalismo, todo un proceder contra la
Constitución que se dice defender. Es por ello que una autoridad tan
reconocida como la de Francisco Rubio Llorente, que fue presidente de
dicho tribunal, haya declarado que es día de luto el de la presentación
–marcadamente electoralista– de una reforma como la que propone el PP,
la cual "aplastará la Constitución".
Pero si analizamos las propuestas de reforma que por
otros latitudes del espectro político nos encontramos, podremos apreciar
que no se presentan con la suficiente solidez y la necesaria
credibilidad. Si nos detenemos en el discurso de la candidatura de
Catalunya Sí que es pot, la presencia de Podemos en ella junto a ICV y
Equo lleva a que insista en el derecho a decidir y en el reconocimiento
de la plurinacionalidad del Estado, pero sin que se perfile con nitidez
una propuesta federalista. En el caso de los socialistas, se habla de
federalismo abiertamente, pero sin que se concrete suficientemente de
qué federalismo se trata, eludiendo insistir en que debiera ser un
federalismo plurinacional, a la vez que renunciando a defender el
derecho a decidir en una consulta legal –lo cual es giro notabilísimo
respecto a lo que el PSC propugnó en las anteriores elecciones y a lo
largo de la legislatura, sin explicaciones claras sobre su porqué,
habida cuenta de que no se trataba de una propuesta frívola–.
Estando así las cosas, todo da la impresión de que los diferentes
actores políticos velan sus armas democráticas más mirando de reojo las
de sus rivales que poniendo verdaderamente a punto las propias. Eso vale
incluso para la propuesta de secesión como elemento fundamental de
Junts pel sí, con su explícita posición plebiscitaria, pues su misma
propuesta estaría más reforzada si no hubiera dejado tantos cabos
sueltos por el lado de la legalidad de los pasos que hipotéticamente se
prevén para la independencia de Cataluña. No obstante, guste o no guste,
la ventaja de esa candidatura es que ofrece un proyecto que concita la
adhesión de amplios sectores de la ciudadanía, y no dejará de hacerlo
por el hecho de que se diga que moviliza factores más emocionales que
racionales o señalando meramente los obstáculos que dicha propuesta
tendrá que afrontar si fuera el caso que ganara, como si con esa
variante de refinada política del miedo se frenara un impulso político
de raíces identitarias. Tal es el error de la tan comentada carta de
Felipe González A los catalanes, aparte de odiosas comparaciones del nacionalismo catalán con el nazismo o con el fascismo del siglo pasado.
En el campo socialista se refiere, la Declaración de Granada,
que continúa en la órbita de reforma del Estado autonómico en una
dirección federalizante, no llega a ofrecer la suficiente coherencia a
las respectivas posiciones de PSOE y PSC entre sí. Por eso asoman a cada
paso diferencias llamativas, cuando no contradicciones. En definitiva
todo estriba en no asumir con todas sus consecuencias lo que reclama la
diversidad nacional que se da en el Estado español, para desde ahí
diseñar una propuesta coherente de federalismo pluralista –al modo como
lo proponía, por ejemplo, Miquel Caminal–. Hay voces muy cualificadas
que apuntan en esa dirección incluso desde el seno de la "comisión de
expertos" nombrada por la dirección del PSOE para elaborar propuestas
programáticas, pero desde ellas no se deja de expresar –como ha hecho el
profesor Xavier Arbós– la duda respecto a que una propuesta federalista
así pueda abrirse camino. Si eso no lo impiden los argumentos que
apoyan el federalismo pluralista, que no tienen nada de débiles, sino
las tensiones no resueltas dentro del socialismo español, es que en éste
no se ha cobrado plena conciencia del reto que afronta el Estado.
La crisis de legitimidad que se cierne sobre el Estado, que puede verse
acentuada tras las ya citadas elecciones catalanas, es de tal calibre
que bien debería tenerse en cuenta el dicho castellano de "a grandes
males, grandes remedios". Remedio a la altura de las circunstancias es
ese federalismo del que hablamos, respecto al cual sería óptimo que se
asumiera sin temores, aunque conscientes de la complejidad que implica,
para de verdad querer "reforma con reforma en serio". El momento
actual, como señalaba ya hace tiempo
(noviembre de 2014) el constitucionalista Pérez Royo, es constituyente
por las mismas cuestiones que la democracia española ha de resolver, lo
cual él mismo lo explicitaba más en cuanto a su contenido subrayando que
en los momentos constituyentes no basta una mera reforma
constitucional, sino que se impone acometer un proceso constituyente.
Sin miedo y sin necesariamente pensar que eso supone partir de cero. No;
supone una apuesta constituyente como propuesta a la sociedad española,
atendiendo, entre otras, a las demandas de Cataluña en cuanto a su
reconocimiento como nación, para lograr un renovado pacto
constitucional. Si PSOE y PSC apostaran claramente por ello nadie diría
que no hay convincente proyecto alternativo.
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