Supremo modus operandi
Los jueces europeos lo tienen claro, como claros eran los informes
de los forenses vascos que decían que la costilla rota, el neumotórax,
los hematomas y las lesiones oculares no eran compatibles con una
detención que precisara de fuerza
No ha podido dictarse en
mejor momento la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos
condenando a España por tratos inhumanos y degradantes a los etarras
Portus y Sarasola. Nos permite entender muchas de las cosas que están
sucediendo ahora mismo. Es una sentencia absolutamente pedagógica para
visualizar cómo actúan algunos tribunales de este país -en casos que
afectan a la llamada razón de Estado- entre los que se encuentra el
Tribunal Supremo. Y digo que se encuentra porque esta realidad también
afecta a la Audiencia Nacional y al Tribunal Constitucional. Además, la
Corte Europea nos permite ver cómo los jueces y tribunales de órganos
territoriales han dado en estos casos una respuesta más ajustada a
Derecho y a la protección de los derechos fundamentales.
La lectura de la sentencia de Estrasburgo - ¡quién me iba a decir que
al final hablar francés serviría para algo! - deja meridianamente claro
que el Tribunal Supremo del Reino de España casó una sentencia de la
Audiencia Provincial de Gipuzkoa de una forma anómala y bastante
vergonzosa. Como dice la Corte: “el Tribunal Supremo no se ha limitado a
realizar una interpretación diferente de las pruebas documentales” -que
podría- “sino que ha reevaluado también la credibilidad de los
testimonios de los dos denunciantes y de los tres testigos”. Esta nueva
apreciación de la prueba sin inmediación y sin contradicción fue
determinante para la anulación de la condena de los guardias civiles y,
sin embargo, no es lícita. El rapapolvo de Estrasburgo al Supremo va más
allá, ya que le dice que se ha limitado a descartar la versión de los
etarras sobre las torturas sin llegar a establecer una versión
alternativa que pueda casar con los informes medico forenses y las
pruebas presentes en el procedimiento. O sea, que Saavedra, Martínez
Arrieta, Soriano, Berdugo y Sánchez-Melgar, se fundieron todas las
cuestiones vedadas a un tribunal de casación para salvar de la condena a
los guardias civiles que maltrataron a los dos etarras. Por encima de
ellos, el Tribunal Constitucional ni siquiera admitió los recursos de
amparo, así que tal aberración quedó salvada.
No contentos con ello, los magistrados del Tribunal
Supremo tuvieron a bien arrastrar en la sentencia el trabajo realizado
por los magistrados de la Audiencia de Gipuzkoa, afirmando que no fueron
cautelosos a la hora de juzgar, que prestaron poca atención a algunos
datos o que se creyeron la versión de los denunciantes “sin especiales
valoraciones probatorias”. Pues bien, ha tenido que ser Europa la que
reivindique el trabajo de los magistrados Subijana, Barbarín y Moreno
Galindo, que supongo que haciendo de tripas corazón hicieron su trabajo y
nada más que su trabajo. Ha tenido que ser una instancia supranacional
la que avale el trabajo del instructor Luis García Delgado, al que la
sentencia del TS también ponía bonito ya que, según decían, “no se le
ocurrió hacer una reconstrucción de los hechos”. Difícil cosa, dado que
los etarras iban con los ojos tapados y los guardias negaban que
hubieran sucedido. Pasados los años, al menos esto constituye una mínima
satisfacción personal para ellos y un reconocimiento por el trabajo
bien hecho y por su defensa del Estado de Derecho. El Estado de Derecho
se defiende así. Defendiendo sus principios te guste o no te guste, y
sea el que sea el destinatario de las vulneraciones.
Los jueces europeos lo tienen claro, como claros eran los informes de
los forenses vascos que decían que la costilla rota, el neumotórax, los
hematomas y las lesiones oculares no eran compatibles con una detención
que precisara de fuerza. Además, había un testigo de la misma que
aseguraba que ellos se entregaron sin resistencia al ser descubiertos en
un control. Así que los magistrados europeos han visto, como los de San
Sebastián, que a los etarras entre la detención y su llegada al cuartel
los llevaron a una senda forestal y les inflaron a hostias, además de
hacerles la bañera en un río cercano.
Para todos los
que justifican que se maltrate y se veje a individuos como estos -que
habían asesinado a dos personas en un salvaje atentado en la T4
madrileña-, y dado que no comprenden la razón por la que un Estado
democrático no puede comportarse como lo hacen los criminales, voy a
recordarles lo peligroso de alentar estos comportamientos de venganza y
violencia por parte de las fuerzas policiales. Les recuerdo el Caso
Almería y aquellos tres jóvenes que iban a una comunión y que acabaron
quemados en un barranco al ser confundidos por un vecino y por la
Guardia Civil con un comando etarra. Las torturas los mataron. Eran
inocentes. Ni siquiera han sido reconocidos como víctimas.
La sentencia del TEDH nos muestra cómo los tribunales más próximos al
poder pueden llegar a poner la razón de Estado por encima de
consideraciones puramente legales o de los derechos fundamentales. Y lo
siguen haciendo. Ha sucedido con el caso de los jóvenes de Alsasua, en
el que la respuesta de la jueza de Instrucción de Pamplona y de la
Audiencia de Navarra fue ajustada y en el que hemos visto como el asunto
le fue arrebatado a favor de una Audiencia Nacional, que ha procesado
por un delito de terrorismo que no encaja en la legalidad. Roguemos
porque la reparación de este daño no se dilate en un largo camino a
Europa y que los juzgadores lo corrijan antes.
Es lo
mismo que está sucediendo con los independentistas catalanes. Primero la
Audiencia Nacional y luego el Tribunal Supremo asumen una postura como
poco errónea, como ve cualquier penalista desapasionado, y que, es de
temer, que no sea detenida y corregida hasta que llegue al Tribunal que
hoy condena a España. Cuando eso suceda, diez años más tarde, ¿qué
consecuencias políticas tendrá? A saber. Lo que importa es lo de ahora.
Como sucedió con la Doctrina Parot y con tantas otras cosas.
Asistimos al mismo modus operandi. De telón de fondo, siempre el
independentismo. Primero el violento y luego el no violento, que se ha
transformado en rebelde por mor de un vuelo de pluma jurídico y unos
informes de la Guardia Civil.
¡Viva la honrada la Guardia Civil...! y, a ser posible, los tribunales de Justicia
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