La medida forma parte del Plan de Rescate Ciudadano
establecido como prioridad al inicio del mandato y establece un mínimo
de suministro por cada miembro de las familias que no pueden afrontar el
pago del recibo
La empresa municipal de aguas ha quintuplicado su partida de emergencia social: de 80.000 a 400.000 euros
La empresa municipal de aguas ha quintuplicado su partida de emergencia social: de 80.000 a 400.000 euros
Ciudad libre de cortes de agua a familias sin
recursos que no pueden pagar la factura. Ese es el objetivo que se ha
marcado el Gobierno municipal de Córdoba (PSOE e Izquierda Unida) y que
el Ayuntamiento quiere cumplir con las medidas adoptadas recientemente
por parte de su empresa municipal de aguas (Emacsa).
Así, el Consistorio ha establecido el suministro de tres metros cúbicos
de agua para cada miembro de aquellas familias que no puedan afrontar el
pago del recibo de Emacsa, de manera que no se produzca nunca un corte
del suministro y se le garantice un mínimo vital de agua acorde con las
necesidades de una persona.
Para ello, el Gobierno municipal ha multiplicado por
cinco la partida económica destinada a las emergencias sociales en la
empresa local de aguas. Solo el año pasado, fueron 320 las familias que
se beneficiaron de las ayudas de Emacsa para pagar sus recibos del agua.
Y así, este presupuesto pasa de la anterior cifra de 80.000 euros –
cuantía que se quedó pequeña para afrontar todas las situaciones de
familias sin recursos que llegaban hasta Emacsa- hasta llegar a 400.000
euros ahora.
Parte de esa nueva partida económica se
sacará del ahorro en sueldos y personal de confianza que el Gobierno
municipal realizó al comienzo del mandato con respecto al anterior
ejecutivo local, un ahorro de más de medio millón de euros en nóminas que ahora están disponibles para emergencias sociales, como se ha explicado desde el propio Ayuntamiento.
El suministro de agua también se contempla en otros casos excepcionales
como el de un edificio "reocupado" sin licencia de fin de obra, donde
se plantea la instalación de un contador provisional, siempre que la
situación de emergencia quede acreditada ante los Servicios Sociales del
Ayuntamiento.
Luz y vivienda, otras medidas del Plan de Rescate Ciudadano
La garantía del suministro de agua por parte del Consistorio cordobés
forma parte del Plan de Rescate Ciudadano, un paquete de medidas que el
equipo de Gobierno se comprometió a poner en marcha con prioridad en
este nuevo mandato para garantizar los suministros vitales a las
familias cordobesas sin recursos para afrontar sus pagos.
El objetivo primordial de este plan es cubrir las necesidades básicas
del conjunto de la ciudadanía tanto en materia de suministros como de
alimentación y vivienda. Para este último apartado, el Ayuntamiento
pondrá en marcha en este mes de septiembre la Oficina Municipal de la
Vivienda, un servicio público y gratuito de intermediación y prevención
para evitar desahucios en la ciudad, que además prevé la creación de una
bolsa de viviendas y trabajará en coordinación con la plataforma Stop
Desahucios y otras administraciones públicas.
En el
caso del suministro de energía eléctrica, el Ayuntamiento se ha
propuesto negociar un convenio con Endesa para trabajar de manera
coordinada con esta empresa y poder afrontar el pago de la luz de las
familias sin llegar al corte del suministro.
El Plan
de Rescate Ciudadano forma parte del acuerdo de legislatura que
suscribieron los dos partidos que conforman el gobierno municipal en la
capital cordobesa (PSOE e IU) y que también fue rubricado en ese acuerdo
por Ganemos Córdoba para apoyar la investidura de la alcaldesa
socialista, Isabel Ambrosio. De hecho, Ganemos Córdoba ha trabajado en
estas semanas en el diseño de las medidas de este plan de rescate que
cuenta con su apoyo, muy especialmente en la puesta en marcha de la
Oficina Municipal de la Vivienda.
Por su parte, el
PP -el grupo mayoritario de la oposición- ha dado a conocer sus propias
medidas sociales para asegurar el consumo de agua, que pasan por una
tarifa y un canon "social" de la empresa municipal de agua y que
deberían tener su reflejo en las ordenanzas fiscales del próximo año. La
tarifa social que propone el PP reduciría un 25% la factura del agua
para familias sin recursos, mientras que el canon social supondría
establecer un precio menor para los colectivos desfavorecidos.
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Esto es lo que pasa cuando se borran prejuicios e ideas fijas: que la unidad de lo mejor y más inteligente de cada grupo construye un mundo distinto y mucho más humano. En Córdoba Psoe e IU se han confabulado para conseguir el bien común mediante la generosidad de los concejales, que han decidido cobrar menos y dar más, con el fin de que la ciudadanía que les mantiene con sus impuestos, no carezca de lo más necesario y básico. ¿Puede la conciencia limpia y sana, consentir en cobrar un sueldo de escándalo -comparado con los sueldos "normales" - sacado de los impuestos de quienes no se pueden pagar ni el recibo del agua? No, no puede. Comprenderlo y ponerlo en práctica es la clave de la eficacia democrática y de la justicia social. A ver si cunde. Está clarísimo que no son las ideologías, sino el grado de conciencia ética de los individuos lo que favorece o dificulta la sectorialidad del bien común.
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