La hora de los valientes
Es preciso dejar claro que la deriva que está tomando la respuesta
judicial al problema catalán no es ni mucho menos la que debería
adoptarse en una democracia sana
“El Museo del Prado es
más importante para España que la Monarquía y la República juntas”, dijo
Manuel Azaña cuando ordenó sacar hacia Valencia las obras más preciadas
del museo para preservarlas del daño de los bombardeos. En la película
de Mercero, la hora de los valientes le llegaba a un jovencísimo Gabino
Diego que no dudaba en ponerse en riesgo, también a los suyos, para
conseguir llevar a cabo esta prioridad. Hoy en día en España hay cosas
más preciosas que un autorretrato de Goya que van a necesitar de todos
los valientes que sea posible hallar para defenderlas. Hablo del Estado
de Derecho y de los principios de la democracia liberal que están siendo
gravemente amenazados por la represión que se lleva a cabo del
independentismo catalán.
Rebelión, golpe de Estado y,
ahora, terrorismo. La mutación de los hechos que todos vemos y vivimos
en virtud de este impulso justiciero, que no justo, ha alcanzado las
máximas cotas de un surrealismo represivo que no es ni mucho menos
casual. Durante las últimas semanas, los que habitamos dentro de los
medios, hemos asistido a un incremento de las comparaciones de las
protestas de los autodenominados Comités de Defensa de la República
(CDR) con la autodenominada por el entorno de ETA, kale borroka
o lucha callejera. Primero se empezó con la metáfora. Fueron
periodistas afines al gobierno los que introdujeron la cuestión en la
opinión pública y lo hicieron de forma coincidente, que líbreme Dios de
decir que coordinada y orquestada. Después se incorporaron los
portavoces más bocachanclas y, al poco, nos encontramos con una
operación coordinada desde la Audiencia Nacional que empieza a
considerar a los miembros de tales comités terroristas, dado que los
detiene como a tales. Ante el desconcierto y la perplejidad de muchos,
ante la indignación diría yo, van perfilándose después los juristas de
guardia dispuestos a justificar y argumentar tal tropelía. Todo
coincidencia. Lo mismo hicieron con el tema de Alsasua que no fue
terrorismo ni para la fiscalía navarra ni para la jueza ni para la
Audiencia ni para el TSJN, hasta que empezó a instruirlo la Guardia
Civil, que tampoco era competente para ello, y la Fiscalía se lo llevó
para la Audiencia Nacional. Este juicio, que se celebrará la semana que
viene, será presidido por la mujer de un coronel de la Guardia Civil que
no se ha abstenido, así que todo queda en casa.
En ambos casos se han utilizado mecanismos perfectamente
estudiados para sustraer del conocimiento de las causas a los jueces
predeterminados -los catalanes para los desórdenes y protestas de los
CDR y los navarros para el atentado contra la autoridad y las lesiones
de Alsasua-transformándolos en sendos delitos de terrorismo.
Curiosamente también en ambos casos lo hacen jueces instructores
“novatos” en temas de terrorismo, ambos recién llegados a la Audiencia
Nacional cuando ETA hacía años que no actuaba. El que ha ordenado la
detención de Tamara Carrasco, el magistrado De Egea, ni siquiera es
titular por escalafón de su plaza, sino que ha sido designado a dedo por
el CGPJ como juez de apoyo.
Tal vez por esto, por su
falta de contacto con el terrorismo al proceder de tribunales que no lo
juzgan, no quiero ni pensar que sea por otra cosa, se han olvidado de
que en la reforma ampliatoria de los delitos de terrorismo pactada por
el PP y el PSOE en 2015, y ante la presión y la denuncia que se hizo de
la posibilidad represiva que contenía el nuevo tipo, los socialistas se
autoenmendaron y así quedó reflejado en el artículo 573.bis 4 del Código
Penal que dice que los delitos de desórdenes públicos sólo se
considerarán terroristas si se realizan al amparo de una organización
terrorista. Tal y como estaba recogido antes de esta reforma.
También parecen soslayar que el propio Código Penal español, con la
redacción de los delitos de terrorismo que se alcanzó en 2015, incumple
la Directiva de 2017 de la UE que afirma que “aquellos actos destinados a
obligar a los poderes públicos a realizar o a abstenerse de realizar un
acto, que no estén incluidos en la lista exhaustiva de delitos graves,
NO deben considerarse delitos de terrorismo conforme a la presente
directiva”. Les invito a que repasen la lista de delitos graves que
contiene para que vean dónde queda levantar barreras, quemar neumáticos o
grabar audios diciendo que hay que bloquear el puerto.
En resumen, que el terrorismo en este caso es un forzamiento de la ley
tan fantástico como el de la rebelión y que en un país en el que los
derechos del imputado sólo se protegen vía recurso vamos a asistir a
cómo tribunales que han sido pertinentemente habitados por personas
afines a la forma de pensar del poder establecido, no rectifican tamañas
barbaridades.
Esto no sólo preocupa, sino que asusta y no sólo asusta, sino que indigna.
Y lo hace porque el estrés al que están siendo sometidos los principios
que sustentan una democracia liberal corre el riesgo de llevarla a la
fractura. Por eso ha llegado la hora de los valientes, porque es preciso
dejar claro que la deriva que está tomando la respuesta judicial al
problema catalán no es ni mucho menos la que debería adoptarse en una
democracia sana. Hay que salir a dar la cara y a explicar que los
delitos que se hayan podido cometer, tanto por los líderes políticos
como por la ciudadanía que les apoya, han de ser justamente investigados
y juzgados pero que eso no significa que sea aceptable la manipulación
que del Derecho Penal se está haciendo para reprimir al independentismo.
Es la hora de los valientes. Es la hora de los que saben que pretender
responder a la grave situación de Catalunya con las togas es un
artificio que sólo se puede vehicular mediante la vulneración de
derechos y que los derechos fundamentales, como el cuadro de Goya,
merecen una horda de valientes dispuestos a defenderlos porque sin ellos
la democracia tal y como la entendemos se extingue. Cierto es que se
han levantado voces de catedráticos, de algunos jueces y fiscales con
mucha prudencia, de juristas varios. Hace falta que muchos más pierdan
el miedo a decir lo que está sucediendo. Entre estos muchos más se
encuentran los políticos que no deben escudarse en su respeto a la
separación de poderes, cada vez más endeble, cuando toca denunciar los
excesos y los riesgos que acarrean.
Necesitamos que
los valientes den la cara. España necesita de esos valientes. Al menos
que cuando desde Europa llegue la bofetada que deje al desnudo nuestro
ya discutible sistema, quede constancia de que hubo españoles que
supieron estar a la altura en la defensa de los principios comunes.
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