Cuatrecasas fue condenado por ocho delitos fiscales pero evitó la cárcel tras pactar con el fiscal y la Abogacía del Estado que dependía de Santamaría
Emilio Cuatrecasas,
líder del bufete por el que ha fichado Soraya Sáenz de Santamaría,
admitió en 2015 ocho delitos contra la Hacienda Pública entre 2006 y
2008
El fraude fiscal consistió en deducir como gastos empresariales el coste de su propia vivienda, segundas residencias, un barco de recreo y su tripulación
El abogado y fiscalista aceptó dos años de cárcel que no cumplió tras devolver a Hacienda 4,1 millones de euros
El fraude fiscal consistió en deducir como gastos empresariales el coste de su propia vivienda, segundas residencias, un barco de recreo y su tripulación
El abogado y fiscalista aceptó dos años de cárcel que no cumplió tras devolver a Hacienda 4,1 millones de euros
Emilio Cuatrecasas, líder del bufete
por el que ha fichado Soraya Sáenz de Santamaría este lunes, es un viejo
conocido de la crónica judicial barcelonesa. En 2015 este abogado, cuyo
despacho es especialista en asesoría fiscal, fue condenado a ocho
delitos contra la Hacienda pública. Tras un pacto con la Fiscalía al que
no se opuso la Abogacía del Estado –que entonces dependía de la
vicepresidencia del Gobierno que ostentaba Sáenz de Santamaría–,
Cuatrecasas aceptó una pena de dos años de cárcel –que no cumplió– y una
multa de 1,5 millones de euros tras haber devuelto al erario público
4,1 millones, correspondientes al importe defraudado más los intereses.
En la sentencia de conformidad dictada en 2015, que hoy ha recuperado elplural.com,
se consideró probado que Cuatrecasas defraudó 3,02 millones de euros en
los impuestos de IVA (827.590,3 euros), Sociedades (312.887,95), IRPF
(775.492,88 euros) y Patrimonio (1.109.787,36 euros), entre los
ejercicios fiscales de 2006 a 2008
El acusado devolvió, como paso previo a aceptar la
sentencia que le condenaba, toda la cantidad defraudada (3.025.758,54
euros) más unos intereses de 1.107.468,67 euros. El pacto entre los
grandes patrimonios que defraudan al fisco y las acusaciones es
habitual, ya que la Fiscalía prioriza la devolución del dinero a lograr
condenas penales de cárcel, mientras que los condenados buscan atenuar
la pena y salvarse de la cárcel mediante el pago de las cantidades
defraudadas.
El mecanismo por el que se concretó el
fraude de Cuatrecasas consistió en consistió en deducir como gastos
empresariales el coste de su propia vivienda, segundas residencias, un
barco de recreo y su tripulación, que en realidad debían cotizar por los
impuestos de Patrimonio, IVA, Sociedades e IRPF. En concreto, la
sentencia señala que Cuatrecasas "desarrolló una sucesión de negocios
simulados al objeto de eludir la debida tributación de los diferentes
impuestos".
Por medio de contratos de arrendamiento,
tanto las diferentes viviendas utilizadas por la familia (en Barcelona y
el Valle de Aran y una finca del Empordà), el barco de recreo, el
mobiliario y varios coches tributaron "como gastos vinculados a una
actividad empresarial, consiguiendo con ello su deducción en la
contabilidad de la sociedad, con el correspondiente ahorro fiscal y en
perjuicio de la Hacienda Pública". destaca la sentencia.
Los
contratos de alquiler con los que se articuló el fraude "comprendían
los gastos por adquisición de mobiliario, electrodomésticos, decoración,
consumos y mantenimiento en general, incluyendo el personal de servicio
y la tripulación de la embarcación", señaló el fallo.
La
sentencia resaltó además que por más Hacienda conociera los contratos y
que Cuatrecasas no los ocultara, el método de tributación "constituyó
una apariencia jurídica cuya única finalidad resultaba la indebida
disminución de la carga fiscal que correspondía al acusado", esto es,
pagar menos impuestos.
El caso arrancó en 2011 con una
querella de la Fiscalía de Delitos Económicos de Barcelona por fraude
fiscal contra Cuatrecasas, que inicialmente fue archivada por el juzgado
de instrucción, aunque la Audiencia de Barcelona reabrió el caso en
septiembre de 2013, al entender que su entramado societario era simulado
y sólo perseguía obtener beneficios fiscales. El pacto, además de la
Fiscalía y la Abogacía del Estado, también fue suscrito por la
Generalitat, encargada de recaudar el impuesto de patrimonio.
No hay comentarios:
Publicar un comentario