¿Hasta cuándo?
La Iglesia del Régimen
del General Franco, igual que la Monarquía restaurada por él, se
introducen en la democracia española como elementos previos a e
indisponibles para el poder constituyente
La Iglesia Católica no es un “problema de la democracia española”, pero no ha dejado de generar permanentemente problemas a la democracia española
La Iglesia Católica no es un “problema de la democracia española”, pero no ha dejado de generar permanentemente problemas a la democracia española
La Iglesia Católica ha
sido uno de los obstáculos más importantes con el que ha tenido que
enfrentarse la sociedad española en su tortuoso camino para constituirse
democráticamente. En los momentos de protagonismo democrático de la
sociedad española siempre se ha tenido que enfrentar con la resistencia
de la Iglesia, que ha conseguido frustrar la consolidación estatal de
dicho protagonismo. Desde el Sexenio Revolucionario, pasando por la
Segunda República. La Iglesia Católica ha sido en nuestra historia
constitucional un problema insuperable para la democracia.
Con
la Constitución de 1978 es la primera vez que el principio de
legitimidad democrática y la Iglesia Católica están pudiendo convivir.
Pero están pudiendo hacerlo porque en la Transición, de una manera
formalmente postconstitucional, pero materialmente preconstitucional, se
le dio a la Iglesia un trato de favor, del que no es que haga uso, sino
que abusa de manera continuada.
La relación de la Iglesia Católica con lo que iba a ser
el Estado Constitucional democrático español se definió a través de unos
Acuerdos con la Santa Sede que se publicaron el 4 de enero de 1979, es
decir, pocos días después de que hubiera entrado en vigor la
Constitución el 28 de diciembre de 1978. Son, por tanto,
postconstitucionales. Pero es obvio que tales Acuerdos se negociaron por
un Gobierno preconstitucional sin control parlamentario de ningún tipo.
La
razón de que se hiciera así es clara. Tales Acuerdos no hubieran podido
ser aprobados por un Gobierno y un Parlamento constitucional, es decir,
por un Gobierno y un Parlamento que se hubiera constituido tras unas
elecciones generales celebradas con la Constitución ya en vigor. En
democracia esos Acuerdos no se hubieran podido aprobar nunca. Se
aprobaron en la penumbra preconstitucional. Ya no se estaba en el
franquismo, pero tampoco en la democracia. En ese momento es en el que
se definió la posición privilegiada de la Iglesia Católica dentro del
sistema político español.
Debido a esa posición
privilegiada la Iglesia Católica no ha sido un antagonista frontal de la
democracia española. La Iglesia del Régimen del General Franco, igual
que la Monarquía restaurada por el general Franco, se introducen en la
democracia española como elementos previos a e indisponibles para el
poder constituyente. La posición de la Monarquía y la de la Iglesia son
previas a la Constitución. Son hechos consumados. Su posición no puede
ser exactamente igual a la que tuvieron en el pasado, pero no ha sido
definida democráticamente por la sociedad española. Son condicionantes
del Régimen nacido de la guerra civil y De la Iglesia de la guerra civil
en el funcionamiento de la democracia española con base en la
Constitución de 1978.
Ahora bien, si no ha habido un
antagonismo frontal, sí ha habido juego poco limpio de manera
continuada. Empezó con las “beatificaciones” de curas y monjas que se
ponen en marcha inmediatamente después del acceso al Gobierno de Felipe
González en 1982. No hubo ninguna antes. Es cuando llega la izquierda
al poder cuando se ponen en marcha. Ha seguido con el apoyo al PP en las
manifestaciones contra el intento de regular la interrupción voluntaria
del embarazo o el matrimonio de personas del mismo sexo. Con las clases
de religión y el rechazo de educación para la ciudadanía y un largo
etcétera.
La Iglesia Católica no es un “problema de la
democracia española”, pero no ha dejado de generar permanentemente
problemas a la democracia española, aprovechándose de la situación
privilegiada que se le reconoció en la “penumbra preconstitucional”. El
escándalo de las terapias para “curar” la homosexualidad, que ha puesto
en marcha el obispo Reig Pla, pero en torno al cual ha acabado cerrando
filas la Conferencia Episcopal, es el último de los problemas, por el
momento. Porque seguro que vendrán más, que no dejarán de venir
permanentemente más.
La democracia debería reaccionar.
La democracia española debe definir su relación con la Iglesia Católica
de una manera democrática. Debería denunciar los Acuerdos con la Santa
Sede y renegociar la forma en que debe relacionarse el Estado español
con ella de una manera constitucionalmente apropiada. No se debe seguir
como estamos. La fórmula de los Acuerdos de enero de 1979 es una fórmula
perversa, que propicia que la Iglesia abuse de su posición. Y nadie
deja de abusar de una posición que tiene reconocida. La lógica es que el
abuso siempre vaya a más.
No hay comentarios:
Publicar un comentario