Los jóvenes que repoblaron Fraguas, condenados a prisión y a pagar la demolición del pueblo
La Justicia castiga con penas de
cárcel a los seis activistas procesados por ocupar, rehabilitar y
repoblar la aldea abandonada de Fraguas, situada en la Sierra Norte de
Guadalajara, y les obliga a costear la demolición y a abonar más de
16.000 euros en concepto de multa.
S. Jiménez
08 de Junio de 2018 (16:45 h.)
Diario de Castilla- La Mancha
GUADALAJARA.- El Juzgado de lo Penal número 1 de Guadalajara ha condenado a los repobladores de Fraguas, acusados de ocupar, rehabilitar y repoblar sin autorización el pueblo abandonado, a un año y medio de prisión y una multa de 2.160 euros cada uno, por un delito contra la ordenación del territorio.
Así lo recoge la sentencia en la que también se les condena a una multa de tres meses a razón de seis euros de cuota diaria, lo que asciende a 540 euros por un delito de usurpación. Asimismo se les condena a abonar, en concepto de responsabilidad civil a la Junta de Comunidades, el coste de la demolición de las construcciones e instalaciones, así como la retirada de residuos y restos de la finca ocupada.
GUADALAJARA.- El Juzgado de lo Penal número 1 de Guadalajara ha condenado a los repobladores de Fraguas, acusados de ocupar, rehabilitar y repoblar sin autorización el pueblo abandonado, a un año y medio de prisión y una multa de 2.160 euros cada uno, por un delito contra la ordenación del territorio.
Así lo recoge la sentencia en la que también se les condena a una multa de tres meses a razón de seis euros de cuota diaria, lo que asciende a 540 euros por un delito de usurpación. Asimismo se les condena a abonar, en concepto de responsabilidad civil a la Junta de Comunidades, el coste de la demolición de las construcciones e instalaciones, así como la retirada de residuos y restos de la finca ocupada.
Importes que de no hacerse efectivos por parte de los condenados –recoge la sentencia- se traducirían en un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias insatisfechas, alrededor de siete meses de prisión.
Isaac Alcázar, Isabel Turina, Gonzalo Aracil, Milagros Aguilera, Daniel Gómez y Javier Pablo Ruggiero son los integrantes de la Asociación de Repobladores Rurales de la Sierra Norte que han sido condenados por trabajar en la rehabilitación de este antiguo núcleo poblacional desde hace cinco años. Un lugar que fue abandonado tras la expropiación forzosa sufrida por sus vecinos en el año 1968, y que hasta la llegada de estos 'okupas' había permanecido abandonado y en ruinas.
La sentencia, que no es firme al caber recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Guadalajara, considera acreditada la ocupación de la finca en la que los acusados se establecieron en la primavera de 2013 y que han ocupado durante determinados periodos de tiempo, siguiendo en la misma dos de ellos.
Un fallo en el que se indica que se subraya que Fraguas se encuentra en un monte de utilidad pública que forma parte del Parque Natural de la Sierra Norte, cuyo suelo es rústico no urbanizable de especial protección. Asimismo incide en que los repobladores sabían que no tenían autorización administrativa y que las obras que estaban realizando no eran autorizables, pese a lo cual llevaron a cabo tareas de reconstrucción de edificaciones sobre las ruinas de las preexistentes, instalaciones y acopio de materiales y efectos.
Argumentos que fueron esgrimidos por parte de la acusación particular, ejercida por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que finalmente rebajaba la petición de cárcel para los seis jóvenes encausados por la ocupación, rehabilitación y repoblación de Fraguas sin autorización.
Cabe recordar que en un principio se solicitaba una pena de 4 años y 4 meses para cada uno de los acusados, aunque finalmente en sus conclusiones se rebajaba a 2 años al retirar la acusación el delito de daños. De este modo se abría la posibilidad de que los acusados no fueran a prisión.
También desde la Fiscalía se consideraban probados los delitos de usurpación y contra la ordenación del territorio, puesto que conocían el carácter "ilícito" de la ocupación que llevaban a cabo y que "por muy loables que fueran sus objetivos" no podían "arrogarse el uso de un espacio público con carácter particular".
Una petición de condena que finalmente se ve reducida a año y medio en la sentencia conocida este viernes, y en la cual también se les condena al pago de las costas.
Una sentencia que no han podido evitar las más de 73.000 firmas de apoyo a los procesados y a su proyecto de reconstrucción, y contra la posible condena de cárcel que la semana pasada se entregaban en la Delegación de la Junta en Guadalajara.
MENSAJES DE APOYO
Tras conocerse la sentencia condenatoria, han sido numerosas las muestras de apoyo recibidas por los repobladores de Fraguas a través de las redes sociales.
Entre ellas las de Ecologistas en Acción de Guadalajara, colectivo que ha expresado a través de las redes su "total apoyo al trabajo realizado por los pobladores de Fraguas". Asimismo rechazan la sentencia, la cual consideran "injusta".
Apoyo que también han recibido desde las Juventudes Comunistas de Guadalajara, que en su perfil de Twitter han manifestado su "repulsa" a esta condena y trasladado todo su apoyo a los componentes de Fraguas Revive.
Por su parte desde Izquierda Unida Castilla-La Mancha subrayan que el "único delito" de estos jóvenes, a los que se ha condenado a un año y seis meses de prisión y 16.380 euros de multa "ha sido repoblar tierras abandonadas para buscarse un modo de vida alternativo".
También se ha pronunciado al respecto su coordinador regional, Juan Ramón Crespo, para quien con esta sentencia se demuestra que "el Gobierno de Castilla-La Mancha reprime con prisión la repoblación". Asimismo trasladaba a los repobladores de Fraguas "toda la solidaridad" de Izquierda Unida Castilla-La Mancha y les recordaba que pueden contar con ellos, puesto que "la lucha sigue".
El diputado regional y portavoz de Podemos en las Cortes, David Llorente, ha calificado por su parte esta sentencia como una "vergüenza", al tiempo que ha trasladado a los jóvenes condenados todo su apoyo "frente a la represión del Gobierno de Castilla-La Mancha".
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Más datos sobre el caso:
Hasta hace muy poco, lo único de Fraguas que quedaba en pie era el cementerio. Uno puede hacer las maletas y embalar sus cosas, mudarse a una aldea o un país distinto, pero es complicado llevarse a los muertos. A su modo, ellos han sido testigos de excepción de lo que ha ocurrido en la que fue su aldea: primero, del abandono, y más tarde de esa suerte de reconquista que protagoniza un grupo de jóvenes que desde la primavera de 2013 trata de reconstruirla. Ellos aseguran que lo hacen porque creen y luchan por la comunidad, el autogobierno, la autosuficiencia y la autogestión, y tan seguros están de que hacen lo correcto que ni siquiera los 24 años de cárcel que la fiscalía de Castilla-La Mancha pide para seis de ellos -dos años para cada uno por los delitos de ordenación del territorio y otros dos por un delito de daños- les han quitado las ganas de seguir adelante.
El principio del fin de Fraguas (Guadalajara), al que hoy se accede por una pista forestal que nace en la carretera de Mutile a Cogolludo, doscientos metros más arriba de Jócar, comenzó en 1968. En los estertores del franquismo, el Gobierno ejecutó su expropiación para transformar el municipio en monte de utilidad pública a cambio de tres millones de pesetas. El tiempo se encargaría después de echar abajo las casas, la iglesia y los pajares, hasta que, en 2012, varios miembros de la Asociación de Repobladores Rurales de la Sierra Norte, hartos del mundanal ruido, decidieron hacer el petate e instalarse en ese rincón que un día fue un pueblo y que hoy se esconde en el corazón del Parque Natural de la Sierra Norte, un pulmón natural de 125.000 hectáreas cuyas normas prohiben expresamente la urbanización sin permiso. Desde entonces, atesoran un ejército de seguidores casi tan nutrido como el de quienes ven en ellos a unos simples okupas aprovechados.
«¿Que por qué elegimos Fraguas? La verdad es que hicimos una búsqueda detallada y llegamos a la conclusión de que era el lugar idóneo. Teníamos agua, tierra fértil para los frutales... era el sitio perfecto». Lalo Aracil es uno de los seis chavales que, ayudados por amigos y simpatizantes que van sumándose puntualmente a la causa, llevan asentado en Fraguas desde entonces.
Lalo (Madrid, 32 años) cuenta orgulloso que ya han rehabilitado tres casas, que viven a la manera como se hace en las comunas, que son asamblearios y que no tienen miedo; que la amenaza de un proceso judicial como el que pende sobre sus cabezas no va a hacerles cambiar de opinión. «Desde que llegamos fuimos invitados a abandonar nuestros sueños por agentes medioambientales y guardias civiles con amenazas y multas. En junio de 2015 nos llamaron a declarar a seis personas al juzgado de instrucción número 4 de Guadalajara acusados de usurpación de monte público y, por si eso fuera poco, ahora han añadido en su escrito de acusación los delitos contra la ordenación del territorio y daños, amenazando con demoler las casas que hemos levantado. Ni que decir tiene que no nos vamos a someter a los designios de la Junta de Castilla y que nos opondremos frontalmente al desalojo y demolición previstos por el Estado», dice el portavoz del grupo, que ha contratado un abogado y que cree que, pase lo que pase, aún tienen margen hasta que se vea el juicio para seguir firmes en su cruzada.
En donde tienen muy claro que las cosas se hacen de otro modo es en la Junta de Castilla-La Mancha. Alberto Rojo, delegado del Gobierno en Guadalajara, confiesa que al llegar al cargo y conocer el proyecto del colectivo okupa simpatizó con su iniciativa. Viviendo en una de esas zonas de la 'España vacía' de la que hablaba el escritor Sergio del Molino, en donde muchos pueblos tienen una densidad de población inferior a las más deshabitadas de Laponia, era bonito encontrar gente joven con ganas de volver al mundo rural. El problema, dice, es que no puede hacerse contraviniendo las leyes que obligan a todos los ciudadanos. «Cuando, en 2012, varios representantes de este colectivo acudieron a la Junta a hablar de su proyecto, les informaron de que el lugar que habían elegido era inviable. El problema no ha sido nunca la iniciativa, sino el lugar elegido para desarrollarla. En una provincia en la que hay zonas con una densidad de población de cuatro habitantes por kilómetro cuadrado, con 218 núcleos con menos de cincuenta paisanos, nadie tiene más interés que nosotros en animar a la gente a volver al campo. Pero ese es un paraje, no una aldea, y está considerado monte de utilidad pública y declarado parque natural, espacios en los que la ley es muy precisa», dice Rojo.
El representante de la Administración autonómica en Guadalajara pone sobre la mesa como alternativa el plan de inversión territorial integrada del Ejecutivo que, asegura, discrimina positivamente cualquier proyecto empresarial que tenga el campo como referencia. Pero también apunta a otro problema: el riesgo de incendio en la zona. El delegado mantiene que esa comarca es muy conflictiva y recuerda que, en 2014, se vieron obligados a desalojar el lugar.
De lo ocurrido aquellos días da fe Gonzalo Bravo, alcalde de Arbancón, el pueblo más cercano a Fraguas y el lugar en donde realojaron a los chavales que eso días estaban en la aldea. Él es de los que creen que se vende una idea edulcorada de la vida rural -«si alguien quiere contar que uno puede llegar a un pueblo, instalarse y vivir de una huerta, que no cuente conmigo»- y no está de acuerdo con la forma de actuar de la gente que se ha instalado en Fraguas. «Es evidente que hay ciudadanos de primera, de segunda y de tercera, que somos los que resistimos en el mundo rural. Ellos quieren ser de esta última clase pero sin pagar un duro. ¿Un ejemplo? La basura. La dejan en nuestros contenedores pero, desde luego, nadie se hace cargo del impuesto correspondiente».
Gonzalo cree que deberían negociar con la Junta una salida, que bien podría ser la de instalarse en Matallana o La Vereda, dos pueblos vacíos de la zona. Cualquier cosa antes de llegar a una situación que lo mismo acaba con los chicos en la cárcel. También sostiene que las políticas que buscaban la repoblación no han servido para nada. Una idea muy parecida a la que mantiene desde hace tiempo Miguel Martínez Tomey, asistente en el Parlamento Europeo y experto en la materia, que opina que personas como las que ocupan hoy Fraguas tienen el ADN que debería germinar si queremos dar solución al problema de la despoblación rural: determinación e ideas. «Plantean un modelo de desarrollo acorde con los tiempos que vivimos, pero con la legislación actual en la mano es imposible que proyectos como éste prosperen. «Tenemos que replantearnos todas nuestras políticas», dice. En su opinión, si hay voluntad se puede hacer una interpretación más laxa de las leyes, y recuerda que hay ejemplos que lo confirman. «Ahí está el polígono de tiro más grande de Europa occidental construido en el corazón del parque natural de las Bardenas Reales, al sur de Navarra».
Tomey cree que el argumento de la administración autonómica, el de que la zona es ahora un área protegida, no se sostiene. «Fraguas era un pueblo antes y puede seguir siéndolo».
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Isaac Alcázar, Isabel Turina, Gonzalo Aracil, Milagros Aguilera, Daniel Gómez y Javier Pablo Ruggiero son los integrantes de la Asociación de Repobladores Rurales de la Sierra Norte que han sido condenados por trabajar en la rehabilitación de este antiguo núcleo poblacional desde hace cinco años. Un lugar que fue abandonado tras la expropiación forzosa sufrida por sus vecinos en el año 1968, y que hasta la llegada de estos 'okupas' había permanecido abandonado y en ruinas.
La sentencia, que no es firme al caber recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Guadalajara, considera acreditada la ocupación de la finca en la que los acusados se establecieron en la primavera de 2013 y que han ocupado durante determinados periodos de tiempo, siguiendo en la misma dos de ellos.
Un fallo en el que se indica que se subraya que Fraguas se encuentra en un monte de utilidad pública que forma parte del Parque Natural de la Sierra Norte, cuyo suelo es rústico no urbanizable de especial protección. Asimismo incide en que los repobladores sabían que no tenían autorización administrativa y que las obras que estaban realizando no eran autorizables, pese a lo cual llevaron a cabo tareas de reconstrucción de edificaciones sobre las ruinas de las preexistentes, instalaciones y acopio de materiales y efectos.
Argumentos que fueron esgrimidos por parte de la acusación particular, ejercida por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que finalmente rebajaba la petición de cárcel para los seis jóvenes encausados por la ocupación, rehabilitación y repoblación de Fraguas sin autorización.
Cabe recordar que en un principio se solicitaba una pena de 4 años y 4 meses para cada uno de los acusados, aunque finalmente en sus conclusiones se rebajaba a 2 años al retirar la acusación el delito de daños. De este modo se abría la posibilidad de que los acusados no fueran a prisión.
También desde la Fiscalía se consideraban probados los delitos de usurpación y contra la ordenación del territorio, puesto que conocían el carácter "ilícito" de la ocupación que llevaban a cabo y que "por muy loables que fueran sus objetivos" no podían "arrogarse el uso de un espacio público con carácter particular".
Una petición de condena que finalmente se ve reducida a año y medio en la sentencia conocida este viernes, y en la cual también se les condena al pago de las costas.
Una sentencia que no han podido evitar las más de 73.000 firmas de apoyo a los procesados y a su proyecto de reconstrucción, y contra la posible condena de cárcel que la semana pasada se entregaban en la Delegación de la Junta en Guadalajara.
MENSAJES DE APOYO
Tras conocerse la sentencia condenatoria, han sido numerosas las muestras de apoyo recibidas por los repobladores de Fraguas a través de las redes sociales.
Entre ellas las de Ecologistas en Acción de Guadalajara, colectivo que ha expresado a través de las redes su "total apoyo al trabajo realizado por los pobladores de Fraguas". Asimismo rechazan la sentencia, la cual consideran "injusta".
Apoyo que también han recibido desde las Juventudes Comunistas de Guadalajara, que en su perfil de Twitter han manifestado su "repulsa" a esta condena y trasladado todo su apoyo a los componentes de Fraguas Revive.
Por su parte desde Izquierda Unida Castilla-La Mancha subrayan que el "único delito" de estos jóvenes, a los que se ha condenado a un año y seis meses de prisión y 16.380 euros de multa "ha sido repoblar tierras abandonadas para buscarse un modo de vida alternativo".
También se ha pronunciado al respecto su coordinador regional, Juan Ramón Crespo, para quien con esta sentencia se demuestra que "el Gobierno de Castilla-La Mancha reprime con prisión la repoblación". Asimismo trasladaba a los repobladores de Fraguas "toda la solidaridad" de Izquierda Unida Castilla-La Mancha y les recordaba que pueden contar con ellos, puesto que "la lucha sigue".
El diputado regional y portavoz de Podemos en las Cortes, David Llorente, ha calificado por su parte esta sentencia como una "vergüenza", al tiempo que ha trasladado a los jóvenes condenados todo su apoyo "frente a la represión del Gobierno de Castilla-La Mancha".
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Más datos sobre el caso:
Los habitantes de Fraguas, ¿okupas o repobladores?
- Llegaron como colonos hace cuatro años al pueblo abandonado de Fraguas, en Guadalajara, pero ahora les quieren echar. Arriesgan varios años de cárcel por invadir una zona protegida
Hasta hace muy poco, lo único de Fraguas que quedaba en pie era el cementerio. Uno puede hacer las maletas y embalar sus cosas, mudarse a una aldea o un país distinto, pero es complicado llevarse a los muertos. A su modo, ellos han sido testigos de excepción de lo que ha ocurrido en la que fue su aldea: primero, del abandono, y más tarde de esa suerte de reconquista que protagoniza un grupo de jóvenes que desde la primavera de 2013 trata de reconstruirla. Ellos aseguran que lo hacen porque creen y luchan por la comunidad, el autogobierno, la autosuficiencia y la autogestión, y tan seguros están de que hacen lo correcto que ni siquiera los 24 años de cárcel que la fiscalía de Castilla-La Mancha pide para seis de ellos -dos años para cada uno por los delitos de ordenación del territorio y otros dos por un delito de daños- les han quitado las ganas de seguir adelante.
El principio del fin de Fraguas (Guadalajara), al que hoy se accede por una pista forestal que nace en la carretera de Mutile a Cogolludo, doscientos metros más arriba de Jócar, comenzó en 1968. En los estertores del franquismo, el Gobierno ejecutó su expropiación para transformar el municipio en monte de utilidad pública a cambio de tres millones de pesetas. El tiempo se encargaría después de echar abajo las casas, la iglesia y los pajares, hasta que, en 2012, varios miembros de la Asociación de Repobladores Rurales de la Sierra Norte, hartos del mundanal ruido, decidieron hacer el petate e instalarse en ese rincón que un día fue un pueblo y que hoy se esconde en el corazón del Parque Natural de la Sierra Norte, un pulmón natural de 125.000 hectáreas cuyas normas prohiben expresamente la urbanización sin permiso. Desde entonces, atesoran un ejército de seguidores casi tan nutrido como el de quienes ven en ellos a unos simples okupas aprovechados.
«¿Que por qué elegimos Fraguas? La verdad es que hicimos una búsqueda detallada y llegamos a la conclusión de que era el lugar idóneo. Teníamos agua, tierra fértil para los frutales... era el sitio perfecto». Lalo Aracil es uno de los seis chavales que, ayudados por amigos y simpatizantes que van sumándose puntualmente a la causa, llevan asentado en Fraguas desde entonces.
Lalo (Madrid, 32 años) cuenta orgulloso que ya han rehabilitado tres casas, que viven a la manera como se hace en las comunas, que son asamblearios y que no tienen miedo; que la amenaza de un proceso judicial como el que pende sobre sus cabezas no va a hacerles cambiar de opinión. «Desde que llegamos fuimos invitados a abandonar nuestros sueños por agentes medioambientales y guardias civiles con amenazas y multas. En junio de 2015 nos llamaron a declarar a seis personas al juzgado de instrucción número 4 de Guadalajara acusados de usurpación de monte público y, por si eso fuera poco, ahora han añadido en su escrito de acusación los delitos contra la ordenación del territorio y daños, amenazando con demoler las casas que hemos levantado. Ni que decir tiene que no nos vamos a someter a los designios de la Junta de Castilla y que nos opondremos frontalmente al desalojo y demolición previstos por el Estado», dice el portavoz del grupo, que ha contratado un abogado y que cree que, pase lo que pase, aún tienen margen hasta que se vea el juicio para seguir firmes en su cruzada.
En donde tienen muy claro que las cosas se hacen de otro modo es en la Junta de Castilla-La Mancha. Alberto Rojo, delegado del Gobierno en Guadalajara, confiesa que al llegar al cargo y conocer el proyecto del colectivo okupa simpatizó con su iniciativa. Viviendo en una de esas zonas de la 'España vacía' de la que hablaba el escritor Sergio del Molino, en donde muchos pueblos tienen una densidad de población inferior a las más deshabitadas de Laponia, era bonito encontrar gente joven con ganas de volver al mundo rural. El problema, dice, es que no puede hacerse contraviniendo las leyes que obligan a todos los ciudadanos. «Cuando, en 2012, varios representantes de este colectivo acudieron a la Junta a hablar de su proyecto, les informaron de que el lugar que habían elegido era inviable. El problema no ha sido nunca la iniciativa, sino el lugar elegido para desarrollarla. En una provincia en la que hay zonas con una densidad de población de cuatro habitantes por kilómetro cuadrado, con 218 núcleos con menos de cincuenta paisanos, nadie tiene más interés que nosotros en animar a la gente a volver al campo. Pero ese es un paraje, no una aldea, y está considerado monte de utilidad pública y declarado parque natural, espacios en los que la ley es muy precisa», dice Rojo.
El representante de la Administración autonómica en Guadalajara pone sobre la mesa como alternativa el plan de inversión territorial integrada del Ejecutivo que, asegura, discrimina positivamente cualquier proyecto empresarial que tenga el campo como referencia. Pero también apunta a otro problema: el riesgo de incendio en la zona. El delegado mantiene que esa comarca es muy conflictiva y recuerda que, en 2014, se vieron obligados a desalojar el lugar.
De lo ocurrido aquellos días da fe Gonzalo Bravo, alcalde de Arbancón, el pueblo más cercano a Fraguas y el lugar en donde realojaron a los chavales que eso días estaban en la aldea. Él es de los que creen que se vende una idea edulcorada de la vida rural -«si alguien quiere contar que uno puede llegar a un pueblo, instalarse y vivir de una huerta, que no cuente conmigo»- y no está de acuerdo con la forma de actuar de la gente que se ha instalado en Fraguas. «Es evidente que hay ciudadanos de primera, de segunda y de tercera, que somos los que resistimos en el mundo rural. Ellos quieren ser de esta última clase pero sin pagar un duro. ¿Un ejemplo? La basura. La dejan en nuestros contenedores pero, desde luego, nadie se hace cargo del impuesto correspondiente».
Gonzalo cree que deberían negociar con la Junta una salida, que bien podría ser la de instalarse en Matallana o La Vereda, dos pueblos vacíos de la zona. Cualquier cosa antes de llegar a una situación que lo mismo acaba con los chicos en la cárcel. También sostiene que las políticas que buscaban la repoblación no han servido para nada. Una idea muy parecida a la que mantiene desde hace tiempo Miguel Martínez Tomey, asistente en el Parlamento Europeo y experto en la materia, que opina que personas como las que ocupan hoy Fraguas tienen el ADN que debería germinar si queremos dar solución al problema de la despoblación rural: determinación e ideas. «Plantean un modelo de desarrollo acorde con los tiempos que vivimos, pero con la legislación actual en la mano es imposible que proyectos como éste prosperen. «Tenemos que replantearnos todas nuestras políticas», dice. En su opinión, si hay voluntad se puede hacer una interpretación más laxa de las leyes, y recuerda que hay ejemplos que lo confirman. «Ahí está el polígono de tiro más grande de Europa occidental construido en el corazón del parque natural de las Bardenas Reales, al sur de Navarra».
Tomey cree que el argumento de la administración autonómica, el de que la zona es ahora un área protegida, no se sostiene. «Fraguas era un pueblo antes y puede seguir siéndolo».
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Hasta que los españoles no nos liberemos de esa costra podrida y blindada por la ignorancia y el moho del franquismo sociológico, analfabeto en humanidad y cultura social, estaremos soportando vergüenzas como ésta. Un forma tan estúpida de frustrar el desarrollo de la conciencia y del conocimiento, inexplicable en un país europeo del siglo XXI. ¿Cómo no sentirse extraterrestre en lugares como estos, entre mugre semejante? ¿Cómo no van a emigrar nuestros hijos e hijas? ¿Qué futuro tiene un país que castiga con multas astronómicas y años de cárcel a quienes implementan las iniciativas que pueden salvarle de la miseria, del cambio climático, de la despoblación y del deterioro medioambiental, en vez de interesarse y, fomentar y apoyar solidariamente esos proyectos, para que mejoren y cundan en vez disminuir?
El pp tenía que ser...¿quién si no? Garrulos e injustos hasta matar o morir, como los legionarios novios de la muerte, sin pasar por el conocimiento y el análisis de los problemas, por el diálogo, la escucha y los acuerdos, por la humildad de aceptar que equivocarse es humano y podemos corregirnos y mejorar la vida de todos, no sólo el bolsiloo de unos pocos. Ains! Con tanta Semana Santa este país es un viacrucis, XD!
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