Campaña electoral: ¿dónde está el feminismo?
Cuando la campaña electoral ha llegado a su ecuador podemos comprobar que las
reivindicaciones más emblemáticas del feminismo no aparecen ni en los
programas ni en los mítines ni en las entrevistas ni en las
declaraciones de los candidatos. Todos
hombres en la cabeza de las listas. Pero tampoco de las mujeres que en
papeles secundarios protagonizan algunos debates. Dejando aparte a las
del PP, de cuyo nombre no quiero acordarme, que espero que no reciban ni
el aplauso ni el voto de las mujeres, tampoco ninguna de las otras
formaciones se merece el aprobado en el examen de feminismo.
Si alguna línea roja no
puede franquearse por la izquierda, ni en su análisis teórico ni en su
aplicación práctica, es la permisividad ni la legalidad de la
prostitución. No solamente porque representa la explotación y la máxima
humillación para una persona -la inmensa mayoría de las que están
sometidas a semejante esclavitud son mujeres- sino porque degrada a
toda la clase femenina, pervierte a los hombres que la demandan y
envilece a la sociedad. Una sociedad que considera que el hecho de ser
mujer la convierte en un ser destinado a complacer las pulsiones
sexuales de los hombres, sean cuales sean estos y cómo las demanden, es
una sociedad degenerada. Aceptando la prostitución como actividad
profesional normal aceptamos que todas nosotras podemos ejercerla. Y los
hombres asumen que pueden prostituirnos a todas.
No es ninguna novedad.
Aquellas que claman por legalizar la prostitución, como si de un gran
avance moderno se tratara, están reproduciendo las normas y la defensa
de esa explotación que teorizaba Santo Tomás de Aquino en el siglo XIII.
Pero ocho siglos más tarde nuestra declaración de Derechos Humanos de
1948, alcanzada después de terribles experiencias de torturas, guerras y
expolios, consagra la prohibición de someter a ninguna persona a
tortura o trato degradante o humillante. Que es exactamente lo que sufre
la mujer que tiene que someterse a los caprichos sexuales del
prostituidor, por una miserable paga.
En el siglo XX, nuestra II
República aprobó la abolición de la prostitución. En el siglo XXI, la
prostitución en España es una de las mayores lacras.
Con unos partidos políticos que están contemplando legalizarla. Medio
millón de mujeres son traficadas en nuestro territorio por las mafias de
la prostitución, que incluso se han organizado en asociaciones legales,
ante la pasividad o la complacencia de los gobiernos que se han
sucedido y de políticos que se compenetran con los prostituidores y que
llevan en su programa electoral la legalización; y lo que es más
penoso, de asociaciones de mujeres que fingen ser feministas y que están al servicio de los proxenetas.
En Barcelona, paraíso de
puteros de toda laya, se ha llegado a la infamia de permitir y financiar
la que llaman “Escuela de Prostitución”, que da cursos para iniciar en
tal actividad a las novatas que en busca de algún trabajo remunerado
“escojan” esta profesión como aceptable alternativa a la de ser
peluquera o modista.
Y en la híspida campaña
electoral que estamos observando este tema no ocupa ni un minuto de los
debates televisados ni de los discursos, entrevistas y propaganda.
Considerando que no tiene importancia para una sociedad embrutecida que
acepta indiferente o complaciente que su país sea el de Europa que más
demanda prostitución, con tres millones de hombres que consumen ese
comercio venal diariamente, ni siquiera los partidos políticos de izquierda, ni sus representantes femeninas están haciendo bandera de la abolición.
Según sus cálculos, como las mujeres prostituidas no suelen votar y las
feministas no debemos contar suficientemente para ellos, mientras los
puteros pueden ser buenos apoyos, los candidatos ni mencionan el tema.
Por supuesto, ninguno de nuestros futuros gobernantes tiene en cuenta la necesidad de prohibir la pornografía,
que hoy no está recluida en aquellos destartalados cines X de la
Transición para satisfacción de unos cuantos masturbadores tarados, sino
que a través de Internet se ha convertido en la escuela de sexualidad
de los adolescentes de toda clase y condición, a los que se enseña a
maltratar y violar mujeres como manera de satisfacer su líbido.
A la milenaria explotación
de la prostitución se une la moderna de los vientres de alquiler. Ya
sabemos que producir niños en el útero de mujeres para arrebatárselos
después es práctica antigua del Patriarcado. Desde Abraham y Sara los
hombres han violado, raptado, comprado y casado con mujeres para
fabricarse descendientes. Conducta que ha relatado con mucho ingenio Margaret Atwood, escritora canadiense, en la distopía El Cuento de la Criada,
puesta de moda nuevamente en la serie televisiva. Pero los
descubrimientos y avances científicos modernos permiten que semejante
práctica convierta hoy en gran negocio, a escala internacional, la
inseminación de mujeres, naturalmente pobres, para obtener niños a la
carta que compran hombres ricos.
Este infame comercio, que
se ha extendido a diversos países, está intentando instalarse legalmente
en España, que todavía tiene algunos remilgos en aceptarlo. Aprobar una
modificación del Código Penal que convierta en delito semejante
actuación y en delincuentes a todos los que estén involucrados en ella,
es una necesidad imperiosa antes de que se extienda esta práctica y
además nos veamos obligados a admitir a los desgraciados bebés venidos
al mundo en semejantes condiciones. Y tampoco oigo los planes de los
candidatos de izquierda para imponer con contundencia las medidas
legales precisas que lo penalicen e inmediatamente prohíban celebrar
esas infames ferias anuales en la que se permite que perversos clientes
alquilen desgraciadas muchachas, en cualquier parte del mundo. Por el
contrario, los planes de la derecha están clarísimos, si gobiernan instalarán rápidamente ese comercio en nuestro país.
Pero no sólo el decisivo tema de la prostitución no tiene espacio en los planes de los próximos gobernantes, ni siquiera la violencia contra la mujer que suma más de cien víctimas de feminicidos cada año en nuestro país,
donde se presentan ciento cincuenta mil denuncias por maltrato cada
año, donde se contabiliza una denuncia por violación cada 8 horas y son
innumerables las víctimas que sufren acoso sexual en el trabajo, en la
calle, en la casa, ha tenido protagonismo en la propaganda electoral. Ni
se plantea la modificación imprescindible de la obsoleta Ley de
Violencia de Género que nos rige, mientras los asesinatos de mujeres se
suceden día tras día y no concitan en nuestros futuros gobernantes, ni
hombres ni mujeres, la suficiente compasión para que acudan a sus
entierros. Algunas prometen aplicar el Pacto de Estado que proponía
destinar unos millones a pagar indemnizaciones y subvenciones a las
víctimas. Lo que no se propone nadie es que no haya víctimas.
En el capítulo de las
diferencias salariales y de las explotaciones laborales que padecen las
trabajadoras con total impunidad de las empresas, nadie dice que es
imposible atajar semejante situación propia del siglo XIX cuando solo
disponemos de 1.000 inspectores y 2.000 subinspectores de trabajo en
toda España. Los ahorros que se han llevado a cabo en el funcionariado
público ha convertido nuestro Estado en cuasi medieval. Ni protección
para las víctimas de violencia machista porque no hay suficientes
policías ni juzgados ni forenses ni trabajadoras sociales. Ni vigilancia
de los desmanes de la patronal porque no hay bastantes inspectores. Ni
formación en feminismo de todos los cuerpos policiales, judiciales y
sanitarios porque no existen las escuelas y los profesionales que
deberían impartirla. Ni entra en los planes educativos la asignatura de
Ciudadanía, que debería ser feminista, no solo por la oposición tiránica
de la derecha sino porque tampoco la izquierda que nos ha gobernado
hasta ahora lo ha impuesto con la contundencia que merece.
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