Un muy mal indicador
España ha sido el último
país de la Europa Occidental tras la división del continente después de
la Segunda Guerra Mundial que se constituyó democráticamente. El último
de los tres que quedaron descolgados de la ola del constitucionalismo
democrático que se abre en la segunda mitad de la década de los
cuarenta: Grecia, Portugal y España. Ese fue el orden de incorporación a
la democracia.
España ha sido el primer país
democrático europeo que ha tenido que repetir elecciones ante la
imposibilidad de que hubiera acuerdo parlamentario para investir a un
candidato como presidente del Gobierno. Ocurrió en la legislatura que se
abrió con las elecciones generales del 20 de diciembre de 2015.
Hemos tenido el dudoso honor de haber sido
simultáneamente los últimos y los primeros. ¿Hemos sido los primeros
porque fuimos los últimos y porque, además, nos incorporamos a la
democracia de la forma en que lo hicimos? ¿Fue la incapacidad de la
sociedad española de hacer un ajuste de cuentas con el franquismo, a
diferencia de los que hizo la sociedad griega con el "régimen de los
coroneles" o la sociedad portuguesa con el "salazarismo", lo que está en
el origen de haber sido los primeros en repetir elecciones? ¿No será la
herencia del régimen del general Franco en el sistema político
articulado por la Constitución de 1978 la que nos acabó conduciendo al
desastre de 2016 y la que amenaza con llevarnos de nuevo a otro desastre
similar en 2019?
Los cuarenta años del régimen del
general Franco siguen gravitando sobre la democracia española, que pudo
abrirse camino con la hipoteca de una forma monárquica restaurada sobre
la que no pudo pronunciarse el poder constituyente del pueblo español y
con unas Cortes Generales definidas en su composición y forma de
elección por la Ley Para la Reforma Política aprobada por las Cortes del
general Franco y por un real decreto ley de marzo de 1977 aprobado
unilateralmente por el Gobierno presidido por Adolfo Suárez por
designación del rey sin legitimación democrática de ningún tipo. Las dos
piezas claves del sistema político de la Constitución de 1978 son
herencia del Régimen de Franco y no resultado del ejercicio del poder
constituyente del pueblo español.
En esa herencia, en
la monarquía y en las Cortes Generales, con su composición y sistema de
elección definidos preconstitucionalmente, está el origen del
bipartidismo dinástico que ha gestionado el sistema político definido en
la Constitución de 1978. Es un sistema político monárquico que nace
para ser gestionado por una alternancia en el poder de dos partidos para
los que la conservación de la forma monárquica ha sido la prioridad no
susceptible siquiera de ser sometida a discusión. El bipartidismo era un
elemento esencial de la restauración de la monarquía. Tan esencial que
no sabe operar de otra manera.
Había tanto atraso
acumulado de los cuarenta años anteriores, que incluso un sistema con
una forma de gestión tan viciada de origen ha podido operar durante
varias décadas. La sociedad española ha podido hacer una síntesis
política de sí misma a través de ese sistema bipartidista hasta que la
combinación de la crisis económica de 2008 y la crisis de la
constitución territorial a partir de 2010 lo ha desquiciado.
Desde
2015 la Constitución española no ha dejado de ser por completo una
constitución normativa, pero sí se ha ido deslizando en la dirección de
una constitución nominal, es decir, una Constitución en la que la
distancia entre lo que la Constitución dice y lo que en la realidad
ocurre, es notable. El funcionamiento de las instituciones, y en
particular de las Cortes Generales, se aleja bastante de lo que la
Constitución prevé. La disolución anticipada por la no investidura del
presidente del Gobierno en 2016 es la prueba más llamativa, aunque no
sea la única. La sustitución de la ley por el decreto ley, la no
aprobación de los presupuestos generales del Estado, la no renovación
del Consejo General del Poder Judicial. Son muchas las anomalías que se
van acumulando.
Y no vamos a mejor. El hecho de que
se esté contemplando la posibilidad de volver a tener que repetir las
elecciones habla por sí solo.
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