El contrato único de Ciudadanos: arma de precariedad masiva
El Pleno del Congreso de los Diputados ha rechazado la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos de lucha contra la precariedad laboral. Detrás de esta iniciativa legislativa no hay otra cosa que una nueva artimaña de esta formación política para blanquear su propuesta de contrato único.
Como ya es conocido, ya presentaron hace más de dos años una de sus medidas estrella: el contrato único. Esta medida fue duramente criticada por el resto de grupos políticos y sindicales ya que, a pesar de las buenas palabras con las que venía maquillada, suponía claramente un empeoramiento de las condiciones laborales de la mayoría de las personas trabajadoras al reducir de forma generalizada las indemnizaciones por despido. Según las propias palabras del presidente de la formación, Albert Rivera, todos los contratos existentes -incluyendo los indefinidos- pasarían a tener una indemnización inicial equivalente a la de los contratos temporales actuales -12 días por año trabajado- para ir a lo largo del tiempo aumentando esa indemnización hasta equipararse a la indemnización de los contratos indefinidos actuales -20 días por año trabajado excepto en caso de improcedencia del despido-. Es decir, que en la práctica las condiciones de todos los contratos se degradarían hasta el nivel de los contratos temporales actuales, una precarización generalizada que no se podía aceptar de ninguna manera.
Una vez asumida la derrota derivada del rechazo generalizado de esa propuesta en la que habían confiado buena parte de su alternativa económica, Ciudadanos ha vuelto a la carga de nuevo. A finales de febrero registró en el Congreso de los Diputados una ley para el mercado laboral que se ha debatido el 19 de junio en la que se incluye de nuevo el contrato único, pero esta vez con características diferentes. Puesto que el truco de precarizar todos los contratos a través de la reducción generalizada de las indemnizaciones por despido no coló, ahora intentan precarizar todos los contratos a través de otra vía: la relajación de las causas de despido. Una estratagema tan perversa como astuta ya que, al no reducir la indemnización por despido, se blindan frente a críticas del pasado y evitan hablar así de la novedad que han incorporado: una mayor facilidad para despedir a trabajadoras y trabajadores.
Para tomar conciencia de lo que podría suponer, es importante entender la diferencia que existe entre un despido objetivo y uno improcedente. En el primer caso se considera que el empleador tiene suficientes razones para despedir a la persona empleada (porque no va al puesto de trabajo, porque demuestra ineptitud, etc) y por lo tanto la indemnización por despido es reducida, de 20 días por año trabajado. En el segundo caso, el denominado despido improcedente, se considera que el empleador no tiene suficientes razones para despedir al trabajador y por eso la indemnización es más elevada: de 33 días por año trabajado (antes de la reforma del PP era de 45 días). Pues bien, el truco de Ciudadanos no consiste esta vez en reducir la indemnización de cada tipo de despido, sino en hacer que muchos despidos improcedentes pasen a ser considerados objetivos. De esta forma, despidos que actualmente son improcedentes y por los que el empleador paga 33 días por año trabajado, con la reforma de Ciudadanos pasarían a ser considerados objetivos, por lo que el empleador pagaría menos por la indemnización. Una forma hábil y sutil de reducir el coste de indemnización de los empresarios.
Es como si cambiásemos el reglamento de un deporte como el baloncesto de forma que, aunque todos los tipos de canastas siguieran puntuando lo mismo, ahora conseguir encestar triples fuese mucho más difícil porque habría que hacerlo desde la mitad del campo en vez de hacerlo simplemente fuera del área de la canasta. Así las cosas, sin necesidad de modificar los puntos que se asignan a cada tipo de canasta, los equipos acabarían puntuando menos porque habría menos canastas de 3 puntos. De forma análoga, sin necesidad de reducir la indemnización a cada tipo de despido, se logra que el empresario pague menos por despedir.
¿De qué forma quiere Ciudadanos relajar las causas de despido? Por un lado, suavizando las causas económicas, organizativas, técnicas y productivas, para que el empresariado tenga mayor margen para despedir a su personal mediante despido objetivo aludiendo a las causas mencionadas. Por otro lado, recuperando una causa de despido que actualmente no existe, la eliminación o amortización del puesto de trabajo. De esta forma, el empleador podría despedir a alguien alegando que su puesto de trabajo no es necesario debido a algún cambio en el contexto productivo o mercantil, algo que ocurre habitualmente en cualquier empresa. Así se lograría que el despido fuese objetivo y que el empresario pagase una indemnización de 20 días por año trabajado en vez de 33, como ocurre actualmente.
En definitiva, Ciudadanos ha intentado infructuosamente ampliar mucho las causas de despido y lograr así reducir la protección de trabajadores y trabajadoras.
Es una pena que la formación naranja siga empeñada en aprobar el contrato único, una fórmula laboral ideada por la derecha económica que no sólo es absolutamente inútil para solucionar los problemas de precariedad y temporalidad que tiene nuestro país, sino que además empeoraría la situación.
No hace Ciudadanos otra cosa que caer en un error gravísimo cometido por el PSOE en sus reformas laborales de 2010 y 2011 al considerar que la estabilidad y calidad en el empleo actúa como un lastre en vez de como un elemento positivo que contribuye a mejorar la productividad. El fracaso de estas reformas laborales ha sido ampliamente superado por la realizada por el Partido Popular que presume de haber conseguido con su reforma una recuperación del empleo que no responde a la realidad. En 2017 se han trabajado casi 9 millones de horas semanales menos que las trabajadas en 2011, es decir, un 1,3% menos. Esas horas equivalen a 236.942 puestos de trabajo menos que en 2011. Esto ha ido acompañado con una disminución de la remuneración de asalariados y asalariadas al tiempo que se ha incrementado el excedente empresarial. En definitiva, una solución clásica a una crisis económica capitalista que ha consistido en más explotación para recuperar los beneficios empresariales.
Unificar la mayoría de las modalidades contractuales que existen es un error, porque el mercado laboral de cualquier país es muy heterogéneo y diverso y las necesidades contractuales difieren mucho en función de la rama económica en concreto. Aplicar un contrato único para tantas situaciones laborales diferentes es tan absurdo como pretender que una misma talla de pantalón le quede bien a personas con pesos y envergaduras muy diferentes.
No obstante, lo anterior no quiere decir que no tenga que existir un tipo de contrato generalizado que se aplique por defecto a la mayoría de las situaciones, pero es que ya existe y se llama “contrato indefinido”. En el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores se deja muy claro que el contrato indefinido debe ser el habitual y que el contrato temporal sólo debe utilizarse en casos excepcionales. Que en la actualidad el 90% de los nuevos contratos sean temporales no es culpa de la legislación laboral, sino del elevadísimo fraude laboral que existe y que se permite, pues los empresarios hacen uso de los contratos temporales porque son más baratos a pesar de que no deben (algo que por cierto reconoce por escrito Ciudadanos). Por eso la solución no pasa por inventarse un nuevo tipo de contrato, sino por perseguir ese fraude y convertir los contratos temporales fraudulentos en contratos indefinidos, que es lo que exige la ley.
Aunque sea una buena noticia el rechazo de este nuevo intento de Ciudadanos de debilitar los derechos de la gente, no es suficiente y hay que ir más allá porque el contrato único no es la única arma de precariedad masiva para trabajadores y trabajadoras en nuestro país. Si se quiere abordar en serio esta lacra, el camino pasa por derogar las reformas laborales de PSOE y PP que han debilitado la negociación colectiva abriendo una vía de agua que impide que exista empleo de calidad en nuestro país.
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