Seguimos donde estábamos

Javier Pérez Royo

eldiario.es

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El Gobierno sigue confiando en que a través de los tribunales puede conseguir mantener el statu quo en lo que a la integración de Catalunya en España se refiere. La legalidad, en este caso el bloque de la constitucionalidad, Constitución+Estatuto de Autonomía, sigue en pie y únicamente dentro de dicho bloque cabe recuperar el ejercicio del derecho a la autonomía en Catalunya y dejar atrás el 155 CE. Tarde o temprano, más bien temprano que tarde, el nacionalismo catalán tendrá que aceptar que las cosas son como son y que no hay más ejercicio de autonomía que el previsto en la Constitución y el Estatuto.

El nacionalismo catalán confía en burlar la acción del Gobierno, moviéndose simultáneamente dentro y fuera del marco constitucional-estatutario. O, mejor dicho, fuera y dentro de dicho marco. Fuera mediante la activación de una Asamblea de electos, municipales, provinciales y autonómicos, que darían “legitimidad” a Carles Puigdemont como President de Catalunya, aunque residiera en Bruselas. Y dentro, presentando un candidato para la investidura por el Parlament que fuera jurídicamente inobjetable. El nacionalismo dispondría así de un Gobierno “legítimo” en el exilio y un Gobierno “legal” en Catalunya.

Esta tensión entre legalidad y legitimidad es la que ha estado presente a lo largo de todo el procés.  El Gobierno de la Nación ha sostenido que en un Estado democráticamente constituido no puede admitirse que exista dicha tensión, ya que sólo el ejercicio del poder dentro de la legalidad puede considerarse legítimo. En Democracia, la legalidad es la premisa de la legitimidad. No hay legitimidad fuera de la ley.

El nacionalismo catalán, por el contrario, considera que hay un problema de legitimidad en la relación entre Catalunya y el Estado, en la medida en que la fórmula de integración de la primera en el segundo, el Pacto entre el Parlament y las Cortes Generales ratificado por los ciudadanos en referéndum, fue desautorizado por el Tribunal Constitucional, que impuso con su sentencia una fórmula de integración distinta a la pactada y refrendada.

En consecuencia, el “bloque de constitucionalidad”, en lo que a Catalunya se refiere, carece de legitimidad. Para que pudiera considerárselo legítimo, hubiera sido preciso que el texto del Estatuto, tras la sentencia del STC 31/2010, hubiera sido sometido a referéndum, que es algo que únicamente el Gobierno de la Nación puede hacer. Un Estatuto sin refrendo ciudadano carece de legitimidad. Con una norma impuesta desde fuera no se puede considerar que lo que se ejerce es el derecho a la autonomía, pues derecho de autonomía e imposición desde el exterior son términos que se excluyen.

En esas estamos. El Gobierno de la Nación y el nacionalismo catalán siguen situados en planos distintos, entre los que no existe ningún punto de conexión y, en consecuencia, es imposible que se entable un diálogo genuino.

Con la entrada en acción del Tribunal Supremo menos todavía. En la querella que está siendo instruida por el juez Pablo Llanera figuran, por el momento, 28 dirigentes nacionalistas, 19 de los cuales son parlamentarios electos. Con seguridad, todos ellos van a quedar inhabilitados, como mínimo, para ocupar cargo público. Esta inhabilitación de los nacionalistas que están en Catalunya potencia la legitimidad de los nacionalistas que está fuera o que, estando dentro, hacen uso de la Asamblea de Electos como plataforma para dirigirse a la sociedad catalana.

Seguimos como estábamos antes de la aplicación del 155 CE y antes de que el Tribunal Supremo admitiera a trámite las querellas contra los miembros del Govern y de la Mesa del Parlament, contra los “Jordis” y contra algunos parlamentarios electos y altos cargos de la Generalitat presidida por Carles Puigdemont. Ni el nacionalismo avanza un milímetro hacia la independencia, ni el Gobierno consigue avanzar un milímetro en que el nacionalismo catalán esté dispuesto a aceptar el statu quo de la integración de Catalunya en el Estado.

Doy por supuesto que el lector sabe que, en Política, seguir donde se estaba, es retroceder, porque el tiempo no se detiene y porque cada paso que se da en cada una de las dos direcciones aleja la solución del problema.

Por mucho que se empeñe el Gobierno, ni con el 155 CE ni con la ayuda del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, se puede resolver el problema de la integración de Catalunya en el Estado.

Por mucho que se empeñe el nacionalismo catalán y por muchos que sean los artilugios que se le ocurran, no se va a producir la independencia de Catalunya.

La realidad no es como la pinta el nacionalismo catalán, pero tampoco como la pinta el Gobierno de la Nación. Mientras no se reconozca así, seguiremos donde estábamos, esto es, retrocediendo.   

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En Democracia, la legalidad es la premisa de la legitimidad. No hay legitimidad fuera de la ley.

¿Qué hacer cuando la Democracia hay que escribirla con minúsculas y bastardilla porque su calidad y dimensiones tienen de Democracia lo que yo de Donald Trump?

Cabe sostener que esta premisa es válida como referente siempre que la Ley sea justa y su finalidad no sea servir a intereses que vulneran la soberanía. Siempre que la Ley no la hayan diseñado políticos y juristas demostradamente conchabados para servirse de ella en provecho de determinados estamentos y sus contenidos procedan de un estado corrompido hasta la médula, donde lo  que prima es que cualquier  fin degradante se justifique  con medios "legales", que es lo que nos está sucediendo ahora mismo. Y en realidad ya nos sucedía desde hace tiempo antes de llegar a este rigor mortis de la decencia.

Se considera un bien la unidad de España, una unidad inscrita en un modelo de estado que nunca se ha sometido a referendum estatal, sino que mediante una Constitución muy legal pero de dudosa legitimidad, que dadas las curcunstancias en que su propia implantación tuvo lugar, no garantiza la legetimidad impuesta con calzador por una legalidad ortopédica y no nacida de la voluntad del pueblo soberano, sino de los planes políticos de sus "ppadres puputativos".

Que me disculpen los expertos en el tema, pero no hay que ser Cicerón para comprender que ninguna ley tiene bula ni legitimidad para vendernos la cabra y colocar los mandatos y las normas útiles al poder, por encima de los derechos de las personas mientras el estado es incapaz de cumplir con el deber fundamental de ese estado de derecho que pretende ser en teoría y que jamás legislaría a favor de una corriente política determinada y de statu quo bochornoso; para que la Ley sea legítima y  válida el primer requisito es que sea ética y justa y que construya y no degrade el bien común, de lo contrario estaremos a la altura de cualquier arbitrariedad de "lobby" poderoso, de dictadura camuflada en una legalidad ilegítima, manteniendo y respetando como algo sagrado un fraude colosal.

Tal vez sea por esa sinrazón, tan absurda como mezquina y estúpidamente retorcida, por lo que en semejante aberración es imposible salir de un bucle institucional y hasta "constitucional" en el que se han quedado pringados los poderes como en la vieja  fábula: "A un panal de rica miel cienmil moscas acudieron y todas ellas cayeron presas de patas en él". 

El Poder Judicial está vinculado al Ejecutivo y entre los dos tienen inutilizado al Poder Legislativo, en Catalunya, en Madrid y en todo el estado. Lo que decide el Parlamento lo tiran abajo y lo bloquean los dos cómplices y sus tribunales, con lo cual, el único espacio en que se puede legislar desde la representación popular, según permite la Carta Magna, está desautorizado y desvitalizado por completo. Vacío de contenido real, aunque muy monárquico.

La única forma de salir de este embrollo intrincado y zarrapastroso, creado aposta para imposibilitar la propia Democracia es exactamente la activación democrática y que esa fuerza de la inteligencia colectiva dé un corte sanador en plan nudo Gordiano. Hay que tener el valor de utilizar todos los recursos legítimos aunque sea pasando por sacrificar los rituales planificados de los partidos y aparatos políticos que dicen valorar tanto la unidad de una España que sus sectarismos y mopías impolíticas están desguazando dejándola en manos de filibusteros, con el fin de sacar tajada electoral en cuanto puedan, y en plan buitre están esperando a que se mueran el problema y el futuro de muerte natural, por agotamiento, para repartirse la carroña de los despojos electorales y seguir especulando con el CIS sobre los primeros y últimos puestos de la lista de Schindler en el campo de concentración, donde agoniza la dignidad y la esperanza de los españoles. Y ese corte al nudo Gordiano solo puede ser una moción de censura ejecutada cuanto antes por todas la fuerzas democráticas sanas, para que desaparecido el obstáculo principal, la normalidad de la Ley legítima -con la legalidad de lo Legítimo-, sean por fin instrumentos constructivos y no unos grilletes paralizantes sin sentido y sin razón de ser en un supuesto estado de Derecho Democrático, en el que el estado soberano debería disponer de recursos legítimos y legales para deshacerse de la usurpación delincuente y "legal" de cualquier mafia dedicada a apoderarse del Estado invadiendo "legalmente" las instituciones y 'subvencionados' por empresarios de toda laya millonaria, y a ponerlo en venta para llevárselo crudo usando la Ley a su servicio y paralizando y manipulaando a su gusto todos los poderes del Estado, incluyendo como extensiones a los altos tribunales que usan como felpudo y mando a distancia, cada vez más corta. 

Posiblemente los magistrados que no se consideren cómplices de esta mafia política deberían perder el miedo y rebelarse contra esta utilización delictiva y corrupta de sus propias funciones y denunciarla sin miedo y públicamente, fortalecer la Democracia y explicar al pueblo pedagógicamente lo que está pasando, pero al parecer se han acoplado también al statu quo de marras y salvo Ximo Bosch que cuando se le pregunta se atreve a decir algunas cosas, que son obvias, pero que sólo él aporta, no hay nadie más dispuesto a denunciar que  el traje del Emperador no existe y que ya es hora de reconocer que va en cueros y debe aceptar que ya nadie se traga el cuento nada más que él y sus chambelanes. Y que la ciudadanía ya ha sufrido bastantes abusos y fraudes como para seguir consintiendo tantas maldades amparadas en una ley que no merece y ni el nombre por el daño y el deterioro a que está sometida. La Ley es para el hombre y no el hombre para la Ley. Y toda ley que se utiliza para cometer injusticias en su nombre y da lugar a tanta manipualción no es una buena ley y habrá que sustituirla por otra que no fecilite malos entendidos ni manipulaciones instrumentales ad hoc.

Mientras esto no se arregle ni se tome en serio, seguiremos encerrados en el laberinto y siendo el menú favorito del Minotauro, como define Varoufakis al poder oculto que a pesar de llevar muerto tanto tiempo nos sigue engañando con el miedo y la amenaza a través de los vivales que nos asustan con él mientras viven y se forran a costa del cuento y de todos nosotros.

Como dice Serrat en Los macarras de la moral, "porque como los fantasmas, no son nada si les quitas la sábana". Eso, arranquémosles la sábana y veremos lo tontisímos que fuimos con tantos remilgos y obediencias estúpidas a quienes manejaban las leyes a su gusto cuando debían haber estado en la cárcel desde hace años, del primero  al último.