El hecho diferencial catalán
Sobre los llamados
“hechos diferenciales” de Cataluña se ha hablado y escrito mucho y
espero y deseo que sigamos hablando y escribiendo después de este
domingo, en el marco de una negociación de buena fe, que permita
encontrar una respuesta satisfactoria para la integración de Cataluña en
España. Satisfactoria para los ciudadanos que viven en Cataluña y para
los que viven en el resto del Estado.
Entre estos
“hechos diferenciales”, sin embargo, no figura un “hecho diferencial”
sin el cual no se entiende lo que ha pasado en Cataluña en estos últimos
años, lo que está pasando ahora mismo y lo que va a pasar el domingo y
en el futuro inmediatamente posterior. Me refiero al hecho de que el
nacionalismo catalán ha sabido dotarse de plataformas de movilización
ciudadana sin parangón en cualquier país de Europa y posiblemente en
cualquier otro país del mundo.
Conviene subrayar este dato, porque creo que no se le
está prestando la atención que merece. En términos relativos es seguro
que no hay en ningún lugar de Europa y posiblemente en ninguno del
mundo, algo comparable a lo que hay en Cataluña. La NRA, la Asociación
Nacional del Rifle en los Estados Unidos, es el ejemplo de asociación
con capacidad de movilización más conocido del mundo. Por esa capacidad
de movilización es en buena medida por lo que resulta casi imposible que
se apruebe en Estados Unidos legislación alguna sobre el control de
armas. En términos relativos la capacidad de movilización de la Asamblea
Nacional de Cataluña (ANC) no es menor. Los entre 400.000/500.000
ciudadanos integrados en la ANC se comparan favorablemente con los entre
3 y 4 millones integrados en la NRA.
Esto es algo
que se suele pasar por alto cuando se analiza el ‘procés’, sobre todo
fuera de Cataluña. Que una Asociación sea capaz de movilizar año tras
año a multitudes ingentes con un mensaje inequívoco y una logística
enormemente compleja, es un dato de primer orden. La organización de una
cadena humana de 400 KMS, como hizo la ANC en La Diada del 2013 habla
por sí misma. Sin tomar en consideración este dato, repito, no se puede
entender ni lo que ha pasado hasta ahora ni lo que puede pasar de ahora
en adelante.
Las plataformas de movilización del
nacionalismo catalán, ANC, pero también OMNIUM y otras varias, están a
años luz de las que han sido capaces de activar quienes están en contra
de la independencia. La manifestación del 19 de marzo de 2017 convocada
en Barcelona por Societat Civil Catalana reunió a entre 6.500 y 15.000
manifestantes. La comparación entre estas cifras y las que han acudido
desde julio de 2010 a la manifestación contra la STC 31/2010 y a las
sucesivas “DIADAS”, lo dice todo.
Esta es una de las
consecuencias de la estrategia del Gobierno de considerar que, puesto
que la Constitución no lo permite, el problema de la independencia de
Cataluña no existe. El NO con mayúsculas y sin matices del Gobierno de
la Nación, que es un NO a la POLÍTICA, deja sin discurso a quienes está
en contra de la independencia, que en todas las consultas celebradas
hasta la fecha no son menos que los que están a favor de esta última.
Dejar la política en régimen de monopolio al nacionalismo y reaccionar
frente a la política con el aparato represivo del Estado no puede
conducir más que a un incremento brutal de la movilización política del
nacionalismo, con la consecuencia adicional de que no va a poder ser
frenada por los jueces, fiscales y policías, a menos que pongan en
marcha una operación de represión de una brutalidad mayúscula, que
pondría en riesgo la supervivencia del Estado de Derecho y la propia
permanencia en la Unión Europea.
El Gobierno debería
reflexionar, además, sobre el daño que está infligiendo a policías
nacionales y guardias civiles, así como a los jueces con la estrategia
que está poniendo en marcha para evitar el 1-O. No se puede enviar a
millares de policía y guardias civiles a Cataluña como si fueran fuerza
de ocupación. Para esos policías y guardias civiles y sus familias la
presión es insoportable. Dichos policías y guardias civiles van a quedar
“tocados” con consecuencias imprevisibles, pero, en todo caso
negativas. Y esto lo acabaremos pagando todos en todo el Estado.
Peor todavía es la posición en la que se coloca a jueces y magistrados.
Para administrar justicia de una manera que pueda ser entendida y
aceptada por los ciudadanos, los jueces no pueden aparecer ante dichos
ciudadanos como esbirros del Gobierno de la Nación, que a través de la
Fiscalía General los hace intervenir contra ellos.
El incumplimiento de la primera obligación que la Constitución impone al
Gobierno, “la dirección de la política interior” (artículo 97. 1 CE),
supone un coste insoportable para los miembros de las fuerzas y cuerpos
de seguridad del Estado y para los jueces y magistrados que integran el
Poder Judicial, que se ven obligados a intervenir de manera represiva,
porque el Gobierno, que es el único que debería enfrentarse con un
problema de esta naturaleza, escurre el bulto.
El desastre ya no puede ser evitado. Únicamente cabe esperar y desear que no llegue a tener el carácter de irreparable.
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