Cuando son periodistas los que quieren matar al mensajero
Lo de “matar al mensajero” no es nuevo, pues tiene más de dos mil años, pero casi siempre habían sido los poderosos quienes trataban de negar la realidad eliminando al portador de las malas nuevas. No es hasta la época moderna cuando aparecen mensajeros (como deberían ser todos los periodistas) que se prestan a participar en la persecución del cartero de noticias indeseables, como hicieron grandes medios de comunicación con Gary Webb o Julian Assange, y sorprende la fruición con la que muchos tertulianos e informadores se han lanzado al ataque contra Público y contra el que esto escribe como reacción furibunda contra la exclusiva que hemos publicado en cuatro capítulos bajo el cintillo “La verdad sobre el imán de Ripoll”.
Como el apagón informativo de numerosos medios –sobre todo los autodenominados “constitucionalistas”– ha sido tan clamoroso que al final se ha convertido en un escándalo en sí mismo, es necesario que primero abordemos ese fallido intento de condenar tan grave asunto a la inexistencia por el método de no hacerse eco de ello. Comportamiento llevado en ocasiones hasta el ridículo, puesto que aunque no se diera crédito a la primicia en sí misma, la tempestad política levantada por su publicación ya constituye un hecho noticioso que obliga a poner en antecedentes a lectores, oyentes y espectadores sobre lo publicado.
De hecho, los que empezaron por hacer el vacío a Público acabaron teniendo que dar explicaciones ante las cámaras o las redes sociales por su silencio, echando mano de argumentos tan peregrinos como que los informes reservados del CNI cuyos fragmentos hemos ido difundiendo carecen de membretes, timbres y firmas, como si los servicios de inteligencia fueran a dejar rastros oficiales, por escrito y con su sello, de actividades que, por definición, son secretas.
Y muchos de los tertulianos que dedicaron horas y horas a debatir sobre la infame “The Nota” en spanglish que supuestamente envió la CIA a los Mossos –advirtiendo del atentado en Las Ramblas meses antes de que lo improvisara en media hora un Abouyaaqoub desesperado porque les había volado su polvorín de explosivos–, aseveran que ahora no hay ni que mencionar la exclusiva de Público porque los documentos y testimonios aportados no son suficientes. Claro que tampoco informaron cuando la Inteligencia de EEUU desmintió formalmente haber enviado ninguna información a los Mossos.
Otros aducen que no informan sobre la relación entre el CNI y el imán de Ripoll porque no pueden verificar la autenticidad de la exclusiva, todavía no desmentida por ninguna autoridad ni contradicción intrínseca cuando ya se cumple una semana de su aparición. Claro, será por eso que ningún medio mencionó las informaciones del Washington Post sobre el Watergate, ya que era imposible de contrastar una fuente –el célebre “Deep Throat”– a la que nadie más que Bob Woodward y Carl Bernstein pudo tener acceso hasta muchas décadas después.
Aquí es preciso subrayar que no sólo es un derecho sino también un deber del periodista proteger a sus fuentes, de forma que hemos tenido que omitir muchos datos, documentos e identidades concretas que conocemos –y son los que han acabado de convencernos de la veracidad de todo lo desvelado por nuestros alertadores– pero cuya difusión desenmascararía a quienes están arriesgando mucho para que el público conozca la verdad. Eso se ha repetido varias veces en las informaciones y las entrevistas sobre el caso, pero nunca ha sido tomado en cuenta cuando se acusa al autor de no ofrecer pruebas mucho más detalladas y comprometidas.
Eso mismo le ocurrió a Assange –por cierto, con quien este reportero mantuvo un Memorandum of Understanding (MOU) firmado personalmente, y renovado anualmente, que permitió a Público participar como socio-colaborador de numerosas exclusivas mundiales de Wikileaks entre 2012 y 2017–, y los grandes medios de comunicación en los que en un principio confió acabaron investigándolo a él y a sus informantes, dejando de lado las revelaciones sobre crímenes de guerra y otras atrocidades cometidas por EEUU para centrar su periodismo en perseguir precisamente a las propias fuentes que deberían proteger. Por eso Assange insistió en repetir una y otra vez que Wikileaks es “una organización de protección de fuentes” whistleblowers (alertadores de abusos del poder).
En cualquier caso, la cantidad de datos, detalles y pruebas documentales que hemos aportado en esta serie de exclusivas –aparte de las afirmaciones más que verosímiles, contrastadas con varias fuentes, de los whistleblowers que nosotros debemos proteger–, han obligado a algunos directores de medios a dar explicaciones de su silencio, sobre todo Ignacio Escolar, que ha dedicado mucho espacio a argumentar: “Por qué no difundimos los artículos de público.es sobre el CNI y los terroristas de La Rambla”.
Alega Escolar: Público “ha aportado varios fragmentos parciales de documentos que no podemos contrastar porque, sin conocer la fuente, no tienen nada que nos permita acreditar su autenticidad”. Cierto. Somos nosotros los que hemos dedicado un año de investigación periodística a acreditar su autenticidad, estando además en posesión de los documentos íntegros que incluyen un enorme caudal de datos confidenciales –teléfonos, números de identidad, direcciones, e-mails, IPs de Facebook, matrículas de vehículos y mucho más– que sólo un servicio de inteligencia es capaz de averiguar y recopilar. Y no vamos a difundirlos íntegros, comprometiendo a nuestras fuentes, para satisfacer a los vigilantes de la pureza periodística.
Otra razón esgrimida por Escolar para desestimar la exclusiva es que del estudio “habitual” de los móviles de terroristas y “de los datos de geolocalización que guarda cada operador de telefonía de todos sus clientes, se puede extraer el tráfico de llamadas, la posición exacta de cualquier teléfono durante los meses e incluso años anteriores y el historial de búsquedas. También quedan guardados todos los mensajes de whatsapp y programas similares”.
Eso lo sabemos perfectamente, pero lo que no menciona Escolar es que en la exclusiva se ponen de manifiesto –llamando además especialmente la atención del lector sobre ello– los datos que demuestran que esos recuentos del informe no están hechos mediante un estudio posterior de los móviles. Sobre todo porque el análisis del CNI constata:
“Las conversaciones se realizan con los números asociados a Omar y Youness (34600314111 y 34612526378), pero las conversaciones acaban siendo, en las dos ocasiones, entre Mohamed Hichamy y Younes Abouyaaqoub, que corta las frases para no desvelar detalles de sus actividades concretas”.
- Es imposible saber que Younes “corta las frases” si no hay alguien que está escuchando esas conversaciones.
- El CNI especifica las identidades falsas (Rachid Ezzouzi y Hassan Lahmani) empleadas para adquirir unas tarjetas SIM francesas en un Tabac del centro de París, cosa imposible de saber si no se está vigilando a los terroristas en ese momento.
- En el informe de otro viaje, el CNI desvela que el objetivo de ir a Suiza era “que Mohamed Hichamy comprase en Freiburg un Subaru Impreza de segunda mano, hecho que finalmente no se produjo”. Es imposible saber las intenciones no realizadas de los terroristas sólo con la geolocalización de sus móviles.
- Finalmente, resulta que estos informes los elabora el CNI para ilustrar al equipo de investigación de los atentados sobre lo ocurrido en el extranjero y averiguado por el servicio secreto, pero los móviles de Hichamy y de Abouyaaqoub fueron capturados por los Mossos y entregados al juzgado, de forma que la Inteligencia no los ha examinado ni su tarea es hacerlo, puesto que ya están al alcance de los técnicos de diversos cuerpos policiales.
Pero también subrayamos: “Lo realmente extraño es el empeño que puso el CNI en negar que se le hubiera querido captar, en sostener que sólo se le interrogó y en afirmar que no llegó a trabajar para ellos; porque lo que se quiere esconder es el dato verdaderamente relevante: hasta cuándo fue confidente suyo. De hecho, no reconoció haberlo entrevistado en prisión hasta que se filtró en prensa”. Esa filtración es a la que nos referimos cuando en la página web de Eduardo Inda (okdiario.com) titulan “El imán de Ripoll montó la célula yihadista de la matanza de La Rambla mientras era confidente del CNI”, sin aportar una sola prueba de ello ni tampoco citar fuente alguna –anónima o no– pero especificando que el juez de la Audiencia Nacional entonces encargado del caso, Fernando Andreu, había abierto una pieza secreta sobre ello.
Ahora, Okdiario ha aportado su grano de arena en la campaña para desprestigiar la exclusiva de Público asegurando que este diario lo ha “plagiado”, refiriéndose a esa nota de la web de Inda que no cita fuente alguna ni muestra datos concretos ningunos, pero asevera: “El imán, al tiempo que facilitaba información a los servicios secretos y cobraba fondos reservados por esa labor, montaba la célula terrorista”.
En cambio, en nuestra exclusiva, citamos la existencia de esa versión de que el imán recibió fondos reservados, pero agregamos: “…algo que Público no ha podido verificar”. Porque es casi imposible, como sabemos todos los que hemos investigado los crímenes del GAL, rastrear los pagos con fondos reservados.
Pero, curiosamente, esa admisión de que no hemos podido verificar ese extremo –que Okdiario proclamó como cierto sin aportar prueba ni fuente que lo corroborase– se ha convertido en una de las armas arrojadizas del martillo de herejes del periodismo en que se ha encarnado Antonio Maestre, quien se está desviviendo no sólo por desacreditar la exclusiva sino sobre todo por desprestigiar al autor por todos los medios.
Este maestre de periodistas puso en marcha el ventilador del fango, aseverando (por supuesto sin preguntar al autor de la información sobre sus fuentes): “Le han pasado un corta y pega unos fanáticos procesistas y se la han colado como le colaron lo del espionaje de EEUU”.
Se refería a la información “Una agencia de espionaje de EEUU dice que contactó con el asesino de las Ramblas el 31 de julio” que publicamos a finales de agosto de 2017 sobre lo que afirmaba el jefe de Exeintel, noticia que generó una anterior campaña de difamación contra nosotros encabezada (igual que ahora) por Maestre y @Guerraeterna, quien proclamó a los cuatro vientos: “No existe ese «servicio de inteligencia». Su web registró el dominio el 17 de mayo de 2017. Está en Twitter desde junio de 2017”.
Porque se dedicaban a pinchar en todos los enlaces posibles de ese grupo de espionaje, que iba cambiando de accesos, así que no llegaban a ver su dirección principal.
Sólo hay que seguir el enlace anterior para ver que sigue activo, que se unió a Twitter en noviembre de 2013, tiene 22.479 seguidores y ha publicado 19.056 tuits (en el momento de escribir este artículo). Lo que sí ocurrió fue que, en el afán de esos vigilantes de demostrar que nos habían burlado con un fake, uno de ellos (Vicent Partal, de VilaWeb) levantó la tapadera de un colaborador de esa agencia y en Exeintel se enfadaron bastante, como se puede ver aquí:
La realidad es que el autor entrevistó largamente al portavoz de ese grupo de espionaje y en cualquier momento podría reproducir esa larguísima conversación, en inglés, que demuestra que en ningún momento nos tragamos un «bulo tamaño 747» como aseveró @Guerraeterna con patente satisfacción.
Y, en vista de que esa campaña no ha bastado, Maestre ha tuiteado que no se puede creer la exclusiva “porque @tableroglobal ya es sospechoso habitual de falta de celo en sus informaciones. Esta es de hace sólo unos meses. Condenado por la noticia sobre Jusapol y Ciudadanos”. Y cita la sentencia en primera instancia de un juzgado de Palencia cuyo juez dice creerse el testimonio del exportavoz de Jusapol en Madrid, quien afirmó bajo juramento que cuando hizo un audio (que Público aportó como prueba) en el grupo de WhatsApp de Jusapol anunciando su dimisión porque “los naranjas” les habían impuesto a un secretario nacional que no conocían y habían politizado la asociación NO se refería a Ciudadanos, sino a “unos alborotadores que un día llegaron con camisetas de ese color y desde entonces les llamábamos ‘los naranjas’”.
No sólo esa sentencia está recurrida en apelación ante el Juzgado Nº7 de Palencia –y ganaremos el recurso porque esa mentira en el juicio es un insulto a la inteligencia, como demostramos con un aluvión de nuevas pruebas–, sino que Público se está querellando contra ese policía en activo por cometer falso testimonio.
Pero el mismo Maestre que nos exige pruebas documentales con fecha, timbre y firma de lo que hacen los servicios secretos no se ha enterado de ninguno de esos detalles, que son públicos, y ha comprado como toda evidencia una nota de diariodeburgos.es sin verificar mínimamente el tema ni, por descontado, contrastar con el protagonista de la noticia. ¡Qué gran periodista, fiscal y juez de todos sus colegas!
Como otra gran tertuliana, Anna Grau, quien en el último programa de FAQS de TV3 se dedicó a interrumpir una y otra vez a los entrevistados con el brillante argumento: «Si el imán fue confidente del CNI del 2010 al 2014, ¿qué pasó del 2014 al 2017?» O sea, confundía el periodo de estancia en la cárcel del imán con el de su colaboración con el CNI, y no se había enterado de que sostenemos que lo fichó el servicio secreto en 2014 y lo mantuvo como informante hasta el día del atentado. Había leído la serie en diagonal y se le cruzaban las fechas, pero para ella eso era suficiente investigación como para acusar a los Mossos de ser negligentes, que es lo que había ido a hacer al programa.
Aunque la campaña de destrucción personal, íntima y familiar del mensajero va mucho más allá, puesto que un notable de las cloacas del periodismo como Manuel Cerdán –íntimo de Villarejo durante muchos años– ha publicado que los progenitores del autor de la exclusiva estuvieron trabajando para ETA, refiriéndose a las detenciones de Lidia Falcón y Eliseo Bayo tras el atentado de la calle del Correo en Madrid, en 1975. Sin duda sabe perfectamente que fueron apresados por la Brigada Político Social franquista, torturados por Billy el Niño y encarcelados durante diez meses, antes de dejarlos en libertad SIN CARGO ALGUNO porque su único delito había sido ser amigos del escritor Alfonso Sastre. Habían sido detenidos y condenados anteriormente por hacer propaganda contra la dictadura, pero jamás se les acusó ni imputó judicialmente de nada en absoluto tras aquel postrero acto de represión franquista que a Cerdán le parece un referente suficiente para descalificar la labor periodística de un colega calumniando a sus padres.
Ahora, es otro de los “infiltrados” de Villarejo, Alfonso Rojo, el que publica que @tableroglobal justificó los asesinatos de los GAL cuando trabajaba en Madrid para Cambio-16 y Diario-16 en 1996-97. ¿What?
Desconcertado por ser acusado de ser de ETA y de los GAL al mismo tiempo, este autor no va a reivindicar ahora su trayectoria en 42 años de ejercicio periodístico –que está muy sucintamente resumida en el perfil del margen derecho superior de esta columna–, aunque sí se pregunta dónde estaba Maestre cuando, con Patricia López, desenmascaramos a Villarejo, en 2015; revelamos las grabaciones secretas del ministro Fernández Díaz, en 2016; destapamos Las cloacas de Interior, en 2017; denunciamos la policía paralela al servicio de multimillonarios, también en 2017; y explicamos las relaciones con la Judicatura del comisario corrupto, en 2018. Todo ello se ha demostrado cierto ahora, pero fue boicoteado activamente en su momento por esos cancerberos de la deontología periodística.
Aunque casi lo peor es que constantemente se nos atribuya ahora que acusamos al servicio secreto de haber instigado o financiado la célula terrorista, puesto que sólo hemos denunciado la evidente ineficacia, negligencia o incluso temeridad del CNI. En cuanto a que el atentado se pudo haber evitado, no sólo es una opinión (como este artículo, que no forma parte de la exclusiva) sino que parece innegable.
Y no es la primera vez que @tableroglobal tiene un garganta profunda en una agencia de inteligencia, ya que en 1995-96 (desde Washington) publicó una larguísima serie de exclusivas en Cambio-16 (ediciones española y colombiana) basadas en el testimonio de un agente encubierto de la DEA que denunció las maniobras políticas de la Drug Enforcement Administration en Latinoamerica bajo la cobertura de la CIA. Ninguna de esa exclusivas fue nunca desmentida, ni las autoridades de EEUU lograron probar falsedades o inexactitudes en ellas.
Y la reacción de los periodistas norteamericanos fue bien distinta a la de estos colegas: en la primera visita del presidente mexicano Ernesto Zedillo a Washington, tras su inauguración, la conferencia de prensa conjunta con Bill Clinton comenzó con esta pregunta del corresponsal permanente del New York Times ante la Casa Blanca:
“Presidente Zedillo, ¿qué nos puede decir sobre las revelaciones de Cambio-16 en torno a las relaciones del PRI con las mafias del narcotráfico?”
Pero esa es otra historia… y otra escuela de periodismo.
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