El futuro de las pensiones El Pacto de Toledo plantea suprimir los préstamos del tesoro a la Seguridad Social para pensiones
Los grupos, pendientes de que el Gobierno elabore una
fórmula que garantice la sostenibilidad del sistema de acuerdo con
sindicatos y agentes sociales
Reunión de la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos Pacto de Toledo, en el Congreso / EFE
El Gobierno quiere tener listo en el primer semestre del año un sistema que garantice la sostenibilidad de las pensiones, y el Pacto de Toledo
no se queda atrás. La comisión parlamentaria ha avanzado sobremanera en
las recomendaciones que servirán para desarrollar el sistema, y en su
seno ya se han alcanzado algunos acuerdos importantes, como la supresión
de los préstamos del Estado a la Seguridad Social.
Es habitual que los diferentes gobiernos aprueben
préstamos del tesoro público destinados a cubrir determinadas
necesidades de la Seguridad Social, como las relacionadas con las
pensiones. En noviembre del pasado año, el Ejecutivo aprobó la concesión
de un préstamo del Estado a la Tesorería General de la Seguridad Social
de más de 6.000 millones de euros para afrontar el abono de la paga extraordinaria de pensiones que se efectuó en diciembre.
Fuentes conocedoras de las negociaciones del Pacto de
Toledo aseguran que el acuerdo de suprimir estos préstamos nace de la
necesidad de paliar el endeudamiento de la Seguridad Social. La
concesión de estos préstamos se ha convertido con el tiempo en una
suerte de fuente de financiación habitual, lo que provoca el refuerzo
del “mantra que afirma que el de la Seguridad Social es un sistema deficitario y excesivamente caro”.
En los últimos dos años la deuda se ha duplicado,
entre otras cuestiones, por el sucesivo endeudamiento del sistema con
el propio Estado. Según datos del Banco de España, si en diciembre de
2016 la deuda ascendía a algo más de 17.000 millones de euros, dos años
después, en octubre de 2018, la cifra rondaba los 35.000 millones de
euros.
El repunte de la deuda es incluso más notable si se
compara la cifra de octubre con la del primer trimestre del pasado año,
periodo en el que creció un 27, 5 por ciento, debido a los préstamos que concedió el Estado a la Seguridad Social para garantizar el pago de las pensiones.
Además, este año se prevé que el Estado realice un nuevo préstamo
de los fondos del tesoro equivalente al déficit de la Seguridad Social,
que representa el 1,2 por ciento del PIB, por lo que la deuda se
situaría por encima de los 50.000 millones. El Estado volverá a prestar
dinero a la Seguridad Social por el temor a vaciar el Fondo de Reserva,
conocido como la “hucha de las pensiones”, que el Gobierno no quiere
extinguir.
Informe de la AIReF
El Pacto ha avanzado con agilidad sus trabajos en los últimos meses. Desde que los grupos acordaron volver a situar el IPC como el índice de revalorización
de las pensiones, se han centrado en resolver el resto de
recomendaciones, aunque fuentes conocedoras de las negociaciones admiten
la dificultad de llegar a un acuerdo en la recomendación uno, que es la
que se refiere a las fuentes de financiación del sistema.
Aunque desde la comisión evitan fijar una fecha
concreta para establecer el plazo de resolución de las conclusiones,
estas mismas fuentes afirman que se cerrarán “más pronto que tarde”, lo
que concuerda con la intención del Ejecutivo de lograr un acuerdo sobre
el sistema de pensiones antes de junio. La intención del Ministerio de
Trabajo es comenzar las negociaciones con los agentes sociales la
semana que viene, y fuentes del Ejecutivo manifiestan que el objetivo
es el de conseguir un consenso similar a la reforma de las pensiones que
llevó a cabo José Luis Rodríguez Zapatero en 2011.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal
(AIReF) ha presentado un informe en el Pacto de Toledo que condicionará
los trabajos que hagan los parlamentarios sobre las recomendaciones. La
institución recoge en su informe que el gasto en pensiones aumentará en 9,5 puntos de aquí a 2048,
hasta el 20,2%, teniendo en cuenta sus estudios y proyecciones
demográficas, que contemplan un flujo de entradas netas anuales de
270.000 inmigrantes, una natalidad de hasta 2 hijos por mujer en 2050 y
un incremento de la esperanza de vida hasta los 87 años.
Fuentes de la comisión aseguran en este sentido que,
aunque el trabajo del pacto esté “muy avanzado”, las recomendaciones,
en connivencia con la negociación entre Gobierno y agentes sociales,
servirán para establecer una solución a los problemas que plantea el
sistema de pensiones “a corto y medio plazo”.
Por eso, estas mismas fuentes apuestan por que la
actividad de la comisión parlamentaria continúe en el Congreso, por un
lado para vigilar la implementación de las recomendaciones en el nuevo
sistema y, por otro, para comenzar a trabajar sobre reformas
estructurales válidas para el largo plazo.
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