8 años contra el CIE: "No queremos que tengan mejores instalaciones, queremos que desaparezcan
En 1986 se pusieron en marcha en
España los primeros centros de internamiento de extranjeros (CIE).
Actualmente están en funcionamiento siete, entre ellos el de Zapadores
en Valencia, con 152 plazas, una ocupación media próxima al centenar de
inmigrantes que permanecen en las instalaciones una estancia media que
ronda los 40 días.
En 2010, a raíz de la publicación
del informe Devos, nacía en Valencia la campaña por el cierre de estas
instalaciones, el movimiento CIEs No (vertebrado a nivel estatal), del
que forman parte diversos colectivos valencianos. Su razón de
ser, exigir la clausura de estas dependencias en las que denuncian la
"reiterada y brutal vulneración de los derechos humanos" (cada último
martes de mes se concentran frente a las puertas de Zapadores, a las 19
horas, para exigir el cierre).
"No queremos un cambio en las condiciones de los
internos ni un CIE fantástico con traductores y unos servicios
excelentes, lo que exigimos es su desaparición, porque no tiene ningún
sentido y su propia existencia es opaca", explican Gema Síscar,
coportavoz de la campaña en Valencia, y Ana Pérez, presidenta de Médicos
del Mundo, quienes sostienen que no hay alternativa que no pase por el
cierre. Sí que reconocen que al menos ahora -a raíz de una resolución
judicial de abril de 2011- pueden acceder al interior de las
dependencias y comprobar in situ las condiciones
en las que se encuentran los migrantes allí retenidos. "Sigue habiendo
las mismas carencias que había hace una década, en menos cantidad, pero
se dan", apunta Pérez y explica que lo que sí que se ha logrado en este
tiempo es visibilidad.
No obstante, lamentan que, a
pesar de la labor informativa que desarrollan, continúa existiendo una
gran desinformación social que provoca una falta de sensibilización
porque las denuncias "no han calado" entre la ciudadanía, "incluso en el
ámbito judicial con la excepción de algunos casos puntuales, como el de
la jueza Victoria Rosell en Canarias". Este dato es importante,
advierten, porque al final, los pequeños logros que se pueden conseguir,
se encuentran a merced de la "arbitrariedad" del juez que aborde cada
caso o cada situación en concreto, aunque sus resoluciones no son
vinculantes sino meras recomendaciones.
"Estamos hablando de gente que se encuentra lejos de su
país y que no ha hecho absolutamente nada, más allá de intentar mejorar
sus condiciones de vida, para estar en la situación en la que se
encuentran, encerrados en lo más parecido a una cárcel que pueda haber
por una mera cuestión administrativa", insiste Gema Síscar, y añade,
"estamos hablando de personas para quienes el final de su viaje acaba
siendo un centro de internamiento porque se les aplica un sistema
represivo y de castigo para que vean que no tienen derecho a entrar en
Europa".
De toda la gente que pasa por un CIE, tan
sólo se deporta a un 30 por ciento -un 61 por ciento en el caso de
Zapadores-, "¿qué pasa con el setenta por ciento restante?". El 70 por
ciento de las personas que pasan por los centros de internamientos de
extranjeros "no son deportables", por lo que se convierte en gente que
vive en un limbo irregular atemorizada y sin derechos "que evita salir a
la calle y se siente más vulnerable". En 2016 entraron en España 14.550
personas en situación irregular de las que fueron expulsadas un total
de 5.051, más de 2.000 procedentes de los CIEs.
Un negocio detrás del proceso
Desde CIEs No denuncian también el negocio que existe detrás de todo
este proceso con temas como la asistencia sanitaria, la asistencia
social, las deportaciones... Lamentan que existan contratos de
confidencialidad con quienes prestan la asistencia socio-sanitaria, Cruz
Roja o Clínica Madrid: "Es insuficiente y no ha mejorado de forma
notable desde 2010", denuncia Pérez, quien insiste en que no se trata
como debiera a quienes padecen enfermedades graves, mentales o a las
embarazadas. En estos casos, la decisión depende de la "arbitrariedad"
del director del centro de turno, que es la persona encargada de decidir
que un interno sea atendido o no.
De igual modo,
reclaman unas leyes más humanas y solidarias, "aunque para eso hace
falta voluntad política", que señalan que sí que se da en las
administraciones local y autonómica pero no en la estatal, "que es quien
al final tiene la competencia".
Así las cosas, se
muestran escépticos sobre la posibilidad de que en un futuro próximo se
tome la determinación de cerrarlos: "A pesar de no creer que esto vaya a
suceder, nosotros no podemos dejar de denunciar su existencia".
Las denuncias
Por lo que respecta a las
denuncias por parte de los inmigrantes recluidos en los CIE, desde la
campaña comentan que es muy complicado poder comprobarlas: "muchos de
quienes denuncian maltratos acaban siendo deportados, por lo que no se
puede hablar con ellos para ver la veracidad de sus testimonios".
Además, explican que en los últimos años se han documentado una serie de
muertes en toda España (5 ó 6) que no están aclaradas.
También llaman la atención sobre la situación en la que se encuentran
las mujeres en estos centros, "mucho más desvalidas". "Muchas de ellas
son víctimas de trata, por lo que resulta muy complicado que puedan
denunciar", explican, y ponen como ejemplo lo sucedido en Aluche, donde
de trece denuncias por trata "sólo se vio una". "Por ejemplo, el
ministerio prioriza su condición de inmigrantes en situación irregular a
la de víctimas de trata", concluyen desde la campaña.
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