Catedrático de Ciencias Políticas. Universidad Pompeu Fabra, y ex Catedrático de Economía. Universidad de Barcelona
Catalunya tiene un gran retraso social, con uno de los gastos
públicos sociales por habitante más bajos de la Unión Europea de los
Quince (UE-15), que es el grupo de países de la UE con un nivel de
desarrollo económico pareciendo al de este país. En realidad, ya antes
de la crisis el PIB per cápita (que es el indicador más utilizado para
analizar el desarrollo económico de un país) en Catalunya era incluso
más grande (un 110%) que el de la media de la UE-15, mientras que su
gasto público social (el gasto público en sanidad, educación, servicios
sociales, vivienda pública, escuelas de infancia, servicios
domiciliarios y otros servicios del Estado del Bienestar) per cápita era
muy menor (73%) que la media de la UE-15. Es decir, Catalunya se
gastaba mucho menos que lo que tendría que gastarse por el nivel de
riqueza que tiene. En realidad, Catalunya tendría que gastarse 19.600
millones de euros más de lo que se gastaba entonces en los servicios
públicos del Estado del Bienestar.
Las razones para explicar este retraso son múltiples. Una de gran
importancia es el subdesarrollo histórico que impuso la dictadura
franquista a todos los pueblos y naciones de España. Esta dictadura lo
era de una minoría frente a la gran mayoría de las clases populares. En
Europa, el desarrollo del Estado de Bienestar está muy relacionado con
el poder de estas clases. A mayor poder de estas últimas (cómo es el
caso de los países escandinavos), mayor es el desarrollo del Estado del
Bienestar. El sur de Europa se ha caracterizado históricamente por la
debilidad política de tales clases. De aquí su subdesarrollo social,
puesto que son estas clases las mayores usuarias del Estado del
Bienestar. El gasto público social de España, incluyendo Catalunya, el
año en el que el dictador murió era de solamente el 14% del PIB, mucho
más bajo que la media de los países que más tarde constituyeron la UE-15
(un 22%). La democracia permitió corregir parte de este enorme déficit
de gasto público, y se consiguió reducir por la mitad el déficit de
gasto público social que se había heredado de la dictadura en 1978. Y
esto debido, muy en particular, a las políticas llevadas a cabo por el
mayor partido socialdemócrata en el país (el PSOE).
Ahora bien, esta corrección fue revertida como consecuencia de la
manera como este partido, en alianza con CiU (una coalición de un
partido liberal, Convergència Democràtica de Catalunya –CDC–, y otro
cristianodemócrata, Unió Democràtica de Catalunya –UDC–), llevó a cabo
la integración de España en la Eurozona. Todos los partidos con
representación parlamentaria en las Cortes Españolas (incluyendo los
catalanes), excepto el Partido Comunista, estaban a favor del
establecimiento del euro en España. Y para ello se tenía que reducir,
según los criterios del Tratado de Maastricht, el déficit del Estado
central, bajando de un 6% del PIB a un 3%. Y esta reducción se hizo, por
el gobierno del PSOE primero, y por el gobierno del PP más tarde (y
siempre con el apoyo de CiU), a expensas de reducir el gasto público, y
muy especialmente el gasto público social, empobreciendo el Estado de
Bienestar, incluyendo el catalán. Un dato que no se ha reconocido
suficientemente es que el euro se construyó a expensas del bienestar de
las clases populares, las clases que utilizan mayoritariamente los
servicios públicos del Estado del Bienestar.
Como resultado de estas reducciones del gasto público social, el
déficit de gasto público social con la UE-15 (es decir, la diferencia de
gasto público social por habitante entre la media de la UE-15 y España,
incluyendo Catalunya) subió considerablemente, un descenso muy marcado
tanto a lo largo del Estado español (gobernado por el partido
conservador, el PP) como en Catalunya (gobernada por la coalición CiU).
Por regla general, en la UE-15 las opciones conservadoras y liberales
(lo que en lenguaje popular se define como las derechas) tienen menor
sensibilidad social que las opciones socialdemócratas, socialistas y
comunistas (definidas en el mismo lenguaje popular como las izquierdas).
Y esto se vio también en el hecho de que este déficit de gasto público
social de Catalunya con la UE-15 bajó durante el gobierno de la
coalición de partidos de izquierdas conocida como el Tripartito. Solo
entre 2003 y 2007, este déficit se redujo en 599 upc (moneda
estandarizada por su nivel de compra), pasando de 2588 upc a 1989 upc,
que es una reducción muy notable.
Como consecuencia del gran dominio que las derechas han tenido sobre
el Estado español y sobre la Generalitat de Catalunya (en Catalunya, la
coalición CiU ha gobernado el 80% de todo el periodo democrático
1980-2015), todas las reducciones del déficit público del Estado se han
conseguido primordialmente a base de recortes del gasto público,
incluyendo el social. En Catalunya, estos recortes han sido
particularmente acentuados en el periodo 2010-2015, bajo el gobierno de
CiU, al cual ERC ha apoyado en su último mandato, quien ha antepuesto la
estrategia de conseguir la independencia por encima de cualquier otra
consideración, apoyando al giro del partido liberal CDC hacia el
independentismo.
En realidad, durante este periodo (2010-2015) el gasto público en
educación se ha reducido un 17%, pasando de 6.310 millones de euros a
5.234 millones. En sanidad ha habido una reducción de un 14,5%,
pasándose de 9.903 millones de euros a 8.464 millones. En vivienda
social, la reducción ha sido de un 60%, pasándose de 723 millones a 289
millones; en protección social un 13%, pasándose de 2.110 millones a
1.823 millones; en promoción social un 39%, pasándose de 100 millones a
61 millones; y en fomento de ocupación un 25%, pasándose de 732 millones
a 551 millones. En total, el gasto público social se ha reducido un
17%, pasándose, en cifras redondas, de 19.881 millones a 16.424
millones.
Estos recortes han sido de los más acentuados en la UE-15. Ni que
decir tiene que el déficit público se podría haber reducido a través de
un aumento de los impuestos (y muy especialmente a las rentas superiores
y a las rentas del capital) y de una corrección del fraude fiscal
(particularmente acentuado entre las grandes fortunas y las grandes
empresas que facturan más de 150 millones de euros al año), uno de los
más elevados de la UE-15. Hay que acentuar que gran parte de las leyes
tributarias de España, y que naturalmente afectan a Catalunya, han sido
aprobadas por partidos catalanes, siendo la hasta hace poco coalición
gobernante en Catalunya (CiU) una de las más activas en apoyar la rebaja
de impuestos (que ha realizado también en Catalunya). De particular
intensidad ha sido la posición legislativa en este sentido del partido
CDC, coherente con su ideología liberal. Es por eso que este partido ha
apoyado reformas laborales que han sido la causa de un gran aumento de
la precariedad laboral y de la disminución salarial. Y también en
coherencia con su ideología liberal, ha favorecido la privatización de
los servicios públicos del Estado del Bienestar, y muy especialmente de
la sanidad pública.Esta privatización la ha liderado el consejero Boi Ruiz, que ya al
inicio de su mandato aconsejó a la población catalana que contratara
pólizas de aseguramiento sanitario privado, para cubrir los grandes
déficits de gasto público sanitario que los recortes impuestos (y digo
impuestos porque no estaban en su oferta electoral) por la Consejería de
Salud han acentuado. Ha sido el consejero que más ha privatizado la
sanidad durante la época democrática, externalizando servicios de
empresas públicas a privadas, siendo el último, de otros muchos casos,
la externalización de los servicios de alergología en el Hospital
Universitario Dr. Josep Trueta a una empresa privada.
Estas políticas de austeridad se presentan como las únicas posibles,
llevadas a cabo por mandato de Madrid (la sede del gobierno español),
Frankfurt (la sede del Banco Central Europeo), Bruselas (la sede de la
Comisión Europea) y/o Washington (la sede del Fondo Monetario
Internacional), externalización de las responsabilidades que intenta
diluir su implicación en el desarrollo e imposición de estas políticas.
En realidad, CiU apoyó todas las rebajas de los impuestos de patrimonio,
de sociedades y de las rentas superiores que han tenido lugar como
consecuencia de intervenciones legislativas aprobadas por esta
coalición, tanto en las Cortes Españolas como en el Parlament. Intentar
diluir esta responsabilidad refiriéndose a mandatos externos es ignorar
la ideología que determina sus políticas públicas, que están
caracterizadas precisamente por su reducción del gasto público (excepto
en las ayudas y subsidios al capital financiero y empresarial), con
especial énfasis en el social, y es también ignorar su conocido
compromiso con el sector privado y con la reducción impositiva a las
rentas superiores y a las rentas del capital. En realidad, la ideología
liberal dominante a la Troika (el FMI, el BCE y la Comisión Europea)
coincide con la suya, utilizando el argumento de que no hay
alternativas, para llevar a cabo lo que siempre han deseado: la
reducción e incluso el desmantelamiento del Estado del Bienestar.
Ni que decir tiene que si el debate electoral en las próximas
elecciones del 27 de septiembre se centrara en el tema social, el
partido gobernante en Catalunya, CDC, perdería apoyos sustancialmente, y
sería más que probable que no fuera reelegido. Así ha sido en la
mayoría de países de la UE-15, donde los partidos que han llevado a cabo
estas políticas han sido desalojados del poder por la mayoría de la
población.
El partido gobernante, CDC, es plenamente consciente de esto. Por
este motivo ha ocultado (y no hay otra manera de definirlo) su imagen
pro austeridad bajo el discurso independentista, presentándose como el
defensor de Catalunya frente al Estado español, al que responsabiliza
(errónea y manipuladoramente) del enorme retraso social de Catalunya,
refiriéndose a su famoso “expolio” por parte del Estado español,
ignorándose varios hechos. Uno de ellos es el comportamiento legislativo
de CDC en las Cortes Españolas, que en temas fiscales y económicos ha
sido el mayor aliado del PP (como bien se dice a nivel de calle en
Catalunya, “no hay nada más parecido a la derecha española que la
derecha catalana”). Otro es que el “expolio” (en realidad, el déficit
fiscal) de Catalunya respecto a España, es decir, la diferencia entre lo
que Catalunya aporta a las arcas del Estado y lo que recibe del Estado
será para el año 2015, según los propios datos de la consejería liderada
por el Sr. Mas-Colell de la Generalitat de Catalunya, de un 1,6% del
PIB, es decir, 3.228 millones de euros; el gasto público social que
Catalunya tendría que gastarse de más por su nivel de riqueza es 19.600
millones, casi siete veces superior. El déficit social en Catalunya es
mucho más grande que el déficit fiscal. Dicho de otro modo, el “expolio”
social (que tiene lugar dentro de Catalunya) es mucho más grande que el
supuesto “expolio” nacional. Y de esto, casi no se habla en Catalunya
(ver el artículo “Expolio nacional o expolio social en Cataluña [y en
España]”, Público, 04.09.15).
El control casi absoluto que el partido gobernante, en alianza con
ERC, tiene sobre los medianos públicos de la Generalitat (TV3 y
Catalunya Ràdio) explica que, en lugar del tema social, sea el tema
nacional el que domina en el debate público, específicamente el tema
independentista, presentando la independencia como solución al retraso
social, ocultando el gobierno de CDC en la lista de Junts pel Sí,
en la que las personas clave de este gobierno figurarán, y en lugar
prominente el Presidente Mas. Esta lista está liderada por dos figuras
que proceden de las izquierdas, con el fin de dar una imagen de
pluralidad, lista que se quiere centrar en el tema independencia para
evitar la discusión y el debate social, haciéndole estas figuras
supuestamente de izquierdas un gran favor a los mayores responsables del
retraso social de Catalunya, lo que es fruto del hecho que las derechas
catalanas hayan gobernado Catalunya durante el 80% del periodo
democrático.
El que venza en las elecciones será el que pueda centrar el tema
electoral. Si es el tema nacional (independencia sí o no), vencerá el
gobierno liberal, que, como la dirección de Junts pel Sí ha
indicado, continuará gobernando Catalunya. Si, en cambio, es el tema
social, vencerán las izquierdas, puesto que el dominio conservador y
liberal a la Generalitat durante tantos años es la causa del atraso
social de Catalunya. Ni que decir tiene que el gobierno y su lista de Junts pel Sí
controlan abusivamente los medios públicos de la Generalitat, los
cuales enfatizan el llamado expolio nacional. El reto de las izquierdas
es movilizar a la clase trabajadora y otros sectores de las clases
populares (que históricamente se han abstenido en las elecciones
autonómicas) mediante la denuncia de la explotación social que ha estado
sucediendo en Catalunya de la mano de la derecha catalana, ayudada por
la derecha española durante tantos años.
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