La Diputación de València enchufó como altos cargos a miembros del PSPV y Compromís pese a varios informes en contra
Sergi Pitarch /eldiario.es
La Operación Alquería que ha acabado con el
presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, tres asesores y
tres directivos de la empresa pública Divalterra, la antigua Imelsa, en
los calabozos de la Policía Nacional se centra en la investigación de
siete presuntos contratos fraudulentos de alta dirección, según el
Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. Pero las
pesquisas seguidas por los presuntos delitos de prevaricación y
malversación de caudales públicos son secretas y podrían ampliarse,
máxime cuando ha habido registro en domicilios particulares.
Los siete contratos de alta dirección por los que han pasado una decena de personas fueron muy contestados por la oposición de PP y Ciudadanos desde un principio, pero también desde Esquerra Unida, que forma parte del Gobierno a cuatro -PSPV, Compromís, València en Comú y EUPV- que gobierna la Diputación. Tanto, que se aprobaron sin pasar por el consejo de administración y con hasta 14 informes contradictorios, según la información contrastada por eldiario.es.
Los contratos convertían a jefes de área en altos directivos y disparaban sus emolumentos hasta los 69.000 euros, aunque la mayoría ganaba entre 50.000 y 59.000 euros. Los elegidos por los cogerentes ahora detenidos -Agustina Brines y Xavier Simó- son personal muy vinculado a los partidos, tanto del PSPV como de Compromís. De hecho, tres cargos los nombraba la coalición y otros cuatro los socialistas.
Los altos directivos de la empresa pública Divalterra contratados por esta fórmula y que evitaba la concurrencia pública y los méritos son alcaldes socialistas de pequeños municipios como Salvador Femenía (Alquería de la Comtessa) o Víctor Jiménez (Rocafort), el presidente de la gestora del PSPV en la comarca de la Hoya de Buñol, Lucas Ferrando; o el exsecretario de Organización del Bloc (partido que forma parte de la coalición Compromís) Josep Melero.
La clave de las discrepancias en los informes se basaba en la elección a dedo de estas personas y en su consideración de altos cargos para conseguir mayores salarios. Los informes favorables justificaban la necesidad de la creación de estos puestos -antes eran jefaturas- para gobernar una plantilla de más de 600 empleados, mientras que los informes negativos reclamaban la concurrencia pública y la meritocracia de los candidatos.
Y es esa falta de concurrencia pública y el hecho de no haberse llevado al consejo de administración lo que motivó las denuncias de PP y Ciudadanos. El partido que preside Albert Rivera calculaba en su denuncia inicial que el dinero abonado en sueldos por estos cargos de alta dirección que han ocupado entre 2015 y 2018 una decena de personas podría superar los dos millones de euros.
Divalterra, la empresa pública saqueada en época del PP de Alfonso Rus, ha estado en el foco de la polémica desde que se decidiera no liquidarla tras el gran escándalo de corrupción del caso Taula. La entidad ha seguido funcionado -principalmente en la gestión de las brigadas forestales- y ha seguido siendo utilizada políticamente.
Tanto PP como Ciudadanos han denunciado fraccionamiento de contratos e hicieron caer a un gerente, el dimitido Víctor Sahuquillo, por pasar gastos de bebidas alcohólicas a la empresa pública. El propio presidente de la Diputación de Valencia ahora detenido frenó un contrato de 600.000 euros para llevar las causas penales de la empresa pública a un despacho de abogados que había defendido a cargos del PSPV y que estaba vinculado al abogado de cabecera de los socialistas, Virgilio Latorre, a quien la formación adeuda una importante suma de dinero de sus años de lucha penal contra la corrupción del PP.
Los seis detenidos este miércoles en la Operación Alquería pasan la noche en los calabozos a la espera de ser puestos a disposición judicial. El presidente de la Diputación de Valencia tiene previsto ser interrogado por el juez el viernes, según el TSJ, por lo que habrá pasado 48 horas detenido.
La UDEF ha permanecido seis horas de registro en el Ayuntamiento de Ontinyent y en el domicilio de Jorge Rodríguez. Por la tarde acudieron a la Diputación con el presidente detenido para indagar en su despacho, que había sido precintado a primera hora de la mañana.
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Pues si son secretas las pesquisas, lo que cuentas, entonces, ¿de dónde procede?, ¿quién te lo ha contado, alguien que se lo inventa, o alguien que tiene datos reales de la investigación y también el deber de guardar silencio bajo el riesgo seguro de delinquir si habla de más? ¿Cómo sabes que podrían ampliarse esas pesquisas, si están 'sub iudice', o bajo secreto investigador? ¿Y cómo puedes asegurar que el registro va a dar lugar a una ampliación y no a la cancelación del asunto por falta de pruebas tangibles? ¿Es un policía bocazas, facha e irresponsable el que te sopla los datos o un miembro de la cáscara amarga de la Diputación que oye campanas y no sabe dónde?
¿Habría que investigarte a ti, quizás, por cantamañanas y darte el finiquito en un periódico que presume de transparente? Y vive dios, que lo es: no hay nada más transparente que un periodismo sin sustancia, que narra lo insignificante con pelos y señales e ignora y prescinde de lo básico. Al estilo de un fray Gerundio de Campazas dispuesto a todo por desinformar, pensando ser la repera.
Los siete contratos de alta dirección por los que han pasado una decena de personas fueron muy contestados por la oposición de PP y Ciudadanos desde un principio, pero también desde Esquerra Unida, que forma parte del Gobierno a cuatro -PSPV, Compromís, València en Comú y EUPV- que gobierna la Diputación. Tanto, que se aprobaron sin pasar por el consejo de administración y con hasta 14 informes contradictorios, según la información contrastada por eldiario.es.
Los contratos convertían a jefes de área en altos directivos y disparaban sus emolumentos hasta los 69.000 euros, aunque la mayoría ganaba entre 50.000 y 59.000 euros. Los elegidos por los cogerentes ahora detenidos -Agustina Brines y Xavier Simó- son personal muy vinculado a los partidos, tanto del PSPV como de Compromís. De hecho, tres cargos los nombraba la coalición y otros cuatro los socialistas.
Los altos directivos de la empresa pública Divalterra contratados por esta fórmula y que evitaba la concurrencia pública y los méritos son alcaldes socialistas de pequeños municipios como Salvador Femenía (Alquería de la Comtessa) o Víctor Jiménez (Rocafort), el presidente de la gestora del PSPV en la comarca de la Hoya de Buñol, Lucas Ferrando; o el exsecretario de Organización del Bloc (partido que forma parte de la coalición Compromís) Josep Melero.
La clave de las discrepancias en los informes se basaba en la elección a dedo de estas personas y en su consideración de altos cargos para conseguir mayores salarios. Los informes favorables justificaban la necesidad de la creación de estos puestos -antes eran jefaturas- para gobernar una plantilla de más de 600 empleados, mientras que los informes negativos reclamaban la concurrencia pública y la meritocracia de los candidatos.
Y es esa falta de concurrencia pública y el hecho de no haberse llevado al consejo de administración lo que motivó las denuncias de PP y Ciudadanos. El partido que preside Albert Rivera calculaba en su denuncia inicial que el dinero abonado en sueldos por estos cargos de alta dirección que han ocupado entre 2015 y 2018 una decena de personas podría superar los dos millones de euros.
La UDEF investiga si había pagos a los partidos
Una línea de investigación de la Unidad de Delincuencia Económica (UDEF) de la policía nacional es si la contratación de estas personas se habría realizado a cambio de abonar una cantidad que los cargos públicos pagan a los partidos, en este caso a PSPV y Compromís. Es habitual en los partidos de izquierdas que sus representantes públicos en las instituciones cedan parte de su salario para los gastos de funcionamiento de las formaciones.Divalterra, la empresa pública saqueada en época del PP de Alfonso Rus, ha estado en el foco de la polémica desde que se decidiera no liquidarla tras el gran escándalo de corrupción del caso Taula. La entidad ha seguido funcionado -principalmente en la gestión de las brigadas forestales- y ha seguido siendo utilizada políticamente.
Tanto PP como Ciudadanos han denunciado fraccionamiento de contratos e hicieron caer a un gerente, el dimitido Víctor Sahuquillo, por pasar gastos de bebidas alcohólicas a la empresa pública. El propio presidente de la Diputación de Valencia ahora detenido frenó un contrato de 600.000 euros para llevar las causas penales de la empresa pública a un despacho de abogados que había defendido a cargos del PSPV y que estaba vinculado al abogado de cabecera de los socialistas, Virgilio Latorre, a quien la formación adeuda una importante suma de dinero de sus años de lucha penal contra la corrupción del PP.
Los seis detenidos este miércoles en la Operación Alquería pasan la noche en los calabozos a la espera de ser puestos a disposición judicial. El presidente de la Diputación de Valencia tiene previsto ser interrogado por el juez el viernes, según el TSJ, por lo que habrá pasado 48 horas detenido.
La UDEF ha permanecido seis horas de registro en el Ayuntamiento de Ontinyent y en el domicilio de Jorge Rodríguez. Por la tarde acudieron a la Diputación con el presidente detenido para indagar en su despacho, que había sido precintado a primera hora de la mañana.
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Pitarch, tus datos siguen siendo imprecisos. Creo que en un caso tan resbaladizo como éste es extremadamente irresponsable que la prensa escriba dando por seguros los palos de ciego y basándose solo en la fiabilidad de pp y c's. Quienes asistimos de vez en cuando a los plenos del Ayuntamiento de Valencia conocemos de sobra el modo de actuar impresentable de una oposición que ni siquiera es capaz de votar que no, para no llevarse una derrota y lo deja todo en abstenciones. Y luego zascandilea rebañando chismes y sospechas constantemente, ya se le han desmantelado con datos clarísimos e indiscutibles mil veces, este tipo de enredo. Llevan tres años detrás de encontrar delitos a la coalición que gobierna la comunidad y el ayuntamiento mil veces mejor de lo que ellos lo hicieron nunca cuando eran mayoría absoluta y su único objetivo era enriquecerse, personalmente y como partido. Soy testigo del trabajo impecable de la Diputación y del Ayuntamiento siempe colaborando, de las inversiones en infraestructuras justas y buenas para los colectivos precarios, para los sin techo, para los refugiados, para la mejora del medio ambiente, de la transparencia, de la educación, la cultura, el comercio justo, los derechos humanos, de la pobreza energética...cosas que jamás ha hecho el pp, también era asidua a sus plenos municipales y sólo recuerdo la vergüenza ajena que sentíamos la media docena de vencinos del barrio que dejaban entrar en la Junta Municipal, tras registrarnos los bolsillos y bolsos. No quedaba nada de nuestras reclamaciones, ni siquera constaban en acta. No nos hacían ni caso a las solicitudes sobre la movilidad, situación de abandono de los espacios comunes y completa indiferencia hacia los problemas colectivos. Ninguneo total a las preguntas y a las reclamaciones de higiene urbana, reciclado de residuos, de orden en los horarios de los locales de juerga que iban a su bola sin control de nadie, borracheras y vomitonas en las calles, peleas y agresividad, olvido de peatones y ciclistas, botellones a lo bestia...abusos sin tregua...la policía muncipal, de camping, y la antidisturbios velando armas en la puerta de Rita, en la Glorieta; gastos en obras faraónicas que se han pasado años cerradas a cal y canto una vez terminadas y cobrado el botín, y sólo se abrieron y se pusieron a disposición del uso ciudadano, a partir de 2015 con el cambio. Por no citar el ninguneo absoluto y desobediencia total a la sentencia del Supremo que obligaba a Iberdrola a desalojar la zona de la subestación de Patráix, tras más de 10 años de denuncias, informes científicos y manifestciones para que se quitase de allí una vez demostrada su peligrosidad para la salud pública con riesgo demostrado de enfermedad mortal por contaminación: la leucemia infantil, que aumentaba de año en año en los alredores del muermo, sin que el ayuntamiento se diese por enterado.
Yo no sé cómo un partido como el pp tiene el cinismo de denunciar a nadie, que para colmo jamás llegaría a comportarse como él lo lleva haciendo desde siempre. ¿Y crees que quienes somos testigos de todo esto, daremos crédito a esa denuncia de inútiles y corruptos por mayoría absoluta? Perdona, no dudo de tu buena voluntad informativa, pero sí de tu lucidez, de tu discernimento y de tu capacidad para distinguir un huevo de una castaña, o de tu ética, que tal vez esté condicionada por tu ideología, por ejemplo. Das tufo a C's siempre que escribes. Y, para ser periodista creíble y no sólo opinionista, lo primero es la objeitividad de lo honesto y dejar de dar tufo a banderías, tener la autonomía de conciencia suficiente como para cantar las cuarenta a los mismos que votas y admiras, cuando actúan malamente. Es decir, estar a la misma altura moral que un juez decente y comprometido con la verdad y sus valores.
Yo no sé cómo un partido como el pp tiene el cinismo de denunciar a nadie, que para colmo jamás llegaría a comportarse como él lo lleva haciendo desde siempre. ¿Y crees que quienes somos testigos de todo esto, daremos crédito a esa denuncia de inútiles y corruptos por mayoría absoluta? Perdona, no dudo de tu buena voluntad informativa, pero sí de tu lucidez, de tu discernimento y de tu capacidad para distinguir un huevo de una castaña, o de tu ética, que tal vez esté condicionada por tu ideología, por ejemplo. Das tufo a C's siempre que escribes. Y, para ser periodista creíble y no sólo opinionista, lo primero es la objeitividad de lo honesto y dejar de dar tufo a banderías, tener la autonomía de conciencia suficiente como para cantar las cuarenta a los mismos que votas y admiras, cuando actúan malamente. Es decir, estar a la misma altura moral que un juez decente y comprometido con la verdad y sus valores.
Por qué no nos explicas, qué buscaba y qué encontró la poli en La Alquería de marras, qué buscaban en los registros de los domicilios de los implicados. Si designar a dedo a los cargos es delito, todos los ayuntamientos del pp, deberían estar en chirona desde hace años.¿Crees que con Rita y con Rus se votaban esos cargos? O eres un ingenuo o estás pringado, bonico. Esas tarantelas de la meritocracia ninguneada son cosa del pp mucho más que del Psoe, Compromís e IU. En los plenos se vota TODO. Y lo digo porque lo presencio y compruebo la dinámica de cada grupo. ¿Puedes tú decir lo mismo?
Ahora va a resultar que es sospechosa hasta la costumbre igualitaria de la izquierda de donar una parte del sueldo al partido, que por imperativo ético, en esas asociaciones, se emplea en proyectos cívicos y solidarios. Ah, ya caigo, claro, es que esas excentricidades no se cometen ni en el pp ni en c's, sólo en la izquierda que es rarísima, (gracias a Dios). ¿No te han contado todavía los del sindicato fariseo, que a lo mejor comer y beber agua puede ser delito si eres socialista, de Compromís o de València en Comú, si no presentas el tiquet del super y que tal vez comprar en Mercadona sea prevaricación porque conoces a dos cajeras que te lo cuentan todo de pe a pa y eso puede dar lugar a una corruptela si siempre te cobran en la misma caja? Yo que tú tendría cuidado con esas cosas, si el pp y c's andan cerca y tú no constas como parte integrante del pitufariado. Revisa bien tus credenciales, Pitarch, que no sabes con quienes te las estás jugando...aunque tal vez eso sea pan comido para ti, que al parecer empatizas de maravilla...No sabes cómo me extraña la versión del dedazo, viniendo de quienes viene y sabiendo que a la izquierda se vota absolutamente todo por sistema. Es como si me asegurases que Donald Trump se ha ido de voluntario a una ONG para atender migrantes y que Christine Lagarde ayuda a limpiar en Los Traperos de Emaús o que el Padre Ángel se ha metido de imán en el Daesh.
En cuanto a los protocolos de los nombramientos, yo no recuerdo nunca que el pp sacara a la luz pública los puestos de trabajo contratados del ayuntamiento en la era del pp, era una cosa sabida que se adjudicaban a los familiares y amigos de concejales, regidores y demás fauna, ya que para ellos su gente era de fiar y los demás ciudadanos, podrían ser de izquierdas y arruinarles el negocio. Dices que una de las cosas chungas es que la empresa Divalterra es la misma que Imelsa. No lo creo, puesto que aunque estén ambas creadas para la misma función, ni de coña podrían funcionar igual. No creo en absoluto que Berto Jaramillo o Rosa Pérez Garijo, modelos de decencia más que acrisolados, y actualmente cargos políticos en la Diputación, (Rosa fue la heroína descubridora de la Taula), uno de Podem Valencia y la otra de EUPV, no hayan denunciado ni se hayan sentido a disgusto con un merder de tanta importancia como te han contado y tú recuentas.
Que hayan montado un revuelo para salpicar, fastidiar y dar que hablar, no me extraña en absoluto, conociendo el ppercal, es así como actúan cuando no tienen modo de meter baza y manipular a sus anchas. Son muchos años de soportar la inmundicia, que ahora se ha visto reforzada con la llegada de C's como comparsas "moderados" de la debacle moral.
Y para terminar tu relato de rumorología sin más fuste que la especulación sin pruebas fahacientes, me dejas a cuadros con estos comentarios, elegidos al azar según leía y que no tienen desperdicio en el terreno de la incoherencia:
"El propio presidente de la Diputación de Valencia
ahora detenido frenó un contrato de 600.000 euros para llevar las causas
penales de la empresa pública a un despacho de abogados que había
defendido a cargos del PSPV y que estaba vinculado al abogado de
cabecera de los socialistas, Virgilio Latorre, a quien la formación
adeuda una importante suma de dinero de sus años de lucha penal contra
la corrupción del PP."
¿Podrías explicar el sentido de ese "frenó", referido al contrato de 600.000 €? ¿Cuál hubiera sido el destino de ese contrato si no lo hubiese frenado el Presidente, lo sabes? ¿Si lo sabes por qué te callas y no lo explicas con detalle, y si no lo sabes por qué hablas? ¿Es un delito frenarlo si hay motivos para ello, como por ejempo que fuese más barata la minuta,y eso no lo supiese el pp ni c's porque tal vez es más fácil hacerse los tontos o los despistados a la hora de intrigar? Y una vez frenado, quieres decir que lo desvió a un despacho de abogados que está vinculado a un abogado que se llama Virgilio Latorre, a quien la formación adeuda dinero porque trabajó para el Psoe ¡en su lucha contra la corrupción del pp! Ah, la madre del cordero, ya hemos llegado a la pieza clave del realto, de donde parte el berenjenal. ¿Tú has visto las facturas de esa deuda? ¿sabes a cuánto asciende la deuda del Psoe con ese abogado, te lo ha contado él o el tesorero del Psoe, un señor del pp que pasaba por allí como suelen pasar por La Lezo, la Gürtel, la Púnica, la Taula, el barco del narco, etc, etc? ¿No era combatir la corrupción el objetivo de las denuncias, y ese objetivo no es acaso para beneficio público y no para defensa de intereses propios, ni defensa de corruptos como los del pp, y que además se paga con ese dinero que los cargos políticos donan a su partido, procedente de sus sueldos, no de los fondos públicos, como las inversiones marianas? Eso, de entrada, lo dejamos aquí, si te parece, para que no te agobies.
Aunque no me puedo resistir a esta otra perla cultivada antes de echar el cierre:
"Pero las
pesquisas seguidas por los presuntos delitos de prevaricación y
malversación de caudales públicos son secretas y podrían ampliarse,
máxime cuando ha habido registro en domicilios particulares."
Pues si son secretas las pesquisas, lo que cuentas, entonces, ¿de dónde procede?, ¿quién te lo ha contado, alguien que se lo inventa, o alguien que tiene datos reales de la investigación y también el deber de guardar silencio bajo el riesgo seguro de delinquir si habla de más? ¿Cómo sabes que podrían ampliarse esas pesquisas, si están 'sub iudice', o bajo secreto investigador? ¿Y cómo puedes asegurar que el registro va a dar lugar a una ampliación y no a la cancelación del asunto por falta de pruebas tangibles? ¿Es un policía bocazas, facha e irresponsable el que te sopla los datos o un miembro de la cáscara amarga de la Diputación que oye campanas y no sabe dónde?
¿Habría que investigarte a ti, quizás, por cantamañanas y darte el finiquito en un periódico que presume de transparente? Y vive dios, que lo es: no hay nada más transparente que un periodismo sin sustancia, que narra lo insignificante con pelos y señales e ignora y prescinde de lo básico. Al estilo de un fray Gerundio de Campazas dispuesto a todo por desinformar, pensando ser la repera.
El resumen es que tu crónica la podía haber escrito cualquiera que no sea periodista, pero que sea militante del pp o de c's. Eso está cantao.
Un buen informador, digno de crédito, no se puede comportar como un marujo. Como en un sketch de Gila o aquella peli de Cantinflas dedicada al cuarto poder que lo dejaba en cueros. Debe tener como mínimo un código ético que no le facilite ponerse al servicio de ningún grupo de presión, de poder ni de mercadillo lenguaraz, sino que escriba la realidad, desde la realidad y no desde el cotilleo marginal.
Parece mentira que no te hayas leído todavía el libro de tu jefe Nacho Escolar y de Ximo Bosch, el magistrado: El secuestro de la justicia. A mí me lo dedicaron el otro día en Paiporta. Te lo recomiendo encarecidamente; te vendría como anillo al dedo, carinyet, a la hora de entender los temas que tratas, y de elegir cómo expresarte y ser periodista creíble y digno, a pesar de todo, como dice el mantra de eldiario.es.
Y si quieres, ahí va una sugerencia que te ayudará mucho: si no se puede asegurar y confirmar con la realidad lo que se quiere dar como noticia, calladitos se informa mucho mejor, porque al menos no se estorba con el ruido y la morralla, ni se enreda el medio para que se pueda ver y entender el fin,o sea, la verdad, que siempre brilla con luz propia, si la mediocridad no lo impide, naturalmente.
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