El aborto y la marca España
EL PAÍS
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Grupos ultracatólicos y expertos antiabortistas asesoraron al Ministerio sobre la nueva ley
Las asociaciones de defensa de los derechos de la mujeres critican
que se les incluya entre los consultados cuando apenas hablaron sobre el
borrador de la ley ni recibieron información
¿Quiénes son los expertos que elaboraron la nueva ley del aborto?
más INFO
Una vez aprobado el borrador de la nueva ley que
regulará el aborto en España, el Ministerio de Justicia ha desvelado, en
parte, uno de los secretos que ha rodeado a la normativa: quiénes son los expertos
que han elaborado lo que ahora se conoce como anteproyecto de Ley para
la Protección de la Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer
Embarazada. Se trata de "un grupo de asesores adscritos permanentemente
al ministerio", según señalan fuentes del departamento que dirige
Alberto Ruiz-Gallardón. No facilitan nombres, tan solo concretan que ese
grupo está formado por 10 jueces de distintas jurisdicciones, 10
fiscales y 10 secretarios judiciales, y que "la comunicación ha sido
continua" con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Además, explican, el grupo de expertos ha analizado las sentencias del
Tribunal Constitucional relacionados con este tema, el derecho comparado
o la declaración bioética de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO) sobre la ley del aborto de 2010, que aporta un listado de las que pueden considerarse malformaciones graves o incompatibles con la vida.
De igual manera, señalan que "han estudiado" los informes y la
documentación aportada por casi una veintena de asociaciones y expertos
en bioética o ginecología con los que se ha reunido la Secretaría de
Estado de Justicia. Encabezan este listado 11 asociaciones de mujeres,
entre las que está la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas, la
Comisión de Investigación de Malos Tratos, Mujeres Juristas Themis,
CELEM, Mujeres de Opañel o la Federación de la Mujeres Progresistas.
La presidenta de esta última entidad, Yolanda Besteiro, se ha mostrado
enormemente "sorprendida" de que esa reunión se incluyera entre las
consultas relacionadas con la nueva legislación del aborto. "Fue una
reunión que mantuvimos con el director general hace casi dos años y que
la pedimos precisamente poco después de que el ministro anunciara que
los divorcios de mutuo acuerdo serían resueltos por los notarios",
explica Besteiro.
Lo mismo apunta la presidenta de la
Fundación Mujeres, Marisa Soleto, también presente en la reunión: "Se
trató de un encuentro para pedir que por favor se nos tuviera en cuenta a
las mujeres a la hora de elaborar las leyes que estaban anunciando, y
el aborto fue uno de tantos otros temas que se trataron". Soleto señala,
molesta, que "el Gobierno tiene una visión muy particular de colaborar
con la sociedad civil ya que en esa reunión no se nos planteó ninguna
propuesta sobre lo que pensaban hacer sobre el aborto".
Besteiro, también indignada porque se les incluya en el listado de
asociaciones consultadas cuando nunca se les ha facilitado ninguna
información, subraya que Alberto Ruiz-Gallardón "es el único ministro de
la democracia que no se ha reunido con las asociaciones de mujeres".
Quien sí logró reunirse con el ministro de Justicia fue el Comité
Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), que
reclamó la " supresión de discriminación por razón de discapacidad en
la regulación del aborto" y en vista de que en el anteproyecto se ha
eliminado el supuesto por malformación grave, la petición fue atendida.
Entre las entidades que acudieron al Ministerio figuran, por ejemplo,
la ONG Save the Children. También el grupo contrario al aborto
Asociación Unidos por la Vida o Ignacio Arsuaga, presidente de Hazte
Oír, entidad que se congratula que " por primera vez la legislación abortista retrocede en España", en relación a la aprobación del anteproyecto, y que pide que el supuesto por violación también desaparezca.
También se reunieron con la Secretaría de Estado de Justicia José
Miguel Serrano, miembro del Comité de Bioética, y firmante de la Declaración de Madrid,
un escrito que en marzo de 2009 hicieron público una serie de
profesores, académicos e investigadores para rechazar la ley de plazos
que entonces elaboraba el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y que
defiende la vida del feto desde el momento de la concepción.
Entre los especialistas en ginecología consultados aparece el médico Ignacio Palomo, quien en una entrevista en el diario ABC
presume de no haber practicado jamás un aborto en toda su carrera
profesional. Elard Koch, director del Instituto de Epidemiología
molecular MELISA en Chile, y públicamente opuesto a la interrupción voluntaria del embarazo, fue otro de lo consultados.
Justicia recibió también a una representación del grupo de 645 expertos en diagnóstico prenatal, que hace un año suscribió una carta en contra de la desaparición de los supuestos por malformaciones graves.
La Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria
del Embarazo (ACAI) consiguió reunirse el secretario de Estado de
Justicia, quien, como señala su presidenta Francisca García, les aseguró
que "la ley no les iba a gustar", como única información acerca del
contenido de la nueva normativa.
A este respecto
también se queja la portavoz de la Plataforma Nosotras Decidimos, Isabel
Serrano, quien después de más de un año pidiendo una reunión con el
Ministerio de Justicia, esta tuvo lugar apenas hace dos meses. "Durante
la reunión no nos dieron información de ningún tipo, tan solo se
limitaron a decirnos que aún se estaba elaborando", afirma Serrano.
Justa Montero, portavoz de Mujeres ante el Congreso, se muestra
bastante indignada con que la reunión que mantuvo esta entidad en verano
con el ministerio esté incluida en el listado de entidadas consultadas.
"Se negaron a darnos ningún tipo de información, consideramos que era
una tomadura de pelo y nos levantamos de la mesa, qué clase de
colaboración es esa. Está claro que nos recibieron para luego decir que
nos habían consultado", se queja la portavoz.
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