jueves, 22 de febrero de 2018

¿Gobierno? No, una patética jaula de grillos

Amnistía Internacional denuncia a España por su falta total de sensibilidad humanitaria y por su brutalidad represiva



Amnistía Internacional (AI) ha denunciado este jueves los retrocesos que ha experimentado la libertad de expresión en España y considera que este derecho se restringió de forma "desproporcionada" en 2017. Así lo ha documentado en su informe anual en el que analiza la situación en 159 países.
"Este ha sido un mal año para la libertad de expresión", ha resumido Esteban Beltrán, director de AI en España, durante la presentación del documento.




La restricción al derecho de las personas a manifestarse, la falta de protección "adecuada" a refugiados y migrantes o la violencia contra las mujeres fueron algunas de las principales vulneraciones de derechos humanos en España el año pasado, de acuerdo con el informe. Estas son sus principales conclusiones.

Libertad de expresión y de reunión, "amordazadas"

La ONG alerta de que en 2017  se "restringió desproporcionadamente" la libertad de expresión y el derecho de reunión pacífica, tanto en el ámbito de las leyes como a través de algunas prácticas policiales. Esta restricción se produjo especialmente debido a la situación política en Cataluña, tras la suspensión, por parte del Tribunal Constitucional, de la ley del referéndum: "En Madrid y Vitoria, los tribunales prohibieron dos reuniones públicas de apoyo al referéndum".
Además de las limitaciones a protestas pacíficas, AI denuncia también el uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes por parte de las fuerzas de seguridad, en relación a las cargas policiales del 1 de octubre en Cataluña. "La policía disparó cartuchos de fogueo y pelotas de goma, e hirió de gravedad a una persona que perdió la visión de un ojo", recuerda la ONG.
Asimismo, AI tacha de "excesiva y desproporcionada" la prisión preventiva decretada en octubre para Jordi Cuixart y Jordi Sànchez, presidentes de organizaciones independentistas, acusados de sedición, un delito, a su juicio, "definido de forma muy general".



Civil guards clear people away from the entrance of a sports center, assigned to be a polling station by the Catalan government in Sant Julia de Ramis, near Girona, Spain, Sunday, Oct. 1, 2017. Scuffles have erupted as voters protested as dozens of anti-rioting police broke into a polling station where the regional leader was expected to show up for voting on Sunday.
Cargas policiales a las puertas de un centro de votación el 1-O. AP Photo/Francisco Seco
Por otro lado, decenas de personas fueron procesadas y 20 fueron declaradas culpables por "enaltecimiento del terrorismo" y "humillación a las víctimas" en las redes sociales en 2017, de acuerdo con la ONG. El documento recoge, entre otros, el caso de Cassandra Vera, tuitera condenada a un año de prisión por sus chistes sobre Carrero Blanco
"Alzar la voz se ha vuelto cada vez más peligroso en las redes. Están siendo criminalizadas letras de canciones y bromas bajo categorías vagas", ha criticado Beltrán. "En los últimos años se han disparado las condenas. En 2011, cuando ETA todavía mataba, hubo una condena por enaltecimiento del terrorismo. Del año 2011 al 2017 ha habido 76 sentencias condenatorias", apunta.
Además, periodistas y ciudadanos particulares fueron sancionados por la Ley de Seguridad Ciudadana, como la reportera Mercé Alcocer, de Catalunya Radio, multada con 601 euros por traspasar una línea policial "no señalizada" cuando estaba cubriendo el caso Pujol en la Audiencia Nacional. "Hay una inquietud por la autocensura a la hora de documentar actuaciones policiales, según los testimonios que hemos recibido, y muchas más personas tienen miedo a la hora de salir a la calle a protestar y reclamar sus derechos", sostiene Beltrán.

Continúan las devoluciones en caliente

Uno de los principales acontecimientos en materia de derechos humanos que dejó 2017 fue la condena del Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra España por la devolución de dos personas desde Melilla a Marruecos en 2014, al concluir que estas son ilegales.
Pese a la condena, el Gobierno, según denuncia la organización, sigue llevando a cabo estas expulsiones sumarias en Ceuta y Melilla. "Desde la sentencia –el pasado octubre–, al menos 40 personas han sido expulsadas de forma ilegal corriendo el riesgo de ser sometidas a torturas y malos tratos, aunque el numero podría llegar a 130 personas", ha apuntado el director de AI.



Seis inmigrantes permanecen encaramados en la valla de Melilla
Seis inmigrantes permanecen encaramados en la valla de Melilla EFE
"Reclamamos que Estrasburgo reconociera que se había vulnerado el derecho a tener derechos, a que una persona que quiere traspasar una frontera tiene derecho a no ser tratado como un fardo", ha explicado Isabel Elbal, abogada demandante, quien ha destacado "el trabajo colectivo" en el caso. El Ejecutivo ha recurrido el fallo y la condena será revisada.
"El plazo de tiempo puede oscilar entre un año y un año y medio. En este plazo deben respetarse los derechos, pero se siguen practicando devoluciones y sabemos que el Gobierno no tiene ninguna intención de acatar la sentencia, salvo que le obliguen", asevera Elbal.
Además de las expulsiones automáticas, AI denuncia que en 2017 se siguieron cometiendo violaciones "flagrantes" de derechos y abusos contra personas migrantes y refugiadas en España. Pone como ejemplo el encierro de más de 500 personas en la cárcel de Archidona o "las restricciones a la libertad de movimiento" de los solicitantes de asilo en Ceuta y Melilla.
El informe recuerda otro de los "fracasos" de las políticas migratorias el año pasado: el incumplimiento de los compromisos de acogida de refugiados. Hasta diciembre de 2017, llegaron apenas el 15% de las 17.337 personas a las que el Gobierno se comprometió a reubicar. Mientras, quienes solicitan asilo siguen sufriendo retrasos en la respuesta sobre su petición, según la ONG.

Persisten los desahucios y los asesinatos machistas

A pesar del discurso de recuperación económica defendido por el Gobierno, "el impacto de las medidas de austeridad implementadas como consecuencia de la crisis está dejando desamparadas a decenas de miles de personas en España", ha insistido Beltrán. 
Un año más, AI ha vuelto a poner el foco sobre la exclusión sanitaria de los migrantes en situación irregular y los desahucios. En julio, expertos de la ONU concluyeron que España violó el derecho a la vivienda de una familia que fue desahuciada sin que se les proporcionara vivienda alternativa.
La escasez de viviendas sociales asequibles afecta en mayor medida, apunta la ONG, a madres solteras y mujeres supervivientes de violencia machista. Los derechos de las mujeres volvieron a ser en 2017 otro de los puntos oscuros en España. 48 mujeres fueron asesinadas por sus parejas y exparejas, según las cifras del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Trabas a la investigación de los crímenes franquistas

2017 tampoco fue un buen año para los familiares de las víctimas del franquismo, recuerda la ONG. "Las autoridades españolas continuaron cerrando investigaciones sobre crímenes de Derecho internacional cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo", recalcan.
Además, la entidad denuncia que "se siguieron sin adoptar medidas" para localizar e identificar los restos de víctimas y se dejó a las familias y las asociaciones "sin apoyo del Estado" en las exhumaciones.
En febrero, la Fiscalía mexicana inició una investigación a raíz de la denuncia de Ligia Ceballos, quien descubrió que podría haber sido una "bebé robada" en 1968 durante el franquismo en España. Se trata del segundo país que investiga los crímenes franquistas, después de Argentina. 

EFE
"Ya sea por ley o intimidación, España se ha convertido en un país donde los riesgos para la libertad de expresión han crecido sigilosamente en los últimos años". Apenas un día antes de que el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, haya asegurado que el Gobierno "nada ha tenido que ver" en la medida adoptada por el IFEMA de retirar de la exposición de arte contemporáneo ARCOmadrid la obra "Presos políticos españoles contemporáneos", del artista Santiago Sierra, The New York Times ha dado un repaso a España ante la amenaza que, a juicio del rotativo más prestigioso del mundo, sufre la libertad de expresión en el país.

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¿Se puede gobernar desgobernando?

¿Se puede llamar democracia a una conjura de necios filibusteros que pretendiendo oprimir al pueblo para demostrar su inmenso poder represivo sólo consiguen lo contrario de lo que pretenden?

Hasta ahora los únicos motivos que hacen a España la protagonista mediática a nivel global son la falta de libertad, el pisoteo de los derechos fundamentales como la libertad de expresión, atropellos a los ciudadanos por manisfestarse pacífcamente hasta cuando deciden hacer una simulación simbólica de referendum como protesta o el simulacro de una proclamación unilateral de una ilusión independentista llevada al extremo, -precisamente por un atentatado antipolítico como lo fue el destrozo del Estatut catalán en 2010 a cargo del mismo inútil que ahora la ha liado parda-, unos recortes atroces y desproporcionados, una corrupción sin límites, un desempleo escandaloso, una insolidaridad de antología con los refugiados, una falta de ética e incapacidad absoluta para resolver asuntos políticos por vías políticas, una confusión total de los poderes del estado acaparados por una mafia de negociantes y un destrozo general de toda inteligencia aplicable en cualquier plano de la realidad. Sólo disponen de un fortísimo instinto depredador irrefrenable.

¿Cómo calificar a la galerista de Arco, Helga de Alvear, cuando obecece ciegamente, como un perro pastor, a ese IFEMA que más bien actúa como un INFAME torpe y obtuso, sin planterase nada más que aceptar órdenes convertidas en ley por venir impuestas ,sin someterlas previamente al  filtro moral de la propia responsabilidad? ¿Qué sentido tiene el arte y la exhibición de ARCO si se mutila el sentido primordial y el valor de la conciencia artística como denuncia de realidades impresentables? La mujer se reía del hecho mientras no disponía de  argumento alguno para explicar lo que estaba sucediendo. La banalidad del mal es atroz, está disuelta como la sal marina en la ignorancia y la ecasez de ética de los pueblos sometidos y acostumbrados a la sumisión hasta el punto de considerarla como vitud y civismo. La insumisión no consiste en el barullo ni en montar batallas campales, sino en tener razones éticas para decir un no bien contundente a las injusticias y los atropellos. ¿Qué habría ocurrido si Helga de Alvear en vez de pensar en el nogocio que le va a reportar ARCO hubiese pensado en los derechos que vulneran la orden del IFEMA?

Cristina Cifuentes asegura, en su natural modo Poncio Pilatos, que no tiene ni idea del tema, siendo la responsable de todo. Si es cierta su responsabilidad, es una irresponsable y si no es reponsable de semejante disparate, ¿qué pinta ocupando un puesto público que la soprepasa y cobrando un sueldo por no hacer nada más que salir en los medios asumiendo que nunca sabe nada de las responsabilidades que ella misma se atribuye cuando no hay que asumir errores, corrupciones y barbaridades?

¿Y qué decir de ese lince de jueza secuestradora del libro "Fariña", donde el delito consiste en contar los casos de corrupción por la droga en Galicia, y nada menos que en 'mancillar el honor' de un alcalde corrompido hasta las trancas e inhabilitado durante años por la propia justicia para el ejercicio de cargos públicos, fechorías que la mayoría de españoles no conocíamos hasta que el mismo ex alcalde se ha ocupado concienzudamente de ponernos al día acerca de sus méritos monipodianos? Una denuncia fuera de tiesto, con un montón de años de retraso... cuando el libro lleva diez ediciones, y con la evidencia demostrada de que el propio denunciante ni siquiera conoce el texto ni lo ha leído y sólo sabe que habla de él... y se figura que han contado todo lo que hizo, y no, que su espléndido curriculum de mangui municipal en ese libro se reduce a un par de citas...En fin, que la miseria apesta y hasta nubla las entendederas del gerifaltado caciquil y acaba por convertirse en boomerang cargado con la misma mierda con que se lanzó, pero reforzada y multiplicada en el viaje de vuelta.

La ceguera de la sumisión es tan terrible y anestésica que inutiliza a las sociedades humanas hasta que se deshumanizan sistémicamente.

Esa intolerancia histérica contra todo lo que les obsesiona y esa manga de anchura inconmensurable hacia todo lo que les da beneficios han convertido al desgobierno de España en una jaula de grillos trastornados. Sin presupuestos no se puede gobernar. Sin diálogo y podridos de corrupción hasta las trancas es imposible tener tiempo ni espacio para alaborar presupuestos ni nada de nada si  toda la atención está puesta en ocultar mondongos que crecen como champiñones: en la oscuridad y entre el estiércol. Confiar en que gente que sólo quiere mandar por mayoría se eduque en la pluralidad respetuosa y cooperativa de la democracia es pedir peras al olmo. Rajoy y el pp,no han encontrado en C's a un socio, sino su propio espejo.

Como ciudadana de este engendro llamado España me avergüenza y me entristece profundamente que ms hermanos catalanes con ideas secesionistas, que no comparto, pero que comprendo, estén encarcelados y que los que no quieren cárcel estén en el exilio porque en España pesa sobre ellos la orden judicial de búsqueda y captura, mientras sobre el clan Rajoy no existe el menor reparo judicial, una vez demostrado de mil formas que M.Rajoy ha estado desde siempre al loro y detrás de todos los enjuagues. No es posible que toda una organización para delinquir tenga una cabeza visible que no comparta la misma finalidad. En tal enjuague nunca se elegiría como presidente a alquien honesto. Las señorías tribunalescas tendrían que revisar el uso maquiavélico y acomodaticio que hacen de las leyes.

Mientras tanto, los grillos están desatados.

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