Jueces, fiscales y expertos contradicen los argumentos de Pedro Sánchez para bloquear en puerto al Open Arms
El presidente del Gobierno asegura que no permite zarpar al barco
de rescate de inmigrantes por razones de "legalidad y seguridad"
Jueces y expertos, sin embargo, cuestionan el cumplimiento de los derechos humanos y la legalidad en la decisión de frenar su salida
"El incumplimiento habitual del resto de países de su deber de auxilio" no puede suponer un castigo "a quien precisamente presta ese auxilio", denuncian desde Jueces y Juezas para la Democracia
Jueces y expertos, sin embargo, cuestionan el cumplimiento de los derechos humanos y la legalidad en la decisión de frenar su salida
"El incumplimiento habitual del resto de países de su deber de auxilio" no puede suponer un castigo "a quien precisamente presta ese auxilio", denuncian desde Jueces y Juezas para la Democracia
El barco de rescate de inmigrantes
Open Arms de la ONG Proactiva sigue atracado en el puerto de Barcelona
sin permiso para zarpar. A través de una prohibición administrativa de
Capitanía Marítima, que depende del Ministerio de Fomento, el Gobierno
hacía efectivo hace una semana un cambio de criterio sobre los barcos de las ONG de rescate.
Solo 18 días antes del veto, el Ejecutivo había abierto el puerto de
Algeciras para el desembarco del Open Arms, que había trasladado durante
la semana de Navidad a 311 personas rescatadas en aguas de Libia. Tras
el anuncio de que el barco de rescate no zarparía, la extrema derecha de Italia y su ministro Salvini lo han celebrado como una victoria.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuestionado por este cambio
de criterio en la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo, ha
defendido "las tres líneas" que, dice, priman en su gestión de la
inmigración: "Derechos humanos, seguridad y legalidad". En referencia a
la retención del barco de rescate Open Arms, el presidente ha defendido
que "su compromiso con los derechos humanos es inequívoco" pero "siempre
junto a la legalidad y seguridad".
Así, Sánchez relaciona la denegación del permiso de
salida del buque de rescate con una cuestión de legalidad y seguridad,
como ya adelantaban este martes fuentes del Gobierno a
eldiario.es: "Ahora que se confirma el cierre de los puertos" de países
como Italia o Malta, que no permiten el desembarco, "hay que revisar la
estrategia de seguridad. Si sabemos que el barco va a ir [hasta aguas de
Libia] y va a tener que cruzar más distancia, estás incumplimiento
todos los convenios del mundo", han asegurado desde La Moncloa.
Jueces, fiscales y expertos, sin embargo, cuestionan en este caso la
estabilidad de al menos dos de los tres pilares que Sánchez destaca
de su política migratoria: la legalidad y los derechos humanos. Tras la
decisión de la Capitanía Marítima de Barcelona de impedir la salida al
barco de rescate de migrantes, cada vez son más las voces del ámbito
jurídico que exigen al Gobierno el levantamiento del bloqueo.
La asociación Jueces y Juezas para la Democracia ha condenado
este miércoles la resolución por la que se justifica la denegación del
despacho del barco con las largas distancias que se ve forzado a
recorrer para desembarcar a las personas rescatadas tras el cierre de
los puertos italianos. "El incumplimiento habitual del resto de países
de su deber de auxilio no puede atribuirse a quien precisamente presta
ese auxilio", han respondido desde la organización.
"Hacen recaer sobre ellos responsabilidades ajenas"
El análisis de la asociación de jueces coincide con la crítica
elaborada por la Unión de fiscales por la Democracia (UPF). Para ambas
organizaciones, la resolución hace pagar a justos por pecadores. La
Capitanía Marítima "les impide la salida haciendo recaer sobre ellos la
responsabilidad de actos ajenos" porque "establece que el Open Arms se
ha visto obligado a navegar miles de millas para encontrar un puerto
seguro pues los países más cercanos al lugar del rescate (Italia y
Malta) negaron el acceso a sus puertos".
Lo mismo
defiende Teresa Font, experta en derecho marítimo. La abogada asegura
que la Capitanía "parece que se ha extralimitado al denegar el despacho"
al buque y considera que la decisión "no se sostiene
administrativamente". "Lo que subyace son cuestiones de política
migratoria, alegando incumplimientos que son de los Estados en sus
obligaciones de acoger", añade la letrada, quien ha asesorado a la ONG
Open Arms en otras ocasiones.
"El despacho es un
acto administrativo por el que la administración, siempre que el buque
reúna los requisitos técnicos de seguridad y tripulación suficientes
–que hasta ahora habían sido aprobados–le autoriza a salir a navegar",
apuntala. "Hablamos de la teoría de los actos propios: si se ha estado
despachando a esta embarcación en base a las mismas condiciones
técnicas, ¿qué ha cambiado ahora para que no se autorice?", se pregunta
la abogada.
Font, socia del bufete Mestre Abogados,
indica que para denegar el permiso para zarpar del puerto "no es
oponible una situación hipotética [que el Open Arms rescate a personas
en peligro y se vea forzado a poner rumbo a España por el cierre de
puertos más cercanos] porque el despacho debe ceñirse a la verificación
de los requisitos para el tipo de actividad que desempeña, que son
labores de observación y vigilancia, y a las condiciones necesarias"
para el manejo del buque.
Jorge Antonio Quindimil,
profesor de Derecho Marítimo Internacional de la Universidad de A
Coruña, también emplea este argumento para deslegitimar la resolución
administrativa. "La Capitanía Marítima está imponiendo medidas
preventivas y no es su función. Ha denegado el despacho anticipando algo
que no se ha producido. No puede dejar un buque en puerto porque
sospecha que vaya a rescatar a 500 millas y los gobiernos cerrarán sus
puertos", explica.
El experto insiste en
que "cualquier buque tiene la obligación de rescatar si se encuentra a
personas en peligro en el mar". Tan solo hay un límite, asegura: "Que el
rescate suponga un riesgo grave para la tripulación". No obstante, para
el profesor, "corresponde al patrón del buque valorar el peligro de esa
operación".
"Aunque todas esas hipótesis hayan sido
un histórico, el barco no se autoriza para ese fin. Si en las labores
de vigilancia se ven en la obligación de rescatar, esto no se planifica,
no sabes a cuánta gente vas a transportar ni que no vas a encontrar un
lugar seguro para desembarcarla. Es presuponer que eso va a ocurrir: no
se puede prever, ni se puede exigir a ningún barco que lo haga",
completa Font.
El Gobierno de Pedro Sánchez defiende
el bloqueo del buque bajo una necesidad de revisar la estrategia de
seguridad ante la "confirmación" de que Italia y Malta no facilitarán
puerto y que el Open Arms tendría que hacer más millas de las
estipuladas. "Hay que tomar medidas porque si no eres responsable" si
ocurre algún accidente, señalan desde el gabinete del presidente.
Font difiere de la justificación lanzada por fuentes de Moncloa. "Si
pasara algo con el barco correctamente despachado, habría que exigir
responsabilidades a los Estados –más cercanos– que no lo admiten",
apunta la abogada. Es decir, la experta apunta a Malta e Italia, los
gobiernos que impiden el desembarco de personas rescatadas en sus aguas
próximas.
Más allá de analizar las concreciones de la resolución
administrativa, el portavoz de la asociación Jueces y Juezas para la
Democracia, Ignacio González Vega, resalta que "las cuestiones
burocráticas y administrativas no priman sobre las obligaciones de
derecho internacional humanitario", como el salvamento de personas en
peligro en el mar.
En este caso, añaden desde la
asociación, "no solo está en juego su derecho a navegar sino que pone en
riesgo la vida de las personas migrantes a quienes rescata, ante la
pasividad de quienes están obligados a actuar en virtud del derecho
internacional humanitario".
Sin embargo, otros
expertos en derecho marítimo defienden que la Capitanía Marítima "cumple
estrictamente la legalidad". Desde un punto de vista mercantil del
derecho del mar, el catedrático Juan Luis Pulido defiende que, al
tratarse de una solicitud administrativa, "al capitán marítimo no le
compete estudiar el cumplimiento de la legislación en materia de
derechos humanos o en relación a los refugiados sino si el buque cumple
con la normativa en las circunstancias actuales".
En
este sentido, considera que "independientemente de quién sea la
responsabilidad del cierre de los puertos", el Capitán Marítimo "tiene
que observar si ha cumplido con los protocolos de seguridad,
contaminación, etc. Y en este caso ha entendido que los incumple",
considera. Su visión, que excluye el punto de vista del derecho
internacional humanitario, apuesta por que las personas rescatadas
pueden ser desembarcadas en Libia al tratarse de un puerto "próximo
accesible", algo descartado por organismos internacionales y convenios
de derechos humanos firmados por España, al tratarse de un puerto en el
que la vida de las personas auxiliadas no está a salvo.
El especialista en Derecho Internacional Marítimo Jorge Quindimil
difiere con contundencia de la perspectiva de Pulido. "Es necesario
tener en cuenta el derecho internacional" y, en base a diferentes
convenios ratificados por España, "Libia no puede ser nunca un puerto
seguro".
El profesor destaca que "si
las desembarcas en Libia incumples un derecho básico de derecho de los
refugiados: el principio de no devolución". Aunque este principio no se
encuentre en la normativa específica del Derecho del Mar, añade, es una
norma "básica que tienen que aplicar los Estados".
"Y un patrón no solo aplica a bordo del barco las leyes del mar, sino
también los derechos del país de pabellón. Deben aplicarse también las
leyes del Estado de bandera", recuerda el profesor.
Exigen que España denuncie el cierre de puertos
Tanto la asociación de jueces como de fiscales exigen al Gobierno
levantar el bloqueo del Open Arms, pero también dar un paso más y
denunciar los incumplimientos detectados por parte de Estados europeos
ante el órgano competente para su sanción. "Pedimos una respuesta firme y
valiente, denunciando ante el Tribunal Internacional del Mar (Hamburgo)
los incumplimientos de sus obligaciones por los Gobiernos obligados,
así como que lidere una respuesta europea coordinada y respetuosa con la
Convención sobre el Estatuto de los Refugiados", solicitan desde la
UPF.
En este sentido, la Unión Progresista de
Fiscales han advertido que "el despacho de un buque debe ser un acto
administrativo, no político, y limitarse a comprobar cumple los
requisitos necesarios para la navegación y la actividad que pretende
realizar". No obstantes, para la asociación de fiscales la resolución se
sobrepasa de sus obligaciones y "constituye de facto una medida
cautelar preventiva que impide al buque navegar hasta aguas próximas a
Libia, principal puerta de entrada de inmigrantes por mar a Europa y
convertidas ahora en una fosa común mortal".
Las
críticas también llegan desde el ámbito político. Esta semana, los
senadores Sara Vilà y Joan Comorera, de En Comú Podem, han exigido la
comparecencia en el Senado del ministro de Fomento para dar
explicaciones sobre el bloqueo del buque de rescate. Por su parte, los
grupos parlamentarios de Izquierda Unida, Compromís y Ciudadanos han
registrado distintas baterías de preguntas acerca de la resolución.
Pocos meses antes de la investidura de Pedro Sánchez como presidente
del Gobierno, el PSOE exigió al ejecutivo de Mariano Rajoy que
interviniera en defensa del Open Arms tras su retención por parte de la
Justicia italiana. Además, varios diputados y europarlamentarios
socialistas han participado en misiones de observación de la ONG
catalana y han defendido su derecho a salvar vidas en medio del
Mediterráneo central. Tras el bloqueo del buque, no han hecho
declaraciones al respecto.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Y esto ya es el colmo del cinismo ¿o de la tontuna?:
"Pocos meses antes de la investidura de Pedro Sánchez como presidente
del Gobierno, el PSOE exigió al ejecutivo de Mariano Rajoy que
interviniera en defensa del Open Arms tras su retención por parte de la
Justicia italiana. Además, varios diputados y europarlamentarios
socialistas han participado en misiones de observación de la ONG
catalana y han defendido su derecho a salvar vidas en medio del
Mediterráneo central. Tras el bloqueo del buque, no han hecho
declaraciones al respecto."
Cuando las circunstancias políticas y estratégicas de partido dejan fuera de juego la ética, la justicia, los valores básicos con los que se identifica la ideología propia y hasta los DDHH, las causas pueden ser varias: falta de escrúpulos, falta de lucidez, falta de conciencia, mediocridad elevada a la enésima potencia, hipocresía o estupidez supina, que es esa rara cualidad que hasta pasa por ser un grado natural de "inteligencia" ad hoc.
En momentos como estos viene bien recordar las leyes fundamentales de la estupidez humana de Carlo M. Cipola incluido en el breve ensayo titulado Allegro ma non troppo (Edit. Il Mulino, Bologna.1988)
Clasificación de los tipos humanos según sus capacidades para la convivencia
Clasificación de los tipos humanos según sus capacidades para la convivencia
- (1)-INTELIGENTES: benefician a los demás y a sí mismos.
- (2)-INCAUTOS o desgraciados: benefician a los demás y se perjudican a sí mismos.
- (3)-ESTÚPIDOS: perjudican a los demás y a sí mismos.
- (4)-MALVADOS o bandidos: perjudican a los demás y se benefician a sí mismos.
Leyes fundamentales:
I. Cada uno de nosotros infravalora inevitablemente el número de individuos estúpidos en circulación.
II. La probabilidad de que una cierta persona sea estúpida es independiente de cualquier otra característica, estatus o nivel de la misma persona.
III. Una persona estúpida es alguien que causa daños a otra persona o grupo de personas sin que esa circunstancia al menos le reporte algún beneficio o ventaja a sí mismo o a sus intereses e incluso, le produzca graves perjuicios y pérdidas personales y/o colectivas (dependiendo de su estatus y responsabilidad social)
IV. Las personas no estúpidas infravaloran sin poder evitarlo, el potencial nocivo de las personas estúpidas. Los no estúpidos, particularmente, olvidan con demasiada frecuencia que en cualquier circunstancia, tratar y/o asociarse con individuos estúpidos se convierte en un costosísimo error.
V. La persona estúpida es el prototipo más peligroso que existe. Más peligroso aun que el delincuente y el bandido.
***
Y ahora, un comentario de textos sobre el ensayo Le leggi fondamentali della stupidità umana por parte del "cesto de las chufas", citando sus reflexiones como argumentario:
***
Y ahora, un comentario de textos sobre el ensayo Le leggi fondamentali della stupidità umana por parte del "cesto de las chufas", citando sus reflexiones como argumentario:
* Tras la acción del delincuente no estúpido solo se produce una transferencia cuantitativa, de un bolsillo o de un interés a otro, un "más" para sí mismo, el perjudicador y un "menos" para el perjudicado. Es un hecho puntual que no incluye a toda la sociedad. Si todos los miembros de una sociedad fuesen delincuentes no estúpidos se establecería por sí mismo un cierto orden posible. Todo lo favorable, al menos, iría a parar a los mejores delincuentes, a los menos idiotas y menos torpes. Habría estabilidad y coherencia.
Pero cuando los estúpidos se ponen manos a la obra todo se vuelve del revés. Las personas estúpidas son especialistas en causar pérdidas universales sin ningún beneficio para nadie, ni siquiera para ellos. De modo que el resultado es el mal común urbi et orbe. Incluidos ellos mismos y sus intereses y objetivos, obviamente, en plazos más o menos cortos o largos.
Con ellos, los estúpidos irreversibles en ejercicio, es la sociedad entera la que se empobrece, se perjudica y se pone en riesgo gravísimamente.
Con ellos, los estúpidos irreversibles en ejercicio, es la sociedad entera la que se empobrece, se perjudica y se pone en riesgo gravísimamente.
* En otras palabras: los más pobres dotados de un grado alto de inteligencia respecto a la media social, como los delincuentes igualmente lúcidos (por ejemplo, en España tenemos el caso de Eleuterio Sánchez), una vez orientados hacia valores cognitivos y éticos, son un potencial de lo más recomendable para el bienestar social. Mientras que los delincuentes tontos (corruptos; la corrupción es la cúspide de la estupidez y no una muestra de inteligencia como creen las sociedades estúpidas) igual que los pobres tocados por la estupidez incrementan la miseria en la sociedad.
* Según la segunda ley, el porcentaje de estúpidos es una constante en la que no influye ni tiempo, ni espacio, ni cultura, ni raza, ni nivel social. Sería un gran error creer que sea más elevado el número de estúpidos en una sociedad en decadencia hacia la pobreza que en una sociedad en progreso y crecimiento material importante hacia el bienestar. Los dos modelos están afectados por el mismo efecto porcentual de los estúpidos (para actualizar el caso, solo tenemos que pensar en Donald Trump y en sus votantes o en Vox y su corte de los milagros, pp y c's) Es cierto que hay matices a tener en cuenta:
En las sociedades en alza de conciencia ética y lucidez, a los estúpidos no les es demasiado fácil alcanzar puestos de responsabilidad por parte de la misma sociedad, pero en las sociedades decadentes son los mismos miembros de ellas quienes dan crédito y reconocimiento a los estúpidos, porque se han decepcionado por parte de los que creían inteligentes y con capacidad gestora decente y eficaz. Con lo cual aumenta el número activo de los estúpidos. El mero hecho de la rabieta instintiva, de la abstención y del voto de "castigo" a los estúpidos pero no delincuentes, en favor de los verdugos, estúpidos y delincuentes, que empeorarán y recrudecerán los problemas más acuciantes, ya es un síntoma inequívoco de decadencia y estupidez social in crescendo de la propia sociedad.
En realidad el número de estúpidos no cambia, solo cambia la valoración que de ellos hace el resto de la ciudadanía, puesto que al empeorar las condiciones sociales, empeora también la percepción de los problemas por estrés y frustración incontrolables desde las emociones tantas veces manipuladas mediáticamente a favor de la delincuencia estatal, "legalizada", y con ello acaban por deteriorarse las condiciones intelectivas que permiten discernir saludablemente a la sociedades humanas y las dejan auto-indefensas en un marasmo desorientado y confuso que inclina a los pueblos a dejarse manipular y arrastrar por instintos y emociones cavernarias que acaban considerando la barbarie y la cerrazón como "lo nuestro", lo que nos quieren quitar quienes mandan en ese momento,sin pensar en lo que harán cuando manden los instigadores del cambiazo manipulado desde cualquier totalitarismo manipulador y cerril. Así llegaron al poder Hitler, Mussolini o Trump, así se impuso Franco a los españoles tras la guerra civil.
* En los colectivos sociopolíticos en decadencia el primer síntoma más alarmante es el crecimiento disparado de delincuentes en el poder con un alto grado de estupidez y entre los individuos de las bases sociales que les votan, un alarmante crecimiento porcentual de estúpidos. Ese cambio en la composición de las poblaciones de los no estúpidos refuerza inevitablemente el poder destructivo de los estúpidos que acaba llevando el país entero a la ruina.
No hay comentarios:
Publicar un comentario