viernes, 23 de febrero de 2018

La reforma electoral I

Javier Pérez Royo

La composición del Congreso de los Diputados y del Senado y la Ley Electoral son tributarias de la Restauración de la Monarquía como forma política del Estado español. Su composición y forma de elección son una garantía de la Restauración Monárquica. Si no se entiende esto, no se entiende nada.
La composición del Congreso de los Diputados y del Senado y la Ley Electoral son preconstiticionales. La composición la decidió la Ley para la Reforma Política, la última de las Leyes Fundamentales del Régimen del general Franco, aunque tal Ley Fundamental, como es sabido, fuera aprobada después de la muerte del general.
Pero fue aprobada por las Cortes del Régimen como su Ley Fundamental. En esa Ley Fundamental está el Congreso de los Diputados con 350 escaños y está el Senado "provincial". La forma de elección se decidió a través del Real Decreto-ley 20/1977, de 18 de marzo de normas electorales, aprobado por el Gobierno presidido por Adolfo Suárez. Con dicho decreto-ley se celebraron las elecciones del 15 de junio de 1977. Las Cortes elegidas en ese día harían la Constitución.
La Constitución reproduciría prácticamente la composición del Congreso y el Senado de la Ley para la Reforma Política y la Ley de Régimen Electoral General de 1985 reproduciría el sistema electoral previsto en el Real Decreto-ley 20/1977. Formalmente ya no son preconstitucionales, pero materialmente sí. La definición de la institución parlamentaria, que es la pieza más importante de toda Constitución democrática, es formalmente constitucional, pero no materialmente.
Hubo más debate en las Cortes de Franco que aprobaron la Ley para la Reforma Política que en las Cortes Constituyentes acerca de las Cortes Generales de la democracia española. Y hubo mucha más reflexión sobre el sistema electoral en el equipo que redactó el Real Decreto-ley 20/1977 que en las Cortes que aprobaron la LOREG.
En la Constitución de 1978 se ha repetido el modelo que se siguió en las constituciones de 1845 y de 1876. La Monarquía en España se ha asentado siempre en la devaluación del principio de legitimidad propio del Estado Constitucional: el principio de soberanía nacional en el siglo XIX, el principio de soberanía popular en el siglo XX.
Entre 1845 y 1876 el parecido es enorme. Ambas Constituciones reaccionan frente al principio de soberanía nacional de las Constituciones de 1837 y 1869, y dan vida a dos sistemas políticos en los que el Rey es el eje y en el que la elección de las Cortes Generales es el resultado del fraude electoral. La Monarquía Española, que era la forma en que las Constituciones del XIX la definían, fue una forma política constitutivamente corrupta, electoralmente corrupta. Únicamente con base en la corrupción electoral podía operar. Cánovas lo reconocería expresamente en el debate sobre la ley que introdujo el sufragio universal (masculino por supuesto) en 1890. Calificó el sufragio universal de la "forma menos digna" de obtener la voluntad popular, dado que cuanto más universal fuera el sufragio más universal tendría que ser la corrupción electoral.
Entre 1845 y 1876 hay una diferencia importante. A partir de finales del XIX el tránsito del campo a la ciudad se acelera y en las ciudades es más difícil que opere la corrupción electoral. La amenaza del sufragio, que no existió para la Constitución de 1845, sí estuvo presente en la Constitución de 1876. Al final sería una manifestación del sufragio universal, aunque fuera en unas elecciones municipales y como consecuencia del resultado en las capitales de provincia, la que haría saltar por los aires la Monarquía de la Primera Restauración.
En 1978 la Monarquía ya no podía descansar abiertamente en la corrupción electoral como en 1845 y 1876. Las elecciones tenían que ser por sufragio universal y tenían que ser una elecciones limpias, sin fraude en el proceso electoral. En la Europa de finales del siglo XX esto no era discutible.
La devaluación del principio de legitimidad democrática tenía que conseguirse por otras vías. La "corrupción" tenía que introducirse en la propia definición institucional del órgano a través del cual se expresa la soberanía popular, las Cortes Generales, y en la fórmula para la elección de sus miembros.
Y es lo que se haría. Se introduciría un "poquito" de corrupción en la composición y fórmula de elección del Congreso y un "muchísimo" de corrupción en la composición y fórmula de elección del Senado.
En lo que al Congreso de los Diputados se refiere, el objetivo era que, a través de una desviación calculada del principio de igualdad, la composición del órgano se escorara ligeramente hacia la derecha y hacia un bipartidismo casi inexorablemente dinástico. En el Senado se producía pura y simplemente la negación del principio de igualdad.
Esta "corrupción electoral" de baja intensidad en el Congreso y de enorme intensidad en el Senado es la que ha hecho posible que el sistema político de la Segunda Restauración haya funcionado con cierta normalidad durante varios decenios. Pero esa misma corrupción es la que lo está condenando. Porque con corrupción electoral no es posible activar la reforma de la Constitución.
Y una Constitución que no se reforma está condenada a desaparecer.

********************************


Impecable diagnóstico, Profesor. Sólo hemos necesitado un pp terminator para que la jugada se remate a sí misma, acelerando un proceso que los intervalos de gobierno Psoe, a lo largo de una transición evanescente  han ido camuflando de democracia superficial medianamente soportable gracias al ping-pong de una demagogia convertida en juego de cromos intercambiables en plan biparty total. Jamás se ha conseguido a nivel estatal -sí en ayuntamientos y CCAA- un gobierno plural de crisis, por ejemplo, ni de coalición inter pares, como sería lo más lógico en momentos tan difíciles como estos, donde todo lo bueno que distintas visiones políticas con posibilidad de entendimiento y sin corrupción de por medio puedan aportar, es una necesidad y no un paseo por la cola de los pavos reales parlamentarios.
El desastre total del pp es lo que está dejando en el chasis descaradamente y a la vista hasta de la mismísima ONCE, ese montaje corrupto "por lo bajini" que nos ha venido dirigiendo la orquesta institucional desde el siglo XIX, asumido con tanta normalidad como por ejemplo, estableciendo el sistema d'Hontd sin que ningún gobierno aparentemente democrático haya hecho nada por reparar un mal de fondo tan grave como para invalidar la democracia en el mismo voto democrático que al votar queda devaluado más per accidens localis que per se. Simplemente por no considerar que votar en democracia no se corresponde en absoluto con recuentos cuantitativos orientados por afinidades cualitativas, "selectivas" e interesadas, sino por elemental e incontestable evidencia: una persona, un voto, con idéntico valor (incluidos los emigrantes españoles cuyos votos raramente se tramitan desde los consulados a base de requisitos raros y plazos que cambian de fecha como el viento de dirección; tengo cuatro hijos en el extranjero para los que votar no es sólo una incertidumbre sino además, un suplicio, si el consulado español más cercano lo tienen a 100 kmts, les envían la carta para que vayan a otro que está a 300 kmts y cuando llegan les dicen: "vaya, ayer se cerró el plazo,se ve que el correo te llegó tarde" y cosas por el estilo).
Está claro que toda corrupción es gravemente maligna  y que cuanto más desapercibida pasa, más daño hace, porque se convierte en sistema funcional, transforma en disfunción todo lo que toca y hasta la ciudadanía, convertida en plebe desinformada y manipulada, rechaza la realidad para quedarse con la ficción democrática a la que se ha acostumbrado ayudada por los medios que se sostienen con dinero venga de donde venga, que a caballo regalado no se el mira el diente.
No hay pucherazo más eficaz e indetectable que hacer del pucherazo el sistema que controla y garantiza la prevalencia del pucherazo como garantía democrática, que ningún demócrata se atrevería a poner en tela de juicio.

Ocultar esa maldad, ponerle paños calientes, minimizarla e incluso venderla como útil y beneficiosa, para evitar males mayores no es una señal de inteligencia política sino un fallo garrafal de ética, de justicia, de igualdad y de inteligencia social, que acabará con el propio sistema que se intenta mantener a base de hacerlo cada vez más impresentable y dañino, hasta para sus propios beneficiarios. Es cierto que en ese proceso el mismo sistema se suicida inexorablemente, pero es terriblemente injusto, cruel y feroz que se lleve por delante tantas vidas hundidas para siempre en la miseria, los malos tratos, las vejaciones, la humillación, la punición incomprensible, el sufrimiento inútil y el olvido. Y que todo ese paquete de horrores se asuma con un cinismo "natural" que debería poner los pelos como escarpias mucho más que el cuelgue de cualquier bandera o el canturreo de cualquier himno

Esa mentalidad que convive con leyes sacralizadas -por el hecho de ser un poder supremo y no por sus contenidos- capaces de hundir vidas para mantener "legalidades" humanamente  ilegítimas y éticamente ilícitas, con resultados tan desastrosos como los que estamos padeciendo day by day,  tiene que ser desalojada de las instituciones, y sobre todo de las creencias colectivas intoxicadas por el miedo indefinido "al caos" y a la 'inestabilidad ', -como si este modo de actuar y decidir no fuese el mas peligroso caos y la más tóxica "estabilidad" que hemos padecido hasta ahora- pero sobre todo deben hacer ese trabajo y ese servicio a la sociedad los juristas, magistrados, fiscales y tribunales, que con sus sentencias a favor de la corrupción de conciencias, de la reperesalia, de la intolerancia convertida en legalidad, están enfangando de lodo  jurisprudente todo lo que tocan. Basta echar un vistazo a la ristra de sentencias que hablan por sí mismas para flipar en todos los idiomas y prensa internacional. Ante el caso español, Cicerón habría comprendido la inocuidad de Catilina, sin duda. Ser voluntariamente el basurero "legal" de Europa, con una Constitución irreformable y un sistema legislativo demencial, mantenido por la ataduras indesatables de un dictador fiambre, controlando el aldiquá desde el aldilà, es una experiencia vergonzosa y sin precedentes en la historia contemporánea. Un valor que hay que defender y promocionar en todos los frentes, como en un oé oé general contra los twits, canciones, pintadas, libros, exposiciones, payasos, traslados fraudulentos Sijena fashion, delitos de odio por todas partes, convirtiendo en delito la expresión de un sentimiento sin actos delictivos ni agresiones perpetradas, encarcelamientos y órdenes judiciales de busca captura contra el terrorismo que piensa,   y que con el agravante de la libertad de expresión, encima, va y  hasta lo dice.Y todo ello como cortina de humo y zafio retorcimiento social por ser un gobierno y un partido que no sale de los juzgados desde hace años, donde los millones robados superan cualquier cálculo aproximado y las prevaricaciones y cohechos son medallas al mérito filibustero, buenos avales gestores y no impedimentos para ejercer responsabilidades públicas sin que haya una Justicia capaz de inhabilitarles políticamente si no se regeneran con la ética que no conocen ni de vista y cambian de orientación.
Por otra parte con la toma total del Parlamento, han estado una legislatura entera adaptando las leyes a su conveniencia para lo que ya sabían que pasaría cuando los procesos contra las artimañas del pp empezasen a llegar a los tribunales. En esa estrategia, también contaron con crear el cisco en Catalunya -Mariano ojo de lince, tan registrador de la propiedad, ya lo hizo en 2010, rompiendo la dinámica y el entendimiento con la puñalada trapera al Estatut y desencadenando la lógica y esperable reacción secesionista multidinaria que acabaría en el numerito doloroso y vergonzante para todos y todas las ciudadanas de cualquier territorio, montando con ello la excusa perfecta para dar un golpe de estado "preventivo"- y sobre todo para desviar con tiempo la atención patriótica y así, con una Catalunya de uñas, tener más campo libre para descafeinar lo suyo e irse de rositas, como el que no quiere la cosa, sin que los pille el toro de una Justicia más ciega, sorda y torpe según los ppiratas se han ido apoderando de togas y puñetas a  tutiplén. Ahora la Justicia es para el pp, después de la banca, una  sus empresas subrogadas imprescindibles, en la que ha ido colocando a sus más instruidos paladines del grouchismo marxista.

No puede prevalecer como un "valor" una legalidad semejante, más cercana al delito que a la virtud, que sólo crea víctimas y deja gobernar a los verdugos, que incluso con su ayuda llegan a las más altas responsabilidades del estado. Un recital macabro y suicida del propio Derecho, que España, sin el más leve síntoma de pudor, está dando por el mundo como especialidad de la casa. Como si no hubiésemos dado bastante que hablar y que alucinar a lo largo de nuestra historia. Como si no hubiésemos sido la inspiración bandolera de Europa durante más de dos siglos...Pues, no, la marca España no se conforma con vivir de la leyenda, por eso, en los últimos episodios de la serie, se está superando a sí misma, y pone al día sus progresos: ahora el bandolerismo se ha convertido en legislación y legislatura. Todo votado por mayoría -y por abstención de los opositores que amablemente han decidido no interferir con tiquismiquis que no conducen a nada-.

Si este manicomio fuese una serie de televisión sería un puntazo total. Lástima que al ser real pierda tanto y se nos quede pingajo fashion, en una miserable cutrez donde la mediocridad y la banalidad del mal son las maestras de la constante ceremonia de la eterna confusión manipulada y a su bola. Como el aprendiz de brujo con música de Paul Dukas y versión Disney en Fantasía.


No hay comentarios: