¿Ser español es ser delincuente?

por Luis García Montero

12 dic 2013

Las leyes, además de normas que deben cumplirse, suponen un modo de definir a los habitantes de una sociedad. Cuando los poderes legislativo y ejecutivo representan a los ciudadanos, las leyes son un testimonio de lo que ellos piensan de sí mismos. Cuando se quiebra la soberanía popular, la legislación sirve para saber lo que el poder opina o sospecha de sus súbditos.
No hacen falta, por ejemplo, leyes sobre la capacidad natural para volar o nadar bajo el agua porque los españoles no somos todavía pájaros o peces. Digo todavía por mera prudencia después de lo que hemos visto. Bastará que una empresa afín al Gobierno ponga en marcha el negocio de la implantación de alas o aletas en la espalda de los ciudadanos para justificar la aprobación de normas que regulen al español pájaro o al español pez. Y quien no quiera ser un gorrión o una sardina correrá el peligro de que el señor ministro de Hacienda lo acuse en la tribuna del Congreso de no estar al día en sus impuestos.
Si analizamos los debates jurídicos que más repercusión han alcanzado en los últimos tiempos, podemos comprobar con facilidad que este Gobierno considera a los españoles gente destinada al paro y a la delincuencia. Son dos preguntas íntimas muy razonables: ¿ser español supone una condena al paro?, ¿ser español significa ser delincuente? No comprendo la escandalera levantada por el congreso titulado España contra Catalunya, porque en realidad es el Gobierno de España el que peor opinión tiene sobre los españoles y su desgraciada y triste nación.
Para reformar o aprobar una nueva ley resulta muy útil crear un estado de ánimo, una visión sobre la realidad, casi siempre basada en el miedo. Los primeros años de esta crisis económica, además de una situación social, significaron una gran campaña publicitaria, es decir, una manera interesada de interpretar y divulgar la situación. Se extendió la idea de la catástrofe para justificar el espíritu de sacrificio entre las víctimas y para colocar medidas ideológicas destinadas a liquidar los derechos de los trabajadores. La oligarquía económica consiguió así rebajar salarios, facilitar el despido y deteriorar los derechos laborales. El hundimiento del consumo aceleró el desempleo. Como no hay realidad que esté a salvo de la manipulación, los ciudadanos españoles fueron tratados como perdices en temporada de caza o como ovejas en el matadero, para crear las condiciones que exigían los bancos y las multinacionales.
El deterioro social suele crear mareas de protesta en un país democrático. Incómodo con la libertad, el poder tiende a convertir la protesta política y social en una cuestión de orden público. De ahí que empiece a tratar a los ciudadanos como si fuesen delincuentes peligrosos. La sentencia del Tribunal de Derechos Humanos contra la Doctrina Parot ha supuesto un espaldarazo para la campaña mediática que podemos llamar con todo derecho la delincuencia del ser español. Alguien se encargó de llamar a las cámaras para convertir en noticia escandalosa a cada preso que salía de la cárcel una vez cumplida su condena. Se destrozó el ideal de la reinserción y se  utilizó un número más que mínimo de la población con el deseo de generalizar el miedo: España se estaba llenando de asesinos y violadores sueltos. Fue como echar leña al fuego, porque la programación de la telebasura, que se confunde ya con la información, llena los horarios familiares con tertulias sobre crímenes, padres que matan a sus hijas o tiburones y águilas que despedazan a los niños en las puertas de los colegios. Lo que sólo es un acontecimiento muy particular  un país de millones de habitantes se transforma no ya en una noticia oportuna, sino en el asunto que caracteriza a tode una una nación.
Esta voluntad de catástrofe justifica la mano dura que hace falta para darle a la protesta política una consideración de orden o desorden público. Surgen así las leyes mordaza, las multas desmedidas sin pasar por la justicia y las constantes degradaciones democráticas del código penal. Se puede también privatizar todavía más los servicios públicos para favorecer el negocio de particulares afines. Las empresas privadas de seguridad asumen responsabilidades que antes eran sólo competencia del Estado. Todo necesario, alarmantemente necesario, porque España está llena de criminales.
Lo dicho: ser español es ser un delincuente en potencia. No se trata de la conclusión del congreso España contra Catalunya, sino la idea que este Gobierno tiene de sus ciudadanos.